La Justicia eleva la medalla de un guardia por salvar a 19 en la dana

La Justicia ha reconocido el derecho de un guardia civil a recibir la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, una condecoración que lleva aparejada una pensión vitalicia, por arriesgar su vida durante los rescates de la dana de octubre de 2024. El agente participó, junto a un compañero, en el salvamento de 19 personas en Mira (Cuenca), donde las inundaciones habían dejado viviendas anegadas y vecinos atrapados.

La resolución, dictada el 6 de noviembre de 2026 en el ámbito de la Audiencia Nacional, corrige al Ministerio del Interior, que había concedido al funcionario la misma distinción, pero con distintivo blanco y sin recompensa económica. El tribunal considera que la gravedad de las circunstancias, el peligro al que se expuso y el valor demostrado durante las intervenciones justificaban un reconocimiento superior.

La sentencia estima el recurso presentado por el agente, defendido por el gabinete jurídico Suárez-Valdés, y anula la orden ministerial de 2025 que le otorgó la condecoración inicial. El fallo no es firme y todavía puede ser recurrido.

El caso recupera uno de los episodios más arriesgados de aquella emergencia. Dos especialistas en actividades subacuáticas de la Guardia Civil acudieron a un municipio prácticamente inundado, pese a encontrarse fuera de servicio, y trabajaron durante horas en condiciones que comprometían su propia seguridad.

Catorce horas de rescates durante la dana de 2024

Los hechos se remontan a la madrugada del 30 de octubre de 2024, cuando el agente y otro compañero del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) recibieron un aviso alrededor de las 4.30 horas. La localidad conquense de Mira sufría graves inundaciones y había vecinos atrapados en sus viviendas.

Ambos guardias civiles se desplazaron hasta el municipio para participar en las labores de emergencia. La fuerza de la corriente dificultaba los movimientos y hacía necesario utilizar una embarcación neumática para llegar a las casas.

Según los hechos recogidos en la sentencia, fueron los dos agentes del GEAS quienes accedieron directamente a las viviendas para evacuar a sus ocupantes. Durante aproximadamente 14 horas consiguieron rescatar a 19 personas, entre ellas varios menores.

El escenario era especialmente peligroso. Había garajes destrozados, vehículos volcados, obstáculos arrastrados por el agua y edificios afectados por la riada. La corriente tenía suficiente fuerza para poner en peligro a los propios rescatadores.

La intervención exigía algo más que conocimientos técnicos. Los agentes debían actuar en espacios inundados, con accesos bloqueados y sin poder descartar nuevos desprendimientos ni otros riesgos asociados a la emergencia.

Una mujer atrapada y un rescate con riesgo de electrocución

Entre las actuaciones examinadas por el tribunal destaca el salvamento de una mujer que permanecía atrapada en su vivienda y no podía abandonarla por sus propios medios.

La corriente impedía utilizar la salida habitual. Los guardias civiles tuvieron que recurrir a una escalera para evacuarla por una ventana situada a casi cuatro metros de altura, mientras utilizaban la embarcación para facilitar el rescate.

La operación entrañaba un peligro añadido: el contacto del agua con las instalaciones eléctricas generaba un riesgo real de electrocución.

La vecina explicó durante el procedimiento que habría permanecido atrapada sin comida ni agua de no haber recibido ayuda. También manifestó que el guardia civil había puesto en peligro su vida para salvarla.

Su testimonio resultó relevante para valorar las circunstancias de la intervención. No se trataba únicamente de comprobar que el rescate había terminado con éxito, sino de determinar el nivel de peligro asumido por quienes lo llevaron a cabo.

La resolución judicial considera acreditado que el agente demostró un valor extraordinario en unas circunstancias que excedían las dificultades habituales de su actividad profesional.

Por qué la Justicia corrige al Ministerio del Interior

La controversia surgió por la categoría de la condecoración concedida al guardia civil.

Interior había reconocido sus méritos mediante la Cruz con distintivo blanco, destinada a premiar servicios especialmente difíciles, actuaciones profesionales destacadas y conductas ejemplares.

Sin embargo, el agente reclamó el distintivo rojo, reservado para intervenciones de especial gravedad en las que concurran circunstancias excepcionales de peligro para la vida.

La normativa que regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil establece una distinción importante: no basta con desarrollar correctamente una actuación compleja para obtener la cruz roja. Es necesario demostrar un riesgo extremo acompañado de valor personal, iniciativa y serenidad ante el peligro.

El tribunal entiende que estos requisitos concurrían en los rescates de Mira. La fuerza de la corriente, las dificultades para acceder a los inmuebles y el peligro de electrocución constituyen elementos suficientes para justificar una valoración diferente de la realizada inicialmente por Interior.

La sentencia sostiene que el mérito demostrado por el agente no había recibido un reconocimiento adecuado.

El trato recibido por otros guardias civiles durante la misma dana

El procedimiento también examinó las actuaciones de otros miembros de la Guardia Civil durante las inundaciones de 2024.

En el expediente figuraban propuestas de concesión del distintivo rojo a cuatro agentes por intervenciones igualmente peligrosas. Entre ellas, rescates en corrientes de agua y operaciones desarrolladas en circunstancias de riesgo eléctrico.

El magistrado consideró relevante esta comparación para analizar si la Administración había aplicado criterios coherentes a situaciones semejantes.

Aunque las intervenciones no fueron idénticas, presentaban suficientes elementos comunes para exigir una justificación razonable de las diferencias de trato.

La Administración dispone de un margen de discrecionalidad para conceder recompensas, pero esa facultad no permite adoptar decisiones arbitrarias. Precisamente ahí radica uno de los aspectos jurídicos más importantes de la resolución.

Qué pensión vitalicia lleva aparejada la Cruz al Mérito

La diferencia entre ambos distintivos tiene consecuencias económicas.

La Ley 19/1976, de 29 de mayo, que creó la Orden del Mérito de la Guardia Civil, establece que la Cruz de Oro y la Cruz con distintivo rojo llevan asociadas pensiones. No ocurre lo mismo con la de distintivo blanco.

En concreto, la cruz roja da derecho a una pensión equivalente al 15 % del sueldo correspondiente al empleo del beneficiario, calculada conforme a las reglas legales. No debe confundirse ese porcentaje con el 15 % de todas sus retribuciones, incluidos complementos y otros conceptos salariales.

La normativa contempla asimismo un mínimo de referencia vinculado al sueldo de sargento primero y regula el cálculo de la recompensa cuando el beneficiario pasa a situación de retiro o jubilación.

Se trata, por tanto, de una prestación de carácter vitalicio, no de un premio económico que se cobre una sola vez.

El fallo judicial reconoce al guardia civil el derecho a obtener la condecoración roja con todos sus efectos, incluidos los económicos que legalmente le correspondan.

Interior todavía puede recurrir la sentencia

La resolución constituye una victoria judicial para el agente, pero el procedimiento todavía no está definitivamente cerrado.

La sentencia es de primera instancia y el Ministerio del Interior puede recurrirla ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Según la información conocida del procedimiento, dispone de un plazo de quince días para presentar la apelación, computado conforme a las reglas procesales desde su notificación.

Si la resolución adquiere firmeza, Interior deberá reconocer la condecoración en los términos establecidos por el tribunal, con los derechos económicos correspondientes.

El pronunciamiento tampoco significa que todos los guardias civiles que participaron en la dana tengan automáticamente derecho a la cruz roja. Cada solicitud debe examinarse individualmente, atendiendo a los hechos acreditados y al nivel de riesgo asumido.

Sin embargo, sí pone de relieve la importancia de que los criterios para conceder distinciones sean coherentes y estén suficientemente justificados.

El valor de los rescates y su reconocimiento judicial

En Mira, dos agentes que ni siquiera estaban de servicio respondieron a una emergencia y lograron sacar con vida a 19 vecinos de una situación extremadamente peligrosa. Dos años después, la Justicia ha considerado que la recompensa inicialmente concedida a uno de ellos no reflejaba adecuadamente el riesgo que asumió.

La diferencia entre una cruz blanca y una roja no es únicamente económica. También expresa hasta qué punto la Administración reconoce que un funcionario fue más allá del cumplimiento de su deber y arriesgó su propia vida para salvar la de otros.