Canarias: sindicatos denuncian falta de fondos para la RPT de Cultura

La modificación de la plantilla de funcionarios de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha abierto un conflicto sindical por la financiación de los puestos, el teletrabajo y los procedimientos de nombramiento. Intersindical Canaria denuncia que el expediente cuenta con un informe presupuestario desfavorable por insuficiencia de crédito, una circunstancia que, según la organización, compromete la tramitación de la propuesta.

Las discrepancias surgieron en la Mesa Sectorial de Negociación de Personal Funcionario celebrada el 9 de noviembre de 2026 y han quedado reflejadas en los comunicados publicados por Intersindical Canaria y CSIF los días 13 y 12 de noviembre, respectivamente. Ambos sindicatos cuestionan distintos aspectos de la reforma de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aunque también se ha identificado una mejora retributiva para el personal auxiliar de archivos y bibliotecas.

La discusión afecta a cuestiones muy concretas para los empleados públicos: quién puede acceder a determinados puestos, cómo se decide su destino, qué posibilidades existen de trabajar a distancia y qué complementos salariales corresponden a cada categoría.

No se trata, por tanto, de una simple modificación administrativa. La RPT establece las características de los puestos de trabajo y condiciona tanto su cobertura como las oportunidades de promoción profesional dentro de la Administración autonómica.

Un informe presupuestario desfavorable pone en cuestión la reforma

El principal reparo económico procede de Intersindical Canaria. Según su comunicado, la Dirección General de Planificación y Presupuesto ha emitido un informe desfavorable porque el expediente no dispone de crédito suficiente en la plantilla presupuestaria de la consejería.

El sindicato considera que esa insuficiencia impide tramitar la propuesta en los términos presentados y sostiene que constituye un obstáculo para la firma conjunta del expediente y su posterior elevación al Consejo de Gobierno.

La cuestión tiene implicaciones jurídicas y económicas. Una relación de puestos de trabajo determina la estructura de personal de un departamento, pero su aprobación y la financiación efectiva de las plazas no son necesariamente el mismo trámite.

De hecho, el artículo 51 de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2026 permite incorporar a las relaciones de puestos de trabajo plazas todavía no dotadas presupuestariamente, con el propósito de planificar las necesidades de personal. Su incorporación efectiva queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

Esta previsión introduce un matiz importante: la falta de financiación no implica automáticamente que toda modificación de una RPT sea ilegal o imposible. Las consecuencias concretas dependen de la naturaleza de los cambios propuestos, de su coste y de los requisitos aplicables al expediente.

Intersindical Canaria, sin embargo, sostiene que el desfase detectado afecta a la viabilidad de la propuesta presentada. Por el momento, los comunicados sindicales no cuantifican el déficit presupuestario ni permiten establecer cuántos puestos estarían afectados.

El teletrabajo, otro foco de conflicto con la Administración

La regulación del trabajo a distancia constituye uno de los puntos en los que coinciden las críticas de las dos organizaciones sindicales.

Tanto Intersindical Canaria como CSIF denuncian que la modificación de la RPT no identifica expresamente qué puestos pueden desempeñarse mediante teletrabajo, pese a la obligación establecida en la legislación autonómica.

El artículo 56.2 de la Ley 2/2025, de 26 de junio, establece que las relaciones de puestos de trabajo deben indicar si cada plaza admite o no la modalidad de trabajo en remoto.

Esta exigencia tiene una consecuencia práctica: permite que el funcionario conozca las características del puesto antes de solicitarlo y que la Administración disponga de criterios formales para gestionar las autorizaciones.

La posibilidad de teletrabajar debe figurar en cada puesto

CSIF recuerda que esta obligación ya figuraba en las modificaciones normativas impulsadas en 2024 y considera injustificable que, transcurridos más de dos años, continúen negociándose propuestas sin incorporar esa información.

La regulación también fue objeto de una actualización mediante el Decreto 128/2026, de 27 de julio, que modificó el marco autonómico del teletrabajo.

Conviene distinguir dos cuestiones. Que un puesto figure como susceptible de trabajo a distancia no concede automáticamente el derecho a teletrabajar. Sigue siendo necesaria la autorización correspondiente y el cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa.

Lo que reclaman los sindicatos es que esa posibilidad aparezca definida en la propia estructura de personal, en lugar de quedar sin especificar cuando los trabajadores participan en los procedimientos de provisión.

Los sindicatos cuestionan los nombramientos por libre designación

Otro desacuerdo importante afecta al sistema previsto para cubrir determinadas responsabilidades dentro de la consejería.

CSIF cuestiona expresamente la libre designación de un puesto singularizado adscrito a la Secretaría General Técnica y de la nueva Jefatura del Servicio de Actuación Administrativa.

Intersindical Canaria también rechaza que se utilice este procedimiento sin una justificación suficiente y reclama que se mantenga el concurso de méritos como sistema ordinario.

La diferencia no es menor.

El concurso de méritos permite comparar las candidaturas conforme a criterios previamente establecidos. La libre designación, por su parte, es un procedimiento legal que contempla una valoración discrecional de la idoneidad de las personas candidatas, dentro de los requisitos y límites establecidos por la normativa.

No supone, por sí mismo, una designación ilegal. Sin embargo, su utilización debe estar justificada por las características del puesto y respetar las garantías exigibles.

CSIF considera insuficiente recurrir de forma genérica a argumentos como la especial responsabilidad, la coordinación o el asesoramiento. Reclama una motivación individualizada que explique por qué esos puestos necesitan un procedimiento excepcional.

El conflicto gira, en definitiva, alrededor de los mecanismos de acceso a las jefaturas administrativas y de las garantías de igualdad, mérito y capacidad para los funcionarios que aspiran a ocuparlas.

Diferencias salariales, destinos y puestos jurídicos bajo revisión

La negociación también ha puesto sobre la mesa otras cuestiones relacionadas con las condiciones laborales y la organización interna de la consejería.

Una de ellas es la homologación de las retribuciones complementarias.

CSIF reclama que los puestos con funciones, responsabilidades y exigencias similares reciban complementos equivalentes, salvo que existan razones objetivas que justifiquen las diferencias.

La organización invoca el artículo 81.3 de la Ley 2/1987, de la Función Pública Canaria, y solicita una revisión global de los criterios retributivos para evitar desigualdades entre consejerías y unidades administrativas.

Destinos compartidos y requisitos para nuevas plazas

El sindicato también plantea objeciones a la identificación de los destinos de determinados puestos.

La Ley 2/2025 permite que una RPT contemple más de una localización territorial para una misma plaza. CSIF reclama que, cuando se convoque su provisión, quede concretado el destino que corresponda, de manera que los aspirantes puedan conocer las condiciones del puesto.

El objetivo de la reclamación es evitar incertidumbres sobre el lugar efectivo de prestación de servicios, una cuestión especialmente relevante en una Administración distribuida entre distintas islas.

Otro reparo afecta a los requisitos de determinados puestos de nueva creación.

Según CSIF, algunas plazas están adscritas a la especialidad jurídica A111-JUR del Cuerpo Superior de Administradores, pese a que actualmente no existiría personal funcionario perteneciente a esa especialidad.

El sindicato advierte de que mantener esos requisitos podría dificultar la cobertura efectiva de las vacantes y restringir las posibilidades de acceso de otros funcionarios. Por ello solicita revisar su configuración.

Una mejora salarial para auxiliares de archivos y bibliotecas

No todas las medidas examinadas durante la reunión han recibido una valoración negativa.

CSIF destaca favorablemente la mejora retributiva prevista para el personal auxiliar de archivos y bibliotecas, cuyos puestos pasarían a tener un complemento de destino de nivel 20 y un complemento específico 30.

La modificación supondría un avance en el reconocimiento de las funciones desempeñadas por este colectivo, según la organización sindical.

Se trata de una mejora concreta dentro de una negociación más amplia. Los niveles de los complementos permiten identificar la nueva clasificación retributiva propuesta, pero los comunicados no aportan una cuantificación individualizada del incremento en euros.

Tampoco debe confundirse su valoración favorable con la confirmación de que las nuevas condiciones salariales estén aplicándose. La efectividad de los cambios dependerá de la aprobación y tramitación que corresponda.

CSIF insiste, asimismo, en que la revisión de las retribuciones no debería limitarse a este colectivo, sino extenderse al conjunto de los puestos que presenten diferencias difíciles de justificar por sus funciones y responsabilidades.

Las ofertas de empleo público y el futuro de la reforma

Intersindical Canaria aprovechó el turno de ruegos y preguntas de la reunión para plantear otra reivindicación: revisar las condiciones que permiten incorporar plazas adicionales a las ofertas de empleo público (OPE).

La organización propone modificar el artículo 8 de la Ley 2/1987 de Función Pública Canaria para restringir esas incorporaciones a circunstancias sobrevenidas y debidamente justificadas.

Es una petición de reforma normativa, no una modificación legal ya aprobada.

Su planteamiento busca establecer mayores límites a los cambios posteriores en las ofertas de plazas y reforzar la previsibilidad de los procesos de acceso al empleo público.

En paralelo, la reunión del 9 de noviembre ha dejado pendientes las discrepancias sobre la financiación y el diseño de la plantilla de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura.

La propuesta de modificación de la RPT continúa siendo el elemento central del conflicto. Los sindicatos han identificado objeciones presupuestarias, posibles incumplimientos normativos y diferencias sobre los procedimientos de provisión, pero sus comunicados no acreditan una resolución definitiva que cierre la negociación.

El siguiente paso relevante será determinar si la Administración introduce cambios en el expediente, justifica las decisiones cuestionadas y resuelve las observaciones económicas necesarias para continuar su tramitación.

Para el personal afectado, el resultado tendrá consecuencias directas: desde la posibilidad de optar a determinados puestos hasta conocer de antemano su destino, sus condiciones de teletrabajo y sus complementos salariales.