Debates del 29N: expertos proponen más preguntas y menos discursos

Los debates electorales en España afrontan una posible renovación de sus formatos ante las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Expertos en comunicación política plantean introducir preguntas imprevistas, mayor participación ciudadana y mecanismos de verificación de datos para conocer mejor a los candidatos. La intención es que los espectadores puedan evaluar sus propuestas y su capacidad de respuesta, más allá de los discursos preparados por los partidos.

El debate llega mientras las principales cadenas de televisión negocian con PSOE y PP las condiciones de los próximos encuentros entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Aunque existe acuerdo sobre la conveniencia de celebrar un cara a cara, persisten las diferencias respecto a otros formatos y las televisiones que deberían emitirlos. Entretanto, varios investigadores advierten de que las reglas actuales permiten a los candidatos controlar excesivamente sus intervenciones.

El problema no es que los debates hayan dejado de interesar. Al contrario. Siguen reuniendo a millones de espectadores y constituyen uno de los acontecimientos más importantes de una campaña electoral. Lo que se cuestiona es si un intercambio de discursos ensayados, con turnos rigurosamente pactados, permite conocer de verdad a quienes aspiran a gobernar.

Tampoco existe unanimidad sobre cómo modernizarlos. Algunos especialistas defienden una intervención más activa de los moderadores y la incorporación de preguntas ciudadanas. Otros, como el periodista Manuel Campo Vidal, consideran que el cara a cara tradicional debe conservar su esencia, sin convertir al moderador en protagonista.

Los debates electorales siguen influyendo en los indecisos

La relevancia de estos encuentros va más allá de las audiencias televisivas. María José Canel, catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que los debates figuran entre los acontecimientos de campaña con mayor capacidad para influir en el voto, especialmente entre quienes todavía no han decidido su papeleta.

Los electores con preferencias consolidadas suelen interpretar las intervenciones desde sus propias convicciones. Prestan más atención a los aciertos del candidato que apoyan y a los errores del adversario. Entre los votantes indecisos, sin embargo, el comportamiento de los aspirantes puede adquirir una importancia considerable.

Iván Puentes-Rivera, investigador de la Universidad de Vigo, coincide en que los debates permiten observar aspectos que difícilmente aparecen en los programas electorales. La reacción ante una crítica, la capacidad de argumentar sin recurrir a un discurso preparado o la respuesta a una situación inesperada proporcionan información relevante sobre los candidatos y su capacidad de reacción.

Eso no significa que un debate provoque necesariamente grandes cambios electorales. Los trasvases de voto suelen ser limitados, pero en unas elecciones ajustadas una variación pequeña puede resultar decisiva para el reparto de escaños. También puede contribuir a movilizar a ciudadanos que dudan si acudir a votar.

Los datos de audiencia ayudan a entender por qué los partidos siguen prestando tanta atención a estos encuentros. Según cifras de Barlovento Comunicación, el segundo enfrentamiento entre Felipe González y José María Aznar, celebrado en 1993, reunió a 10,5 millones de espectadores, con una cuota de pantalla del 75,3 %.

En 2008, el primer debate entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy congregó a ocho millones de espectadores en La 1. Quince años después, el cara a cara entre Sánchez y Feijóo alcanzó los 5,9 millones entre Antena 3 y laSexta. Son cifras de épocas televisivas diferentes, pero demuestran que el formato conserva una capacidad de convocatoria considerable.

Menos discursos preparados y más preguntas incómodas

Una de las principales críticas al modelo actual es el elevado grado de control que ejercen los partidos sobre el desarrollo de los debates.

Los equipos de campaña negocian los bloques temáticos, los tiempos de intervención, los turnos y numerosos detalles de realización. Incluso pueden acordarse aspectos relacionados con los planos televisivos. El objetivo es reducir los riesgos de una aparición seguida por millones de personas.

Canel considera que esta preparación termina protegiendo demasiado a los aspirantes. Por eso propone introducir preguntas inesperadas, repreguntas y respuestas concretas, de manera que los políticos tengan que explicar sus posiciones sin refugiarse continuamente en mensajes previamente elaborados.

No se trata de convertir el debate en un interrogatorio. Un candidato debe disponer de tiempo suficiente para desarrollar sus argumentos. Pero también debería responder cuando se le pide aclarar una contradicción o concretar cómo financiaría una determinada medida.

Juan Carlos Figuereo, investigador de la Universidad de Sevilla, ha estudiado el enfrentamiento de 2023 entre Sánchez y Feijóo y considera necesario reducir las interrupciones. A su juicio, el exceso de confrontación dificulta que los espectadores comprendan las propuestas políticas.

Hablar más alto no equivale a explicar mejor. Y un debate en el que ambos candidatos se interrumpen constantemente puede generar numerosos titulares sin aclarar demasiado sobre sus respectivos programas.

La participación ciudadana gana protagonismo entre las propuestas

Otra posibilidad consiste en incorporar preguntas formuladas por ciudadanos sobre asuntos cotidianos.

Figuereo, Canel y Puentes-Rivera respaldan, con distintos planteamientos, una mayor presencia de estas intervenciones. Los aspirantes podrían verse obligados a concretar sus posiciones sobre cuestiones como la vivienda, los salarios, la sanidad o las pensiones, en lugar de limitarse a los grandes enfrentamientos políticos.

El procedimiento exigiría garantizar una selección equilibrada y transparente de las preguntas, para evitar que la participación ciudadana se convierta en otro elemento controlado por las organizaciones políticas.

Campo Vidal mantiene una posición diferente. El periodista, que moderó el primer cara a cara entre González y Aznar en 1993, considera que incorporar directamente al público supondría crear un formato distinto del debate tradicional.

Su planteamiento es conservar el enfrentamiento directo entre los principales candidatos, complementándolo con otros encuentros en los que participen diferentes formaciones políticas.

Verificar los datos de los candidatos durante el debate

La comprobación de las afirmaciones políticas es otro de los grandes asuntos que plantea la renovación de los debates electorales.

Los candidatos utilizan estadísticas económicas, cifras de empleo, indicadores sociales y referencias a decisiones de gobiernos anteriores para defender sus argumentos. Sin una verificación adecuada, un dato incorrecto puede circular durante toda la emisión sin recibir una corrección suficientemente visible.

Entre los especialistas existe un amplio acuerdo sobre la utilidad de contrastar las afirmaciones, aunque no sobre el momento ni el procedimiento.

Campo Vidal propone realizar un programa de verificación posterior al debate. De esta manera, los periodistas podrían analizar las declaraciones con tiempo suficiente y sin alterar el desarrollo del enfrentamiento.

Canel plantea una alternativa más inmediata: disponer de un equipo independiente que avise al moderador cuando detecte una falsedad manifiesta. Puentes-Rivera va más allá y contempla incorporar indicaciones en pantalla para comprobar determinados datos casi en tiempo real.

Figuereo también considera conveniente verificar las afirmaciones durante el debate o inmediatamente después.

El principal desafío es hacerlo con rigor. Una cifra puede ser técnicamente correcta y, al mismo tiempo, ofrecer una impresión engañosa si se omite su contexto. Por eso, verificar no consiste únicamente en etiquetar declaraciones como verdaderas o falsas. A menudo requiere explicar qué se está comparando y qué información falta.

Sánchez y Feijóo negocian los debates del 29 de noviembre

La discusión sobre los formatos coincide con las negociaciones entre los partidos y las principales televisiones para las elecciones generales del 29N.

PSOE y PP han aceptado la invitación de Mediaset para celebrar un cara a cara el 16 de noviembre. Sin embargo, sus posiciones sobre los encuentros con más participantes mantienen diferencias importantes.

El PSOE ha defendido la celebración de un debate a cuatro en RTVE, mientras que el PP sostiene que Feijóo participaría en ese formato si lo organizara Atresmedia.

La radiotelevisión pública presentó una propuesta que incluye tres encuentros diferenciados: un cara a cara entre los principales candidatos, inicialmente previsto para el 17 de noviembre; un debate con representantes de los ocho grupos parlamentarios del Congreso, planteado para el día 23; y otro con los candidatos de las cuatro principales formaciones, propuesto para el 26 de noviembre.

Mediaset también ha ofrecido organizar un enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo. Por su parte, laSexta ha anunciado dos debates con representantes de las principales formaciones políticas, previstos para los días 2 y 9 de noviembre, con un formato orientado a abordar asuntos concretos de la campaña.

Las propuestas pendientes de acuerdo no constituyen un calendario definitivamente cerrado. Las condiciones finales dependen de las negociaciones entre las cadenas y los partidos.

La controversia refleja una realidad conocida de las campañas españolas: la elección de la televisión, los participantes y las condiciones del enfrentamiento también forma parte de la estrategia electoral.

Mientras se negocia quién debate y dónde, la discusión sobre cuánto deberían poder preguntar los moderadores permanece en segundo plano.

El pluralismo electoral también condiciona los formatos

La organización de estos encuentros no depende exclusivamente de la voluntad de las cadenas o de los candidatos.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece garantías de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa que deben respetarse durante los periodos electorales.

Los medios pueden organizar enfrentamientos entre los representantes de las principales candidaturas, pero deben atender las exigencias de cobertura del resto de formaciones con representación y los criterios establecidos por la Junta Electoral.

Esto explica que las propuestas televisivas combinen habitualmente encuentros entre los dos aspirantes con mayores opciones de gobernar y debates más amplios.

No son formatos necesariamente incompatibles. El cara a cara permite una confrontación directa entre alternativas de gobierno, mientras que los encuentros plurales ofrecen espacio a partidos que pueden resultar determinantes para la formación de mayorías parlamentarias.

Una renovación eficaz debería conciliar ambos objetivos: contrastar las propuestas de los principales aspirantes y garantizar que los espectadores conozcan el conjunto de opciones políticas relevantes.

La verdadera prueba será conocer qué propone cada candidato

El consumo de información política ha cambiado profundamente desde aquellos primeros debates televisados de 1993. Las redes sociales permiten difundir fragmentos de unos pocos segundos, descontextualizar intervenciones y convertir determinados enfrentamientos en contenidos virales.

Puentes-Rivera considera que las televisiones deberían adaptar parte de sus contenidos a esas plataformas para llegar especialmente al público joven. Figuereo también advierte de que los partidos prolongan la batalla política después de la emisión mediante los fragmentos que distribuyen en las redes.

Esta nueva realidad añade una responsabilidad a los organizadores: ofrecer debates suficientemente claros y comprensibles para que el contenido informativo no quede eclipsado por las intervenciones más llamativas.

La experiencia histórica demuestra, además, hasta qué punto los partidos han tratado de controlar estos acontecimientos. Campo Vidal recuerda que en 1993 PSOE y PP llegaron a formalizar ante notario las condiciones de los debates entre González y Aznar, incluido el compromiso de celebrar el segundo encuentro independientemente del resultado del primero.

Más de tres décadas después, la tecnología permite contrastar información con mayor rapidez y distribuir los debates a través de múltiples plataformas. Pero ninguna innovación garantiza por sí sola que un candidato responda con precisión.

El verdadero avance sería que los espectadores terminaran el debate sabiendo más sobre las propuestas, los compromisos y las capacidades de quienes aspiran a gobernar. Para conseguirlo no hace falta eliminar la confrontación política, sino impedir que sustituya permanentemente a las explicaciones.

Las elecciones del 29 de noviembre ofrecen una ocasión para comprobar si los partidos y las televisiones están dispuestos a modificar unas reglas que llevan años favoreciendo los discursos preparados. Porque el interés de un debate electoral no debería medirse solamente por quién consigue imponerse ante las cámaras, sino también por cuánto aprende el ciudadano antes de votar.