Almeida baja el IBI de Madrid al 0,4%: las casas caras ahorran más

El Ayuntamiento de Madrid quiere llevar en 2027 el tipo general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) al 0,4%, el mínimo que permite actualmente la legislación española para los inmuebles urbanos. La Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto inicial de las ordenanzas fiscales del próximo año, con una reducción desde el 0,414% vigente que supondrá, según los cálculos municipales, 31,2 millones de euros menos en recibos para los contribuyentes madrileños.

La rebaja afecta de manera general a los propietarios, pero no todos notarán lo mismo en el bolsillo. Como el IBI se calcula fundamentalmente sobre la base liquidable del inmueble, cuanto mayor sea esa base, mayor será el ahorro en euros producido por una reducción idéntica del tipo. Ahí aparece la parte menos vistosa del anuncio: el porcentaje baja para todos, sí, pero un piso de alto valor catastral se ahorrará bastante más dinero que una vivienda modesta.

El IBI de Madrid llegará al mínimo legal del 0,4%

El movimiento supone culminar una cadena de rebajas fiscales iniciada durante los gobiernos de José Luis Martínez-Almeida. Cuando llegó a la Alcaldía en 2019, el tipo general estaba en el 0,51%. Para 2027, si la modificación completa su tramitación, quedará en ese 0,4% que marca el suelo establecido para los bienes inmuebles urbanos por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No habrá, por tanto, una nueva bajada ordinaria por esta misma vía salvo que cambie la legislación estatal. Madrid pasará a situarse entre las capitales de provincia de régimen común con uno de los tipos generales más bajos, junto a Santander y Zaragoza. El Ayuntamiento calcula que la modificación tendrá efecto sobre unos 2,2 millones de recibos.

La mayor parte corresponde, como cabría esperar, a viviendas. La previsión municipal alcanza 1,53 millones de inmuebles residenciales, pero la rebaja también llegará a 93.546 inmuebles comerciales, 30.363 oficinas, 10.704 locales industriales y 9.129 establecimientos vinculados al ocio y la hostelería.

Por qué las viviendas más caras ahorrarán más dinero

Aquí está la letra pequeña que conviene separar del ruido político. La bajada del tipo no concede un porcentaje especial a los propietarios más ricos ni establece una bonificación distinta por barrios. El tipo baja del 0,414% al 0,4% para todos los inmuebles afectados. Lo que cambia es la cantidad sobre la que se aplica.

El IBI parte del valor catastral y de la correspondiente base liquidable. Es pura aritmética fiscal: reducir 0,014 puntos porcentuales sobre una base elevada produce un ahorro mayor que hacerlo sobre otra mucho más baja. Una vivienda con una base liquidable hipotética de 100.000 euros pasaría de una cuota íntegra de unos 414 euros a unos 400, antes de considerar posibles bonificaciones o particularidades. El ahorro rondaría los 14 euros anuales. Con una base de 500.000 euros, esa misma reducción representaría unos 70 euros.

El porcentaje de reducción es semejante; el dinero que queda en el bolsillo no. Esa diferencia explica por qué la medida termina generando ahorros absolutos mayores en las zonas con propiedades de valor catastral más elevado.

El Plantío frente a Orcasitas

La oposición municipal ha aprovechado precisamente esa diferencia para cuestionar la medida. El PSOE ha utilizado los valores catastrales medios de distintos barrios para estimar que una vivienda de El Plantío podría ahorrar alrededor de 70,38 euros, mientras que en Orcasitas la reducción rondaría los 7,90 euros. Son cálculos políticos basados en ejemplos territoriales, no una cantidad fija que vaya a recibir cualquier propietario de esos barrios.

La comparación, aun así, explica bien el mecanismo. Las zonas con inmuebles de mayor valor catastral concentran ahorros absolutos superiores. Por eso puede decirse que la rebaja beneficia más en euros a las propiedades más caras, aunque el recorte del tipo impositivo sea general.

Más Madrid ha planteado argumentos similares comparando áreas como El Viso o Núñez de Balboa con Vallecas y Villaverde. El debate de fondo es conocido y casi tan antiguo como el propio impuesto: una rebaja lineal resulta sencilla de aplicar, pero no distribuye el ahorro de forma progresiva.

Un ahorro de 31,2 millones para los propietarios

El Ayuntamiento cifra en 31,2 millones de euros la reducción de la factura global del IBI respecto a 2026. Almeida sostiene además que las sucesivas rebajas aplicadas desde 2019 dejarán en 2027 un ahorro acumulado cercano a 245 millones de euros específicamente en recibos del IBI.

El Gobierno municipal engloba esta política dentro de una cifra bastante mayor: casi 1.565 millones de ahorro fiscal acumulado desde 2019 si se incluyen el conjunto de reducciones de impuestos y tasas aplicadas durante estos años. Son magnitudes diferentes y conviene no mezclarlas, porque una se refiere al IBI y otra al paquete fiscal completo del Ayuntamiento.

La filosofía del PP madrileño es conocida: mantener bajos los principales tributos municipales y defender que esa menor presión fiscal deja más renta disponible en manos de familias y empresas. La oposición replica que una parte de esos ingresos podría financiar servicios públicos y que las rebajas lineales terminan dejando mayores ahorros absolutos a quienes poseen inmuebles de más valor. Dos maneras de mirar el mismo recibo. Y, de paso, dos modelos fiscales bastante distintos.

La tasa de basuras complica la fotografía

El anuncio llega, además, en un momento incómodo para cualquier relato sencillo sobre bajadas de impuestos. Madrid está cobrando también la tasa de gestión de residuos, una figura distinta del IBI que eleva la factura municipal soportada por muchos hogares.

Para 2027, el Ayuntamiento prevé un recibo medio de alrededor de 143 euros por esta tasa, prácticamente igual al de 2026, aunque habrá diferencias según las características de cada inmueble, la zona y los criterios previstos en la normativa. La futura ordenanza incorporará también elementos relacionados con la calidad de la separación de residuos.

Eso significa que un propietario puede pagar menos IBI y, al mismo tiempo, seguir afrontando una factura relevante por la recogida y tratamiento de residuos. Son tributos distintos, con fundamentos distintos, pero el bolsillo doméstico —criatura bastante poco interesada en la arquitectura jurídica— acaba sumándolos.

La tasa arrastra además controversia judicial por el modelo correspondiente a 2025, anulado por resoluciones judiciales que el Ayuntamiento ha recurrido. Esa disputa no elimina ni suspende automáticamente las obligaciones posteriores, pero añade otra capa a una fiscalidad municipal especialmente discutida.

La rebaja todavía debe completar su tramitación

La decisión adoptada por la Junta de Gobierno el 15 de octubre corresponde al proyecto inicial de las ordenanzas fiscales de 2027. No se trata todavía de una norma definitivamente cerrada.

El expediente deberá recorrer la tramitación municipal prevista antes de que el nuevo tipo pueda aplicarse. La intención política del Gobierno de Almeida está clara y cuenta con el respaldo de su mayoría, pero jurídicamente la referencia correcta sigue siendo una modificación proyectada para entrar en vigor en 2027.

Para los propietarios, el efecto práctico será sencillo cuando llegue el recibo: si se aprueba definitivamente el 0,4%, la cuota del IBI será algo menor. La intensidad de esa rebaja dependerá del valor fiscal de cada inmueble, las bonificaciones aplicables y las circunstancias concretas del contribuyente.

Una rebaja pequeña en porcentaje, desigual en euros

La reducción del 0,414% al 0,4% parece minúscula cuando se observa sobre el papel. Catorce milésimas de punto. Poco espectáculo para una rueda de prensa. Multiplicada por más de dos millones de recibos, sin embargo, alcanza esos 31,2 millones de euros que el Ayuntamiento dejará de ingresar.

Y cuando se mira vivienda por vivienda aparece la otra dimensión de la medida: el ahorro será discreto en propiedades con bases catastrales bajas y más visible en aquellas cuyo valor fiscal sea elevado. Madrid llevará así el IBI hasta donde permite la ley. El mínimo es común para todos; el ahorro final, no.