Irlanda propone recortar un 8 % el presupuesto de la UE para 2028-2034

Irlanda, que ejerce este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, ha puesto sobre la mesa un recorte del 8 % en el próximo presupuesto comunitario, el que marcará buena parte de las prioridades económicas y políticas del bloque entre 2028 y 2034. La propuesta dejaría las cuentas en 1,62 billones de euros a precios constantes, frente a los 1,76 billones planteados inicialmente por la Comisión Europea. La tijera, traducida a dinero, alcanza los 141.056 millones de euros.

El movimiento tiene bastante más carga política de la que sugiere ese aparentemente aséptico 8 %. Los capítulos de competitividad y seguridad figuran entre los principales afectados, precisamente dos ámbitos que Bruselas había señalado como esenciales para reducir la distancia tecnológica con Estados Unidos y China y reforzar la autonomía europea en un escenario internacional cada vez menos amable. Irlanda intenta así acercar posiciones entre gobiernos que quieren rebajar con fuerza el gasto europeo y aquellos que temen que ahorrar ahora acabe saliendo bastante más caro después.

De 1,76 a 1,62 billones: dónde está realmente el recorte

La Comisión había planteado para el período 2028-2034 un Marco Financiero Plurianual de 1,763 billones de euros a precios de 2025, alrededor de 1,98 billones si se expresa en precios corrientes. La cifra equivale aproximadamente al 1,26 % de la renta nacional bruta de la UE y debe financiar siete años de agricultura, cohesión, investigación, defensa, fronteras, infraestructuras, política exterior y funcionamiento institucional, además de afrontar el reembolso de la deuda ligada a NextGenerationEU.

La versión impulsada por la presidencia irlandesa rebaja ese techo hasta los 1,62 billones a precios constantes. No es todavía el presupuesto definitivo ni mucho menos. Es una base de negociación, una cifra diseñada para encontrar ese territorio incómodo en el que ningún Gobierno obtiene exactamente lo que desea, pero suficientes capitales pueden acabar aceptando el acuerdo.

Y ahí está la dificultad. El presupuesto europeo no es una caja abstracta en Bruselas: detrás de cada décima hay carreteras, ayudas agrícolas, proyectos científicos, satélites, programas universitarios, industria de defensa, fondos regionales o inversiones digitales. Recortar 141.056 millones obliga a decidir qué prioridades pesan realmente más cuando llega el momento de convertir los discursos políticos en dinero.

Competitividad y seguridad, entre los capítulos más afectados

El detalle especialmente delicado de la propuesta irlandesa es que la reducción se concentra de manera destacada en las partidas vinculadas con competitividad y seguridad. Son áreas que la propia UE había querido reforzar en el nuevo ciclo presupuestario.

La propuesta original de la Comisión reorganizó buena parte de ese gasto alrededor del Fondo Europeo de Competitividad, concebido para agrupar programas y dirigir inversiones hacia tecnologías estratégicas, industria limpia, digitalización, biotecnología, espacio, seguridad y defensa. Bruselas lo presentó como una de las herramientas para responder a un diagnóstico repetido durante los últimos años: Europa dispone de investigación, empresas y ahorro, pero continúa teniendo problemas para convertirlos en grandes compañías tecnológicas e industriales capaces de competir a escala mundial.

La paradoja es visible. Europa lleva tiempo hablando de autonomía estratégica, innovación, inteligencia artificial, defensa propia y menor dependencia tecnológica; al mismo tiempo, varios gobiernos reclaman un presupuesto común sensiblemente menor. Las dos ideas pueden convivir sobre el papel. En las cuentas, bastante menos.

El choque entre gastar más y aportar menos

Ese conflicto explica buena parte de la batalla presupuestaria. Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca habían reclamado a finales de septiembre una reducción de “varios cientos de miles de millones” respecto a la propuesta de Bruselas y avisaron de que no respaldarían las cuentas sin un ajuste importante.

La posición responde, entre otras cosas, a la presión que soportan numerosos presupuestos nacionales. Los gobiernos europeos afrontan mayores gastos en defensa, pensiones, energía, transición industrial y servicios públicos, mientras las reglas fiscales vuelven a estrechar el margen de maniobra. Para los contribuyentes netos del presupuesto comunitario, una factura europea mayor significa también más presión sobre sus propias cuentas.

Pero reducir el tamaño del Marco Financiero Plurianual tiene otra cara. La UE pretende financiar al mismo tiempo la transformación industrial, las fronteras, Ucrania, la ampliación hacia nuevos miembros, la transición energética y una política de defensa más ambiciosa. El menú ha crecido mucho más deprisa que la caja. Ese es, en el fondo, el problema que Irlanda intenta cuadrar.

España e Italia quieren preservar agricultura y cohesión

En el otro lado se encuentran países como España e Italia, partidarios de proteger especialmente las políticas agrícola y de cohesión. Son dos de las grandes columnas históricas del presupuesto europeo y, a la vez, dos de las partidas que más claramente traducen Bruselas en obras, explotaciones agrarias, empleo e inversión reconocible sobre el terreno.

La cohesión busca reducir las diferencias económicas entre regiones europeas; la Política Agrícola Común sostiene rentas agrícolas y numerosas actuaciones rurales. Para España, ambas tienen un peso político y económico evidente. Madrid no contempla con el mismo entusiasmo una reducción que pueda terminar trasladándose a esos fondos, aunque el borrador irlandés coloque ahora una parte importante del ajuste en otras áreas.

La discusión revela una fractura bastante clásica dentro de la Unión. Algunos países del norte reclaman contener las aportaciones nacionales y exigen más disciplina en el gasto; los Estados con mayor dependencia de fondos agrícolas o regionales recuerdan que el mercado único también necesita mecanismos de convergencia. Sin ellos, argumentan, las diferencias territoriales pueden ensancharse justo cuando Europa intenta competir como un bloque económico único.

Von der Leyen había advertido contra una gran tijera

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había advertido apenas unos días antes de la presentación irlandesa contra los recortes de gran envergadura. Bruselas defiende que la dificultad presupuestaria no debería resolverse únicamente rebajando gasto, sino también aumentando los llamados recursos propios de la UE, es decir, ingresos comunitarios que permitan depender menos de las contribuciones directas de los Estados.

La Comisión sostiene que actuar conjuntamente permite financiar determinados desafíos a menor coste que si cada país intenta resolverlos por separado. Defensa, grandes infraestructuras, investigación, energía o tecnologías avanzadas son buenos ejemplos: veintisiete programas nacionales aislados pueden terminar duplicando estructuras y reduciendo escala.

Irlanda tampoco descarta nuevos recursos propios. Su ministro de Asuntos Europeos, Thomas Byrne, había adelantado que cualquier nueva fuente de financiación debería aportar una cantidad “sustancial”, contar con el respaldo unánime de los Veintisiete y estar preparada antes de 2028. La frase resume otra pequeña ironía comunitaria: conseguir que 27 gobiernos acuerden un nuevo ingreso europeo suele ser casi tan difícil como convencerlos de que aporten más dinero.

Las cuentas de 2028-2034 arrastran, además, una particularidad que complica las comparaciones con anteriores marcos financieros. Durante esos años la Unión tendrá que asumir el reembolso de la deuda emitida para financiar NextGenerationEU, el gran programa creado tras la pandemia.

Esos pagos pueden representar aproximadamente el 0,11 % de la renta nacional bruta de la UE, alrededor de 25.000 millones de euros anuales. De ahí que el aumento aparente del próximo presupuesto resulte menos espectacular cuando se descuenta esa factura heredada: una parte del dinero no financiará políticas nuevas, sino compromisos anteriores.

Eso endurece todavía más la negociación. Mantener agricultura y cohesión, pagar la deuda extraordinaria, gastar más en defensa y competir tecnológicamente con las grandes potencias sin elevar mucho las aportaciones nacionales se parece bastante a intentar introducir una maleta adicional en un maletero que ya cerraba mal.

La cumbre de octubre pone la negociación bajo presión

La propuesta irlandesa llega justo antes de la reunión del Consejo Europeo del 15 y 16 de octubre, en la que los líderes de la UE deberán acercar posiciones. António Costa, presidente del Consejo Europeo, ha situado el presupuesto entre los asuntos decisivos de la cita y ha insistido en la importancia de alcanzar un acuerdo con suficiente antelación para dar previsibilidad a gobiernos, regiones, agricultores, empresas y demás beneficiarios de los fondos comunitarios.

El calendario aprieta. La presidencia irlandesa quiere dejar políticamente resuelto el Marco Financiero Plurianual antes de que termine 2026. Eso permitiría dedicar 2027 a aprobar toda la legislación necesaria y evitar interrupciones cuando el nuevo presupuesto entre en vigor el 1 de enero de 2028.

No basta, además, con que una mayoría de gobiernos considere aceptables las cifras. El MFP es una de las negociaciones más exigentes de la arquitectura comunitaria y requiere un grado especialmente elevado de acuerdo político entre los Estados, junto con la intervención del Parlamento Europeo. Una sola capital puede convertir una madrugada de cumbre en otra de esas escenas tan europeas: café frío, corbatas torcidas y reuniones que iban a durar veinte minutos.

Europa tendrá que decidir cuánto cuestan sus ambiciones

La propuesta irlandesa mueve la negociación, pero no resuelve su contradicción fundamental. La Unión quiere ser más competitiva, más segura y menos dependiente, sostener sus políticas tradicionales y prepararse para una eventual ampliación mientras varios de sus principales contribuyentes exigen contener el gasto común.

El recorte del 8 % ofrece un posible punto intermedio entre esas posiciones, aunque trasladará inmediatamente el conflicto a otra cuestión mucho más concreta: dónde quitar esos 141.056 millones de euros y qué proyectos terminarán pagando la diferencia.

Ese debate será probablemente más áspero que el de la cifra total. Porque hablar de porcentajes resulta relativamente cómodo. Decidir entre una infraestructura ferroviaria, una ayuda agrícola, un laboratorio de investigación, una fábrica tecnológica o una capacidad europea de defensa es otra cosa. El presupuesto 2028-2034 acabará diciendo qué Europa están realmente dispuestos a financiar los Veintisiete.