Abascal pide «alerta máxima» hasta el 29N y denuncia posibles trampas

Santiago Abascal ha elevado este sábado el tono de la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Desde Palma, el líder de Vox ha pedido a sus simpatizantes mantenerse en «alerta máxima» hasta el 29N ante un Gobierno que, según sostiene, está «desesperado» y sería capaz de recurrir a «cualquier cosa», entre ellas «la violencia, los pactos extravagantes» o «las trampas electorales».

La acusación es grave y conviene colocarla exactamente donde corresponde. Abascal la formula como advertencia política, pero no ha aportado pruebas de un fraude electoral en marcha. Sí existe, en cambio, un clima de creciente tensión alrededor de algunos actos de Vox, con protestas, incidentes y actuaciones policiales durante los últimos días. Mezclar ambas cosas —los altercados comprobados y la sospecha de una manipulación electoral— produce un cóctel bastante más explosivo que esclarecedor.

Abascal endurece su discurso a poco más de un mes del 29N

El presidente de Vox pronunció estas palabras durante un acto celebrado frente a la Catedral de Mallorca, en Palma, dentro de una gira por Baleares que comenzó el viernes en Menorca y continuaba este sábado en Ibiza. El mitin palmesano transcurrió sin incidentes, aunque con un amplio dispositivo de la Policía Nacional. Un detalle nada menor después de lo ocurrido apenas unas horas antes en Mahón.

Abascal aseguró que probablemente existen «trampas que no estamos detectando» y vinculó su advertencia con los episodios de tensión registrados durante anteriores actos de su partido. Es una línea argumental que Vox viene desplegando desde que Pedro Sánchez convocó anticipadamente las elecciones: desconfianza hacia el Ejecutivo, dudas sobre determinados aspectos del proceso electoral y una insistencia casi martilleante en que sus votantes deben permanecer movilizados.

El 29N, por cierto, no es una fecha retórica. Las elecciones generales quedaron convocadas mediante el real decreto del 5 de octubre que disolvió Congreso y Senado. La votación será el domingo 29 de noviembre, mientras que la campaña electoral propiamente dicha comenzará el 13 de noviembre y terminará el día 27. Hasta entonces, por mucho que el paisaje tenga ya carteles, mítines y decibelios de campaña, técnicamente seguimos en precampaña.

Mahón explica parte de la tensión, pero no toda la acusación

El episodio más cercano ocurrió el viernes en Mahón. Varios centenares de manifestantes contrarios a Vox se concentraron cerca del lugar donde Abascal celebraba un mitin y algunos llegaron a bloquear los accesos cuando terminaba el acto. La Policía Nacional tuvo que intervenir para abrir un corredor de salida y se produjeron cargas policiales y momentos de fuerte tensión. Algunos manifestantes golpearon el vehículo de la comitiva de Vox y se lanzaron objetos durante los incidentes.

La protesta política forma parte del juego democrático; impedir físicamente un acto, agredir, lanzar objetos o cercar una comitiva, no. Esa frontera debería ser bastante sencilla de entender incluso en una campaña donde todos parecen competir también por el volumen del altavoz.

Ahora bien, de ahí a atribuir esos episodios al Gobierno hay un trecho que requiere pruebas. Abascal ha responsabilizado políticamente a Pedro Sánchez y ha empleado expresiones como «milicias de Sánchez» para referirse a quienes protestan contra Vox. No consta una relación orgánica acreditada entre el Ejecutivo y esos grupos, y las movilizaciones de Mahón fueron convocadas por colectivos y organizaciones locales contrarios a la presencia del partido.

De los altercados a las «trampas electorales»

Aquí está el punto políticamente más delicado del discurso de Abascal. Una cosa es denunciar que un partido no pueda celebrar sus actos con normalidad —algo que cualquier demócrata debería considerar inadmisible— y otra distinta es deslizar que las propias elecciones podrían ser manipuladas.

El líder de Vox ya había expresado dudas sobre el proceso después de que Sánchez anunciara el adelanto electoral. Ha recomendado incluso evitar el voto por correo y ha hablado en varias ocasiones de la posibilidad de que el Ejecutivo trate de «robar» las elecciones. Hasta el momento no se han presentado evidencias públicas que demuestren un fraude electoral preparado para el 29N. Las sospechas sobre el voto postal, en particular, no han venido acompañadas de pruebas que respalden esa hipótesis.

Eso no significa que todo debate sobre las reglas electorales sea imaginario. Hay un asunto judicial real y extraordinariamente sensible alrededor del censo de españoles residentes en el extranjero acogidos a la denominada ley de nietos, con decisiones judiciales y recursos que afectan al derecho al voto de decenas de miles de nacionalizados. Es un conflicto jurídico abierto, serio y perfectamente discutible. Pero una controversia sobre quién debe formar parte del censo no equivale, por sí sola, a demostrar un plan gubernamental para adulterar unas elecciones.

El voto por correo vuelve al centro de la batalla política

El voto por correo tampoco es una caja negra que se abra mágicamente la noche electoral. La legislación establece identificación personal para solicitarlo, intervención de la Oficina del Censo Electoral y de Correos y una cadena reglada hasta que los sobres llegan a las mesas. Puede fiscalizarse, recurrirse y mejorarse, como cualquier procedimiento administrativo; afirmar que está siendo manipulado exige algo más que sospechas lanzadas desde un atril.

Y ahí aparece una de las tensiones de esta precampaña. Vox pretende convertir la movilización de sus simpatizantes en una respuesta no solo frente al Gobierno, sino también frente a un sistema que Abascal presenta como potencialmente hostil a su formación. El mensaje tiene fuerza electoral: cuando el votante cree que no basta con ganar votos, sino que debe protegerlos de una posible trampa, la política deja de ser únicamente competición y adquiere una lógica de resistencia.

Vox busca una movilización sin complejos

Abascal no está escondiendo su objetivo. En los últimos días ha pedido a su partido que sea ambicioso, ha afirmado que «nada está escrito» y ha llegado a plantear que Vox debe aspirar a ganar las elecciones. El partido concurrirá al 29N con unas listas sensiblemente renovadas después de las salidas de dirigentes que tuvieron un peso relevante durante la legislatura anterior.

Su discurso intenta ensanchar el perímetro electoral. En Mahón pidió el voto también a ciudadanos que anteriormente habían confiado en otros partidos, incluidos antiguos electores socialistas, y en Palma volvió a presentar el 29N como una oportunidad para desalojar a Sánchez. Al mismo tiempo, mantiene una retórica muy dura contra el Ejecutivo, al que describe como una estructura dispuesta a aferrarse al poder prácticamente por cualquier medio.

Es una combinación reconocible: apelación transversal por un lado, confrontación máxima por otro. Hablar a quienes nunca votaron a Vox mientras se presenta la elección como una batalla frente a un adversario capaz de alterar las reglas. No es precisamente política en voz baja.

Una precampaña que también se juega en la confianza

El problema de sembrar dudas sobre unas elecciones antes de que se celebren es que esas dudas pueden sobrevivir al resultado. Si se gana, la sospecha desaparece con notable facilidad; si se pierde, queda preparada una explicación alternativa. Y las democracias funcionan con discusión feroz, sí, pero también gracias a un suelo común bastante menos vistoso: aceptar unas reglas, exigir garantías y aportar pruebas cuando se denuncia su vulneración.

Eso vale para todos. Para quienes protestan contra Vox, cuya libertad de expresión no incluye impedir por la fuerza que otros celebren un mitin. Para las autoridades, obligadas a garantizar que cualquier partido pueda hacer campaña con seguridad. Y para Vox, que tiene pleno derecho a vigilar cada fase del 29N, recurrir cualquier irregularidad y exigir todas las garantías previstas por la ley, pero cuya acusación de «trampas electorales» necesita hechos que la sostengan.

Abascal ha elegido Palma para pedir «alerta máxima». El mensaje encaja con una precampaña que ya se está endureciendo cuando todavía falta más de un mes para abrir las urnas. Los incidentes existen y merecen respuesta; el fraude, de momento, es una sospecha política sin demostrar. Entre una cosa y otra hay una distancia que en democracia conviene no borrar, aunque durante una campaña electoral esa línea resulte mucho menos rentable que un buen grito desde el escenario.