Cuatro países de la UE rechazan eliminar el veto en la ampliación

Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia han rechazado eliminar o limitar el derecho de veto de los Estados miembros de la Unión Europea, especialmente en las decisiones relacionadas con la incorporación de nuevos países. Los cuatro Estados defienden un mecanismo que permite a cualquier socio bloquear determinadas decisiones comunitarias, mientras Bruselas busca fórmulas para evitar que la oposición de una sola capital paralice acuerdos estratégicos.

La posición fue reafirmada el jueves 5 de noviembre de 2026 durante una cumbre del Grupo de Visegrado (V4) celebrada en Trenčín, Eslovaquia, con la participación de los presidentes de los cuatro países y la asistencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. El desacuerdo llega en un momento especialmente delicado para el proyecto comunitario, que afronta nuevas ampliaciones, la guerra de Ucrania y un debate creciente sobre su capacidad para adoptar decisiones con rapidez.

No se trata de una ruptura con la Unión Europea ni de un rechazo general a su ampliación. Los cuatro presidentes consideran que la entrada de nuevos miembros debe seguir contando con el consentimiento de todos los socios. En otras palabras, ningún Estado debería perder la posibilidad de oponerse a una adhesión, independientemente de su tamaño, población o influencia económica.

La discusión enfrenta dos concepciones del funcionamiento europeo. Una apuesta por mantener la unanimidad como garantía de soberanía nacional; la otra considera que una Unión de 27 países, posiblemente más en los próximos años, necesita procedimientos menos expuestos a bloqueos individuales. El problema no es nuevo, pero cada intento de cambiar las reglas vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda: hasta dónde puede avanzar la integración europea sin reducir el poder de decisión de sus miembros.

Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia defienden la unanimidad

El presidente eslovaco, Peter Pellegrini, fue uno de los dirigentes más contundentes durante la comparecencia posterior a la reunión. Defendió que la decisión definitiva sobre la entrada de un nuevo miembro debe seguir adoptándose por unanimidad y que todos los países deben conservar su derecho de veto.

Para Pellegrini, este mecanismo tiene una importancia especial para los Estados pequeños, porque les permite proteger sus intereses nacionales frente a propuestas respaldadas por socios de mayor peso político o económico. El argumento es sencillo: sin unanimidad, una coalición suficientemente amplia podría sacar adelante determinadas decisiones pese a la oposición de países directamente afectados.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, respaldó esa posición y advirtió contra las reformas que reduzcan la soberanía de los Estados miembros. Su argumento parte de un principio fundamental de la integración europea: todos los países deben conservar determinadas garantías de participación, con independencia de su tamaño.

En la cumbre también participaron el presidente checo, Petr Pavel, y el húngaro, András Baka. La presencia de Von der Leyen otorgó al encuentro una dimensión comunitaria, aunque la presidenta de la Comisión no intervino en las declaraciones finales ante la prensa. Tampoco se admitieron preguntas de los periodistas durante esa comparecencia.

La postura común resulta significativa porque el Grupo de Visegrado reúne a países con diferentes orientaciones políticas y prioridades nacionales. Pese a esas diferencias, sus presidentes coinciden en la conveniencia de preservar la unanimidad en las decisiones más sensibles sobre el futuro de la Unión.

Bruselas quiere reducir los vetos que bloquean decisiones

La posición centroeuropea responde a un debate que ha ganado fuerza dentro de las instituciones comunitarias. En octubre, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, planteó una iniciativa para limitar los bloqueos vinculados al derecho de veto en ámbitos estratégicos, entre ellos los procesos de ampliación y las sanciones internacionales.

El objetivo de estas reformas es facilitar la adopción de decisiones cuando existe un respaldo mayoritario entre los Estados miembros, pero uno de ellos se opone. El derecho de veto puede convertirse así en una herramienta de negociación que trasciende el asunto sometido a discusión, porque permite condicionar un acuerdo a la obtención de concesiones en otros ámbitos.

Sin embargo, el veto no funciona igual en todas las políticas europeas. Una parte considerable de la legislación de la UE se aprueba mediante mayoría cualificada, mientras que asuntos como la política exterior, determinadas cuestiones fiscales, las finanzas comunitarias o la admisión de nuevos miembros siguen sujetos a la unanimidad.

Qué cambiaría con las votaciones por mayoría cualificada

En su modalidad habitual, la mayoría cualificada exige que voten a favor al menos el 55 % de los Estados miembros, actualmente 15 de los 27, y que representen como mínimo el 65 % de la población de la Unión Europea.

Este sistema permite aprobar decisiones sin el apoyo de todos los gobiernos, pero obliga a reunir una mayoría amplia de países y población. No equivale, por tanto, a que los Estados más grandes puedan imponer automáticamente su voluntad.

La unanimidad funciona de otra manera: basta con que un Estado vote en contra para impedir la aprobación de una decisión que requiera ese procedimiento. Una abstención, en cambio, no bloquea necesariamente el acuerdo. Esa diferencia explica por qué algunos socios consideran que la reforma de las votaciones podría mejorar la capacidad de respuesta de la Unión sin eliminar todos los mecanismos de protección nacional.

España está entre los países que piden limitar los bloqueos

El enfrentamiento sobre el derecho de veto también afecta a España. En septiembre de 2026, 11 países de la Unión Europea, entre ellos España, promovieron una iniciativa dirigida a la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, con el propósito de reducir los bloqueos en la política exterior comunitaria.

Entre los participantes figuraban también Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Suecia. Su planteamiento contemplaba explorar un mayor uso de la mayoría cualificada y recurrir a mecanismos como la abstención constructiva, que permite a un país no respaldar una posición común sin impedir que los demás avancen.

Conviene distinguir los dos debates. La iniciativa impulsada por España se refiere fundamentalmente a la acción exterior y de seguridad, mientras que la reunión de Visegrado ha puesto especial énfasis en la admisión de nuevos miembros. Ambos asuntos están relacionados con la unanimidad, pero no son jurídicamente idénticos ni cualquier reforma de uno de ellos modificaría automáticamente el otro.

La discusión tiene consecuencias prácticas para la diplomacia española. Un sistema menos dependiente de los vetos podría facilitar acuerdos europeos sobre crisis internacionales y sanciones, aunque también reduciría la posibilidad de que España bloqueara por sí sola una decisión contraria a sus intereses. La cuestión afecta a todos los socios, estén a favor o en contra de modificar las reglas.

La ampliación de la UE y el futuro de Ucrania

Uno de los asuntos más importantes es la incorporación de nuevos países. El procedimiento de adhesión exige actualmente el acuerdo de todos los Estados miembros en distintas etapas, incluida la aprobación final del tratado de adhesión. Después, ese tratado debe ser ratificado conforme a los procedimientos constitucionales correspondientes.

Esto significa que un solo país puede bloquear decisiones fundamentales del proceso de ampliación, aunque el candidato haya avanzado en las reformas políticas, económicas y jurídicas exigidas por Bruselas.

El debate afecta especialmente a las aspiraciones europeas de Ucrania y Moldavia, así como a los países de los Balcanes Occidentales que buscan incorporarse a la Unión. La posibilidad de avanzar hacia una UE más amplia depende tanto de las reformas realizadas por los candidatos como de la voluntad política de los socios actuales.

Los cuatro presidentes centroeuropeos, sin embargo, no plantearon la conservación del veto como un rechazo a esas aspiraciones. En su declaración conjunta respaldaron una política de ampliación ambiciosa, creíble y basada en los méritos de los candidatos, entendida como una inversión estratégica en la seguridad y estabilidad de Europa.

También expresaron su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y a su derecho a defenderse frente a la agresión rusa. La posición compartida combina, por tanto, el respaldo a la perspectiva europea de los candidatos con la exigencia de que los Estados miembros conserven la última palabra sobre su admisión.

La guerra de Ucrania también estuvo presente en la cumbre

El encuentro de Trenčín abordó igualmente la seguridad europea y las posibles vías diplomáticas para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Pellegrini defendió que la Unión Europea asuma un papel más activo en unas eventuales negociaciones de paz entre Moscú y Kiev.

El presidente checo, Petr Pavel, incidió en la necesidad de establecer mecanismos que permitan afrontar un conflicto que afecta directamente a la seguridad del continente. Los participantes también abordaron la reconstrucción de Ucrania y las necesidades de su población.

Otro asunto tratado fue la disponibilidad de energía asequible y segura, una preocupación compartida por los cuatro países debido a sus consecuencias sobre la industria, la competitividad económica y el coste de vida de los ciudadanos.

La coincidencia en estas prioridades muestra que las discrepancias sobre el funcionamiento institucional de la UE no impiden necesariamente alcanzar posiciones comunes sobre otros desafíos. Pero también evidencia lo difícil que resulta trasladar esos acuerdos políticos a reformas concretas de las normas europeas.

El derecho de veto seguirá condicionando la reforma europea

La oposición manifestada en Trenčín no supone que la reforma de las votaciones haya quedado definitivamente descartada. Sí confirma que Bruselas afronta resistencias importantes para modificar uno de los mecanismos más sensibles de la arquitectura comunitaria.

Además, eliminar la unanimidad en ámbitos protegidos por los tratados no depende simplemente de una propuesta de la Comisión Europea. Los cambios deben respetar los procedimientos jurídicos establecidos y, cuando requieren modificar los tratados, necesitan un consenso especialmente exigente entre los Estados miembros.

La paradoja es evidente: reformar las reglas que permiten bloquear decisiones europeas puede exigir precisamente el consentimiento de quienes desean conservarlas.

La disputa no se limita a una cuestión de procedimiento. Afecta al equilibrio entre la soberanía de los Estados y la capacidad de actuación de la Unión Europea. Los defensores de la unanimidad consideran que protege a los socios frente a decisiones impuestas; sus críticos advierten de que también puede convertir las negociaciones comunitarias en procesos lentos y vulnerables a bloqueos particulares.

Con nuevas ampliaciones sobre la mesa y una situación internacional que exige respuestas rápidas, la Unión Europea tendrá que decidir hasta dónde puede mejorar sus mecanismos de decisión sin romper el equilibrio político que sostiene su funcionamiento. Por el momento, los cuatro países del Grupo de Visegrado han dejado clara su posición: la última palabra sobre la entrada de nuevos socios debe seguir perteneciendo a todos los Estados miembros.