Una abogada del TJUE pide revisar la multa de 1.490 millones a Google

La multa de 1.490 millones de euros impuesta a Google por la Comisión Europea vuelve a estar en el centro de una batalla judicial que parecía resuelta a favor del gigante tecnológico. La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Juliane Kokott, ha propuesto este jueves, 12 de noviembre de 2026, anular la sentencia que dejó sin efecto aquella sanción y devolver el asunto al Tribunal General para que vuelva a examinarlo.

El dictamen supone un revés judicial para Google, aunque todavía no implica que la compañía tenga que pagar la multa. Kokott considera que el Tribunal General cometió errores jurídicos cuando anuló, en septiembre de 2024, la sanción por abuso de posición dominante relacionada con AdSense for Search, el servicio que permite insertar publicidad en los resultados de búsqueda de páginas web ajenas a Google.

La cuestión no es menor. Durante una década, entre 2006 y 2016, la Comisión Europea sostiene que Google utilizó determinadas condiciones contractuales para restringir la presencia de anuncios de sus competidores en páginas de terceros. Bruselas concluyó que esas prácticas vulneraban las normas europeas de competencia y castigó a la empresa en 2019.

Ahora, siete años después de aquella decisión, la discusión vuelve a centrarse en cómo deben demostrarse los efectos de una conducta anticompetitiva. La abogada general considera que la Justicia europea exigió a la Comisión un grado de análisis excesivo al revisar los contratos de Google.

Existe, sin embargo, un matiz importante: Kokott también sostiene que la cuantía de la multa debería reducirse porque las conclusiones judiciales sobre la falta de pruebas suficientes para el año 2016 no han sido impugnadas.

Por qué la multa a Google vuelve a los tribunales europeos

El origen del conflicto se encuentra en el funcionamiento de AdSense for Search (AFS), una herramienta desarrollada por Google para que otras páginas web pudieran mostrar anuncios relacionados con las búsquedas realizadas por sus visitantes.

El sistema permitía a los propietarios de esas páginas obtener una parte de los ingresos publicitarios. Para utilizarlo, debían aceptar determinados acuerdos con Google, algunos negociados individualmente y otros sujetos a condiciones contractuales estandarizadas.

El problema surgió cuando esas condiciones empezaron a limitar las posibilidades de contratar servicios publicitarios de empresas rivales. La Comisión Europea recibió diversas denuncias y abrió un procedimiento formal en julio de 2016 para investigar si Google estaba utilizando su posición dominante para obstaculizar la competencia.

Las tres cláusulas que provocaron la sanción

La investigación identificó tres tipos de restricciones contractuales que Bruselas consideró contrarias a las reglas del mercado europeo.

La primera era una cláusula de exclusividad, que impedía a determinados editores utilizar servicios de publicidad de búsqueda de otras compañías. De esta manera, Google podía asegurarse una presencia exclusiva en espacios publicitarios relevantes.

La segunda afectaba a la ubicación de los anuncios. Los contratos obligaban a mostrar un número mínimo de anuncios de Google y prohibían colocar publicidad competidora por encima de ellos o inmediatamente a su lado.

La tercera establecía un sistema de autorización previa. Los editores necesitaban el consentimiento de Google antes de introducir determinados cambios en la presentación de los anuncios vinculados a las búsquedas.

En septiembre de 2016, la compañía dejó de aplicar esas condiciones o las modificó. La Comisión, sin embargo, consideró que las restricciones anteriores habían contribuido a proteger su posición en el mercado de intermediación publicitaria.

En marzo de 2019, Bruselas impuso la multa de casi 1.500 millones de euros a Google y, parcialmente, de forma solidaria a su matriz, Alphabet. La decisión calificaba las tres prácticas como infracciones que, consideradas conjuntamente, constituían una infracción única y continuada de las normas europeas de competencia.

El error judicial que denuncia la abogada general del TJUE

Google y Alphabet recurrieron la decisión de Bruselas. El 18 de septiembre de 2024, el Tribunal General de la Unión Europea anuló la sanción porque entendió que la Comisión no había examinado adecuadamente algunas circunstancias necesarias para demostrar los efectos de exclusión de competidores.

Entre los elementos cuestionados figuraban la duración de las relaciones contractuales, la aplicación de determinadas cláusulas y las posibilidades de rescisión de los acuerdos.

La Comisión Europea impugnó aquella sentencia y el asunto llegó al Tribunal de Justicia, que debe resolver el recurso de casación.

En sus conclusiones de este 12 de noviembre, Juliane Kokott discrepa del razonamiento del Tribunal General. A su juicio, los magistrados exigieron a Bruselas un examen excesivamente detallado de los contratos para determinar si las restricciones podían perjudicar a la competencia.

La abogada general sostiene que, para evaluar una posible conducta de exclusión, pueden examinarse conjuntamente los contratos relevantes, su duración y sus efectos potenciales sobre el mercado. No sería necesario analizar de forma exhaustiva cada acuerdo individual si una valoración global suficientemente fundamentada permite establecer esos efectos.

Esta interpretación se apoya en los criterios desarrollados por la jurisprudencia europea sobre abuso de posición dominante, especialmente los vinculados al asunto Intel, que estableció pautas para valorar la capacidad de determinadas prácticas de excluir a competidores.

Kokott considera que el Tribunal General no valoró correctamente el conjunto de esos criterios y que incurrió en un error jurídico al concluir que la Comisión no había demostrado los efectos excluyentes de las cláusulas investigadas.

Google podría afrontar una multa inferior a la inicial

Uno de los aspectos más relevantes del dictamen está relacionado con el importe de la sanción.

Aunque la abogada general propone dejar sin efecto la sentencia de 2024, no plantea restablecer automáticamente los 1.490 millones de euros impuestos inicialmente por Bruselas.

De hecho, sostiene que la multa debería reducirse porque las conclusiones del Tribunal General relativas a 2016 han quedado firmes. La Comisión Europea no impugnó la apreciación de que, durante ese año, no se había demostrado suficientemente que las cláusulas pudieran producir efectos de exclusión.

Esto significa que, aunque prosperase el recurso de Bruselas, el procedimiento todavía tendría que resolver cuestiones fundamentales sobre la responsabilidad de Google y la cuantía económica correspondiente.

La abogada general también recuerda que el Tribunal General dejó sin examinar algunos argumentos presentados por la compañía en el procedimiento inicial, incluidos los relativos al importe de la multa.

Por ese motivo propone devolver el asunto al Tribunal General, en lugar de establecer directamente una resolución definitiva sobre todos los aspectos del litigio.

Qué ocurrirá ahora con el recurso contra Google

Las conclusiones de los abogados generales del TJUE no son vinculantes. Su función consiste en ofrecer a los magistrados una propuesta jurídica independiente antes de que estos dicten sentencia.

El Tribunal de Justicia deberá deliberar sobre el recurso de la Comisión Europea y decidir si mantiene la anulación de 2024 o acepta los argumentos planteados por Kokott.

Si considera que el Tribunal General cometió los errores jurídicos señalados, podrá anular su sentencia y devolverle el asunto para que se pronuncie nuevamente sobre las cuestiones pendientes.

No se ha comunicado una fecha definitiva para esa resolución.

Conviene distinguir los dos procedimientos. El Tribunal General examinó inicialmente la legalidad de la decisión de la Comisión y los argumentos de Google. El Tribunal de Justicia, en esta fase de casación, debe resolver las cuestiones de Derecho planteadas contra aquella sentencia.

Por tanto, el dictamen publicado este jueves no constituye una nueva multa ni una condena firme. Es una recomendación jurídica que puede cambiar significativamente el desenlace de un litigio iniciado hace más de una década.

AdSense y el alcance de las sanciones europeas a las tecnológicas

El caso AdSense forma parte de una larga serie de enfrentamientos entre Google y las instituciones europeas por las condiciones de competencia en los mercados digitales.

En septiembre de 2024, el TJUE confirmó una sanción de aproximadamente 2.400 millones de euros contra Google por favorecer su propio servicio de comparación de productos, Google Shopping, frente a sus competidores.

Más recientemente, en julio de 2026, el Tribunal de Justicia confirmó otra multa de unos 4.100 millones de euros relacionada con las restricciones impuestas mediante el sistema operativo Android.

Son procedimientos diferentes, con conductas investigadas y fundamentos jurídicos específicos. El hecho de que algunas sanciones hayan sido confirmadas no determina qué ocurrirá con el expediente de AdSense.

El litigio actual plantea una cuestión decisiva para la aplicación del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe el abuso de posición dominante: hasta qué punto debe llegar el análisis de las autoridades de competencia para demostrar que determinadas prácticas empresariales son capaces de excluir a sus rivales.

La respuesta afectará a la manera en que se examinan las restricciones contractuales de las grandes plataformas digitales y a los requisitos probatorios exigibles a Bruselas.

Para Google, lo inmediato es que una sanción anulada en 2024 puede volver a examinarse. Para la Comisión Europea, el dictamen supone un respaldo a su interpretación de las reglas de competencia, aunque todavía tendrá que esperar a la sentencia.

Los 1.490 millones de euros siguen sin ser una multa judicialmente confirmada en este procedimiento. Lo que ha cambiado es que la anulación de la sanción vuelve a estar seriamente cuestionada ante el máximo tribunal de la Unión Europea.