Belarra no descarta policías infiltrados en Bilbao y en Barcelona

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no descarta que policías infiltrados o personas vinculadas a la extrema derecha hayan intervenido en los disturbios registrados en Bilbao y Barcelona. La diputada ha planteado estas posibilidades este martes, 27 de octubre de 2026, durante una rueda de prensa en el Congreso, aunque ha reconocido que todavía se desconoce quién está detrás de los incidentes.

Sus declaraciones llegan después de dos episodios de violencia callejera que han dejado 145 detenidos entre ambas ciudades, según los últimos balances policiales. Belarra ha pedido prudencia antes de atribuir responsabilidades y ha señalado también el malestar de una parte de la juventud como posible explicación de los altercados. Por el momento, no existen pruebas públicas que acrediten la participación de policías infiltrados en estos hechos.

La intervención de la dirigente de Podemos se produce en medio de una creciente controversia política por los disturbios. Mientras las fuerzas de seguridad investigan la organización de las convocatorias y la identidad de sus participantes, los partidos discrepan sobre sus causas y sobre el uso político de la violencia. Belarra sostiene que estos episodios no deberían servir para desacreditar las manifestaciones pacíficas ni al conjunto de los movimientos sociales.

Belarra plantea la posible presencia de policías infiltrados

La líder de Podemos ha evitado señalar a un responsable concreto de los disturbios. Su argumento parte de que todavía hay demasiadas incógnitas y de que algunos colectivos que participaron en las protestas han rechazado cualquier vinculación con los actos violentos. En particular, ha recordado que el movimiento antifascista vasco se ha desmarcado de los incidentes de Bilbao.

La parlamentaria ha mencionado la posibilidad de que hubiera policías infiltrados, una práctica que, según ha recordado, se ha producido en otras movilizaciones a lo largo de la historia de España. También ha contemplado la intervención de personas de extrema derecha o que los incidentes fueran consecuencia del descontento acumulado entre jóvenes.

No obstante, hay una diferencia importante entre plantear una hipótesis y demostrarla. Belarra no ha aportado pruebas concretas de que agentes policiales participaran en los disturbios, ni ha identificado a personas supuestamente infiltradas en las convocatorias de Bilbao o Barcelona.

La infiltración policial, utilizada en determinadas investigaciones para obtener información, tampoco implica por sí misma que los agentes participen en actos violentos o los provoquen. Son situaciones distintas que requieren evidencias diferentes.

Por ahora, la autoría y la organización de los altercados siguen bajo investigación, y tampoco se ha acreditado que los incidentes de ambas ciudades respondan a una misma dirección.

Bilbao: 17 detenidos tras una protesta contra Vito Quiles

Los disturbios de Bilbao se produjeron el lunes 26 de octubre, después de una concentración convocada frente a la Universidad de Deusto para protestar por la visita del agitador político Vito Quiles.

El acto estaba previsto para las siete de la tarde, pero finalmente fue cancelado. Quiles anunció la suspensión poco antes de la hora prevista alegando motivos de seguridad. Pese a ello, la concentración de protesta reunió a miles de personas en las inmediaciones del campus universitario.

Después de la movilización, varios grupos protagonizaron graves incidentes en distintos puntos de Bilbao. Se registraron incendios de contenedores y vehículos, daños en establecimientos comerciales y ataques con piedras contra agentes y dependencias policiales.

Entre los vehículos afectados figuraba una motocicleta de la Policía Municipal de Bilbao. Los altercados se extendieron desde el entorno de Deusto hacia otras zonas de la ciudad, dejando numerosos desperfectos en el mobiliario urbano y en varios comercios.

La Ertzaintza comunicó inicialmente 19 detenciones y tres personas investigadas, pero revisó posteriormente esas cifras. El balance actualizado del 27 de octubre establece 17 detenidos, diez de ellos menores de edad, y una persona investigada por su presunta participación en los desórdenes públicos.

Los siete detenidos mayores de edad quedaron en libertad a la espera de ser citados por la autoridad judicial, mientras que los menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. La policía autonómica mantiene abierta la investigación para identificar a otros posibles participantes.

El Gobierno vasco apunta a grupos organizados

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha denunciado la gravedad de los incidentes y ha advertido de la actuación de grupos extremistas que cuestionan la legitimidad de las instituciones democráticas. Las autoridades investigan la posible participación de grupos organizados, aunque las pesquisas deberán concretar las responsabilidades individuales.

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco condenó los disturbios y destacó que algunos participantes continuaron provocando altercados pese a que el acto de Quiles ya había sido suspendido. Los incendios, los ataques a vehículos y los daños en comercios han provocado una fuerte reacción institucional.

El episodio también ha generado un debate sobre la relación entre las protestas antifascistas y los grupos que recurrieron a la violencia. La existencia de una concentración de rechazo a Quiles no supone que todos sus participantes intervinieran en los posteriores ataques.

Precisamente esa distinción es una de las cuestiones que Belarra ha reclamado tener presentes al valorar lo sucedido. La dirigente considera que no debe identificarse automáticamente a los movimientos sociales con los actos violentos que puedan producirse durante o después de una movilización.

Barcelona: 128 detenidos y una convocatoria difundida por TikTok

Los disturbios de Barcelona tuvieron lugar el sábado 24 de octubre, cuando centenares de jóvenes se concentraron en el centro de la ciudad después de una convocatoria que había circulado principalmente por redes sociales.

La movilización, relacionada con convocatorias difundidas bajo el nombre de Blocus, se extendió a través de TikTok y aplicaciones de mensajería. No había sido comunicada oficialmente como manifestación y terminó en enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra, destrozos en comercios y numerosos incendios de mobiliario urbano.

Según el balance difundido por la policía catalana, hubo 128 detenidos, de los cuales 72 eran menores de edad. Los incidentes afectaron a 23 establecimientos comerciales y obligaron a los bomberos a intervenir en 33 incendios.

También resultaron heridos 15 agentes policiales, cuatro de ellos con lesiones graves, según el balance comunicado tras los altercados. La magnitud de los daños y la elevada presencia de menores entre los detenidos han situado lo ocurrido en Barcelona en el centro del debate político sobre la seguridad y la movilización juvenil.

Los investigadores tratan de determinar quién organizó realmente la convocatoria y cómo se utilizaron las plataformas digitales para movilizar a los participantes. Algunas comunicaciones difundidas en grupos de mensajería contenían instrucciones relacionadas con la preparación de las protestas y recomendaciones sobre la indumentaria de quienes acudieran a ellas.

No hay pruebas de una conexión entre Barcelona y Bilbao

Aunque los dos episodios se produjeron con apenas dos días de diferencia y comparten elementos como los daños materiales y los enfrentamientos con la policía, no está demostrada una coordinación entre ambos.

Por el momento, no se han presentado evidencias públicas que permitan relacionar directamente los disturbios de Barcelona con los de Bilbao. Las investigaciones continúan y deberán determinar si existe alguna conexión entre sus participantes u organizadores.

La diferencia entre las convocatorias también resulta relevante. En Barcelona, la movilización surgió de convocatorias difundidas por redes sociales y reunió a numerosos adolescentes. En Bilbao, los enfrentamientos se produjeron después de una protesta relacionada con la presencia anunciada de Vito Quiles.

Las coincidencias temporales y los métodos utilizados pueden justificar que se investiguen posibles conexiones. No permiten, por sí solos, atribuir los incidentes a una organización común ni confirmar la intervención de policías infiltrados.

El malestar juvenil, otro argumento de la dirigente de Podemos

Más allá de las sospechas sobre la identidad de los participantes, Belarra ha defendido que los disturbios deben examinarse teniendo en cuenta la situación económica y social de los jóvenes.

La secretaria general de Podemos ha hablado de un profundo malestar entre quienes encuentran dificultades para emanciparse, acceder a una vivienda o desarrollar sus proyectos personales.

A su juicio, existe un sistema que perjudica especialmente a las nuevas generaciones y que también dificulta el acceso a la educación pública. Belarra ha responsabilizado al Gobierno y al bipartidismo de no ofrecer respuestas suficientes a estos problemas.

«Es muy difícil que prenda una mecha si no hay un malestar subyacente», ha afirmado.

Su interpretación introduce una explicación social de los acontecimientos, pero no determina quién cometió los actos violentos. La precariedad, la frustración o las dificultades de acceso a la vivienda pueden contribuir a entender determinados conflictos, aunque no justifican los saqueos, los incendios ni las agresiones.

La cuestión tampoco admite una equivalencia automática entre juventud y violencia. La inmensa mayoría de las personas jóvenes no participa en estos actos, y los problemas sociales que denuncia Belarra afectan a una población mucho más amplia que los grupos implicados en los incidentes.

Podemos denuncia que se intenta criminalizar la protesta social

Belarra también ha acusado al PP, a Vox y a determinados medios de comunicación de aprovechar los disturbios para criminalizar la protesta y presentar los movimientos sociales como una amenaza para el orden público.

Según la dirigente, se están mezclando los episodios violentos con movilizaciones de carácter pacífico, entre ellas las protestas por la vivienda, las acampadas, las reivindicaciones del profesorado y la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

Su preocupación es que esa asociación termine sirviendo para desacreditar reivindicaciones legítimas o justificar actuaciones policiales desproporcionadas. En particular, ha cuestionado las cargas policiales contra profesores que se manifestaban pacíficamente en Madrid.

La posición de Podemos contrasta con la del PP, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la seguridad ciudadana entre sus prioridades políticas y ha prometido firmeza frente a quienes recurran a la violencia.

El Gobierno central, por su parte, ha condenado los actos vandálicos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido que la violencia no tiene cabida en el sistema democrático y ha rechazado las acusaciones de que el Ejecutivo esté perdiendo el control de las calles.

El debate tiene una dimensión especialmente delicada en un contexto de precampaña electoral. Los disturbios ofrecen argumentos políticos a partidos con diagnósticos muy diferentes sobre la seguridad, la protesta social y el papel de las instituciones.

Pero una cosa es condenar la violencia y otra atribuirla a colectivos enteros sin pruebas. Del mismo modo, cuestionar determinadas actuaciones policiales no equivale a demostrar que hubo agentes provocando incidentes.

La investigación deberá aclarar quién organizó los disturbios

Las declaraciones de Ione Belarra han añadido una nueva controversia a los graves altercados de Bilbao y Barcelona. Su posición es que no debe descartarse ninguna hipótesis antes de conocer los resultados de las investigaciones, incluida la eventual presencia de policías infiltrados o personas de extrema derecha.

Sin embargo, los hechos confirmados siguen siendo los daños causados, las detenciones practicadas y las pesquisas abiertas para identificar a quienes organizaron las convocatorias y participaron en los episodios violentos. Los balances actualizados recogen 17 detenidos en Bilbao y 128 en Barcelona.

Las fuerzas de seguridad investigan especialmente los canales digitales utilizados para movilizar a los participantes en Barcelona, mientras que en Bilbao las autoridades vascas examinan la actuación de posibles grupos organizados.

El resultado de esas investigaciones será determinante para establecer si hubo una planificación común, quién impulsó cada convocatoria y qué responsabilidades penales pueden derivarse de los incidentes.

Entretanto, la presencia de policías infiltrados continúa siendo una posibilidad planteada por Belarra, no un hecho acreditado. La distinción importa tanto para exigir responsabilidades por los disturbios como para evitar acusaciones infundadas contra quienes no participaron en ellos.

Condenar los ataques y proteger el derecho a manifestarse pacíficamente no son posiciones incompatibles. Ambas forman parte de las obligaciones de una democracia. Y ninguna debería depender de quién consiga imponer primero su interpretación política de lo ocurrido.