El PP promete identificar en 7 días y acelerar expulsiones en España

El Partido Popular promete identificar en un máximo de siete días a las personas que crucen irregularmente las fronteras españolas y acelerar su devolución cuando no tengan derecho a permanecer en el país. La medida forma parte del programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, presentado este martes, 10 de noviembre, por Alberto Núñez Feijóo en Madrid.

La formación plantea ejecutar las devoluciones «sin demora», aprovechando el nuevo marco europeo de migración y retornos. El compromiso supone endurecer la gestión de la inmigración irregular y reducir los tiempos administrativos, aunque conviene distinguir dos procedimientos: identificar a una persona en siete días no significa que pueda ser expulsada automáticamente dentro de ese mismo plazo.

El anuncio llega en plena precampaña electoral, con la política migratoria convertida en uno de los principales asuntos del debate político. Feijóo pretende situar el control de fronteras, la ejecución de las órdenes de expulsión y la cooperación con otros países entre las prioridades de un eventual Gobierno del PP.

La propuesta se apoya en una legislación comunitaria que ya contempla controles rápidos en las fronteras exteriores. La novedad política está, por tanto, en el compromiso de aplicar esos mecanismos para acelerar las devoluciones y reforzar la capacidad del Estado para hacer cumplir las resoluciones de retorno.

Identificación obligatoria en siete días para las entradas irregulares

El programa electoral del PP establece un plazo máximo de siete días para identificar a quienes entren irregularmente por las fronteras exteriores. La medida afecta especialmente a las llegadas que se producen por rutas marítimas y a los cruces terrestres sin autorización.

Durante ese periodo, las autoridades deben comprobar la identidad y nacionalidad de la persona, consultar las bases de datos correspondientes y realizar los controles de seguridad previstos. El procedimiento incluye también evaluaciones sanitarias y de vulnerabilidad, necesarias para detectar situaciones que requieran protección especial.

Este sistema no nace con la propuesta de Feijóo. El Reglamento Europeo de Control, integrado en el Pacto sobre Migración y Asilo, comenzó a aplicarse el 12 de junio de 2026 y ya establece un límite de siete días para completar las comprobaciones preliminares en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

La normativa fija, asimismo, un plazo de tres días para determinados controles realizados dentro del territorio de un Estado miembro cuando se detecta a personas que han eludido las inspecciones fronterizas.

El propósito es conocer cuanto antes la situación de cada persona y determinar qué procedimiento corresponde iniciar. Puede tratarse de una solicitud de protección internacional, un expediente de retorno u otra actuación prevista por la legislación.

Las expulsiones no serán automáticas después de los siete días

Una de las principales diferencias entre el anuncio electoral y su aplicación práctica está en los plazos. La identificación y la expulsión son procedimientos distintos, sometidos a requisitos legales diferentes.

Una persona puede haber entrado irregularmente en España y reunir, aun así, las condiciones para solicitar asilo. En ese caso, las autoridades deben tramitar su situación conforme a las normas de protección internacional, sin que el mero hecho de haber cruzado la frontera sin autorización determine su devolución inmediata.

El sistema europeo contempla procedimientos fronterizos acelerados para determinadas solicitudes de asilo. Su duración ordinaria puede alcanzar las doce semanas. Si la petición es rechazada, puede abrirse después un procedimiento de retorno en frontera, también sujeto a sus propios plazos y garantías.

Esto significa que el compromiso del PP de identificar a los recién llegados en siete días no elimina el derecho a solicitar protección internacional ni permite prescindir de las resoluciones administrativas correspondientes.

También deben respetarse las garantías relativas a menores, personas vulnerables y ciudadanos que puedan sufrir persecución, tortura u otros daños graves si son enviados a determinados países.

El nuevo reglamento europeo facilitará las devoluciones

El segundo elemento de la propuesta de Feijóo consiste en aprovechar el nuevo Reglamento Europeo de Retornos para ejecutar con mayor rapidez las órdenes de expulsión.

La Unión Europea dio luz verde definitiva a esta normativa el 1 de octubre de 2026, con el objetivo de mejorar la cooperación entre Estados miembros y reducir las dificultades para devolver a ciudadanos extranjeros que carezcan de autorización para permanecer en territorio comunitario.

Entre sus principales novedades figura la orden europea de retorno, un instrumento destinado a facilitar el intercambio de información y el reconocimiento de resoluciones entre países de la UE.

El reconocimiento mutuo de estas decisiones será inicialmente voluntario. La regulación también contempla herramientas para reforzar la cooperación con terceros países y permite establecer centros de retorno fuera de la Unión Europea mediante acuerdos que respeten las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Para el PP, este marco constituye una oportunidad para endurecer la política de devoluciones y conseguir que las órdenes de expulsión dictadas por las autoridades tengan una ejecución más efectiva.

Frontex y los centros de internamiento

La propuesta encaja con otras medidas migratorias incluidas por los populares en su programa para el 29N.

La formación plantea reforzar la intervención de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, especialmente en las rutas marítimas utilizadas para llegar a Canarias y Baleares.

También propone ampliar de 60 días a seis meses el periodo máximo de permanencia en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), además de impulsar acuerdos con terceros países para facilitar las repatriaciones.

El PP pretende igualmente condicionar parte de su política de cooperación internacional a la colaboración de los países de origen y tránsito en el control de la inmigración irregular.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia: aumentar la vigilancia fronteriza, facilitar la identificación de quienes llegan sin autorización y disponer de más instrumentos para ejecutar las órdenes de retorno.

Los obstáculos para ejecutar las expulsiones

La aplicación de estas medidas depende de factores que van más allá de la voluntad del Gobierno español. La cooperación internacional resulta determinante para que las devoluciones puedan materializarse.

Para ejecutar una devolución resulta necesario determinar el país de destino y disponer de la documentación correspondiente. En determinados casos, las autoridades del Estado receptor deben reconocer la nacionalidad de la persona y aceptar su readmisión.

Sin esa cooperación, una orden de expulsión puede resultar difícil de ejecutar, incluso cuando exista una resolución administrativa firme.

La disponibilidad de medios policiales, personal especializado, plazas adecuadas y recursos para tramitar los expedientes también condiciona la rapidez del sistema.

El nuevo marco europeo busca precisamente reducir algunas de esas dificultades mediante procedimientos comunes y una mayor coordinación entre administraciones.

Pero no establece una equivalencia entre cruzar irregularmente una frontera y perder automáticamente el derecho a permanecer en Europa. Cada situación debe examinarse conforme a la legislación aplicable.

El compromiso migratorio del PP ante las elecciones del 29N

Con esta propuesta, Alberto Núñez Feijóo convierte la identificación en siete días y la agilización de las expulsiones en compromisos concretos de su programa electoral.

El plazo anunciado tiene respaldo en las normas europeas que ya están en aplicación. La verdadera diferencia dependerá de cómo un eventual Gobierno del PP organice los recursos, utilice los instrumentos comunitarios y consiga que las órdenes de devolución se ejecuten con mayor rapidez.

El partido propone una política migratoria más restrictiva y centrada en el control de las fronteras. Su alcance real, sin embargo, no se medirá únicamente por la rapidez con la que se identifique a quienes llegan irregularmente, sino por la capacidad de tramitar y ejecutar legalmente las devoluciones sin vulnerar las garantías de protección internacional.

De momento, se trata de un compromiso electoral. Su aplicación dependerá del resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre y de las decisiones que adopte el próximo Gobierno.