Síguenos

España

Condenan a un coronel por falsear muestras para comprar 8.250 fusiles

Un coronel y una gerente fueron condenados por falsear documentos para presentar cinco fusiles de la Guardia Civil en una licitación millonaria.

Guardia Civiles españoles usando fusiles

Foto: Guardia Civil / Wikimedia Commons (CC BY 3.0).

Resumen

  • Un coronel, condenado a 18 meses por falsificar la entrega de fusiles
  • Cinco armas de la Guardia Civil pasaron por muestras de la empresa USP
  • Varios agentes denunciaron el engaño y el concurso quedó desierto

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un coronel de la Guardia Civil a un año y medio de prisión por falsificar documentación oficial para favorecer a una empresa en un concurso público destinado a adquirir 8.250 fusiles de asalto. El tribunal considera probado que se utilizaron cinco armas pertenecientes al propio instituto armado para hacerlas pasar por muestras aportadas por la compañía interesada en conseguir el contrato, cuyo presupuesto rondaba los 14,5 millones de euros, impuestos incluidos.

La sentencia también condena a la entonces gerente de Uniformidad y Suministros de Protección (USP), empresa vinculada comercialmente al fabricante alemán Heckler & Koch, a tres meses de prisión. La operación fue descubierta gracias a varios guardias civiles que detectaron las irregularidades, se negaron a firmar la documentación y alertaron a sus superiores. El concurso terminó desierto y ninguno de los condenados tendrá que ingresar de manera inmediata en prisión, a la espera de los posibles recursos.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2019, aunque la resolución judicial se ha conocido en noviembre de 2026, después de un procedimiento que ha tardado siete años en llegar a juicio. La condena no castiga una adjudicación irregular consumada, sino la falsificación de documentos oficiales que permitió presentar una oferta incumpliendo las condiciones de la licitación.

El caso deja una circunstancia especialmente llamativa: las cinco armas supuestamente entregadas por una empresa privada ya estaban en dependencias de la Guardia Civil. Para justificar su presentación se alteraron los elementos identificativos de los embalajes y se elaboraron documentos que acreditaban una entrega que, en realidad, no se había producido en los términos exigidos.

Canal oficial
El Folio en WhatsApp
Recibe las noticias más importantes, alertas y última hora.

Cómo se utilizaron cinco fusiles oficiales en una licitación pública

Un contrato de 8.250 fusiles valorado en millones de euros

El origen del procedimiento se encuentra en una licitación publicada en el Boletín Oficial del Estado el 11 de septiembre de 2019. La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil buscaba adquirir un mínimo de 8.250 fusiles de asalto de calibre 5,56 × 45 milímetros para equipar a distintas unidades del cuerpo.

El suministro estaba previsto entre 2020 y 2022, a razón de 2.750 armas anuales. El anuncio oficial recogía un valor estimado de 11.962.500 euros, mientras que el presupuesto del concurso ascendía aproximadamente a 14,47 millones de euros con IVA.

Las empresas interesadas debían cumplir unas condiciones técnicas y presentar cinco fusiles de muestra antes de que terminara el plazo de recepción de ofertas, establecido para el 30 de septiembre de 2019. Esas unidades debían permitir comprobar que el armamento ofrecido reunía los requisitos exigidos por la Administración.

USP, representante en España de Heckler & Koch, quería participar en el procedimiento, pero tenía un problema: no podía disponer de las cinco muestras dentro del plazo establecido.

De los almacenes de Valdemoro a las cajas de la empresa

Según los hechos recogidos en la investigación y considerados probados por la Audiencia, la entonces gerente de USP se reunió el 18 de septiembre de 2019 con el coronel responsable del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, situado en Valdemoro, Madrid.

Durante aquel encuentro comunicó las dificultades de la compañía para presentar las armas exigidas. La solución acordada consistió en utilizar cinco fusiles que ya pertenecían a la Guardia Civil, modificando sus elementos identificativos para que aparentasen proceder de la empresa.

El coronel Francisco Pallás ordenó retirar las armas del almacén central y trasladarlas al laboratorio balístico. Allí se prepararon los embalajes con los accesorios correspondientes y se colocaron etiquetas de USP encima de las identificaciones originales.

No se trataba únicamente de cambiar unas pegatinas. Para que las muestras pudieran considerarse entregadas oficialmente, era necesario disponer de un recibo que acreditara su recepción.

La documentación terminó reflejando que la empresa había presentado las cinco unidades. Con ese justificante, USP pudo formalizar su oferta el 27 de septiembre de 2019, tres días antes de que finalizara el plazo de la licitación.

Los guardias que se negaron a firmar destaparon el engaño

La intervención de varios agentes destinados en Valdemoro resultó determinante para descubrir las irregularidades.

Según la investigación, los guardias civiles encargados de tramitar la recepción de las muestras advirtieron que las armas no habían sido aportadas realmente por la empresa. Ante esta situación, se negaron a firmar la documentación que pretendía acreditar su entrega.

Las anomalías fueron comunicadas a un teniente coronel, que acabó presentando una denuncia. La investigación posterior de Asuntos Internos de la Guardia Civil permitió reconstruir lo ocurrido y documentar las actuaciones realizadas en las instalaciones oficiales.

Una de las pruebas más relevantes fueron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del laboratorio balístico.

Las grabaciones mostraban al coronel y a personal relacionado con USP manipulando los embalajes y colocando etiquetas de la compañía sobre las identificaciones que correspondían al material del instituto armado.

Durante el juicio, celebrado en octubre de 2026, el coronel negó haber ordenado la falsificación y sostuvo que no se había percatado de la superposición de etiquetas. Un empleado de USP también declaró que desconocía que aquellos fusiles pertenecían a la Guardia Civil.

Sin embargo, la Audiencia consideró suficientes los testimonios de los agentes, la documentación y las grabaciones para acreditar la falsificación de los documentos utilizados en el procedimiento.

Un año y medio de prisión para el coronel y tres meses para la gerente

La resolución judicial impone al coronel una pena de 18 meses de prisión, una multa de 540 euros y un año de inhabilitación adicional por su participación en la falsificación documental.

La entonces gerente de USP ha sido condenada a tres meses de cárcel, una multa de 540 euros y dos años de inhabilitación para contratar con el Estado.

Las penas finalmente impuestas son inferiores a las solicitadas inicialmente por la Fiscalía. El Ministerio Público reclamaba cuatro años de prisión para el mando y penas de 18 meses para los dos trabajadores de la compañía que también fueron procesados.

El tribunal ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, relacionada con el tiempo transcurrido desde los hechos de 2019 hasta la celebración del juicio en 2026.

La sentencia todavía puede ser recurrida. Por ahora, los dos condenados no tienen obligación de ingresar en prisión para cumplir las penas impuestas. Esto no equivale a una absolución ni significa que la condena haya desaparecido: su situación definitiva dependerá de la evolución del procedimiento y de las decisiones judiciales correspondientes.

Las defensas habían cuestionado las pruebas y argumentado que el contrato nunca llegó a adjudicarse irregularmente. También plantearon que, en cualquier caso, se habría producido un desistimiento voluntario.

La Audiencia rechazó que estos argumentos invalidaran la responsabilidad por la falsificación documental acreditada.

El concurso quedó desierto y la compra tuvo que repetirse

La operación no consiguió el resultado que perseguía.

La oferta relacionada con Heckler & Koch fue retirada en octubre de 2019. La documentación del procedimiento recoge una comunicación de retirada fechada el día 7 de ese mes. La otra empresa participante, la austriaca Steyr Arms, quedó excluida por presentar su propuesta fuera de plazo y en papel, cuando se exigía la tramitación electrónica.

El procedimiento acabó declarándose desierto en febrero de 2020. No hubo, por tanto, una adjudicación del contrato de 8.250 fusiles a USP.

La Guardia Civil tuvo que volver a organizar la adquisición. En enero de 2021 se convocó una nueva licitación, esta vez para un mínimo de 7.050 fusiles de asalto, con un valor estimado de 9.905.250 euros, aproximadamente 11,99 millones con IVA, y entregas previstas entre 2022 y 2024.

La repetición del concurso ilustra las consecuencias administrativas del procedimiento fallido, aunque la sentencia penal se centra en una conducta concreta: hacer pasar armamento de propiedad pública por muestras entregadas por una empresa privada.

USP, por su parte, ha mantenido actividad comercial con distintas administraciones españolas. La compañía figura en procedimientos de contratación relacionados con suministros de armamento y material policial. La condena de su antigua gerente en este caso no implica, por sí sola, que esos otros contratos hayan sido irregulares.

Una falsificación consumada aunque no se adjudicara el contrato

La distinción jurídica es importante. La Audiencia Provincial de Madrid no ha condenado a los acusados por haber conseguido fraudulentamente un contrato de casi 14,5 millones de euros. Lo que considera acreditado es que se falseó documentación oficial para permitir la participación de una empresa que no había presentado correctamente las muestras obligatorias.

El fracaso de la adjudicación no elimina la falsedad cometida durante la preparación de la oferta.

La sentencia tampoco establece que los 8.250 fusiles llegaran a comprarse mediante aquel procedimiento ni que se entregaran cantidades económicas a USP como consecuencia de la maniobra.

La actuación de los guardias civiles que detectaron las irregularidades fue decisiva. Su negativa a firmar los documentos y la denuncia posterior permitieron poner los hechos en conocimiento de los investigadores antes de que el contrato pudiera adjudicarse.

Siete años después, el resultado es una condena penal por falsedad documental, dos responsables condenados y una licitación millonaria que nunca llegó a formalizarse. El caso muestra cómo una irregularidad aparentemente limitada a cinco armas y varios documentos podía afectar a un procedimiento destinado a equipar a miles de agentes con fusiles de asalto.

Newsletter

Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

Lo más leído