201 policías nacionales perdieron su plaza por condenas (1996-2018)

La Policía Nacional encabezó las pérdidas de la condición de funcionario por condena penal en el análisis realizado por la Fundación Civio sobre las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La investigación, publicada en noviembre de 2018, identificó a 201 agentes que habían perdido su plaza desde 1996. Entre los delitos figuraban el tráfico de drogas, las detenciones ilegales, las torturas y los homicidios. Un historial que vuelve a cobrar actualidad tras la publicación, este 27 de octubre de 2026, de una recopilación sobre delincuencia y responsabilidades penales dentro de los cuerpos policiales.

Los datos más recientes también resultan preocupantes. El Ministerio del Interior contabilizó 106 policías nacionales y guardias civiles detenidos o investigados por delitos relacionados con el narcotráfico entre 2021 y 2025. Sin embargo, conviene distinguir entre una investigación, una condena firme y la expulsión del cuerpo. No son situaciones equivalentes y mezclarlas conduce a conclusiones que las estadísticas, por sí solas, no permiten sostener.

La cuestión trasciende el número de agentes implicados. Las fuerzas de seguridad disponen de facultades para detener personas, emplear la fuerza en determinadas circunstancias y acceder a información reservada. Precisamente por eso, cualquier delito cometido desde esa posición de autoridad tiene una dimensión especialmente delicada: afecta a la víctima y también a la confianza de los ciudadanos en quienes deben garantizar el cumplimiento de la ley.

El debate se ha reabierto después de que Diario Socialista recogiera una recopilación del fanzine SinPoli, que sostiene que los agentes policiales figuran entre los funcionarios con mayor presencia en las condenas por delitos graves y denuncia la existencia de mecanismos de protección corporativa. La información plantea un problema relevante, aunque algunas de sus conclusiones requieren una lectura más cuidadosa de las cifras disponibles.

La Policía Nacional concentró 201 de las 505 expulsiones por condena

La investigación de Civio examinó las pérdidas de la condición de funcionario recogidas en el BOE desde 1996 hasta noviembre de 2018. Durante ese periodo identificó 524 funcionarios que dejaron de pertenecer a la Administración por una sanción o una resolución judicial. De ellos, 505 perdieron su plaza como consecuencia de una condena penal y otros 19 por sanciones administrativas.

La Policía Nacional aparecía en primer lugar, con 201 agentes afectados. Representaban aproximadamente el 40% de los funcionarios que perdieron su plaza por una condena en el conjunto analizado. A considerable distancia figuraban los cuerpos administrativos, con 97 casos; los servicios postales, con 87; la Administración de Justicia, con 41; y la educación, con 31.

Hay una limitación importante. El estudio no incluía a la Guardia Civil ni a las policías dependientes exclusivamente de las comunidades autónomas, porque determinadas resoluciones se publicaban en boletines específicos que no formaban parte del registro examinado.

Tampoco permite establecer qué profesión tiene mayor propensión a delinquir. Para llegar a esa conclusión sería necesario conocer el número total de trabajadores de cada sector, comparar periodos homogéneos y disponer de todas las sentencias, no únicamente de aquellas que terminan con una inhabilitación.

Lo que sí documenta la investigación es la presencia destacada de agentes de la Policía Nacional entre los funcionarios que habían perdido su empleo público por delitos suficientemente graves como para llevar aparejada esa consecuencia.

Drogas, detenciones ilegales y homicidios entre las condenas

La distribución de los delitos resulta especialmente significativa. Entre los policías nacionales que perdieron su plaza, Civio identificó 28 casos relacionados con drogas y otros 28 por detenciones ilegales o secuestro.

La investigación también recogió 14 casos de torturas y 13 de homicidio en sus distintas modalidades. A ellos se sumaban delitos de falsedad documental, cohecho, revelación de secretos y robo.

Algunas de estas infracciones adquieren una gravedad particular cuando las comete quien tiene la obligación profesional de impedirlas. Una detención ilegal practicada por un agente no constituye únicamente una vulneración de la libertad individual. Supone también utilizar indebidamente la autoridad que el Estado le ha confiado.

Una condena penal no siempre implica perder la placa

El ordenamiento español diferencia entre una sanción disciplinaria, una condena penal y la pérdida definitiva de la condición de funcionario.

Un policía puede recibir una condena sin que necesariamente se produzca su expulsión. Para perder su plaza por esta vía, la resolución judicial debe imponer una pena de inhabilitación absoluta o especial que tenga ese efecto sobre su empleo público.

Por eso, las 201 expulsiones documentadas no representan todas las condenas impuestas a policías durante el periodo estudiado. Son solamente las que reunían los requisitos que dieron lugar a la pérdida de la condición de funcionario y quedaron reflejadas en las publicaciones analizadas.

Uno de los ejemplos recogidos por Civio corresponde a dos policías nacionales condenados por torturar a detenidos en los calabozos de Arrecife, en Lanzarote, en 2010. El Tribunal Supremo confirmó su condena en 2018 y la inhabilitación terminó teniendo consecuencias sobre su continuidad profesional.

El caso ilustra la diferencia entre demostrar judicialmente un delito y ejecutar todas las consecuencias administrativas y profesionales de la sentencia.

Narcotráfico policial: 106 agentes investigados en cinco años

La delincuencia relacionada con las drogas constituye uno de los principales motivos de preocupación en los datos oficiales más recientes.

Según la información facilitada por el Ministerio del Interior, entre 2021 y 2025 fueron detenidos o investigados 106 miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil por presuntos delitos vinculados al narcotráfico.

La evolución anual muestra que el problema no se concentra en un único ejercicio. En 2021 se contabilizaron 22 agentes afectados, frente a 16 en 2022. La cifra ascendió a 24 en 2023, descendió a 20 en 2024 y volvió a situarse en 24 durante 2025.

En este último año, los casos se distribuyeron por igual: 12 policías nacionales y 12 guardias civiles, de acuerdo con los datos difundidos por Interior.

El Ministerio no proporcionó para toda la serie un desglose equivalente por cuerpos, categorías profesionales o situación procesal. Tampoco distinguió cuántos procedimientos acabaron finalmente en condena.

Entre los episodios conocidos figura la detención, en noviembre de 2025, de un guardia civil investigado por transportar 120 kilos de cocaína en un vehículo patrulla en el puerto de Bilbao.

La relevancia de estos asuntos va más allá de la cantidad de droga intervenida. Cuando las investigaciones afectan a personas con acceso a bases de datos, operaciones policiales o información sobre organizaciones criminales, aparece un riesgo añadido: que los instrumentos destinados a combatir el delito puedan utilizarse para facilitarlo.

Con todo, una detención o una investigación no equivalen a una condena. La presunción de inocencia sigue vigente con independencia de la profesión del investigado.

El Gobierno reconoce dificultades para conocer todas las condenas

La fragmentación de la información constituye otro problema.

En marzo de 2025 trascendió una respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. El Ejecutivo comunicó que entre 2015 y 2024 había registrado 920 casos de policías nacionales y guardias civiles denunciados, sancionados o condenados.

De acuerdo con esa contestación, 841 correspondían a la Guardia Civil y 79 a la Policía Nacional.

La propia Administración advirtió, sin embargo, de que no existe una base de datos única que reúna todas las denuncias, sanciones, imputaciones y condenas de agentes y antiguos agentes. Las cifras proceden de registros diferentes y pueden contener duplicidades.

La respuesta tampoco incorporaba información equivalente de las policías autonómicas y locales.

Esta limitación afecta directamente a la posibilidad de conocer la dimensión real del fenómeno. Sin estadísticas completas y homogéneas resulta complicado determinar cuántos agentes son denunciados, qué proporción llega a juicio, cuántos son absueltos y cuáles terminan condenados.

No se trata de un detalle administrativo. Es información necesaria para evaluar el funcionamiento de los mecanismos de control interno y de la justicia penal.

La menor tasa de condenas no demuestra por sí sola impunidad

La recopilación difundida por SinPoli introduce otra comparación: sostiene que cada año son condenados penalmente 1,87 de cada 1.000 guardias civiles, frente a 5,78 personas por cada 1.000 habitantes en el conjunto de la población española.

A partir de esa diferencia, la publicación denuncia la existencia de un trato institucional favorable a los agentes.

La comparación merece atención, pero no demuestra por sí sola un trato judicial privilegiado. Para sostener esa conclusión habría que utilizar periodos y definiciones equivalentes, controlar las diferencias demográficas entre ambas poblaciones y analizar las denuncias, investigaciones, archivos y sentencias por categorías delictivas.

Una tasa inferior de condenas tampoco descarta posibles prácticas de encubrimiento o dificultades para investigar delitos cometidos por funcionarios. Simplemente, ninguna de esas hipótesis queda demostrada mediante una comparación aislada.

La cuestión adquiere relevancia cuando se trata de posibles abusos de autoridad, malos tratos o actuaciones ilegales durante una detención. En tales situaciones, los testimonios de otros agentes, las grabaciones disponibles, los informes médicos y la conservación de pruebas pueden resultar decisivos.

La transparencia en los procedimientos disciplinarios y judiciales permitiría conocer mejor cómo se investigan esas denuncias y cuáles son sus resultados.

La autoridad policial exige controles y responsabilidades

España mantiene niveles relativamente bajos de criminalidad convencional. Según el balance anual del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 40,4 delitos convencionales por cada 1.000 habitantes, una de las tasas más bajas de la serie histórica. Ese mismo año se contabilizaron 2.474.156 infracciones penales, incluidas las cometidas en el ámbito digital.

La seguridad general del país y la existencia de delitos cometidos por agentes policiales son dos realidades que pueden coexistir. Ni los resultados de la lucha contra la delincuencia justifican comportamientos ilegales dentro de los cuerpos ni los delitos de determinados funcionarios permiten atribuir responsabilidades colectivas a todos sus compañeros.

Los datos conocidos plantean, eso sí, una exigencia razonable para cualquier institución democrática: que los agentes respondan ante la ley y que existan procedimientos eficaces para investigar posibles irregularidades.

La investigación de Civio mostró que la Policía Nacional ocupaba el primer puesto entre los funcionarios que habían perdido su plaza por condena en el periodo analizado. Las cifras posteriores sobre narcotráfico y procedimientos judiciales demuestran que sigue siendo necesario examinar la conducta delictiva dentro de las fuerzas de seguridad, aunque los distintos registros no permitan calcular su incidencia total.

El uniforme concede autoridad, no inmunidad. Y la mejor forma de defender la credibilidad de los cuerpos policiales consiste precisamente en garantizar que las conductas ilegales se investiguen, se juzguen y, cuando corresponda, se sancionen con todas las garantías.