Abogado ve posible alzamiento de bienes en pagos de OkDiario a Koldo

Los 242.000 euros que la empresa editora de OkDiario pagó al despacho de la abogada de Koldo García han abierto un nuevo frente de controversia jurídica. El abogado Javier Flores, conocido en redes sociales como Jota Vaquerizo, ha advertido de que la explicación ofrecida por el periódico de Eduardo Inda podría plantear indicios de un presunto delito de alzamiento de bienes, relacionado con las responsabilidades económicas del exasesor de José Luis Ábalos.

La sospecha parte de una contradicción entre las facturas presentadas ante la Audiencia Nacional y la versión del propio medio. Mientras los documentos bancarios identifican los pagos como honorarios y gastos jurídicos de Koldo García, OkDiario sostiene que el dinero correspondía a un contrato para elaborar un libro y una docuserie. Según el razonamiento de Flores, si esa segunda versión es correcta, habría que determinar si los importes constituían un derecho económico del exasesor y por qué no se tuvieron en cuenta cuando el Tribunal Supremo le exigió una fianza.

El abogado, que adquirió notoriedad por sus actuaciones judiciales relacionadas con el ático vinculado a Isabel Díaz Ayuso, expuso su análisis el 8 de noviembre de 2026. Su planteamiento no constituye una denuncia judicial acreditada ni una resolución de un tribunal. Es una hipótesis jurídica basada en documentación y actuaciones judiciales conocidas, cuya eventual relevancia penal dependería de circunstancias que todavía no se han esclarecido.

El episodio llega después de que Leticia de la Hoz, abogada de García, entregara al juez Santiago Pedraz las facturas y los justificantes de las transferencias. La documentación acreditó que los pagos procedían de Dos Mil Palabras S. L., editora de OkDiario, y no del PSOE, al que se había señalado como posible financiador de la defensa.

Los 242.000 euros de OkDiario y las dos versiones sobre su destino

La documentación aportada a la Audiencia Nacional recoge dos operaciones realizadas por Dos Mil Palabras a favor de IDBO Consultants, el despacho donde trabaja Leticia de la Hoz.

La primera transferencia se efectuó el 27 de noviembre de 2025 por 181.500 euros, incluidos 31.500 euros de IVA. La segunda llegó el 23 de enero de 2026 por 60.500 euros, también con impuestos incluidos.

En conjunto, los pagos ascendieron a 200.000 euros más IVA, hasta alcanzar los 242.000 euros.

Las facturas identificaban como concepto los honorarios profesionales, aranceles y gastos vinculados al asesoramiento jurídico y los procedimientos de Koldo García. Se trataba, por tanto, de documentos que relacionaban expresamente las cantidades con la defensa del antiguo asesor ministerial.

Sin embargo, OkDiario rechazó que las transferencias respondieran a esa finalidad. El periódico publicó un contrato de colaboración mercantil fechado el 26 de noviembre de 2025, un día antes del primer pago, en el que Koldo García cedía determinados derechos para la elaboración de contenidos periodísticos y audiovisuales.

El acuerdo contemplaba la participación del exasesor en proyectos editoriales, entre ellos un libro y una docuserie, así como la explotación de materiales informativos y audiovisuales.

Esta diferencia entre la finalidad declarada en las facturas y la explicación contractual del medio constituye el punto de partida del análisis de Javier Flores.

El problema jurídico de considerar los pagos como derechos de Koldo

Flores sostiene que, si los 242.000 euros respondían realmente a la adquisición de derechos pertenecientes a Koldo García, debía examinarse su consideración como parte del patrimonio del exasesor.

En términos jurídicos, un crédito es un derecho a recibir una determinada prestación económica. No es necesario que el dinero haya ingresado materialmente en una cuenta bancaria para que ese derecho pueda tener valor patrimonial.

El abogado plantea que un eventual crédito a favor de Koldo podría resultar relevante para garantizar sus responsabilidades civiles en el procedimiento judicial por el caso de las mascarillas.

La cuestión no es menor. En aquella causa figuraban como perjudicadas las empresas públicas Ineco y Tragsatec, que podían reclamar las indemnizaciones correspondientes.

Ahora bien, que una empresa pague directamente al abogado de una persona no demuestra, por sí solo, que exista una ocultación patrimonial. También sería necesario examinar quién era jurídicamente titular de las cantidades, las obligaciones contractuales y la finalidad de las operaciones.

La fianza de 60.000 euros que reclamó el Tribunal Supremo

El análisis de Flores concede especial importancia a la cronología de los pagos y las decisiones judiciales.

El 11 de diciembre de 2025, después de la primera transferencia de OkDiario, el Tribunal Supremo adoptó medidas para asegurar las eventuales responsabilidades civiles de Koldo García.

Posteriormente, el 12 de enero de 2026, el alto tribunal le concedió un plazo de cinco días para depositar una fianza de 60.000 euros. El requerimiento advertía de que, si no aportaba la cantidad exigida, podían embargarse bienes suficientes para cubrirla.

Al día siguiente, el 13 de enero, la defensa del exasesor comunicó al Supremo que atravesaba una situación de precariedad económica que le impedía afrontar los honorarios de su defensa, según la documentación citada por Javier Flores.

Diez días después, el 23 de enero, Dos Mil Palabras realizó una segunda transferencia de 60.500 euros al despacho de Leticia de la Hoz.

Ese segundo movimiento concentra buena parte de las dudas jurídicas sobre el destino del dinero.

Si la operación correspondía a un derecho económico de Koldo García, como interpreta Flores a partir de la versión contractual de OkDiario, habría que precisar qué relación tenía con el patrimonio del exasesor cuando el Supremo le estaba reclamando dinero para garantizar sus responsabilidades civiles.

La fianza no fue depositada y, en marzo, el tribunal inició actuaciones para localizar bienes sobre los que poder adoptar medidas de embargo.

Para entonces, las transferencias de la empresa editora ya sumaban 242.000 euros, cuatro veces la fianza exigida.

Conviene introducir una precisión: el primer pago se realizó antes del requerimiento de diciembre y Koldo García había manifestado su intención de garantizar la fianza mediante un inmueble. Ambas circunstancias forman parte del contexto necesario para valorar la hipótesis planteada.

Qué establece el Código Penal sobre el alzamiento de bienes

El delito de alzamiento de bienes está regulado en el artículo 257 del Código Penal, dentro de los delitos relacionados con la frustración de la ejecución.

La norma sanciona determinadas actuaciones patrimoniales destinadas a impedir o dificultar que los acreedores puedan cobrar las cantidades que legítimamente les corresponden.

También contempla los supuestos en los que una persona reduce u oculta elementos de su patrimonio con la finalidad de eludir responsabilidades civiles derivadas de un delito.

La regulación establece, con carácter general, penas de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses, aunque determinadas circunstancias pueden modificar la respuesta penal.

No obstante, para apreciar un delito de esta naturaleza no basta con identificar transferencias económicas, pagos realizados a terceros o dificultades para satisfacer una deuda.

Es necesario acreditar elementos jurídicamente relevantes, entre ellos la existencia de obligaciones económicas, los actos de disposición patrimonial y la finalidad de impedir o dificultar el cobro.

Por esa razón, el análisis de Javier Flores debe distinguirse de una imputación penal. El abogado plantea una posible interpretación de los movimientos económicos, pero no consta que un tribunal haya declarado que los pagos constituyan alzamiento de bienes.

Pedraz descartó investigar los pagos dentro del caso Leire Díez

La polémica tiene otro componente judicial importante.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió no ampliar la investigación del caso Leire Díez para profundizar en los pagos realizados por la editora de OkDiario.

La decisión se conoció el 3 de noviembre, después de que Leticia de la Hoz aportara las dos facturas y los justificantes bancarios requeridos.

El magistrado investigaba, entre otros hechos, la posible participación de la letrada en actuaciones destinadas a influir irregularmente en procedimientos judiciales relacionados con el PSOE.

La defensa de De la Hoz sostuvo que resultaba contradictorio atribuirle una supuesta actuación favorable a los socialistas cuando sus honorarios habían sido abonados por la empresa editora del periódico de Eduardo Inda.

Según las informaciones conocidas sobre aquella resolución, el juzgado consideró que la financiación de la defensa por parte de OkDiario no excluía necesariamente las conductas que se estaban investigando en el procedimiento.

La Fiscalía Anticorrupción tampoco consideró necesario profundizar en esos pagos dentro de aquella causa.

La decisión de Pedraz no equivale a una declaración general sobre la legalidad de todas las posibles consecuencias patrimoniales de las operaciones. El procedimiento examinado tenía un objeto distinto al eventual alzamiento de bienes al que se refiere Flores.

Al mismo tiempo, tampoco puede presentarse esa diferencia como prueba de la existencia de otro delito. La hipótesis necesita una base probatoria propia.

Las dudas pendientes sobre el contrato y los pagos a Koldo

La controversia se concentra en tres cuestiones relacionadas: la naturaleza real de las transferencias, la titularidad del dinero y su posible incidencia en las responsabilidades económicas de Koldo García.

OkDiario mantiene que su relación contractual con el exasesor respondía a la adquisición de derechos para proyectos periodísticos y audiovisuales. Las facturas presentadas ante la Audiencia Nacional, en cambio, vinculan los mismos importes con honorarios y gastos jurídicos.

Javier Flores considera que esa diferencia merece una explicación patrimonial. Si los pagos eran contraprestaciones por derechos de García, habría que esclarecer cómo se materializaron y qué obligaciones generaron. Si respondían a servicios jurídicos, correspondería precisar su encaje con el contrato editorial defendido por el periódico.

La existencia de dos versiones documentales distintas no demuestra necesariamente una irregularidad penal, pero sí plantea cuestiones que no se resuelven únicamente con la publicación de un contrato o de unas facturas.

El debate cobra especial relevancia por su coincidencia temporal con las actuaciones del Supremo destinadas a asegurar posibles indemnizaciones en el caso de las mascarillas.

Por el momento, no existe una resolución judicial conocida que atribuya un delito de alzamiento de bienes a Koldo García, Eduardo Inda, OkDiario o los demás intervinientes por estas transferencias. La presunción de inocencia permanece intacta.

Lo acreditado es que la empresa editora del periódico efectuó dos pagos por un total de 242.000 euros al despacho de la abogada del exasesor. Lo que ha puesto sobre la mesa Javier Flores es una posible consecuencia jurídica de la explicación que el propio medio ha ofrecido sobre esas operaciones.

Y ahí permanece el principal interrogante patrimonial: si el dinero respondía a derechos económicos de Koldo García, cómo debía computarse cuando el Tribunal Supremo le reclamó una fianza de 60.000 euros.