25.000 personas marchan en Madrid por unas pensiones públicas dignas

Unas 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno, recorrieron este sábado 24 de octubre el centro de Madrid para defender el sistema público de pensiones, reclamar prestaciones que mantengan el poder adquisitivo y mostrar su rechazo a una mayor privatización de la previsión social. Los organizadores elevaron la participación hasta las 50.000 personas.

La protesta, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y respaldada por diferentes colectivos sociales, llega además en plena precampaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Las pensiones, por número de beneficiarios, volumen de gasto y sensibilidad social, vuelven así al centro de la discusión política.

Una marcha para defender el sistema público de pensiones

La movilización congregó en Madrid a pensionistas llegados de distintos puntos de España y recorrió el centro de la capital. Entre sus principales reivindicaciones aparecieron la actualización de las pensiones conforme al IPC real, la mejora de las prestaciones más bajas, la reducción de la brecha de género y la protección del modelo público frente al crecimiento de los sistemas privados complementarios.

Los convocantes reclaman que la pensión mínima se acerque al salario mínimo, además de revisar las penalizaciones que afectan a determinados trabajadores que acceden anticipadamente a la jubilación después de largas carreras de cotización. Esta última reivindicación afecta especialmente a quienes acumulan alrededor de 40 años cotizados y, aun así, soportan coeficientes reductores al retirarse antes de la edad ordinaria.

No es una discusión menor. El sistema paga más de diez millones de pensiones contributivas cada mes y cualquier modificación termina afectando tanto a quienes ya están jubilados como a quienes todavía tienen por delante años, o décadas, de vida laboral.

El poder adquisitivo vuelve al centro del conflicto

La subida de los precios ha dado nuevo combustible a las reivindicaciones. El IPC aumentó un 4,9% interanual en septiembre, seis décimas más que en agosto y su nivel más elevado desde febrero de 2023. La inflación subyacente se situó en el 3,1%.

Ese escenario explica buena parte de la insistencia del movimiento pensionista en vincular las prestaciones al coste real de la vida. Las pensiones contributivas se revalorizaron con carácter general un 2,7% en 2026, mientras que el comportamiento de los precios se ha acelerado durante los últimos meses. Son cifras distintas porque la actualización anual no se determina a partir del IPC de un solo mes, pero la comparación alimenta una preocupación evidente entre numerosos hogares: comprar lo mismo cuesta más.

Y ahí está el asunto. Una pensión puede subir nominalmente y, al mismo tiempo, perder capacidad de compra si determinados gastos cotidianos avanzan con mayor rapidez. Para quienes dependen casi exclusivamente de la prestación mensual, unas décimas de diferencia dejan de ser una discusión estadística bastante pronto.

Más de 9,5 millones de pensionistas en España

Los últimos datos disponibles de la Seguridad Social muestran la dimensión económica del sistema. En septiembre se abonaron 10,55 millones de pensiones contributivas a más de 9,5 millones de personas, con una nómina mensual de 14.498,2 millones de euros.

La pensión media del sistema alcanzó los 1.374,6 euros mensuales, mientras que la pensión media de jubilación se situó en 1.576,1 euros. Pero la media, como casi todas las medias, cuenta solo una parte de la película. Las diferencias entre tipos de prestación y regímenes siguen siendo amplias.

En el Régimen General, la pensión media de jubilación fue de 1.734,7 euros, mientras que entre los trabajadores autónomos quedó en 1.062,8 euros mensuales. La distancia ayuda a entender por qué hablar simplemente de una única pensión media nacional puede ocultar situaciones económicas muy diferentes.

La brecha de género sigue presente

La desigualdad entre hombres y mujeres continúa siendo otro de los argumentos centrales de las organizaciones de pensionistas. Alrededor de 1,69 millones de pensiones incorporaban el complemento destinado a reducir la brecha de género y cerca del 70% de sus titulares eran mujeres.

COESPE y los colectivos que apoyaron la marcha reclaman precisamente avanzar en esa corrección, con especial atención a las pensiones más bajas y a las prestaciones de viudedad. La desigualdad salarial acumulada durante la vida laboral, las interrupciones relacionadas con los cuidados y unas trayectorias de cotización más irregulares terminan dejando huella cuando llega la jubilación.

El rechazo a la privatización entra en la campaña electoral

Otro de los mensajes centrales de la manifestación fue la oposición a una creciente dependencia de los fondos privados de pensiones como alternativa al sistema público. Las organizaciones convocantes rechazan cualquier política que, a su juicio, desplace progresivamente recursos o confianza hacia modelos privados y debilite la protección proporcionada por la Seguridad Social.

El debate tiene especial relevancia a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El futuro de las pensiones obliga a los partidos a manejar dos realidades difíciles de separar: garantizar prestaciones suficientes y, al mismo tiempo, financiar un sistema sometido al envejecimiento de la población y al aumento del número de jubilados.

La aritmética es incómoda, pero existe. También existe otra parte del balance: los ingresos por cotizaciones sociales aumentaron un 7,5% interanual en los datos acumulados hasta agosto, hasta alcanzar los 126.032 millones de euros. El crecimiento de los ingresos convive, a su vez, con un incremento del gasto en pensiones y prestaciones contributivas.

Reducir el debate a que el sistema es perfectamente sostenible o, en el extremo contrario, inevitablemente inviable puede funcionar como eslogan electoral. Para explicar las cuentas, bastante menos. La sostenibilidad dependerá de variables como el empleo, los salarios, la productividad, la demografía, las cotizaciones y las decisiones que adopten los próximos gobiernos.

Pensiones, salarios y vivienda se cruzan en la misma protesta

La movilización madrileña amplió también sus reivindicaciones hacia los salarios y el acceso a la vivienda, una conexión que los convocantes consideran especialmente importante para las generaciones jóvenes. En la marcha participaron colectivos vinculados al movimiento por la vivienda, mientras las plataformas de pensionistas insistieron en que el futuro del sistema no es únicamente un problema de quienes ya se han jubilado.

La lógica es sencilla: las pensiones de mañana dependen también del empleo, los salarios y las cotizaciones de quienes trabajan en el presente. Precariedad laboral, carreras discontinuas o sueldos bajos no desaparecen mágicamente cuando alguien cumple la edad de jubilación; suelen reaparecer convertidos en prestaciones menores.

De ahí que la manifestación intentara sumar a generaciones distintas. Mayores y jóvenes aparecen cada vez con más frecuencia en las convocatorias del movimiento pensionista, que trata de evitar que la discusión se reduzca a una disputa entre generaciones por el reparto de los recursos públicos.

Las pensiones se instalan en la recta hacia el 29N

La marcha de Madrid deja una cifra política difícil de ignorar: 25.000 asistentes según la Delegación del Gobierno y 50.000 según los organizadores. Más allá de la habitual guerra de números, la movilización confirma que las pensiones seguirán siendo uno de los asuntos sensibles durante la campaña electoral.

Con una inflación del 4,9% en septiembre, más de 9,5 millones de pensionistas y una factura mensual que ronda los 14.500 millones de euros, el debate ya no gira únicamente alrededor de cuánto deben subir las prestaciones. También aborda quién financia el sistema, cómo se corrigen las pensiones más bajas, qué ocurre con las jubilaciones anticipadas y qué espacio deben ocupar los mecanismos privados.

Madrid puso este sábado esas cuestiones sobre el asfalto. Con las elecciones del 29 de noviembre cada vez más cerca, los partidos tendrán que concretar qué modelo de pensiones defienden, cómo pretenden financiarlo y qué protección ofrecen a quienes dependen de él. Ahí estará buena parte de la discusión.