El 52% ve inflación estructural en España: riesgo para los salarios

La inflación en España amenaza con convertirse en un problema persistente para las familias y la economía. El 52% de los expertos, empresarios y directivos consultados por PwC considera que el país está entrando en una fase de inflación estructural, caracterizada por subidas de precios prolongadas y difíciles de controlar. La principal preocupación es que los salarios no consigan seguir ese ritmo y los hogares continúen perdiendo poder adquisitivo.

La advertencia llega con los precios todavía muy elevados. Según el último indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación se situó en el 4,9% en octubre de 2026, mientras que la inflación subyacente permaneció en el 3,1%. El encarecimiento de la energía, la presión sobre determinados servicios y las tensiones internacionales complican el regreso a tasas moderadas. Los expertos temen que esta situación termine afectando al consumo, al ahorro y a las decisiones de inversión.

El diagnóstico aparece en el Consenso Económico y Empresarial de PwC correspondiente al cuarto trimestre de 2026, publicado el 1 de noviembre. No supone que la inflación estructural sea ya un hecho demostrado, pero refleja un cambio relevante en las expectativas económicas: más de la mitad de los profesionales consultados cree que el problema podría durar bastante más de lo previsto.

Y hay una consecuencia especialmente delicada. España puede seguir creciendo en términos económicos mientras una parte de sus ciudadanos comprueba que su sueldo alcanza para menos. Ambas situaciones son perfectamente compatibles, aunque las cifras agregadas de crecimiento no siempre permitan apreciar esa diferencia.

El 52% de los expertos cree que los precios seguirán altos

La encuesta de PwC muestra una división importante sobre el futuro de la inflación española, aunque predomina claramente la preocupación por la persistencia de los precios elevados.

El 52,3% de los participantes considera que España afronta una etapa de inflación estructuralmente más elevada, cuya corrección resultaría complicada incluso para el Banco Central Europeo (BCE).

Frente a esta interpretación, el 25% entiende que el repunte es transitorio y responde principalmente a las consecuencias energéticas del conflicto en Oriente Próximo. Otro 14,8% considera que el problema puede controlarse mediante una actuación decidida de la política monetaria.

El estudio se elaboró a partir de 91 respuestas recibidas entre el 4 y el 24 de octubre, después de remitir el cuestionario a más de 450 profesionales. En la pregunta concreta sobre la naturaleza de la inflación participaron 88 personas. Es una encuesta de expectativas empresariales y económicas, no una constatación estadística de que España haya entrado definitivamente en un nuevo régimen inflacionista.

La diferencia es importante. La inflación estructural implica que las presiones sobre los precios no proceden exclusivamente de un acontecimiento puntual, como una crisis energética, sino también de factores más persistentes relacionados con los costes de producción, la demanda, los servicios o la capacidad de oferta.

En esas condiciones, una bajada del petróleo o del gas podría aliviar parte del problema sin conseguir que desaparezca completamente.

La inflación permanece en el 4,9% y los precios no dan tregua

Los últimos datos oficiales ayudan a entender el pesimismo de los expertos. La evolución del IPC durante 2026 refleja un repunte considerable de los precios.

El IPC adelantado de octubre confirma que la inflación interanual se mantiene en el 4,9%, exactamente la misma tasa registrada en septiembre. La inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, continúa en el 3,1%.

La trayectoria de los últimos meses resulta significativa. La inflación general pasó del 3,6% en julio al 4,3% en agosto y alcanzó el 4,9% en septiembre, una cifra que se ha mantenido en octubre.

Esta evolución muestra que el encarecimiento de la vida sigue siendo considerable, aunque los datos de un solo mes no permitan determinar cuánto durará el episodio.

Conviene aclarar algo que suele generar confusión: una inflación más baja no significa que los precios vuelvan a sus niveles anteriores. Significa que aumentan más despacio. Para que el nivel general de precios descendiera tendría que registrarse una inflación negativa.

Así, una cesta representativa de bienes y servicios que costaba 100 euros hace un año costaría aproximadamente 104,90 euros con una inflación acumulada del 4,9%. Es una ilustración del índice general, no una subida aplicable por igual a todos los productos.

Energía, alimentos y servicios: los tres focos de presión

El 63% de los consultados por PwC identifica la combinación de energía, alimentación y servicios como el principal riesgo para la persistencia de la inflación.

El componente energético ha desempeñado un papel especialmente relevante durante 2026. El encarecimiento internacional del gas y del petróleo, vinculado a las tensiones en Oriente Próximo, ha presionado los costes de producción y transporte.

El INE señala que, durante octubre, los combustibles y lubricantes contribuyeron a moderar la tasa anual, mientras que el gas y los combustibles líquidos ejercieron presión al alza. También influyeron los paquetes turísticos.

La situación es más compleja cuando los aumentos de costes energéticos se trasladan progresivamente al precio de otros bienes y servicios.

Una empresa que paga más por electricidad o transporte puede terminar repercutiendo parte de ese incremento sobre sus clientes. Si las presiones se extienden durante meses, la inflación puede mantenerse elevada incluso después de que desaparezca parte de la perturbación inicial.

El Banco de España también ha señalado la persistencia de las subidas en determinados servicios, especialmente los relacionados con el turismo y la hostelería.

Los salarios pueden perder la carrera frente a los precios

Uno de los resultados más preocupantes del estudio afecta directamente a los trabajadores y a su capacidad para afrontar el coste de la vida.

El 39% de los expertos cree que los salarios crecerán por debajo de la inflación, lo que reduciría la capacidad de compra y podría perjudicar al consumo.

Otro 45% advierte de que el impacto será desigual dependiendo de los ingresos familiares, el ahorro disponible, los gastos habituales y la capacidad de negociar mejoras salariales.

El problema se entiende mejor con un ejemplo sencillo. Si una persona recibe una subida salarial del 3%, pero los precios aumentan un 4,9%, habrá ganado dinero en términos nominales, aunque podrá adquirir menos bienes y servicios que antes.

Los datos laborales disponibles apuntan precisamente a esa tensión. El Banco de España recogía en su informe de octubre que los incrementos salariales pactados en convenio para 2026 se situaban en el 3%, con información hasta agosto.

Aunque esa cifra no puede compararse directamente con un único dato mensual de inflación para calcular la pérdida anual definitiva, sí muestra la presión que soportan las rentas salariales cuando el IPC se aproxima al 5%.

La situación tampoco es idéntica para todos los hogares. Quienes destinan buena parte de sus ingresos a alimentación, energía y vivienda suelen disponer de menos margen para modificar sus gastos.

Cuando los precios de los productos básicos aumentan, reducir el presupuesto destinado al ocio o aplazar una compra importante puede convertirse en la única alternativa para mantener las cuentas familiares equilibradas.

Los hogares con mayor capacidad de ahorro tienen más posibilidades de amortiguar el encarecimiento. Los que llegan ajustados a final de mes apenas disponen de esa protección, una diferencia que puede acentuar la desigualdad económica.

El consumo empieza a preocupar a los empresarios

La posibilidad de que las familias reduzcan sus gastos gana peso en las previsiones económicas. El consumo de los hogares se perfila como uno de los principales afectados si la inflación continúa elevada.

En la anterior edición del consenso de PwC, el 24% de los participantes esperaba una disminución del consumo de los hogares. Ahora esa proporción ha aumentado hasta el 42%.

Al mismo tiempo, el porcentaje de quienes consideran que el consumo permanecerá estable ha descendido del 65% al 53%.

Se trata de expectativas, no de una caída del gasto ya confirmada. Sin embargo, el cambio resulta relevante porque el consumo privado constituye uno de los principales motores de la actividad económica española.

Si los ciudadanos destinan más recursos a pagar los mismos bienes y servicios esenciales, disponen de menos dinero para otros gastos.

Las consecuencias pueden extenderse al comercio, la hostelería y las actividades que dependen de decisiones de compra aplazables.

La financiación añade otra dificultad. Cuando los tipos de interés son elevados, determinados préstamos y las hipotecas variables pueden resultar más caros, reduciendo todavía más la renta disponible de los hogares afectados.

No obstante, conviene evitar un diagnóstico uniforme: el impacto dependerá del tipo de hipoteca, de la evolución del euríbor y de las condiciones financieras de cada familia.

España supera la inflación de la eurozona y el BCE mantiene los tipos

La evolución de los precios también presenta diferencias importantes respecto a los países que comparten el euro. España mantiene una brecha de inflación con la eurozona que preocupa a los analistas.

En septiembre, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) español se situó en el 5%, frente al 3,8% de la eurozona, una diferencia de 1,2 puntos porcentuales.

El Banco de España atribuye buena parte del aumento reciente de esa distancia al encarecimiento energético, aunque también identifica presiones persistentes en los servicios.

Por su parte, el 47% de los participantes en el consenso de PwC considera que el dinamismo de la demanda interna y del turismo explica principalmente la mayor inflación española.

Esta diferencia importa porque el BCE establece una política monetaria común para toda la zona euro. Sus decisiones deben responder a la situación del conjunto de países, aunque las presiones inflacionistas no sean iguales en todos ellos.

Tras elevar los tipos en septiembre, la institución decidió mantenerlos sin cambios en su reunión del 29 de octubre. El tipo de la facilidad de depósito permanece en el 2,5%.

La autoridad monetaria ha advertido del riesgo de que el encarecimiento energético termine trasladándose a otros precios, aunque también ha señalado que los salarios todavía no muestran una reacción significativa a esa perturbación.

El BCE afronta así una decisión complicada: mantener una política suficientemente restrictiva para contener la inflación sin perjudicar innecesariamente el crecimiento económico.

En la encuesta de PwC, el 86% de los participantes considera probable que se produzcan nuevas subidas de tipos antes de terminar 2026. Es una previsión de los encuestados, no una decisión anunciada por el banco central.

El verdadero riesgo: llegar a 2027 con menos poder adquisitivo

Las perspectivas para 2027 apuntan a una economía española que podría seguir creciendo, aunque a un ritmo más moderado y con dificultades para recuperar la estabilidad de precios.

El consenso de PwC prevé un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,4% en 2026 y cercano al 2% en 2027.

Las proyecciones del Banco de España publicadas en octubre también anticipan una inflación todavía elevada durante el próximo ejercicio, con una tasa media del 3,7% en 2027 y una inflación subyacente media del 3,5%.

Estas previsiones están condicionadas por la evolución de los mercados energéticos, las tensiones internacionales y las decisiones de política económica.

No significan que los precios vayan a subir indefinidamente al ritmo actual. Tampoco permiten asegurar que se producirá una pérdida generalizada de poder adquisitivo: eso dependerá de cómo evolucionen los salarios, las pensiones y otras fuentes de ingresos.

Pero sí dibujan un escenario incómodo. Incluso una desaceleración gradual de la inflación podría dejar a numerosas familias soportando un coste de vida considerablemente superior al de años anteriores.

El crecimiento económico, por sí solo, no garantiza una mejora inmediata de la economía doméstica. La recuperación del poder adquisitivo exige que los ingresos reales avancen, algo especialmente difícil cuando los precios mantienen incrementos persistentes.

Ese es el fondo de la advertencia de los empresarios y economistas. España no tiene únicamente el problema de una inflación cercana al 5%, sino el riesgo de que las presiones sobre los precios se prolonguen mientras una parte de los hogares sigue intentando recuperar el nivel de vida perdido.

Porque las cifras de crecimiento pueden ofrecer una imagen razonablemente favorable de la economía. La prueba para las familias, sin embargo, sigue siendo bastante más concreta: cuánto dinero queda después de pagar los gastos de cada mes.