Leire Díez denuncia una guerra sucia del PP con audios de Villarejo

La exmilitante socialista Leire Díez ha publicado Desmontando las cloacas, un libro en el que acusa a una red de policías, políticos, empresarios y periodistas de participar en una campaña de guerra sucia vinculada al Partido Popular durante los gobiernos de Mariano Rajoy. La obra incorpora decenas de grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo y sostiene que determinadas estructuras del Estado se utilizaron para perjudicar a adversarios políticos.

El volumen, publicado el 12 de noviembre de 2026, reconstruye presuntas operaciones desarrolladas principalmente entre 2012 y 2018, con especial atención a seis procesos electorales. Díez afirma que el entramado utilizó investigaciones policiales, filtraciones interesadas y publicaciones periodísticas para influir en el debate público. Sus acusaciones incluyen actuaciones contra dirigentes del PSOE, Podemos y formaciones nacionalistas, aunque no todas las conductas descritas han sido acreditadas judicialmente.

La publicación llega en un momento especialmente delicado para su autora. Díez está siendo investigada por la Audiencia Nacional por su presunta participación en una trama destinada a obtener información comprometedora sobre investigadores y responsables judiciales relacionados con causas que afectan al entorno socialista. Ella sostiene que sus contactos y reuniones formaban parte de un trabajo de investigación que desemboca precisamente en este libro.

El resultado es una obra de más de 400 páginas que mezcla documentación, conversaciones grabadas y acusaciones de considerable gravedad. Algunas remiten a episodios ya examinados por los tribunales. Otras siguen siendo afirmaciones de la autora cuya veracidad deberá contrastarse.

Decenas de grabaciones de Villarejo para reconstruir las operaciones del PP

El principal material que utiliza Díez procede del archivo de José Manuel Villarejo, el antiguo comisario de Policía que durante años grabó conversaciones con responsables políticos, empresarios, periodistas y miembros de distintas instituciones.

La autora sostiene que el excomisario participó en 177 operaciones y que alrededor del 90 % de los encargos procedían de personas vinculadas al PP. Son cifras que atribuye al propio Villarejo y que no deben confundirse con una relación de operaciones delictivas acreditadas mediante sentencias.

El planteamiento del libro va más allá de la responsabilidad individual del policía. Según Díez, Villarejo actuaba como ejecutor de un sistema en el que también participaban responsables de Interior, determinados medios de comunicación y otros intermediarios con capacidad para trasladar información a los tribunales.

La obra incorpora grabaciones que podrán consultarse mediante una página habilitada para acompañar la publicación. Según la información difundida sobre su contenido, algunos audios no forman parte de las piezas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional dentro del caso Tándem.

Ese procedimiento, dividido en más de treinta piezas, investiga diferentes actividades del antiguo comisario. Villarejo ya ha recibido condenas de prisión en varias de las causas juzgadas, aunque el alcance de su actuación y las posibles responsabilidades de otras personas no puede establecerse únicamente a partir de sus conversaciones privadas.

Las seis elecciones que Leire Díez vincula a la guerra sucia

Una de las acusaciones más contundentes del libro afecta a seis convocatorias electorales: las autonómicas gallegas y catalanas de 2012, las andaluzas de 2015, las generales de 2015 y 2016 y las vascas de 2016.

Díez llega a sostener que el PP y quienes trabajaban para determinados intereses del partido «compraron» esas elecciones. La expresión forma parte de su denuncia, no de una conclusión judicial. Su relato se refiere a presuntas maniobras para condicionar las campañas y perjudicar a determinados candidatos, no a una manipulación demostrada del recuento electoral.

Entre los episodios que examina aparecen la difusión de informaciones perjudiciales para el exbanquero Mario Conde durante las elecciones gallegas de 2012 y la utilización de dosieres sobre dirigentes de la oposición en los años siguientes.

La autora recoge una conversación en la que Villarejo atribuye a responsables políticos un supuesto encargo para actuar contra Conde. El exbanquero se presentó a aquellas elecciones, celebradas el 21 de octubre de 2012, y obtuvo 15.990 votos, sin conseguir representación parlamentaria. Alberto Núñez Feijóo revalidó entonces la mayoría absoluta del PP.

La falsa cuenta bancaria de Pablo Iglesias y los dosieres contra Sánchez

Otro episodio destacado es la publicación, en mayo de 2016, de informaciones que atribuían a Pablo Iglesias una supuesta cuenta bancaria en las Islas Granadinas y un ingreso de 272.325 dólares procedente de Venezuela.

El libro reconstruye cómo aquella información llegó a los medios y recoge una conversación de 2024 con el antiguo secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Según la grabación presentada por Díez, Martínez reconocía que la documentación sobre aquella cuenta bancaria era falsa.

La falsedad de la información también tuvo consecuencias judiciales. El Tribunal Supremo confirmó una condena contra Eduardo Inda y OKdiario por vulnerar el derecho al honor de Iglesias, con una indemnización de 18.000 euros.

Díez relaciona igualmente determinadas maniobras policiales con la preparación de dosieres sobre Pedro Sánchez cuando era líder de la oposición. Entre los asuntos mencionados figuran los negocios del suegro del dirigente socialista y contactos entre responsables de Interior y periodistas durante la campaña de las generales de 2015.

Lo que describe la autora es un presunto mecanismo de utilización política de información policial. La existencia de grabaciones y filtraciones no demuestra por sí sola que todas las personas mencionadas cometieran delitos ni que existiera una dirección única de las operaciones.

Periodistas, policías y jueces en el entramado que denuncia Díez

El libro presta especial atención a las relaciones entre determinados responsables policiales y profesionales de los medios de comunicación.

Díez asegura que algunos grupos periodísticos aparecen en más de 2.000 anotaciones de las agendas de Villarejo y sostiene que existieron relaciones de colaboración para difundir informaciones contra adversarios políticos o empresas privadas.

También describe contactos con integrantes de la judicatura y la Fiscalía. La autora plantea que determinadas investigaciones recibieron un tratamiento interesado y que otras actuaciones quedaron sin esclarecer pese a la existencia de conversaciones y documentación.

Entre los casos abordados figuran el denominado caso Kitchen, las investigaciones relacionadas con Jordi Pujol y diferentes operaciones desarrolladas durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.

La gravedad de estas acusaciones exige distinguir entre hechos judicialmente acreditados y actuaciones que la autora interpreta como parte de una misma estructura. Que un cargo público, un policía o un periodista aparezca en una grabación no significa necesariamente que haya participado en una actividad ilícita.

Díez también anticipa nuevas entregas de su investigación. Una de ellas estará dedicada a la Operación Cataluña, mientras que otra abordará presuntas irregularidades relacionadas con la Fiscalía Anticorrupción.

La acusación de una oferta de dos millones para mentir sobre Sánchez

La publicación incluye otra denuncia especialmente llamativa: Leire Díez afirma que personas próximas al PP le ofrecieron dos millones de euros y el pago de su defensa jurídica a cambio de realizar declaraciones falsas contra Pedro Sánchez.

Según su versión, el ofrecimiento pretendía conseguir información perjudicial para el presidente del Gobierno y facilitar nuevas acusaciones contra el PSOE.

La exmilitante socialista asegura que rechazó la propuesta. Sin embargo, el material conocido públicamente sobre ese supuesto intento de soborno no permite darlo por acreditado. La autora no ha presentado una grabación directa de la oferta y los mensajes disponibles no prueban de manera concluyente los hechos denunciados.

La acusación aparece después de que Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos, afirmara haber recibido también una propuesta económica para perjudicar al Gobierno. En su caso, habló de un millón de euros.

Ambas denuncias requieren comprobaciones independientes. Su coincidencia temporal y política no basta para demostrar que existiera una operación coordinada.

Villarejo amenaza con denunciar el uso de sus audios

La publicación ha provocado una reacción del propio Villarejo, protagonista de buena parte de las grabaciones utilizadas.

El excomisario asegura que no ha autorizado la utilización de sus audios, niega haber participado en la elaboración del libro y advierte de que podría emprender acciones legales contra Díez.

También ha cuestionado la procedencia de determinadas grabaciones y ha planteado sospechas sobre posibles manipulaciones. Por el momento, esas sospechas tampoco constituyen una prueba de que el material publicado haya sido alterado.

La posición de Villarejo introduce una nueva controversia sobre el origen de los archivos, su conservación y las condiciones en las que podrían utilizarse como prueba.

La situación judicial de Díez añade otra dimensión al caso. El magistrado Santiago Pedraz investiga si participó en una presunta organización dirigida a interferir en procedimientos que afectaban a responsables socialistas y familiares de Pedro Sánchez.

Entre las causas sobre las que supuestamente se pretendía obtener información figuran investigaciones relacionadas con José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez y David Sánchez.

Díez mantiene que sus reuniones con fiscales, empresarios y antiguos responsables policiales respondían a una investigación para elaborar sus publicaciones. Esa explicación constituye parte de su defensa y no supone que hayan quedado descartados los indicios examinados por el juzgado.

Las grabaciones reabren el debate sobre el uso político de la Policía

Desmontando las cloacas devuelve a la actualidad una cuestión que ha atravesado buena parte de la política española durante la última década: la posible utilización de recursos policiales y contactos institucionales para perjudicar a adversarios políticos.

El interés de las grabaciones reside en que permiten examinar conversaciones y relaciones que, en algunos casos, ya han tenido recorrido judicial. Pero no todas las afirmaciones del libro tienen el mismo respaldo probatorio. Hay hechos establecidos por sentencias, testimonios pendientes de corroboración e interpretaciones personales de la autora.

La publicación tampoco modifica por sí misma las investigaciones abiertas contra Leire Díez. Sus denuncias sobre el pasado y las sospechas judiciales que pesan sobre ella deben examinarse de forma independiente.

El verdadero alcance de estos nuevos materiales dependerá de su autenticidad, su contexto y su eventual incorporación a procedimientos judiciales. Mientras tanto, el libro introduce nuevas acusaciones en una controversia que sigue afectando a la Policía, los tribunales, los partidos y determinados medios de comunicación.