Bangladés: las protestas salariales paralizan 690 fábricas textiles

Las protestas de los trabajadores textiles en Bangladés han provocado la paralización de al menos 690 fábricas de confección este lunes 2 de noviembre de 2026. Los empleados reclaman elevar el salario mínimo mensual de 12.500 a 30.000 takas, una subida del 140 %, en una industria que abastece a multinacionales como Zara, H&M y Primark.

La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Bangladés (BGMEA) había contabilizado 529 fábricas afectadas el domingo 1 de noviembre, con cerca de un millón de trabajadores perjudicados. Sin embargo, los nuevos datos de las asociaciones empresariales elevan a 690 las plantas con la producción suspendida durante el lunes, instalaciones que emplean a más de 1,7 millones de personas. Aunque parte de la actividad llegó a reanudarse, las movilizaciones y los enfrentamientos con la Policía continuaron en Daca y otros núcleos industriales.

El conflicto ha obligado al Gobierno bangladesí a constituir una comisión de seis miembros para revisar los salarios del sector. La decisión representa un primer movimiento institucional, pero todavía no supone un aumento de sueldo aprobado. Los sindicatos consideran que el salario vigente resulta insuficiente para afrontar el encarecimiento de la alimentación, la vivienda, el transporte y la atención sanitaria.

La situación preocupa especialmente a los fabricantes y a las empresas internacionales que dependen de la producción bangladesí. No es un mercado secundario: el país es el segundo mayor exportador mundial de prendas de vestir, por detrás de China, y constituye una pieza fundamental de la cadena de suministro de la moda internacional.

Los trabajadores exigen cobrar 30.000 takas al mes

El origen de las protestas está en la pérdida de poder adquisitivo de los empleados. El salario mínimo mensual establecido para la confección es de 12.500 takas, aproximadamente 100 dólares, mientras que la principal reivindicación sindical eleva esa cantidad hasta los 30.000 takas, unos 240 dólares.

La diferencia es considerable. Los trabajadores piden 17.500 takas adicionales al mes, lo que equivale a multiplicar por 2,4 el salario mínimo vigente. Sus representantes sostienen que los ingresos actuales apenas permiten cubrir los gastos esenciales de una familia y que la inflación ha deteriorado todavía más unas condiciones económicas ya precarias.

El último gran incremento salarial se aprobó en 2023, cuando el mínimo pasó de 8.000 a 12.500 takas, una subida del 56,25 %. Aquella revisión llegó después de semanas de movilizaciones y tampoco satisfizo a buena parte de las organizaciones sindicales.

Tres años después, el conflicto vuelve a reproducirse. Las organizaciones de trabajadores denuncian que el encarecimiento de los productos básicos ha reducido el beneficio real de aquella subida y reclaman que la remuneración se ajuste al coste actual de la vida.

La presión no comenzó este fin de semana. Durante los últimos meses, distintas federaciones sindicales ya habían reclamado una nueva revisión salarial. Algunas organizaciones incluso plantearon cantidades superiores a los 30.000 takas, mientras exigían acelerar la constitución de la comisión encargada de negociar las remuneraciones.

Las protestas paralizan 690 fábricas y provocan enfrentamientos

Las movilizaciones se han concentrado en importantes zonas industriales de Bangladés, especialmente en Daca, Gazipur, Savar y Ashulia, donde se encuentra una parte significativa de las instalaciones dedicadas a la fabricación de prendas para la exportación.

Durante las protestas se registraron cortes de carreteras, interrupciones del transporte y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La Policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar algunas concentraciones. También se denunciaron lanzamientos de piedras, incendios y daños materiales.

La patronal del sector informó de que las alteraciones del domingo afectaron a 529 fábricas y 987.190 trabajadores. Aquella cifra ya ilustraba la magnitud de las movilizaciones, pero la situación se agravó durante la jornada siguiente.

Según los datos difundidos el lunes 2 de noviembre por las asociaciones empresariales, 670 fábricas vinculadas a la BGMEA mantenían suspendida su producción. A ellas se sumaron alrededor de 20 instalaciones del sector de prendas de punto en Narayanganj, hasta alcanzar las 690 fábricas afectadas.

Los establecimientos paralizados emplean a más de 1,7 millones de personas. Las mayores interrupciones se concentraron en Gazipur y Mymensingh, con 382 fábricas afectadas, y en Savar y Ashulia, donde otras 223 instalaciones suspendieron su producción. La cifra refleja la extensión del conflicto, aunque no significa que todas las plantas hayan cerrado definitivamente.

La presencia de fuerzas de seguridad y los nuevos enfrentamientos evidencian que el anuncio de negociaciones todavía no ha resuelto las diferencias entre trabajadores y empresarios. Las autoridades intentan restablecer la actividad industrial mientras persiste la tensión en las calles.

El Gobierno abre una negociación salarial

El Ejecutivo anunció el 1 de noviembre la creación de una comisión salarial integrada por seis representantes, con participación de trabajadores, empresarios, autoridades y un miembro independiente.

Su misión será examinar la estructura retributiva y proponer una nueva remuneración mínima para los empleados de la confección. La legislación laboral, modificada en 2026, establece una revisión salarial cada tres años, frente al anterior intervalo de cinco.

El Gobierno ha pedido a los manifestantes que regresen a sus puestos y permitan desarrollar las negociaciones. Por su parte, los fabricantes advierten de las dificultades económicas que supondría asumir una subida tan elevada en un contexto de mayores costes energéticos, incertidumbre internacional y presión sobre los precios de exportación.

La patronal también ha advertido de que podría aplicar el principio de no trabajar, no cobrar si nuevas movilizaciones obligan a suspender la producción.

La comisión está constituida, pero todavía no existe un acuerdo sobre la cantidad que finalmente deberán pagar las empresas. Tampoco se ha anunciado una fecha definitiva para la aprobación de una nueva escala salarial. La distancia entre las propuestas continúa siendo considerable.

Zara, H&M y Primark, ante las protestas de sus proveedores textiles

La importancia internacional del conflicto se explica por el papel que desempeña Bangladés en la fabricación de ropa destinada a los mercados occidentales.

El país produce prendas para numerosas compañías, entre ellas Inditex, propietaria de Zara, H&M y Primark, además de otros grandes distribuidores internacionales. Su capacidad productiva, la especialización de sus fábricas y unos costes laborales históricamente reducidos lo han convertido en un proveedor estratégico para la industria de la moda.

Las protestas afectan a ese entramado industrial y generan preocupación por posibles retrasos en la confección y el envío de pedidos. Sin embargo, conviene distinguir entre el impacto general sobre el sector y las consecuencias verificadas para cada empresa.

No está acreditado que las 690 fábricas afectadas sean proveedoras directas de esas tres marcas, ni existen datos suficientes para atribuirles interrupciones concretas de suministro en España. El riesgo procede de la dependencia de una cadena de producción internacional que concentra numerosos encargos en las mismas regiones industriales.

Para las grandes firmas, un conflicto prolongado puede traducirse en retrasos, necesidad de reorganizar pedidos o mayores costes de fabricación. Para las empresas locales, perder contratos internacionales supone un problema especialmente grave en un mercado donde los márgenes comerciales son ajustados.

También existe una cuestión de fondo: las compañías occidentales negocian los precios de compra de las prendas, mientras que los fabricantes bangladesíes asumen directamente el pago de las nóminas. Los sindicatos consideran que las marcas internacionales deben contribuir a facilitar salarios dignos mediante condiciones comerciales que permitan a sus proveedores afrontar esos costes.

Una industria que sostiene buena parte de la economía de Bangladés

El sector de la confección constituye uno de los principales motores económicos del país. Emplea aproximadamente a cuatro millones de trabajadores, representa más del 80 % de los ingresos por exportaciones y aporta alrededor del 10 % del producto interior bruto.

Estas cifras explican por qué una disputa salarial puede convertirse rápidamente en un problema económico nacional. Una paralización prolongada no solo perjudicaría a las fábricas, sino también a las empresas de transporte, los operadores logísticos y otros negocios vinculados a la exportación.

Los fabricantes insisten en que una subida brusca de los salarios podría reducir la competitividad de Bangladés frente a otros países productores. Las dificultades energéticas y el debilitamiento de la demanda en algunos mercados internacionales añaden presión sobre las cuentas empresariales.

Los trabajadores plantean la otra cara del problema: una industria exportadora de miles de millones de dólares sigue sosteniéndose sobre salarios mínimos muy bajos. Y el aumento del coste de la vida está llevando esa situación al límite.

El desafío consiste en encontrar una fórmula que permita mejorar las remuneraciones sin provocar una pérdida masiva de pedidos y empleos. Entre las posibilidades que se han planteado figuran los incrementos salariales graduales, las mejoras de productividad y unas condiciones de compra más favorables por parte de las multinacionales.

La negociación salarial decidirá el futuro inmediato del sector

Las protestas de noviembre han situado nuevamente las condiciones laborales de Bangladés en el centro del debate internacional sobre la industria textil. El Gobierno ha respondido con la apertura de una revisión salarial, pero la principal reivindicación de los trabajadores continúa pendiente.

El resultado de las negociaciones será determinante tanto para los empleados como para los fabricantes. Una mejora insuficiente podría prolongar el descontento y provocar nuevas movilizaciones. Una subida difícil de asumir para las empresas, por su parte, podría agravar los problemas económicos de un sector muy expuesto a la competencia exterior.

Para Zara, H&M, Primark y el resto de grandes compradores internacionales, el conflicto recuerda que la estabilidad de sus cadenas de suministro depende también de las condiciones laborales en los países donde se confecciona la ropa.

De momento, hay dos hechos claros: la paralización industrial se ha extendido hasta alcanzar al menos 690 fábricas y los trabajadores siguen reclamando un salario mínimo de 30.000 takas mensuales. La distancia entre esa exigencia y los 12.500 takas actuales será el principal obstáculo de una negociación que afecta a millones de personas y a buena parte del comercio mundial de prendas de vestir.