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Sira Rego defiende una ayuda universal de 200 euros al mes por hijo

Sira Rego defiende una ayuda de 200 euros mensuales por hijo hasta los 18 años, junto a una reforma fiscal. La prestación todavía no está aprobada.

Sira Rego foto gobierno 2026

Foto: Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España / Wikimedia Commons (licencia de atribución).

Resumen

  • Sira Rego propone 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años
  • La ayuda sería universal, pero aún no está aprobada ni puede pedirse
  • Frente Amplio plantea aplicarla por fases y financiarla con impuestos

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este sábado 21 de noviembre una prestación universal de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años, acompañada de una reforma fiscal que aumente la contribución de las grandes fortunas. La propuesta supondría hasta 2.400 euros anuales por menor y beneficiaría a las familias independientemente de sus ingresos.

Rego ha recuperado esta reivindicación durante un acto electoral celebrado en Molina de Segura (Murcia), donde ha reclamado que los patrimonios más elevados contribuyan en mayor medida a financiar los servicios públicos. La iniciativa, sin embargo, todavía no está aprobada ni puede solicitarse. Se trata de una propuesta política que necesita financiación, desarrollo normativo y los apoyos parlamentarios correspondientes.

La ministra ha participado en el acto central de campaña de Frente Amplio en apoyo a Penélope Luna, candidata de la formación al Congreso por la Región de Murcia, a ocho días de las elecciones generales del 29 de noviembre. Durante su intervención, ha situado el bienestar de las familias trabajadoras, la protección de la infancia y el fortalecimiento del Estado del bienestar entre las prioridades políticas que considera necesarias para la próxima legislatura.

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Una ayuda de 200 euros mensuales para todas las familias

La prestación universal por crianza que defiende Rego contempla un pago mensual de 200 euros por cada hijo a cargo, desde el nacimiento hasta la mayoría de edad. Su principal característica sería la universalidad: no dependería de que los progenitores estuvieran desempleados, percibieran salarios bajos o cumplieran determinados límites de renta.

Una familia con un hijo recibiría 2.400 euros al año; con dos, la cantidad ascendería a 4.800 euros anuales, y con tres alcanzaría los 7.200 euros. Son importes teóricos derivados de la propuesta, no cantidades que actualmente esté abonando la Seguridad Social.

El objetivo es reconocer los gastos asociados a la crianza y reforzar la protección económica de los menores. Rego lleva meses defendiendo esta fórmula como una política estructural contra la pobreza infantil, frente a un sistema de ayudas que, en muchos casos, exige acreditar previamente una situación de vulnerabilidad.

Una implantación progresiva por edades

El programa electoral de Frente Amplio para el 29N plantea aprobar una ley específica que reconozca la prestación como un derecho del menor, desvinculado de los ingresos y de la situación laboral de sus progenitores.

La formación propone introducirla en tres fases durante la legislatura: primero para niños de cero a seis años, después para los de siete a doce y, finalmente, para los adolescentes de trece a dieciocho años. También contempla un abono automático mediante una deducción reembolsable del IRPF gestionada por la Agencia Tributaria.

Este calendario forma parte del programa electoral y no constituye todavía un compromiso normativo aprobado. Su ejecución dependería de las decisiones de un futuro Gobierno y de la correspondiente tramitación parlamentaria.

La prestación de 200 euros por hijo todavía no está aprobada

La reivindicación no es nueva. El pasado 29 de agosto, Rego comunicó que había remitido formalmente al Ministerio de Hacienda una propuesta para incorporar la prestación universal por crianza a los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Su departamento volvió a situarla entre sus prioridades en septiembre. Pese a ello, a 21 de noviembre de 2026 no existe una prestación universal de 200 euros mensuales por hijo en vigor, ni se ha anunciado una fecha oficial para comenzar a cobrarla.

Tampoco hay un formulario habilitado para solicitarla. Una eventual puesta en marcha requeriría concretar su financiación, las condiciones legales, el organismo responsable del pago y su relación con otras prestaciones familiares. El diseño definitivo podría diferir de los planteamientos políticos actuales.

Conviene distinguirla del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que sí está vigente y forma parte del sistema del ingreso mínimo vital, aunque puede reconocerse por separado.

En 2026, este complemento establece pagos mensuales de 115 euros por cada menor de tres años, 80,50 euros para los niños de tres a cinco años y 57,50 euros para los de seis a diecisiete años.

A diferencia de la prestación universal defendida por Rego, el CAPI está sujeto a requisitos de ingresos y patrimonio. Según los datos oficiales de octubre, 637.748 hogares recibían este complemento, con una ayuda media de 67,80 euros por menor.

Más impuestos a las grandes fortunas para financiar servicios públicos

El segundo eje de la intervención de Rego ha sido la fiscalidad. La ministra ha reclamado que las rentas y patrimonios más elevados asuman una mayor contribución al sostenimiento del Estado del bienestar.

«Los más ricos, los superricos de este país, tienen que pagar», ha afirmado durante el acto de Molina de Segura.

Según su planteamiento, una reforma fiscal más progresiva permitiría reforzar la financiación de la sanidad, la educación, la dependencia, los cuidados y la vivienda pública.

La posición coincide con las propuestas tributarias que Frente Amplio ha incorporado a su programa electoral, entre ellas una mayor imposición sobre los grandes patrimonios y las herencias de mayor cuantía.

El debate tiene también una dimensión presupuestaria. Un estudio de UNICEF España presentado en noviembre de 2025 calculó que una prestación universal de 200 euros mensuales podría sacar de la pobreza monetaria a unos 530.000 menores y reducir la tasa de pobreza infantil en 7,1 puntos porcentuales.

La misma investigación estimó un coste anual cercano a los 18.100 millones de euros para esa modalidad de prestación. Se trata de una simulación basada en datos anteriores, no de una partida presupuestaria aprobada ni de una previsión de gasto definitivo.

El informe también ponía de manifiesto el principal dilema económico de una ayuda universal: su capacidad para llegar a todos los hogares con menores, incluidos los de rentas bajas que no acceden a otras prestaciones, frente al elevado coste de extender el pago a familias que no se encuentran en situación de pobreza.

Rego reivindica las políticas sociales en plena campaña electoral

Durante su intervención en Murcia, la ministra también ha defendido las políticas de ampliación de derechos sociales y los servicios públicos impulsados por el Gobierno. Ha insistido en que el bienestar de la clase trabajadora debe ocupar una posición central en la acción política.

Rego ha destacado asimismo la candidatura de Penélope Luna, a quien ha presentado como la primera mujer que encabeza una lista de la izquierda transformadora en la Región de Murcia. Ha reconocido el trabajo de los integrantes de Izquierda Unida que participan en Frente Amplio, especialmente su implicación en las reivindicaciones territoriales y vecinales.

Preguntada por las encuestas electorales que apuntan a las dificultades de Frente Amplio para conseguir representación por Murcia, ha evitado anticipar el resultado electoral. La ministra ha sostenido que desconoce qué ocurrirá el 29 de noviembre y ha centrado su respuesta en el trabajo que desarrolla la formación durante la campaña.

De la propuesta electoral a una prestación efectiva

La ayuda universal por crianza vuelve así al debate político cuando falta poco más de una semana para las elecciones generales. La propuesta reúne dos asuntos que marcarán las negociaciones de cualquier futura política social: la financiación pública y la reducción de la pobreza infantil.

Para las familias, la situación sigue siendo clara. Los 200 euros mensuales por hijo constituyen una propuesta defendida por la ministra y recogida en el programa electoral de Frente Amplio, pero todavía no un derecho reconocido por ley.

Su posible aprobación dependerá de que exista una mayoría parlamentaria dispuesta a respaldarla, se acuerde un modelo de financiación y se establezca un calendario de aplicación. Hasta entonces, las prestaciones familiares vigentes mantienen sus propias condiciones y procedimientos de acceso.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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