Montpellier: denuncian una paliza de ultraderecha ante la policía

Un vídeo difundido por el diputado francés Thomas Portes ha desatado una fuerte polémica por la actuación de la policía durante una agresión atribuida a militantes de extrema derecha en Montpellier. Las imágenes corresponden a la manifestación del sábado 24 de octubre de 2026 y muestran, según la denuncia del parlamentario, cómo un manifestante es golpeado cuando se encuentra en el suelo, mientras varios agentes antidisturbios permanecen cerca sin impedir aparentemente la agresión.

El episodio ha provocado una reacción política que va más allá de las redes sociales. El alcalde de Montpellier, Michaël Delafosse, ha denunciado la presencia de una «milicia de extrema derecha» y ha anunciado su intención de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. La controversia alcanza también al ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, al que varios diputados exigen explicaciones sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad.

La denuncia de Portes, diputado de La Francia Insumisa (LFI), se apoya en una grabación que ofrece otro ángulo de los enfrentamientos registrados durante la protesta. El parlamentario sostiene que las imágenes evidencian una relación de connivencia entre algunos agentes de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS), las unidades antidisturbios francesas, y los agresores.

Es una acusación de enorme gravedad que todavía no puede considerarse acreditada. Una cosa es observar a policías próximos a una agresión sin una intervención inmediata y otra demostrar que existía un acuerdo deliberado para permitirla. La actuación policial está cuestionada, pero las responsabilidades concretas siguen pendientes de esclarecerse.

Qué muestran los vídeos de la agresión en Montpellier

La secuencia difundida por Thomas Portes muestra una de las escenas más controvertidas de la jornada de protestas. Un manifestante aparece tendido en el suelo mientras recibe golpes de un individuo al que el diputado identifica como activista de extrema derecha. La presencia de agentes de las CRS en las inmediaciones y la aparente ausencia de una intervención inmediata constituyen el principal motivo de la denuncia.

Portes asegura que el agresor puede abandonar el lugar sin ser detenido. El diputado ha exigido explicaciones al ministro Laurent Nuñez y ha reclamado la dimisión de la prefecta de Hérault, Chantal Mauchet, responsable de la representación del Estado en el departamento al que pertenece Montpellier.

No se trata de una única grabación. Otros vídeos difundidos por testigos y periodistas locales muestran enfrentamientos entre manifestantes y un grupo de hombres que, según distintas informaciones, habría buscado repetidamente el contacto físico con los participantes en la protesta.

El fotógrafo independiente David Hutin también documentó episodios violentos en los que aparecen individuos golpeando a manifestantes cerca de los agentes. Según las informaciones publicadas en Francia, la policía habría intervenido contra parte de los participantes después de que estos respondieran a las agresiones.

Las imágenes plantean dudas sobre la respuesta de los antidisturbios, aunque no permiten reconstruir por sí solas todas las órdenes recibidas, las decisiones de los mandos ni lo ocurrido fuera del encuadre.

Tampoco se ha confirmado públicamente el alcance de las lesiones sufridas por el manifestante que aparece golpeado en la grabación difundida por Portes.

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Una manifestación prohibida que reunió a 6.300 personas

Los incidentes tuvieron lugar el sábado 24 de octubre, durante una nueva jornada de movilización social en Francia contra el encarecimiento de la vida y en defensa de los servicios públicos.

En Montpellier, las autoridades habían prohibido la manifestación en determinados sectores del centro urbano. La medida, adoptada por la prefectura, fue confirmada por el tribunal administrativo después de que el sindicato FO ESR intentara recurrirla.

La prohibición no impidió la concentración. Según el balance oficial, hasta 6.300 personas participaron en las protestas que recorrieron diferentes calles de Montpellier y confluyeron en las inmediaciones de la plaza de la Comédie, uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

Las autoridades habían preparado un importante dispositivo de seguridad ante el temor de que se repitieran los disturbios del 17 de octubre, cuando se registraron ataques a establecimientos comerciales, enfrentamientos con la policía y numerosos daños materiales.

Gases lacrimógenos, enfrentamientos y 30 detenidos

La tensión aumentó durante la tarde del sábado. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a grupos de manifestantes, mientras algunos participantes lanzaron objetos contra los agentes.

El balance policial de la jornada en Montpellier se elevó a 30 detenciones y dos antidisturbios heridos. Las autoridades señalaron que no se habían producido daños materiales significativos comparables a los de la semana anterior.

Estas cifras corresponden al conjunto de los incidentes registrados durante la movilización y no deben confundirse con las posibles responsabilidades por las agresiones atribuidas a militantes de extrema derecha.

Precisamente ahí reside una parte importante de la controversia. Mientras el dispositivo policial actuaba para dispersar concentraciones en zonas prohibidas, varios testimonios apuntan a que un grupo organizado pudo desplazarse por el centro urbano y enfrentarse a manifestantes sin encontrar una oposición policial inmediata.

Los hombres de los pañuelos blancos y su relación con la extrema derecha

Las informaciones recogidas por medios locales franceses señalan la presencia de una veintena de hombres identificados mediante pañuelos blancos que habrían participado en distintos enfrentamientos durante la jornada.

Las investigaciones periodísticas locales relacionan a integrantes de ese grupo con sectores de la extrema derecha de Montpellier, incluidos militantes identitarios de Jeunes d’Oc y personas vinculadas al entorno del movimiento ultra del fútbol de la ciudad.

La investigación también apunta a la movilización promovida por un entrenador e influencer conocido como Charlie D., que utiliza el nombre de Alpha Rise.

Días antes de la protesta, este había impulsado una iniciativa para reunir voluntarios dispuestos a apoyar a los comerciantes ante la posibilidad de nuevos saqueos y destrozos. La propuesta se presentaba públicamente como una acción pacífica y ajena a los partidos políticos.

Sin embargo, las informaciones publicadas en Francia documentaron el respaldo de militantes identitarios a esa convocatoria y la circulación de mensajes racistas en grupos de comunicación relacionados con la movilización.

La vinculación de personas concretas con las agresiones, así como su posible coordinación, deberá determinarse individualmente. Participar en una convocatoria no demuestra por sí solo haber intervenido en los ataques.

Lo que resulta evidente es que la defensa de los comercios, por legítima que sea la preocupación de sus propietarios, no autoriza a organizar patrullas privadas para ejercer la violencia.

La protección de los ciudadanos y el mantenimiento del orden público son competencias del Estado. No se transfieren a quien decide colocarse un distintivo y salir a la calle acompañado de otros voluntarios.

El alcalde de Montpellier anuncia que acudirá a la Fiscalía

La difusión de las grabaciones ha provocado una respuesta del Ayuntamiento de Montpellier.

Su alcalde, el socialista Michaël Delafosse, ha condenado los actos atribuidos a una «milicia de extrema derecha» y ha anunciado este domingo, 25 de octubre, que trasladará los hechos al fiscal de la República para que se investiguen las agresiones.

El regidor considera inadmisible que grupos particulares pretendan ejercer la violencia contra otros ciudadanos al margen de las instituciones.

La decisión supone un paso relevante, aunque todavía no equivale a la apertura de una investigación judicial formal sobre todos los episodios denunciados.

Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció durante su balance de las manifestaciones del sábado la presencia de militantes de ultraderecha en ciudades como Niza y Montpellier. Según explicó, algunos pretendían enfrentarse a activistas de la ultraizquierda o asumir por su cuenta la protección de los establecimientos comerciales.

El Ministerio del Interior ha defendido que, en términos generales, las fuerzas de seguridad intervinieron para dispersar a estos grupos o evitar enfrentamientos. También ha señalado que no todos los militantes de ultraderecha fueron detenidos debido a las dificultades del dispositivo de orden público.

Ese reconocimiento confirma que las autoridades conocían la presencia de estos grupos, pero no resuelve la cuestión central planteada por las grabaciones: por qué no se impidieron determinadas agresiones cometidas cerca de los policías desplegados.

La controversia tampoco se limita a Montpellier.

La diputada Mathilde Panot, presidenta del grupo parlamentario de La Francia Insumisa, denunció este domingo agresiones de grupos de extrema derecha durante las movilizaciones del sábado en al menos 14 ciudades francesas.

En Niza, la Fiscalía comunicó que 59 personas habían sido puestas bajo custodia policial, entre ellas 11 sospechosos de pertenecer a movimientos de ultraderecha. También se notificaron incidentes en otras localidades.

La dimensión nacional de las denuncias aumenta la presión sobre el Ministerio del Interior, aunque cada episodio exige una investigación propia y pruebas específicas.

La actuación policial, el asunto que Francia deberá esclarecer

El caso de Montpellier plantea dos responsabilidades diferentes que conviene no confundir.

La primera corresponde a quienes golpearon a manifestantes. Las autoridades judiciales deberán identificar a los autores, determinar las circunstancias de las agresiones y establecer si existió algún tipo de organización previa para cometerlas.

La segunda afecta a la respuesta de las fuerzas de seguridad. Será necesario comprobar qué observaron los agentes, qué posibilidades reales tenían de intervenir, si recibieron instrucciones específicas y por qué algunos de los presuntos agresores pudieron alejarse sin que se produjera una detención inmediata.

Las imágenes difundidas por Thomas Portes justifican que se exijan explicaciones. No demuestran, por sí solas, una colaboración organizada entre policías y militantes de extrema derecha. Pero tampoco sería razonable despacharlas como una simple polémica política.

Hay una cuestión democrática elemental detrás de esta controversia: la policía tiene la obligación de proteger a las personas frente a las agresiones, independientemente de su ideología o de la legalidad de la manifestación en la que participen.

Una concentración prohibida no convierte a sus asistentes en ciudadanos privados de derechos. Del mismo modo, los saqueos o la violencia contra los agentes no justifican que particulares se arroguen funciones policiales.

El alcalde ha reclamado la intervención de la justicia y varios diputados exigen responsabilidades políticas. Falta determinar si las actuaciones cuestionadas respondieron a decisiones individuales, errores operativos o circunstancias de mayor gravedad.

En Montpellier, lo que comenzó como una jornada de protesta social ha terminado abriendo otro conflicto: el de la confianza en unas fuerzas de seguridad cuya autoridad depende precisamente de que la ley se aplique por igual a todos.