FAPE y APM amparan a Ignacio Escolar por «intimidación» de Okdiario

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han concedido su amparo al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, después de que denunciara un episodio que considera intimidatorio relacionado con Okdiario. Las dos organizaciones han decidido también trasladar lo ocurrido a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo para que examine la actuación denunciada.

El conflicto comenzó el jueves 29 de octubre, después de que varios medios publicaran que Dos Mil Palabras SL, la empresa editora de Okdiario, había abonado 242.000 euros al despacho de la abogada de Koldo García. Horas después, Escolar se reunió con la letrada Leticia de la Hoz. A la salida, según su relato, un hombre le comunicó que había estado fotografiando el encuentro por encargo de Eduardo Inda. Minutos más tarde, Escolar recibió del director de Okdiario un mensaje de WhatsApp con una sola palabra: «jojo».

Qué ocurrió tras la reunión con Leticia de la Hoz

La reunión tuvo lugar en Madrid y participaron Ignacio Escolar, el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero, el periodista de Tribunales Javier Lillo y Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García e investigada en el denominado caso Leire.

Escolar sostiene que se trataba de una reunión periodística con una fuente, organizada después de conocerse la documentación sobre los pagos efectuados por la editora de Okdiario. El propio medio de Eduardo Inda ha reconocido que el encuentro se celebró y que fue fotografiado. La discrepancia está en cómo debe interpretarse lo que ocurrió después.

Según la versión trasladada por Escolar a las asociaciones profesionales, al abandonar el restaurante un hombre se acercó al grupo, mostró un teléfono con el logotipo de Okdiario y comunicó que había estado haciéndoles fotografías para Eduardo Inda. El mismo individuo habría transmitido después ese mensaje a De la Hoz.

A las 16:58, siempre según el relato difundido por Escolar, Inda le envió el mensaje «jojo». Para el director de elDiario.es, la combinación de las fotografías, el posterior abordaje y ese mensaje tenía una intención intimidatoria. Okdiario, por su parte, presentó las imágenes como parte de una información periodística sobre la reunión y rechazó las acusaciones contra su empresa editora.

Los 242.000 euros que están en el origen del conflicto

La disputa no nació por las fotografías. El detonante fue una documentación entregada a la Audiencia Nacional por Leticia de la Hoz a requerimiento del juez Santiago Pedraz, dentro de la investigación relacionada con el caso Leire.

La documentación incluye dos facturas y sus correspondientes justificantes de transferencia. La primera asciende a 181.500 euros, IVA incluido, y está fechada el 27 de noviembre de 2025. La segunda, del 23 de enero de 2026, suma otros 60.500 euros. El importe total alcanza así los 242.000 euros.

En ambas figura como pagadora Dos Mil Palabras SL, editora de Okdiario, y como destinataria IDBO Consultants, sociedad vinculada al despacho en el que trabaja De la Hoz. El concepto de las facturas hace referencia a honorarios, aranceles y gastos relacionados con el asesoramiento jurídico y los procedimientos de Koldo García.

La documentación fue presentada para apoyar la versión de De la Hoz de que el PSOE no había pagado sus servicios como abogada del antiguo asesor de José Luis Ábalos. El contenido de esas facturas fue publicado posteriormente por varios medios y abrió una controversia sobre la naturaleza real de los pagos.

Okdiario afirma que pagó por un libro y una docuserie

Okdiario rechaza que esos 242.000 euros fueran, en realidad, el precio asumido por la empresa para financiar la defensa judicial de Koldo García. El medio ha publicado un contrato mercantil firmado el 26 de noviembre de 2025 entre Dos Mil Palabras y García.

Según la versión del periódico, el acuerdo tenía como finalidad obtener derechos y contenidos en exclusiva para productos periodísticos y audiovisuales. El documento contempla la colaboración de Koldo García en proyectos como entrevistas, pódcast, un libro y una docuserie, así como la cesión de determinados derechos de imagen y explotación.

Okdiario sostiene, por tanto, que los pagos respondían a ese contrato y que el concepto de las facturas aportadas por la abogada no reflejaba la verdadera naturaleza de la relación económica. El periódico ha rechazado como falsa la interpretación de que su editora sufragó la defensa de García.

Ese es uno de los puntos centrales del caso y conviene separar las dos cuestiones. Las facturas incorporadas a la investigación judicial mencionan servicios jurídicos, mientras que Okdiario alega que el dinero deriva de un contrato para explotar contenidos y derechos de Koldo García. Son documentos diferentes sobre una misma relación económica cuya interpretación se ha convertido en motivo de enfrentamiento.

FAPE y APM llevan el caso a la comisión deontológica

La respuesta de las asociaciones profesionales llegó este viernes 30 de octubre. Las juntas directivas de la FAPE y la APM han concedido amparo a Ignacio Escolar y han rechazado las prácticas que, según la denuncia presentada por el periodista, podrían haber tenido carácter intimidatorio.

Las organizaciones consideran especialmente preocupante que un episodio de este tipo pueda producirse entre profesionales o empresas periodísticas. También recuerdan que las reuniones con fuentes forman parte del ejercicio ordinario de la profesión y están directamente relacionadas con la protección del secreto profesional.

Su decisión no supone, sin embargo, una resolución judicial ni determina jurídicamente que se haya cometido una infracción. FAPE y APM han acordado remitir el expediente a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, el órgano encargado de analizar el comportamiento desde el punto de vista profesional y deontológico.

Las asociaciones han expresado también su rechazo a cualquier forma de acoso o presión sobre periodistas que pueda dificultar una reunión con una fuente o disuadir a esa fuente de facilitar información de interés público.

Reporteros Sin Fronteras también respalda a Escolar

Reporteros Sin Fronteras (RSF) España se ha sumado a las críticas. La organización considera que el episodio relatado por Escolar presenta «tintes intimidatorios» y pone el foco no solo en la toma de fotografías, sino en que posteriormente se comunicara a los periodistas y a su fuente que habían estado siendo observados.

RSF considera que actuaciones de este tipo pueden afectar a la relación confidencial entre periodistas y fuentes, un elemento especialmente relevante cuando se investiga información sensible o asuntos sometidos a procedimientos judiciales.

Dos controversias distintas dentro del mismo caso

La polémica tiene, en realidad, dos planos diferentes. El primero es económico y judicial: determinar qué naturaleza tuvieron realmente los 242.000 euros pagados por Dos Mil Palabras y cómo encajan las facturas presentadas ante la Audiencia Nacional con el contrato divulgado posteriormente por Okdiario.

El segundo afecta directamente al ejercicio del periodismo: decidir si fotografiar una reunión entre periodistas y una fuente y comunicar inmediatamente después a sus participantes que habían sido observados constituye una práctica informativa legítima o cruza la frontera hacia la intimidación profesional. Ese es el aspecto que deberá valorar el órgano deontológico.

La disputa queda bajo examen deontológico

A 30 de octubre no existe una resolución de la comisión deontológica ni una decisión judicial que cierre esta controversia. Lo que sí existe es una posición formal de FAPE y APM en apoyo a Escolar, acompañada del pronunciamiento de Reporteros Sin Fronteras.

Okdiario mantiene mientras tanto su versión: niega que su empresa editora financiara la defensa judicial de Koldo García y vincula los pagos a un contrato comercial para obtener contenidos y derechos en exclusiva. También ha admitido la existencia de las fotografías de la reunión y del posterior mensaje enviado por Eduardo Inda.

El asunto ha terminado mezclando el caso Leire, los pagos relacionados con Koldo García y una disputa sobre los límites entre investigar a otro medio y presionar a periodistas y fuentes. La documentación económica deberá aclarar la primera cuestión; sobre la segunda tendrá la palabra la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo.