España, quinta de la UE en carencia material y social severa en 2025

España se ha convertido en el quinto país de la Unión Europea con mayor privación material y social severa, pese al crecimiento económico y la creación de empleo de los últimos años. El 8,1% de la población, cerca de cuatro millones de personas, vive con dificultades económicas que le impiden cubrir determinadas necesidades básicas o participar con normalidad en actividades sociales. Solo Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría presentan tasas superiores.

Los datos, analizados por Funcas a partir de las estadísticas de Eurostat y del Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejan una situación preocupante: la economía española crece, pero la pobreza apenas retrocede entre los hogares más vulnerables. En 2015, España ocupaba el decimoquinto puesto europeo, con una tasa de privación del 7,4%, inferior al 9,7% de media comunitaria. Diez años después, la proporción española alcanza el 8,1%, mientras que la europea ha descendido hasta el 6,3%.

El problema va bastante más allá de quienes no pueden pagar sus facturas. También afecta a personas que trabajan, familias que deben elegir entre gastos imprescindibles y ciudadanos para los que actividades tan corrientes como comprar ropa, salir con amigos o afrontar una avería inesperada se han convertido en un lujo.

La última Encuesta de Condiciones de Vida sitúa en el 25,7% la población española en riesgo de pobreza o exclusión social, equivalente a unos 12,6 millones de personas. No todos padecen privación severa, pero el dato muestra hasta qué punto la prosperidad económica convive con una vulnerabilidad social persistente.

España empeora su posición europea pese al crecimiento económico

El estudio de Funcas, publicado el 26 de octubre de 2026, pone de manifiesto que España ha seguido una trayectoria diferente a la de buena parte de sus socios comunitarios.

Mientras numerosos países europeos han conseguido reducir considerablemente las carencias materiales y sociales durante la última década, España mantiene niveles de privación muy similares a los de hace diez años. La distancia respecto a la media europea se ha ampliado hasta los 1,8 puntos porcentuales.

El contraste resulta especialmente significativo porque varios países de Europa del Este, que partían de situaciones considerablemente peores, han logrado avances importantes. España, en cambio, figura entre los Estados donde la privación severa permanece estancada o ha aumentado.

Conviene introducir un matiz. La evolución de estos indicadores también está condicionada por cambios en la metodología estadística. Eurostat ha sustituido progresivamente la antigua medición de carencia material severa por otra que incorpora más aspectos de la vida cotidiana. Funcas utiliza ambas referencias para obtener una perspectiva más completa.

No obstante, el diagnóstico general apenas cambia: el crecimiento del PIB y del empleo no ha producido una reducción equivalente de las dificultades económicas más graves.

Qué significa sufrir privación material y social severa

La pobreza no se mide únicamente por los ingresos que recibe una persona. También importa lo que puede hacer con ese dinero y las necesidades que consigue satisfacer.

El indicador de carencia material y social severa de Eurostat identifica a quienes no pueden permitirse, por motivos económicos, al menos siete de trece bienes, servicios o actividades considerados necesarios para mantener unas condiciones de vida adecuadas.

Entre las situaciones evaluadas figuran las dificultades para mantener una temperatura apropiada en la vivienda, afrontar gastos imprevistos, sustituir ropa deteriorada, disfrutar de actividades de ocio o reunirse periódicamente con familiares y amigos.

La antigua metodología exigía acumular cuatro carencias de una lista de nueve. La nueva incorpora dimensiones individuales y sociales que antes tenían menos protagonismo.

Es un cambio importante. Una persona puede disponer de alojamiento y alimentación, pero carecer de recursos para renovar sus zapatos, desplazarse a visitar a sus familiares o participar en actividades habituales de su entorno.

La exclusión económica también termina convirtiéndose en exclusión social, aunque sus consecuencias no aparezcan directamente reflejadas en la nómina o en el saldo de una cuenta bancaria.

Los hogares con niños soportan las mayores dificultades

Las diferencias por edad constituyen uno de los aspectos más llamativos del informe.

En 2025, la privación material y social severa alcanzó al 10,7% de la población residente en hogares con menores de 16 años, frente al 8,1% del conjunto de España.

La presencia de hijos incrementa las necesidades económicas de las familias. Alimentación, vivienda, suministros, transporte y educación absorben una parte importante del presupuesto doméstico, especialmente cuando los ingresos son reducidos o irregulares.

El problema se agrava en los hogares con un único adulto responsable de los menores, donde resulta más difícil combinar trabajo y cuidados y existe una mayor dependencia de una sola fuente de ingresos.

Las dificultades económicas de estas familias tienen consecuencias que van más allá del consumo inmediato. La falta de recursos puede limitar las actividades extraescolares, la participación social y determinadas oportunidades educativas.

Los mayores de 65 años presentan una situación diferente

En el extremo contrario se encuentran las personas de 65 años o más. Su tasa de privación material y social severa se situó en el 4,7% durante 2025, considerablemente por debajo de la media nacional.

Funcas observa una tendencia descendente desde 2018, cuando este grupo de edad registraba una tasa del 8,1%.

La estabilidad de los ingresos procedentes de las pensiones y la mayor presencia de viviendas en propiedad entre las generaciones de más edad ayudan a explicar esta diferencia.

Esto no significa que hayan desaparecido las dificultades económicas entre los pensionistas. Significa que, en términos relativos, los mayores presentan una menor exposición a la privación severa que los hogares donde viven niños y adolescentes.

El precio de la vivienda agrava la pobreza en España

El acceso a una vivienda asequible se ha convertido en uno de los factores que más condicionan la capacidad económica de los hogares.

Una familia puede experimentar una mejora salarial y continuar prácticamente en la misma situación si una parte creciente de sus ingresos termina destinada al alquiler, la hipoteca o los suministros.

Un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) señala que los hogares que viven de alquiler a precios de mercado destinan, de media, alrededor del 34% de su renta disponible a gastos de vivienda, incluidos suministros básicos.

La proporción es considerablemente inferior entre quienes tienen una vivienda en propiedad y han terminado de pagarla.

La desigualdad resulta todavía más evidente entre los hogares con pocos recursos. Según el mismo análisis, el 58,8% de las personas en riesgo de pobreza que viven en alquiler de mercado soportan un esfuerzo económico elevado para pagar su alojamiento.

Otro estudio, publicado por Fedea en septiembre de 2026, estima que 1,95 millones de personas se encuentran en una situación de pobreza que no aparece en la medición convencional de ingresos, pero sí cuando se descuentan los costes de acceso a la vivienda.

Con esa metodología alternativa, la tasa de pobreza española de 2025 pasaría del 19,5% al 23,5%. No se trata de una revisión oficial del indicador, sino de un cálculo que permite apreciar cuánto cambia la situación económica de los hogares después de pagar por su alojamiento.

Tener trabajo ya no garantiza escapar de la pobreza

La recuperación del empleo ha contribuido a mejorar los ingresos de numerosos hogares, pero disponer de un contrato laboral no garantiza por sí solo unas condiciones económicas suficientes.

Los salarios reducidos, las jornadas parciales no deseadas, la temporalidad y el encarecimiento de determinados gastos esenciales explican que una parte de la población ocupada siga encontrándose en situación de vulnerabilidad.

El problema afecta especialmente a quienes deben sostener una familia con ingresos limitados o viven en territorios donde el coste del alojamiento absorbe una proporción elevada del sueldo.

Las cifras del INE muestran algunos avances. La tasa de riesgo de pobreza monetaria descendió del 19,7% en 2024 al 19,5% en 2025, su nivel más bajo de la serie estadística. También disminuyó ligeramente la carencia material y social severa, del 8,3% al 8,1%.

Sin embargo, el 36,4% de los residentes en España no podía afrontar gastos imprevistos en 2025, medio punto porcentual más que el año anterior. Y un 8,5% reconocía llegar a fin de mes con mucha dificultad.

Son indicadores diferentes y no deben confundirse, pero permiten entender por qué una mejora de los grandes datos económicos puede resultar insuficiente para muchas familias.

Una brecha que también depende del lugar donde se vive

La pobreza presenta importantes diferencias territoriales en España.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, Andalucía registró una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 34,7%, seguida de Castilla-La Mancha, con el 34%, y la Región de Murcia, con el 32,5%.

En el otro extremo aparecen País Vasco, con el 14,7%; Baleares, con el 15,2%, y Navarra, con el 16,5%.

Estas cifras corresponden al indicador AROPE, más amplio que el de carencia material y social severa, pero permiten identificar las grandes diferencias económicas y sociales entre comunidades autónomas.

La renta de los hogares, las oportunidades laborales, la estructura demográfica y el coste de la vivienda contribuyen a explicar parte de estas desigualdades.

El desafío de reducir una pobreza que apenas retrocede

El nuevo análisis de Funcas vuelve a situar el debate en la capacidad de las políticas económicas y sociales para mejorar las condiciones de vida de quienes tienen menos recursos.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) ha advertido en su informe de 2026 de que los instrumentos actuales han contribuido a contener la pobreza, pero no están logrando reducciones significativas y sostenidas.

Entre las medidas planteadas por las organizaciones sociales figuran una mayor protección de las familias con menores, el refuerzo de las prestaciones destinadas a los hogares vulnerables, servicios públicos de cuidados y políticas que faciliten el acceso a una vivienda asequible.

El Ingreso Mínimo Vital y otras ayudas públicas forman parte de esa protección, aunque su existencia no elimina las dificultades que provocan los bajos ingresos, la inestabilidad laboral o los elevados gastos domésticos.

España presenta una tasa de pobreza monetaria inferior a la de años anteriores, un dato positivo que conviene reconocer. Pero cerca de cuatro millones de personas siguen sufriendo carencias materiales y sociales severas, mientras uno de cada cuatro residentes permanece en riesgo de pobreza o exclusión.

La contradicción económica es evidente: España ha conseguido crecer y crear empleo, pero todavía no ha logrado que esa mejora alcance con suficiente intensidad a quienes viven en las situaciones más precarias.