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El Gobierno exige a Villafranco del Guadiana cambiar su nombre por ley

El Gobierno reclama a Villafranco del Guadiana un cambio de nombre por la Ley de Memoria Democrática. Su alcalde se opone y anuncia recursos.

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Una bandera de Villafranco del Guadiana

Resumen

  • El Gobierno exige a Villafranco del Guadiana un cambio de nombre
  • El alcalde rechaza la medida y anuncia que recurrirá por vía legal
  • La Ley de Memoria Democrática incluye los nombres ligados a la dictadura

El Gobierno de España ha requerido formalmente a Villafranco del Guadiana, una pedanía de Badajoz, que cambie su denominación oficial para cumplir con la Ley de Memoria Democrática. La decisión, conocida este miércoles 4 de noviembre de 2026, pretende eliminar del nombre de la localidad la referencia al dictador Francisco Franco. Sin embargo, el alcalde pedáneo, Juan Daniel Sánchez Guerrero, del Partido Popular, ha anunciado que recurrirá la medida.

El requerimiento procede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, y abre un nuevo capítulo en una controversia que lleva años enfrentando a las administraciones públicas con los representantes de este núcleo de población extremeño.

La localidad, de unos 1.500 habitantes, nació durante el franquismo como parte de los proyectos de colonización agraria impulsados por el régimen. Para sus autoridades locales, el nombre representa también la historia de las familias que construyeron el pueblo. Para el Gobierno, su mantenimiento resulta incompatible con la legislación vigente.

De momento, Villafranco del Guadiana conserva su denominación oficial. El requerimiento no supone que el cambio se haya ejecutado ni que exista un nuevo nombre aprobado.

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El alcalde de Villafranco anuncia recursos contra el Gobierno

El alcalde pedáneo, Juan Daniel Sánchez Guerrero, ha comunicado a los vecinos su rechazo a la exigencia del Ejecutivo mediante un mensaje publicado en redes sociales.

El regidor sostiene que la denominación de Villafranco del Guadiana forma parte de la identidad de sus habitantes y recuerda especialmente a los primeros colonos que llegaron a la localidad, así como a las generaciones que han nacido y vivido allí.

Sánchez considera injusto que una decisión administrativa pueda imponerse sobre la voluntad de los vecinos. También ha calificado la Ley de Memoria Democrática de «profundamente sectaria», una valoración política con la que justifica su oposición al requerimiento.

El alcalde ha anunciado que estudiará la comunicación ministerial junto a los servicios jurídicos y que utilizará las vías legales disponibles para intentar conservar el nombre.

La resistencia no se limita a la pedanía. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, también del PP, ha respaldado públicamente la postura local. En sus redes sociales ha defendido que el asunto está relacionado con el sentimiento de pertenencia de los habitantes y ha expresado su rechazo a modificar la denominación.

Por qué el Gobierno exige cambiar el nombre de Villafranco

La controversia tiene una explicación jurídica concreta. La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece la retirada de símbolos y denominaciones públicas vinculados a la exaltación de la dictadura franquista y de sus dirigentes.

Su artículo 35 incluye expresamente las referencias a la dictadura y a sus responsables presentes en los nombres de localidades, calles y centros públicos.

En el caso de Villafranco del Guadiana, la referencia a Francisco Franco aparece en el propio topónimo, establecido durante el régimen. Por ese motivo, el Gobierno considera necesario sustituir la denominación.

La ley no obliga a borrar la historia de los municipios ni a eliminar sus archivos o testimonios. Su finalidad es retirar las referencias conmemorativas de la dictadura de los espacios y denominaciones oficiales.

Qué consecuencias puede tener el requerimiento

El artículo 37 de la legislación contempla un procedimiento administrativo para retirar los elementos contrarios a la memoria democrática incluidos en el catálogo correspondiente.

Cuando se inicia ese procedimiento, las personas interesadas disponen de 15 días hábiles para presentar alegaciones. La norma también establece plazos para resolver y prevé mecanismos de ejecución cuando una resolución no se cumple.

Entre esos mecanismos figuran multas coercitivas de entre 200 y 1.000 euros, que pueden imponerse de forma sucesiva en las condiciones previstas legalmente. La normativa contempla hasta diez multas de este tipo, separadas por periodos de un mes.

No obstante, el anuncio conocido este 4 de noviembre no permite afirmar que Villafranco del Guadiana se encuentre en esa fase del procedimiento ni que se haya impuesto sanción alguna. Tampoco se ha concretado públicamente una nueva denominación oficial.

Un pueblo construido durante el franquismo

Villafranco del Guadiana es uno de los poblados de colonización surgidos durante la transformación agrícola de las Vegas Bajas del Guadiana.

Su proyecto urbanístico data de 1955 y estuvo vinculado al Instituto Nacional de Colonización, organismo creado por el franquismo para desarrollar nuevos asentamientos rurales y ampliar las superficies de regadío.

El diseño original fue obra del arquitecto José Antonio Corrales, una figura destacada de la arquitectura española del siglo XX. Posteriormente, en 1959, Miguel Herrero Urgel desarrolló un proyecto de ampliación.

Como ocurrió en otras poblaciones de colonización, las familias que llegaron a Villafranco encontraron viviendas y tierras destinadas a la explotación agrícola. De aquella experiencia surgió una comunidad que desarrolló sus propias relaciones vecinales, tradiciones y recuerdos.

Esta trayectoria ayuda a entender la resistencia que el cambio de nombre provoca entre parte de sus habitantes. La discusión no gira únicamente alrededor de una referencia política, sino también sobre el significado que varias generaciones atribuyen a su localidad.

Pero existe una diferencia importante: reconocer la historia de los colonos no implica necesariamente conservar una denominación vinculada al dictador. El debate enfrenta la continuidad de un nombre asumido durante décadas con una obligación establecida por la legislación democrática.

Otros pueblos españoles ya eliminaron referencias a Franco

La disputa de Villafranco del Guadiana no es nueva. En 2016, el Ayuntamiento de Badajoz inició trámites relacionados con la modificación de su denominación. La localidad se opuso entonces a perder el nombre.

Aquel episodio provocó una importante controversia política y vecinal. La aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022 reactivó el conflicto, pero los representantes locales mantuvieron su postura.

Extremadura cuenta con un precedente especialmente significativo. Guadiana del Caudillo, otro pueblo de colonización de la provincia de Badajoz, pasó a denominarse oficialmente Guadiana en 2020, después de un procedimiento aprobado por la Junta de Extremadura.

También existen ejemplos fuera de la comunidad. En agosto de 2025, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, en Málaga, aprobó cambiar el nombre de Villafranco del Guadalhorce por Villa del Guadalhorce, en cumplimiento de la legislación sobre memoria democrática.

Aun así, varias localidades españolas conservan denominaciones relacionadas con figuras del franquismo. Entre ellas se encuentran Llanos del Caudillo, en Ciudad Real; Alberche del Caudillo, en Toledo; Quintanilla de Onésimo, en Valladolid, y San Leonardo de Yagüe, en Soria.

La aplicación de la ley ha avanzado de manera desigual, debido tanto a las diferencias administrativas como a la oposición de algunas corporaciones locales.

Villafranco mantiene su nombre mientras prepara la respuesta legal

El futuro de la denominación de Villafranco del Guadiana dependerá de los siguientes pasos administrativos y de la respuesta jurídica que presente la entidad local.

El alcalde ha dejado clara su intención de defender el nombre hasta agotar las vías legales, mientras que el Ministerio sostiene que debe adaptarse a las obligaciones de la Ley de Memoria Democrática.

Hay, además, una particularidad administrativa: Villafranco no es un municipio independiente, sino una entidad local menor integrada en Badajoz. Esta circunstancia también deberá tenerse en cuenta en la tramitación de cualquier modificación oficial.

Por el momento, no se ha anunciado qué nombre podría sustituir al actual ni cuándo tendría lugar el cambio.

La disputa vuelve a situar sobre la mesa una cuestión que España arrastra desde hace décadas: cómo conservar la memoria de los pueblos construidos durante la dictadura sin mantener necesariamente los homenajes políticos que quedaron incorporados a sus nombres.

En Villafranco del Guadiana, el Gobierno ha dado el paso formal para exigir el cambio. Sus autoridades locales, por el contrario, se preparan para combatirlo.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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