Openchip: 116 millones sin firmar y ACS frena su entrada en el capital

La empresa catalana Openchip, uno de los proyectos españoles más ambiciosos en el diseño de semiconductores para inteligencia artificial, atraviesa un momento delicado. La inversión de 115,77 millones de euros autorizada por el Gobierno sigue pendiente de formalización, mientras ACS, el grupo presidido por Florentino Pérez, ha paralizado las negociaciones para convertirse en uno de sus principales accionistas.

La situación se ha complicado este jueves, 5 de noviembre de 2026, después de que trascendieran nuevas dificultades en la operación pública. Las informaciones conocidas apuntan, por un lado, a un frenazo de Moncloa antes de la firma y, por otro, a que la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) todavía prevé completar su entrada en el capital durante noviembre o antes de finalizar el año. No hay confirmación de una cancelación definitiva de los fondos estatales.

La incertidumbre afecta a una compañía que nació en Barcelona en 2021, vinculada al grupo tecnológico GTD y al Barcelona Supercomputing Center (BSC), y que se ha convertido en una de las apuestas del sector público por reducir la dependencia europea de los microprocesadores diseñados fuera de la Unión Europea.

El proyecto cuenta también con el respaldo financiero de la Generalitat de Cataluña, presidida por Salvador Illa, y ha recibido importantes ayudas vinculadas al desarrollo de semiconductores. Su objetivo es competir en un sector dominado por multinacionales internacionales, especialmente estadounidenses y asiáticas.

El problema inmediato, sin embargo, no está en la tecnología. Está en cerrar la financiación necesaria para desarrollarla y llevarla al mercado.

Los 116 millones aprobados por el Gobierno siguen pendientes

El Consejo de Ministros autorizó el 29 de junio una inversión de 115.768.421,05 euros en Openchip a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, el organismo público conocido como la SEPI digital.

La operación debía financiarse mediante la facilidad Next Tech, vinculada a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A diferencia de una subvención convencional, esta aportación está planteada como una entrada en el accionariado de la empresa.

El 28 de julio, el propio Gobierno modificó las condiciones de la autorización inicial. El acuerdo contemplaba una participación estatal máxima del 39,99 % y ampliaba el plazo para acreditar determinadas condiciones suspensivas, es decir, requisitos que debían cumplirse antes de ejecutar la inversión.

En las negociaciones se había manejado una participación cercana al 16,54 %, calculada a partir de una valoración empresarial de aproximadamente 700 millones de euros. El porcentaje definitivo dependería de las condiciones finales de la ampliación de capital.

El problema está en la formalización del acuerdo

La inversión estatal no ha seguido el calendario inicialmente previsto. Las informaciones conocidas este jueves apuntan a dificultades de última hora, aunque presentan versiones distintas sobre la continuidad de la operación.

La cuestión fundamental es que una inversión autorizada no equivale a una inversión desembolsada. Hasta que se formalice la ampliación de capital y se cumplan las condiciones establecidas, Openchip no puede considerar completada la entrada del Estado.

La compañía necesita esos recursos para sostener sus planes de expansión, desarrollar nuevos productos y avanzar hacia su comercialización. Un retraso prolongado también puede dificultar las negociaciones con otros inversores, especialmente cuando la financiación pública forma parte de una ronda de capital más amplia.

ACS paraliza la compra de Openchip y se aleja del proyecto

La otra noticia relevante afecta a ACS, que ha decidido aparcar las negociaciones para adquirir una participación significativa en Openchip.

El grupo presidido por Florentino Pérez había estudiado hacerse con entre el 40 % y el 51 % del capital, una operación que podría haberlo convertido en el principal accionista de la compañía catalana.

Según las informaciones conocidas el 4 de noviembre, el grupo constructor ha optado por mantenerse al margen mientras se resuelven determinadas cuestiones administrativas y de permisos. No se trataría necesariamente de una retirada definitiva, puesto que las conversaciones podrían retomarse si desaparecen los obstáculos.

ACS no ha anunciado públicamente un acuerdo de adquisición, por lo que tampoco puede hablarse de una compraventa formalmente cancelada.

La decisión resulta significativa porque la compañía española está ampliando su presencia en el negocio de los centros de datos, una de las infraestructuras fundamentales para desarrollar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial.

Su entrada en Openchip habría conectado dos actividades complementarias: la construcción y explotación de infraestructuras informáticas y el diseño de los procesadores utilizados en ellas.

Para la empresa catalana supone perder, al menos temporalmente, la posibilidad de incorporar a un socio industrial de considerable capacidad financiera.

Openchip trabaja en una ronda de financiación de unos 250 millones de euros. La aportación estatal prevista representa una parte importante de esa cantidad, pero no cubre por sí sola todas las necesidades de capital.

La ausencia de ACS obliga a mantener abiertas las conversaciones con otros potenciales inversores privados.

Qué es Openchip y por qué España apuesta por sus microprocesadores

Openchip & Software Technologies es una empresa fundada en Barcelona en 2021 a partir de una iniciativa del grupo de ingeniería GTD y el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación.

Su especialidad es el diseño de semiconductores de alto rendimiento, utilizados en inteligencia artificial, supercomputación y procesamiento intensivo de datos.

La compañía sigue un modelo de negocio conocido como fabless. Esto significa que diseña los circuitos y desarrolla la tecnología necesaria para utilizarlos, pero encarga su fabricación física a empresas especializadas.

Es un modelo habitual en la industria de los semiconductores, donde construir una fábrica avanzada exige inversiones de miles de millones de euros.

Openchip trabaja con la arquitectura RISC-V, basada en un estándar abierto que permite desarrollar procesadores sin depender de las licencias de arquitecturas propietarias.

Esta característica tiene una dimensión industrial importante. Europa busca reducir su dependencia de proveedores extranjeros en una tecnología que resulta esencial para las telecomunicaciones, la industria, la investigación y los servicios digitales.

La empresa cuenta con una plantilla de alrededor de 300 profesionales, según los datos difundidos por el Gobierno cuando anunció la inversión.

BER10, el procesador presentado en julio de 2026

El 30 de julio, Openchip presentó BER10, un procesador diseñado en Europa que incorpora cuatro núcleos de alto rendimiento basados en RISC-V y puede ejecutar sistemas operativos Linux.

La compañía lo presentó como un chip de grado industrial capaz de procesar cargas de trabajo reales, después de aproximadamente dos años y medio de desarrollo.

BER10 constituye uno de sus principales avances técnicos. No obstante, disponer de un procesador funcional no significa haber completado su comercialización a gran escala.

El siguiente objetivo es aprovechar los componentes tecnológicos desarrollados para crear productos destinados a centros de datos y otras infraestructuras informáticas.

El desafío consiste en pasar del desarrollo tecnológico a un negocio industrial sostenible, con clientes, fabricación externalizada, integración de sistemas y capacidad comercial.

La Generalitat, Salvador Illa y las ayudas públicas a Openchip

El respaldo de la Generalitat de Cataluña es otro elemento fundamental para entender la situación financiera de Openchip.

El Gobierno de Salvador Illa autorizó en junio la entrada de la administración autonómica en el accionariado de la compañía mediante la conversión de financiación previamente concedida.

La operación permitió a la Generalitat hacerse con el 5 % del capital. La administración catalana había facilitado préstamos por un importe conjunto de 35 millones de euros y estableció mecanismos para proteger la permanencia de la sede y la actividad de la empresa en Cataluña.

El apoyo autonómico se suma a las ayudas estatales y europeas recibidas anteriormente.

En particular, Openchip fue beneficiaria de una ayuda de aproximadamente 111 millones de euros dentro de los programas vinculados al desarrollo de semiconductores y los proyectos importantes de interés común europeo.

Conviene distinguir esa subvención de los 115,77 millones aprobados en junio de 2026: son operaciones diferentes, con instrumentos financieros y condiciones distintas.

La empresa también ha suscitado atención política por la presencia de Therese Jamaa, pareja del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como vicepresidenta de alianzas estratégicas.

Su incorporación se produjo después de la concesión de las ayudas anteriores. Openchip defendió que su contratación respondía a su experiencia profesional en empresas del sector tecnológico y de las telecomunicaciones.

El Gobierno, por su parte, negó que existiera un conflicto de intereses y señaló que el Ministerio de Asuntos Exteriores no había intervenido en la concesión de esos fondos.

La relación personal de una directiva con un miembro del Ejecutivo no demuestra por sí misma ninguna irregularidad. Lo relevante para el control del dinero público es comprobar el cumplimiento de las condiciones de concesión, los procedimientos de inversión y los mecanismos de supervisión.

El futuro de Openchip depende de cerrar su financiación

Openchip llega a noviembre con avances tecnológicos concretos, respaldo institucional y una estrategia centrada en uno de los sectores industriales de mayor importancia para Europa. También afronta dificultades para completar la financiación que necesita.

La paralización de las negociaciones con ACS y las dudas sobre la firma de la inversión estatal afectan a dos operaciones que podían haber reforzado considerablemente su estructura financiera.

El desenlace depende de que se aclaren las condiciones pendientes de la entrada de la SETT y de que la compañía consiga completar su ronda con otros inversores.

Por el momento, no hay elementos suficientes para afirmar que el proyecto haya sido abandonado, que la aportación pública esté definitivamente cancelada o que ACS haya cerrado la puerta a futuras conversaciones.

La diferencia entre aprobar una inversión y ejecutarla resulta especialmente importante en una industria que exige años de investigación, equipos especializados y financiación continuada.

Openchip tiene tecnología desarrollada y un proyecto industrial definido. Lo que todavía necesita asegurar es el capital para llevarlo adelante.