Policías y guardias civiles se encierran en Interior por su jubilación

Representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han iniciado este martes, 27 de octubre de 2026, un encierro pacífico y de duración indefinida en la Secretaría de Estado de Seguridad, en Madrid. Exigen mejoras en sus pensiones y el reconocimiento de ambos cuerpos como profesiones de riesgo después de dar por rotas las negociaciones con el Ministerio del Interior.

La protesta comenzó alrededor de las 18:00 horas, tras una reunión con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, que terminó sin acuerdo. Según las organizaciones participantes, Interior les comunicó que la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre pone fin a la mesa de negociación. Los representantes policiales aseguran que no abandonarán las instalaciones hasta obtener una respuesta concreta.

El conflicto llega después de casi un año de conversaciones sobre las condiciones de jubilación de policías nacionales y guardias civiles. Las organizaciones consideran que las propuestas estudiadas hasta ahora no se han traducido en garantías legales suficientes para corregir las diferencias respecto a otros cuerpos policiales.

La reivindicación afecta tanto a la posibilidad de acceder antes a la jubilación como al importe de las pensiones. No se trata únicamente de adelantar la edad de retiro: los representantes de ambos cuerpos quieren que las condiciones económicas reflejen los riesgos y las exigencias de su actividad profesional.

Los sindicatos rompen las negociaciones y anuncian un encierro indefinido

La movilización reúne a sindicatos de la Policía Nacional como Jupol, SUP y UFP, junto con asociaciones profesionales de la Guardia Civil, entre ellas AUGC, Jucil, ASESGC, APP, AEGC, IGC y la Asociación de Cabos de la Guardia Civil.

Las organizaciones participantes decidieron permanecer en las dependencias de la Secretaría de Estado de Seguridad después de conocer que no habría un acuerdo definitivo sobre sus reivindicaciones. Según explicaron en un comunicado, consideran que la Administración ha dado por terminada una negociación que debería haber servido para acercar las condiciones de retiro de ambos cuerpos a las de otras policías.

Los representantes expresan su malestar porque, según su versión, Interior les ha trasladado que el Gobierno no reconocerá a policías nacionales y guardias civiles como profesiones de riesgo en los términos que venían reclamando.

Los convocantes califican la situación de falta de compromiso institucional y sostienen que llevan demasiado tiempo esperando una solución. La protesta también pretende conseguir el respaldo de los agentes destinados en Madrid, a quienes han pedido que se sumen pacíficamente a la movilización.

El encierro se ha planteado sin una fecha concreta de finalización. Las organizaciones lo presentan como una medida excepcional y aseguran que se mantendrá mientras no exista una solución real sobre la jubilación de ambos cuerpos. Según sus representantes, se trata de una movilización sin precedentes de estas características dentro del Ministerio del Interior.

Qué piden los policías y guardias civiles para su jubilación

El núcleo de la negociación es conseguir unas condiciones de retiro equiparables a las reconocidas a otros colectivos policiales, teniendo en cuenta los años de servicio, el riesgo profesional y las diferencias entre los sistemas de pensiones.

Una de las principales reclamaciones consiste en establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación, un mecanismo que permite adelantar el retiro de determinados trabajadores debido a las condiciones especialmente peligrosas, penosas o exigentes de su profesión.

Este sistema ya existe para otros cuerpos, como las policías locales y los Mossos d’Esquadra, aunque con requisitos específicos según el colectivo.

Las organizaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sostienen que sus integrantes deberían disponer de una protección comparable. Consideran injustificado que profesionales dedicados a funciones de seguridad pública puedan encontrarse con condiciones de retiro distintas por pertenecer a cuerpos diferentes.

La discusión incluye otro aspecto importante: cómo garantizar que jubilarse antes no suponga una pérdida económica desproporcionada. Para ello, los representantes reclaman que el reconocimiento de los riesgos laborales tenga consecuencias efectivas sobre las pensiones.

Una pensión mínima de 39.659 euros y mejoras retroactivas

Jupol y Jucil acudieron a la reunión del 27 de octubre con una propuesta económica conjunta que incluye una pensión mínima de 39.659,44 euros brutos anuales para el grupo C1.

También solicitan que los años de servicio correspondientes al antiguo grupo C2 puedan computarse como pertenecientes al C1 a efectos del cálculo de la jubilación.

Otra de sus peticiones es que las mejoras tengan efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, de modo que puedan beneficiar también a los funcionarios que se hayan jubilado durante este ejercicio.

La propuesta contempla mecanismos de actualización de las pensiones vinculados al IPC y a los incrementos salariales, así como medidas para proteger el poder adquisitivo de los jubilados.

Entre esas medidas figura una cláusula de salvaguarda con la que ambas organizaciones pretenden compensar posibles diferencias entre la inflación y las revalorizaciones de las pensiones de Clases Pasivas.

Estas cantidades y condiciones forman parte de las reivindicaciones sindicales. No son prestaciones aprobadas ni derechos reconocidos con carácter general, una distinción importante para los agentes que estén próximos a retirarse.

La diferencia con otros cuerpos policiales y la jubilación a los 59 años

Una parte del desacuerdo gira alrededor de la consideración de la actividad policial como profesión de riesgo a efectos de jubilación.

En España, determinados colectivos pueden acceder a una reducción de la edad ordinaria de jubilación por las especiales características de su trabajo.

Los policías locales, por ejemplo, cuentan con un coeficiente reductor del 0,20 por cada año completo de actividad efectiva, sujeto a los límites y requisitos establecidos en su normativa. Este mecanismo permite adelantar el retiro hasta cinco años respecto a la edad ordinaria, o seis en determinados supuestos.

Los Mossos d’Esquadra también disponen de un sistema específico que contempla la posibilidad de jubilarse a los 60 años, o a los 59 cuando se acreditan determinados periodos de actividad y cotización.

Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles reclaman un tratamiento comparable, aunque la aplicación concreta de esos mecanismos requiere regular cuestiones como los años de servicio exigidos y la financiación del sistema.

En la reunión celebrada el 22 de septiembre, Interior había planteado, según informó la Asociación Española de Guardias Civiles, una propuesta que contemplaba la jubilación a los 59 años con 37 años de servicio y a los 60 años con 35 años de servicio.

Aquellas condiciones seguían sometidas a negociación. La existencia de una propuesta administrativa no significa que se haya aprobado una nueva edad de jubilación para los dos cuerpos.

Hay otra diferencia relevante. Los policías nacionales y guardias civiles que ingresaron antes de 2011 pueden estar integrados en el régimen de Clases Pasivas, mientras que los funcionarios de nuevo ingreso desde ese año cotizan, con carácter general, al Régimen General de la Seguridad Social para su futura pensión.

Esta división obliga a estudiar medidas adaptadas a ambos sistemas. Una reforma que beneficie únicamente a uno de ellos podría dejar sin resolver parte de las desigualdades que denuncian las organizaciones profesionales.

Las elecciones generales frenan un acuerdo que llevaba meses negociándose

La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026 ha introducido un nuevo obstáculo en las conversaciones.

A principios de octubre, una docena de organizaciones policiales ya habían solicitado al Ministerio del Interior que acelerase la aprobación de las mejoras, precisamente para evitar que la disolución de las Cortes y el calendario electoral dejaran sin efecto los avances realizados.

Los representantes de Jupol y Jucil consiguieron adelantar al 27 de octubre la reunión prevista con la Secretaría de Estado de Seguridad. Su intención era llegar a un acuerdo con suficiente respaldo jurídico antes de los comicios.

Entre las posibilidades defendidas por ambas organizaciones figuraba la aprobación de un real decreto-ley, con el objetivo de dar cobertura normativa a las mejoras. Una fórmula que, en cualquier caso, tendría que respetar los requisitos constitucionales y parlamentarios correspondientes.

Según la versión trasladada por los sindicatos y asociaciones tras el encuentro, la secretaria de Estado les comunicó que el proceso electoral impedía cerrar la negociación.

Las organizaciones interpretan esa decisión como una ruptura de los compromisos adquiridos durante los últimos meses.

Conviene distinguir, no obstante, entre la imposibilidad política de alcanzar un acuerdo y las limitaciones jurídicas derivadas de unas elecciones. La disolución de las Cortes no elimina automáticamente todas las facultades normativas del Gobierno, aunque sí condiciona su actuación y los mecanismos de control parlamentario.

El problema para los representantes policiales es que ninguna de las mejoras reclamadas ha quedado garantizada mediante una norma aprobada. Y temen que, después de los comicios, las conversaciones deban comenzar de nuevo.

Interior afronta una protesta que deja las pensiones sin resolver

El encierro abre un nuevo episodio en una negociación laboral especialmente sensible para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para los representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el reconocimiento de la profesión de riesgo y la mejora de las condiciones de jubilación son cuestiones pendientes desde hace años. Sostienen que las particularidades de su trabajo deben reflejarse tanto en la edad de retiro como en la protección económica posterior.

El Ministerio del Interior, por su parte, había participado durante los últimos meses en conversaciones sobre coeficientes reductores, haberes reguladores y condiciones de acceso a la jubilación. Sin embargo, los avances parciales no han desembocado en un acuerdo definitivo.

El encierro no modifica por sí mismo las pensiones ni las edades legales de jubilación. Mientras no se aprueben nuevas disposiciones, seguirán aplicándose las condiciones correspondientes a cada régimen y situación administrativa.

La protesta de este 27 de octubre deja así dos cuestiones pendientes: si Interior ofrecerá una salida negociada antes de las elecciones y si las futuras mejoras alcanzarán tanto a los funcionarios de Clases Pasivas como a los incluidos en la Seguridad Social.

Los sindicatos y las asociaciones profesionales mantienen su decisión de permanecer encerrados hasta conseguir compromisos efectivos. Después de meses de reuniones, la reclamación ha pasado de la mesa de negociación a una protesta dentro de la propia sede de Seguridad. La jubilación de policías nacionales y guardias civiles continúa, de momento, sin el acuerdo que sus representantes habían acudido a buscar.