Cae una gran red de hachís en España: 87 detenidos y 10,8 toneladas

La Policía Nacional ha desarticulado una de las mayores organizaciones dedicadas al tráfico de hachís procedente de Marruecos asentadas en España. La operación se salda con 87 detenidos entre España y Marruecos, la incautación de 10,8 toneladas de droga y el desmantelamiento de siete puntos de almacenamiento. El principal responsable de la red fue localizado en Tánger después de permanecer varios meses fugado.

El balance policial, difundido este martes 27 de octubre de 2026, recoge 86 detenciones en siete provincias españolas, a las que se suma el arresto del presunto cabecilla en territorio marroquí. Los investigadores atribuyen a la organización la introducción de miles de kilos de hachís al mes, que posteriormente distribuía por distintas regiones españolas y otros países europeos.

La investigación, iniciada en 2025 y dirigida por la Audiencia Nacional, ha permitido reconstruir una estructura criminal que utilizaba viviendas alquiladas, urbanizaciones residenciales y naves industriales para ocultar los cargamentos. Los agentes también han identificado mecanismos destinados a blanquear los beneficios del narcotráfico mediante operaciones inmobiliarias, empresas ficticias y documentación fraudulenta.

El líder de la red fue detenido en Tánger tras meses fugado

Uno de los principales avances de la operación ha sido la captura del hombre al que los investigadores consideran máximo responsable de la organización. El sospechoso había conseguido escapar en marzo de 2026, coincidiendo con una primera oleada de detenciones que afectó a varios integrantes de la cúpula.

Hasta entonces residía en una urbanización de lujo de Madrid. Cuando comenzaron las actuaciones policiales contra los principales responsables, abandonó su domicilio y permaneció en paradero desconocido durante meses.

Finalmente, fue localizado y detenido el 8 de octubre en Tánger, gracias a la cooperación policial internacional. Actualmente permanece encarcelado en Marruecos, a la espera del procedimiento para su extradición a España.

Según la investigación, el detenido no se limitaba a supervisar las operaciones. Se ocupaba de negociar directamente con los proveedores marroquíes, organizar los transportes marítimos y terrestres y coordinar la adquisición de vehículos e inmuebles. También controlaba el trabajo de quienes recibían, custodiaban y distribuían la mercancía.

Su detención supone un golpe especialmente importante para la estructura de mando de la organización, aunque la investigación continúa abierta.

Madrid concentra 65 de los 86 detenidos en España

La dimensión territorial del operativo refleja hasta qué punto la red había extendido su actividad. La Policía Nacional ha practicado detenciones en Madrid, Guadalajara, Valencia, Málaga, Burgos, Almería y Girona.

La Comunidad de Madrid concentra la mayoría de los arrestos, con 65 detenidos. Le siguen Guadalajara, con diez; Valencia, con cinco; Málaga, con tres; y Burgos, Almería y Girona, con una persona arrestada en cada provincia.

Los detenidos están investigados por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión de 18 personas vinculadas al procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional.

En paralelo, los investigadores han realizado 33 registros: 23 en Madrid, siete en Guadalajara, dos en Málaga y uno en Valencia.

Durante estas actuaciones se han intervenido 10,8 toneladas de hachís, además de 21,8 kilos de marihuana, dos armas largas, otras cuatro armas prohibidas, 25 vehículos, 15 relojes de lujo y cerca de 466.000 euros.

El volumen de bienes intervenidos da una idea de la infraestructura que los investigadores atribuyen a la organización. No se trataba únicamente de introducir droga, sino también de disponer de vehículos, inmuebles y recursos económicos para sostener su distribución.

Así funcionaba la ruta del hachís entre Marruecos y España

La organización utilizaba las costas españolas como punto de entrada de los cargamentos procedentes de Marruecos. Una vez en territorio nacional, la mercancía era transportada por carretera hasta diferentes inmuebles, principalmente situados en Madrid.

Desde esos depósitos, conocidos en el argot policial como «guarderías» de droga, se preparaba su distribución a otros puntos de España y a redes criminales establecidas en Europa.

La elección de viviendas alquiladas y urbanizaciones residenciales permitía almacenar cantidades importantes de estupefacientes fuera de los lugares tradicionalmente asociados al narcotráfico.

Viviendas de lujo, trasteros y naves industriales

Los agentes comprobaron que la organización empleaba distintas clases de inmuebles según las necesidades de almacenamiento y transporte.

Uno de los primeros puntos descubiertos fue una vivienda del barrio madrileño de Las Tablas, donde en diciembre de 2025 se intervinieron más de 2,1 toneladas de hachís.

A finales de junio de 2026, los investigadores desmantelaron otros dos depósitos. En una vivienda situada a las afueras de Madrid encontraron más de 960 kilos de hachís y 12 kilos de cogollos de marihuana. En otro domicilio de Sanchinarro localizaron aproximadamente una tonelada adicional de hachís.

Uno de los mayores golpes llegó con el registro de una nave industrial en Silla (Valencia), donde se intervinieron 4,6 toneladas de hachís que iban a ser trasladadas a Madrid.

Los agentes también actuaron sobre otro punto de almacenamiento situado en un ático del barrio madrileño de El Cañaveral, donde localizaron 2,1 kilos de hachís.

Estas intervenciones permitieron identificar distintos niveles de la organización, desde los responsables de la logística hasta las personas encargadas de custodiar las sustancias.

Mensajería cifrada y empresas ficticias para ocultar el negocio

La investigación comenzó en 2025, cuando los agentes detectaron que los presuntos integrantes de la organización utilizaban plataformas de mensajería encriptada para coordinar sus operaciones.

A través de esos canales, los responsables gestionaban la recepción de cargamentos, los desplazamientos entre los puntos de almacenamiento y las entregas a distribuidores de menor tamaño.

La estructura también contaba, según las pesquisas, con procedimientos destinados a introducir los beneficios ilegales en el circuito económico.

Entre las fórmulas investigadas figuran la obtención de créditos fraudulentos mediante testaferros, el pago de nóminas ficticias y la emisión de facturas falsas a través de sociedades instrumentales.

La compraventa de vehículos de lujo e inmuebles constituía otra de las vías presuntamente utilizadas para dar apariencia legal a fondos procedentes del tráfico de estupefacientes.

El blanqueo de capitales es una parte esencial de este tipo de investigaciones, porque permite seguir el recorrido del dinero e identificar a quienes financian o se benefician de las operaciones, incluso cuando no participan directamente en el transporte de la droga.

La investigación sigue abierta pese a la caída de la cúpula

La detención del principal responsable en Marruecos completa una fase especialmente relevante de un operativo desarrollado durante meses y con actuaciones en distintas provincias españolas.

El balance conocido el 27 de octubre deja 87 arrestos en total, siete depósitos desmantelados y casi once toneladas de hachís fuera del circuito de distribución.

Quedan, no obstante, actuaciones judiciales pendientes. El supuesto líder permanece encarcelado en Marruecos a la espera de su extradición, mientras que la Audiencia Nacional continúa con el procedimiento relativo a los integrantes de la organización investigados en España.

La Policía Nacional no descarta nuevas detenciones ni otras incautaciones a medida que avance el análisis de las conexiones criminales y económicas de la red.

El operativo ha golpeado tanto la entrada de droga procedente de Marruecos como su almacenamiento y distribución en España. También ha permitido actuar contra una estructura financiera presuntamente diseñada para aprovechar los beneficios obtenidos. La dimensión completa de esa actividad deberá establecerse en la investigación judicial.