Feijóo exige la verdad por Urda y revive los vetos del PP en Angrois

Alberto Núñez Feijóo ha endurecido su discurso contra el Gobierno tras el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que deja un balance provisional de 69 fallecidos. El líder del PP responsabiliza políticamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, vincula la tragedia con el accidente de Adamuz y sostiene que España necesita conocer qué ha fallado en el sistema ferroviario. El problema para su argumento está trece años atrás: Angrois.

Cuando el Alvia descarriló en Santiago de Compostela en julio de 2013 y murieron 80 personas, Feijóo presidía la Xunta de Galicia. Durante los años siguientes, el PP gallego rechazó repetidamente la creación de una comisión parlamentaria sobre el accidente. Cuando el debate llegó al Congreso, los populares también se opusieron durante años a investigar políticamente la tragedia. El PSOE, conviene recordarlo, acompañó varios de aquellos rechazos antes de cambiar de posición.

La comparación no demuestra que un Gobierno del PP hubiera evitado Urda o Adamuz. Tampoco demuestra lo contrario. Ese es precisamente el problema de convertir las tragedias en hipótesis electorales: nadie puede probar qué habría ocurrido bajo un Gobierno que no existía. Lo que sí puede comprobarse es qué hicieron los partidos cuando tuvieron delante accidentes reales.

Feijóo atribuye Urda y Adamuz a la gestión del Gobierno

Feijóo afirmó el 30 de octubre que en Adamuz murieron 46 personas por un mantenimiento que considera deficiente y que las 69 víctimas de Urda se produjeron porque el Gobierno no renovó un sistema de seguridad que calificó de obsoleto. También señaló directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a Pedro Sánchez por sus responsabilidades políticas.

El presidente del PP ha prometido que, si gobierna, dará prioridad a la conservación ferroviaria frente a nuevas obras, reforzará las estructuras de seguridad de Renfe y Adif y revisará la red. Su mensaje ha ido un paso más allá del habitual llamamiento a investigar: sostiene que las responsabilidades políticas no tienen por qué esperar a las conclusiones judiciales o técnicas.

Ahí aparece inevitablemente el precedente de Angrois.

Porque la investigación técnica de Adamuz todavía no ha terminado. El accidente del 18 de enero de 2026, en el que fallecieron 46 personas, sigue sometido a análisis. Las pesquisas han estudiado, entre otros elementos, el estado de la infraestructura y una posible fractura relacionada con una soldadura del carril. Presentar una responsabilidad concreta como definitivamente establecida excede, por ahora, lo que permiten afirmar unas investigaciones todavía abiertas.

En Urda ocurre algo parecido. Las pesquisas sobre el choque entre el AVE de Renfe y el Iryo continúan y se examinan las decisiones adoptadas desde el centro de control, la señalización y el funcionamiento de los sistemas de seguridad. Afirmar ya una cadena definitiva de culpabilidades es una conclusión política, no todavía una conclusión técnica.

Angrois vuelve trece años después

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, ha recuperado estos días precisamente ese precedente. Su acusación es contundente: Feijóo reclama para Urda una verdad que, según la dirigente nacionalista, su partido impidió buscar políticamente tras Angrois.

El historial parlamentario permite sostener una parte esencial de esa crítica, aunque conviene precisar los términos. Durante la presidencia de Feijóo, el PP rechazó varios intentos de crear una comisión de investigación en el Parlamento gallego. No significa que Feijóo pulsara personalmente cuatro veces un botón contra la investigación, una simplificación que también circula estos días, sino que su mayoría parlamentaria y su partido bloquearon aquellas iniciativas.

En febrero de 2017 volvió a fracasar una comisión en Galicia. Los diputados del PP votaron en contra y el PSdeG se abstuvo, mientras En Marea y BNG la respaldaron. La responsabilidad política de aquel bloqueo, por tanto, no cabe reducirla a una sola sigla: el PP se opuso y el PSOE no apoyó la investigación en aquella votación.

El PSOE ya había participado en otros rechazos. En abril de 2016, PP y PSOE votaron en el Congreso contra una comisión sobre el accidente del Alvia. Antes, en 2014, los populares votaron contra otra iniciativa mientras los socialistas se abstuvieron. La posición del PSOE acabaría cambiando después, pero durante años los dos grandes partidos frenaron distintos intentos de investigación parlamentaria.

El cambio llegó en 2017

La posición socialista giró finalmente. En septiembre de 2017, el Congreso aprobó la creación de una comisión de investigación sobre Angrois con 208 votos a favor y 135 en contra. PSOE, Unidos Podemos y otras fuerzas la respaldaron; el PP votó en contra junto con UPN y Foro Asturias.

No era ya una cuestión menor. La Agencia Ferroviaria Europea había cuestionado aspectos de la investigación técnica realizada inicialmente en España y advertido sobre deficiencias en su independencia y alcance. Ese reproche europeo reforzó las demandas de las víctimas, que llevaban años reclamando una investigación más amplia sobre las causas y las decisiones que rodearon el accidente.

Del error humano de Angrois al sistema de Urda

Existe otra diferencia incómoda entre el discurso actual de Feijóo y el que mantuvo durante buena parte del caso Angrois. Tras aquella tragedia, el dirigente gallego insistió varias veces en la relevancia del fallo humano del maquinista y rechazó que toda la responsabilidad política pudiera trasladarse al Gobierno.

Años después defendió también a Ana Pastor ante las peticiones de dimisión y consideró injusto atribuirle responsabilidad por una infraestructura cuya construcción y diseño venían de etapas anteriores. Era una defensa basada en esperar a que las investigaciones delimitaran responsabilidades, una prudencia que contrasta con el tono empleado ahora frente al Ejecutivo.

La justicia ha terminado perfilando una historia bastante más compleja que la explicación inicial centrada exclusivamente en el conductor. El procedimiento judicial examinó también la actuación de responsables de seguridad de Adif y se prolongó durante años. El caso, por tanto, no quedó reducido desde el principio a un simple error del maquinista, como en ocasiones se presentó políticamente.

Las víctimas reclamaron durante años responsabilidades políticas y llegaron a pedir la dimisión de Ana Pastor. También denunciaron que una explicación centrada únicamente en el conductor dejaba fuera las decisiones sobre la seguridad de la línea, la evaluación del riesgo y los sistemas instalados en el tramo de Angrois.

Ahora Feijóo sostiene respecto a Urda que sería injusto convertir a una sola persona en responsable del accidente y critica que el Gobierno centre la atención sobre las decisiones de un operario del centro de control. El argumento puede ser razonable. Pero precisamente por eso la comparación con Angrois resulta inevitable.

Óscar Puente también mira hacia Angrois

Puente ha utilizado el mismo precedente para defenderse. El ministro recordó que él no pidió la dimisión de Ana Pastor tras el accidente de Angrois y ha rechazado abandonar el cargo mientras se investiga Urda. También ha defendido que su responsabilidad consiste en facilitar la investigación y corregir los fallos que puedan determinarse.

Esa comparación tampoco absuelve automáticamente al actual Gobierno. Angrois no es un salvoconducto para Urda, igual que Urda no reescribe lo ocurrido en Angrois. Si hubo decisiones equivocadas en mantenimiento, señalización, protocolos, inversión o gestión, deberán conocerse y tendrán que generar las correspondientes responsabilidades técnicas, administrativas, judiciales o políticas.

Lo que resulta bastante más difícil de sostener es que un accidente ocurrido bajo un Gobierno demuestra que otro partido lo habría evitado. Es una afirmación contrafactual, imposible de verificar. La historia ferroviaria española proporciona un recordatorio poco cómodo: las tragedias han ocurrido bajo gobiernos de distinto signo y sus causas rara vez caben en un eslogan de campaña.

La memoria política también cuenta

El debate sobre Urda se desarrolla a menos de un mes de las elecciones generales y eso multiplica el ruido. Feijóo ha elevado la presión sobre Sánchez y Puente y ha convertido la seguridad ferroviaria en uno de los principales ejes de su ofensiva contra el Ejecutivo.

Tiene derecho a hacerlo. La oposición debe fiscalizar al Gobierno y la suma de víctimas de Adamuz y Urda obliga a exigir explicaciones exhaustivas. Pero la exigencia gana credibilidad cuando se aplica también hacia atrás, incluso cuando la hemeroteca resulta incómoda para quien reclama responsabilidades.

Y hacia atrás está Angrois: decenas de muertos, años de reclamaciones de las víctimas, una investigación técnica cuestionada desde Europa y varios intentos parlamentarios de investigación que PP y, durante parte del proceso, también PSOE contribuyeron a bloquear. Eso forma parte de la historia política del accidente.

Pontón lo ha utilizado para acusar a Feijóo de hipocresía. Esa valoración pertenece al terreno político. Los hechos permiten formular algo más preciso: el dirigente que ahora exige investigaciones inmediatas y responsabilidades presidía el PP gallego cuando su mayoría rechazó reiteradamente abrir una investigación parlamentaria sobre Angrois.

Una exigencia que debe valer gobierne quien gobierne

Las víctimas de Urda, Adamuz y Angrois no necesitan que un partido demuestre retrospectivamente que sus trenes habrían sido más seguros que los del adversario. Necesitan algo bastante menos espectacular y bastante más difícil: saber qué falló, quién tomó cada decisión y qué debe cambiar para que no vuelva a ocurrir.

La investigación de Urda tendrá que llegar hasta ahí. También la de Adamuz, todavía pendiente de conclusiones definitivas. Y la experiencia de Angrois debería servir para evitar precisamente aquello que durante años denunciaron sus afectados: investigaciones discutidas, responsabilidades convertidas en trincheras partidistas y explicaciones demasiado cómodas.

La responsabilidad política debe medirse con el mismo criterio gobierne quien gobierne. Si es imprescindible cuando manda el adversario, también debe serlo cuando gobiernan los propios. Esa es la parte de Angrois que el debate sobre Urda no debería olvidar.