Más de 2.670 palestinos desplazados en Hebrón por la ofensiva israelí

Más de 2.670 palestinos han sido desplazados de sus viviendas en Hebrón, en el sur de Cisjordania ocupada, desde el inicio de la operación militar israelí lanzada el viernes 23 de octubre. La Autoridad Nacional Palestina (ANP) denuncia que las evacuaciones se han producido por la fuerza y que la mayoría de los afectados son mujeres, niños y personas mayores.

La ofensiva del Ejército israelí comenzó después de un ataque armado perpetrado el viernes cerca de la ciudad, en el que murieron dos soldados israelíes y otros tres resultaron heridos. Los dos atacantes palestinos también fallecieron durante el enfrentamiento. Israel sostiene que su intervención pretende desmantelar infraestructuras de grupos armados y prevenir nuevos atentados, mientras las autoridades palestinas denuncian un castigo colectivo contra la población civil.

El Gobierno palestino, encabezado por Mohammad Mustafa, ha alertado este domingo 25 de octubre del alcance del desplazamiento. Las cifras municipales sitúan en 2.674 los habitantes obligados a abandonar sus hogares, pertenecientes a 411 familias. El balance sigue siendo provisional, ya que la operación continúa y las restricciones militares dificultan evaluar todos los daños.

Hebrón permanece sometida a importantes limitaciones de circulación, con accesos bloqueados, registros de viviendas y demoliciones de edificios. La situación afecta tanto a quienes han tenido que marcharse como a los vecinos que permanecen en sus casas, sin garantías sobre cuándo se recuperará la normalidad.

Una operación militar tras la muerte de dos soldados israelíes

El Ejército israelí inició su intervención el viernes por la noche, después de que dos hombres armados atacaran a militares en un puesto de control próximo a Hebrón. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció una respuesta de gran alcance, con registros, detenciones y actuaciones contra instalaciones que Israel considera vinculadas a organizaciones armadas palestinas.

Las operaciones se concentran especialmente en Deir Bahha y Al Jalda, dos zonas de Hebrón donde las fuerzas israelíes buscan armas y posibles colaboradores de los responsables del atentado.

Registros, detenciones y demoliciones en Cisjordania

Según el balance facilitado por el Ejército, durante el fin de semana se realizaron operaciones en más de 400 lugares de Cisjordania y fueron detenidos 40 palestinos a los que Israel atribuye vínculos con Hamás o la Yihad Islámica. Ninguna organización armada había reivindicado el ataque del viernes.

La intervención también ha incluido demoliciones de viviendas, negocios y otras construcciones. Las autoridades militares israelíes argumentan que algunas actuaciones responden a necesidades operativas y de seguridad, mientras los representantes municipales palestinos denuncian daños sobre propiedades civiles sin relación demostrada con los atacantes.

Cientos de familias abandonan sus casas en Hebrón

El impacto sobre la población ha aumentado rápidamente desde el comienzo de la ofensiva. El sábado, los responsables municipales ya informaban de unos 1.200 desplazados. Un día después, el balance comunicado por las autoridades palestinas supera las 2.670 personas.

El Ayuntamiento de Hebrón señala que las familias han tenido que abandonar cerca de 500 apartamentos situados en Deir Bahha y los barrios próximos. Algunas han encontrado alojamiento con familiares, mientras otras necesitan asistencia para cubrir sus necesidades básicas.

El alcalde, Yousef Zuhair Al Jabari, ha denunciado que los cierres militares impiden entrar y salir de la ciudad con normalidad. Las restricciones afectan al comercio, al abastecimiento y a los desplazamientos cotidianos, incluidos los relacionados con la atención sanitaria.

La municipalidad ha organizado una respuesta de emergencia de 96 horas para registrar a las familias afectadas, proporcionar suministros esenciales y evaluar las necesidades de quienes han perdido temporalmente el acceso a sus viviendas.

No todos los desplazados han perdido sus casas por una demolición. Parte de las familias se han marchado durante las operaciones militares o tras recibir avisos de evacuación. Esa distinción resulta importante para determinar el alcance de los daños materiales y las posibilidades reales de regresar.

Israel niega las expulsiones forzosas y la ANP denuncia un castigo colectivo

Las versiones sobre las evacuaciones son contradictorias.

El Ejército israelí sostiene que permitió a los civiles abandonar temporalmente las zonas de operaciones mediante puntos de control establecidos para ello y niega haber obligado a la población a marcharse. Las autoridades palestinas, por el contrario, aseguran que las familias fueron desalojadas por la fuerza y que numerosos edificios y carreteras han sufrido importantes destrozos.

La Autoridad Palestina considera que la respuesta militar constituye un castigo colectivo contra habitantes que no participaron en el atentado.

Las críticas también proceden de organizaciones israelíes de derechos humanos. La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) ha cuestionado las expulsiones y las demoliciones, recordando que no se ha demostrado la implicación de las familias afectadas en el ataque armado.

La controversia afecta a una cuestión esencial del derecho internacional humanitario: las operaciones militares deben distinguir entre combatientes y civiles, y las medidas de seguridad no autorizan castigos indiscriminados contra la población. La legalidad de cada evacuación o demolición depende de sus circunstancias concretas, de su necesidad militar y de las garantías aplicables.

La ofensiva coincide con las elecciones israelíes del 27 de octubre

La escalada en Hebrón se produce cuando Israel se encuentra a dos días de unas elecciones legislativas decisivas para la continuidad de Benjamin Netanyahu.

El primer ministro ha defendido una respuesta contundente al atentado. Su Gobierno también ha anunciado restricciones de movimiento en Cisjordania que afectan a trabajadores palestinos con permisos para acceder a Israel y a los asentamientos israelíes.

Los pasos fronterizos con Israel permanecerán cerrados hasta después de las elecciones del martes 27 de octubre, según las medidas comunicadas por el Ejército.

El alcalde de Hebrón acusa al Gobierno israelí de utilizar la ofensiva para ganar apoyos electorales entre los sectores más nacionalistas y los colonos. Se trata de una interpretación política de las autoridades palestinas, no de un motivo reconocido por Israel, que insiste en justificar la operación por razones de seguridad.

El contexto añade tensión a una ciudad especialmente sensible. Hebrón tiene alrededor de 250.000 habitantes y alberga, en su casco histórico, una comunidad de colonos israelíes protegida por fuerzas militares. Las restricciones de circulación y las disputas territoriales forman parte de su realidad desde hace décadas.

Hebrón afronta una crisis humanitaria sin fecha de regreso

El desplazamiento de miles de palestinos agrava una situación ya deteriorada en Cisjordania. Durante 2025 y 2026, las operaciones militares israelíes en localidades como Yenín y Tulkarem han provocado el abandono de viviendas por parte de decenas de miles de personas, según los balances de Naciones Unidas.

En Hebrón, el problema inmediato es doble: atender a las familias que necesitan alojamiento y suministros, y determinar cuándo podrán volver a sus viviendas.

Israel no ha anunciado una fecha definitiva para concluir la operación militar. Mientras continúen los registros, los bloqueos y las demoliciones, las autoridades locales afrontan dificultades para garantizar el retorno de los desplazados y restablecer los servicios esenciales.

La muerte de los dos soldados israelíes desencadenó una respuesta militar de gran magnitud. Tres días después, el balance incluye miles de civiles palestinos fuera de sus hogares, barrios afectados por la destrucción y una ciudad parcialmente paralizada.

La evolución de la ofensiva determinará si estos desplazamientos son temporales o si una parte de las familias termina perdiendo sus viviendas de manera prolongada. Por ahora, más de 2.670 personas siguen afectadas por una operación cuyo final permanece incierto.