Ceuta entrega a la jueza el registro de llamadas de Vivas a Moncloa

El Gobierno de Ceuta remitirá a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón la certificación notarial de las comunicaciones realizadas por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, con Moncloa en los días previos a la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio. La magistrada había reclamado con urgencia las llamadas efectuadas a Pedro Sánchez o a su jefe de Gabinete entre el 27 y el 30 de julio.

El documento cobra especial relevancia porque existe una discrepancia entre la versión de Vivas y la de Moncloa sobre cómo se produjeron aquellas comunicaciones. El presidente ceutí sostuvo que se intentó contactar en numerosas ocasiones con Presidencia mientras aumentaba la presión migratoria; el Ejecutivo central mantiene, por el contrario, que los contactos registrados fueron atendidos. Una discusión política que pasa, por tanto, al terreno bastante menos elástico de los registros documentales.

Ceuta entrega el registro notarial reclamado por la jueza

La petición de María Tardón se produjo después de la declaración de Vivas como testigo ante la Audiencia Nacional. La magistrada requirió a la representación procesal de Ceuta que aportara, con la mayor urgencia, la relación de llamadas realizadas por el presidente de la ciudad a Sánchez o a su jefe de Gabinete durante los cuatro días inmediatamente anteriores a los sucesos.

Ceuta, de hecho, se había adelantado parcialmente al requerimiento. El Gobierno de la ciudad autónoma asegura que la certificación notarial ya había sido realizada el viernes anterior porque daba por hecho que ese material acabaría siendo solicitado dentro de la investigación.

La documentación no se limita a un simple listado confeccionado después de los acontecimientos. Según el Ejecutivo ceutí, recoge comunicaciones realizadas desde el teléfono móvil del jefe de Gabinete de Presidencia e incluye llamadas, mensajes e intentos de contacto con responsables de la Administración General del Estado.

Eso introduce un matiz importante. Un registro de comunicaciones permite fijar horas, secuencias e intentos de contacto con una precisión mucho mayor que el recuerdo de una conversación mantenida semanas después. Otra cuestión distinta es qué se dijo exactamente en cada llamada. El rastro telefónico puede acreditar contactos y su cronología; por sí solo, no convierte cada conversación en una transcripción.

Qué quiere aclarar la Audiencia Nacional

La investigación judicial se centra en los hechos que rodearon la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio. La declaración de Vivas abrió una derivada especialmente sensible: qué información manejaban las distintas administraciones antes de la crisis, cuándo comenzaron las advertencias y qué respuesta recibieron desde Madrid.

Vivas relató que desde el 27 de julio trasladó a Moncloa su preocupación por el deterioro de la situación. Según su versión, hubo diez intentos de comunicación y solamente obtuvo respuesta en tres ocasiones, siempre a través del entonces jefe de Gabinete de Sánchez, Diego Rubio. También afirmó que reclamó medidas extraordinarias ante lo que consideraba una situación de gravedad creciente.

El presidente ceutí declaró igualmente que había mantenido contactos con responsables de Defensa, Exteriores, Interior y Política Territorial. Entre las medidas que aseguró haber planteado figuraban el refuerzo de las fuerzas de seguridad, la declaración de una emergencia nacional y la existencia de un mando único para afrontar la situación.

Dos versiones sobre las mismas llamadas

Moncloa ofrece una reconstrucción distinta. Según los registros del Gobierno, entre el 27 y el 30 de julio se produjeron nueve comunicaciones entre ambos gabinetes y todas fueron atendidas, bien directamente o poco después. El Ejecutivo sostiene también que Vivas pidió hablar expresamente con Pedro Sánchez por primera vez el día 30 y que la conversación terminó celebrándose.

Ahí está, precisamente, el nudo de la cuestión. No se discute únicamente cuántas veces sonó un teléfono. Lo relevante para la investigación es reconstruir qué alertas existían y cuándo llegaron a cada nivel de la Administración, además de conocer cuál fue la reacción institucional ante esas advertencias.

La cronología ofrecida por Moncloa señala, por ejemplo, una llamada a las 8:39 del 27 de julio entre Pablo García, jefe de Gabinete de Vivas, y Diego Rubio. Según esa versión, la conversación duró seis minutos y Ceuta trasladó su preocupación por el incremento de los cruces a nado. Horas después hubo un nuevo contacto.

El 30 de julio, una jornada especialmente relevante

La secuencia adquiere especial importancia en la mañana del 30 de julio. Según los datos facilitados por Moncloa, a las 11:17 el gabinete de Vivas contactó con Rubio y el presidente ceutí pidió hablar con Sánchez. A las 12:55 se produjo la llamada del presidente del Gobierno.

Vivas coincide en que aquel día terminó hablando con Sánchez, pero discrepa de la lectura política de las horas anteriores. Ha defendido que la gravedad ya había sido comunicada previamente y que la respuesta desde Presidencia no estuvo a la altura del escenario que se estaba formando en la frontera.

La diferencia parece pequeña sobre el papel —horas, llamadas, mensajes—, pero en una investigación sobre la respuesta del Estado esas horas pesan. Mucho. La cronología de los avisos puede ayudar a determinar qué información tenía cada administración mientras la situación se agravaba.

El expediente va más allá de las llamadas a Sánchez

La certificación que Ceuta prepara para la Audiencia Nacional no se circunscribe a la comunicación directa con Moncloa. El expediente incorpora también los contactos mantenidos con distintos ministerios, entre ellos Interior, Asuntos Exteriores, Defensa y Política Territorial. Esas comunicaciones han sido igualmente certificadas para su incorporación a la documentación judicial.

Esto permite ampliar el foco. La cuestión no pasa únicamente por determinar si Sánchez y Vivas hablaron antes o después, sino por reconstruir cómo circuló la información dentro del Estado y hasta qué punto las advertencias de Ceuta llegaron a los departamentos con capacidad para adoptar decisiones.

El propio Vivas sostuvo ante la magistrada que habló durante aquellos días con responsables ministeriales y que trasladó su inquietud ante la situación. La documentación puede servir ahora para contrastar esa secuencia con registros objetivos, al menos en lo referente a la existencia y el momento de los contactos.

Por qué importa la certificación notarial

Una certificación notarial no resuelve por arte de magia una controversia política, ni mucho menos determina por sí misma responsabilidades penales. Su valor está en otro sitio: fija documentalmente determinados registros y reduce el espacio para una discusión basada exclusivamente en versiones enfrentadas.

En este caso, esa función adquiere un peso particular porque ambas administraciones han presentado relatos que no encajan del todo. Vivas asegura que hubo llamadas sin respuesta y que Ceuta llevaba días intentando advertir de una situación excepcional. Moncloa sostiene que las comunicaciones conocidas fueron atendidas y que algunas de las llamadas señaladas por el Gobierno ceutí no aparecen en sus propios registros.

Existe incluso una posible explicación técnica para parte de las diferencias: algunas llamadas podrían haberse realizado mediante WhatsApp cuando el teléfono receptor estaba apagado o sin cobertura, circunstancia que ayudaría a explicar por qué determinados intentos aparecen en un dispositivo y no necesariamente en otro.

Es justo el tipo de detalle que convierte un debate político aparentemente sencillo en algo bastante más enrevesado. Dos móviles pueden ofrecer rastros diferentes de un mismo intento de comunicación. Y un registro de llamada, aunque importante, tampoco dice por sí mismo qué información se transmitió al otro lado.

Los registros ponen a prueba las dos versiones

El requerimiento de María Tardón coloca los documentos y las comunicaciones certificadas en el centro de esta parte de la investigación. Hasta este momento, buena parte de la controversia se había construido alrededor de declaraciones públicas contrapuestas de Ceuta y Moncloa. Con el expediente en manos de la Audiencia Nacional, la magistrada podrá contrastar esas versiones con una cronología más precisa.

Eso no significa que el registro notarial vaya a decidir por sí mismo qué ocurrió en aquellos días. Sí puede aclarar algo previo y bastante más elemental: quién llamó, cuándo lo hizo, cuántos intentos quedaron registrados y qué interlocutores participaron.

En una crisis institucional en la que unas pocas horas separan una advertencia de una emergencia desatada, esa cronología no es un detalle administrativo. Es parte del fondo del asunto. Y es precisamente lo que la Audiencia Nacional pretende reconstruir con documentos delante, no solo con recuerdos y versiones políticas.