Rescatan a 110 perros hacinados en Buñol y denuncian otros 26 muertos

La Policía Local de Buñol (Valencia) y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han rescatado a 110 perros que vivían hacinados, desnutridos y sin agua en una parcela del municipio. Los animales estaban expuestos al sol, algunos permanecían atados con cadenas demasiado cortas y presentaban signos de maltrato. El propietario del terreno está siendo investigado por un presunto delito contra los animales.

El caso es todavía más grave por la denuncia de la Asociación Defensa Animal Torrent (ADAT), que asegura que en la finca había otros 26 perros muertos, algunos de cuyos restos se encontraban, según la entidad, en barriles cubiertos de hormigón. Esta última información procede de la organización animalista y no consta una confirmación policial independiente de la cifra de fallecidos. Los 110 perros encontrados con vida han sido trasladados a un centro de acogida en Cheste, donde reciben atención veterinaria.

La intervención comenzó gracias al aviso de un vecino que alertó de las condiciones en las que se encontraban los animales. La Policía Local inició entonces una investigación y, tras reunir indicios de un posible delito, solicitó la colaboración del Seprona de Requena. Los agentes comprobaron la gravedad de la situación y procedieron a retirar a los perros.

Lo ocurrido ha abierto también otro frente: el de las advertencias anteriores al rescate. ADAT sostiene que la situación llevaba aproximadamente cinco años siendo denunciada por vecinos de la zona. Si se confirma esa versión, habrá que aclarar qué avisos recibieron las autoridades, cuándo se presentaron y qué actuaciones se realizaron antes de llegar a una intervención de estas dimensiones.

Los 110 perros vivían sin agua, encadenados y desnutridos

La situación constatada por los agentes no respondía simplemente a una parcela con demasiados animales. Según la información difundida por la Policía Local de Buñol, los perros se encontraban sometidos a condiciones extremas de alojamiento y alimentación, con un deterioro físico que exigía actuar con urgencia.

Muchos permanecían hacinados en espacios reducidos, sin apenas posibilidad de movimiento. Algunos estaban sujetos mediante cadenas cortas, mientras que otros soportaban las altas temperaturas sin disponer de agua. La desnutrición era uno de los problemas más evidentes.

Los agentes también observaron otros signos compatibles con maltrato. Las condiciones de la finca, el estado de los perros y los indicios reunidos durante las pesquisas motivaron su intervención.

La retirada de los 110 animales se realizó con la colaboración del Seprona, la unidad de la Guardia Civil especializada en delitos relacionados con el medio ambiente y la protección de los animales. Los perros fueron trasladados a Ribamontes, el centro de acogida concertado por el Ayuntamiento de Buñol.

La Jefatura de la Policía Local ha destacado la actuación de los dos agentes que encabezaron la investigación y la colaboración del vecino cuya alerta permitió poner en marcha las diligencias.

Una protectora denuncia 26 perros muertos y restos bajo hormigón

La Asociación Defensa Animal Torrent sostiene que el número de animales presentes en la finca ascendía a 136 perros, aunque únicamente 110 fueron encontrados con vida. Los otros 26 habrían muerto antes de la intervención.

La entidad ha denunciado también la presencia de restos de animales en barriles cubiertos de hormigón, así como de varios esqueletos. Son afirmaciones especialmente graves que deberán ser verificadas durante la investigación.

Por el momento, no se ha informado oficialmente de las causas de esas muertes, de cuándo se produjeron ni de si todos los restos denunciados corresponden a los perros contabilizados por la asociación.

Tampoco se conocen los resultados de posibles exámenes veterinarios forenses. Esas comprobaciones serán fundamentales para determinar si los fallecimientos guardan relación con las condiciones en las que permanecían los animales y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse.

La distinción es importante: el rescate de 110 perros está confirmado por la Policía Local, mientras que la cifra de 26 fallecidos y las circunstancias del hallazgo proceden de la denuncia de ADAT.

Los vecinos llevaban cinco años denunciando la situación, según ADAT

Uno de los aspectos más delicados del caso es su posible duración. Según la asociación animalista, varios vecinos llevaban aproximadamente cinco años alertando de las condiciones en las que se encontraban los perros.

Esta afirmación plantea un problema que va más allá de la actuación policial: determinar si existieron denuncias anteriores, cómo fueron tramitadas y por qué la retirada de los animales no se produjo antes.

La Policía Local ha confirmado que la investigación que desembocó en el rescate comenzó con el aviso de un vecino, pero no ha detallado públicamente el historial de posibles denuncias anteriores.

Tampoco se ha establecido si durante esos cinco años se practicaron inspecciones o procedimientos administrativos relacionados con la finca.

ADAT ha agradecido expresamente la implicación de los dos policías locales que dirigieron las pesquisas y la intervención del Seprona. La asociación considera especialmente importante la colaboración ciudadana, que permitió reunir información sobre lo que estaba ocurriendo.

Si se confirma la existencia de advertencias reiteradas, la actuación de las administraciones competentes será otro de los asuntos que deberán aclararse. Conocer qué se denunció y qué respuesta se dio resulta imprescindible para establecer si hubo oportunidades anteriores de proteger a los animales.

El propietario de la finca está investigado por maltrato animal

La Policía Local de Buñol ha identificado al propietario de la parcela, que figura como investigado por un presunto delito de maltrato animal.

Las diligencias practicadas han sido remitidas a la autoridad judicial. Los perros intervenidos también quedaron inicialmente a disposición judicial, una medida relevante para garantizar su protección mientras se tramita el procedimiento.

No se ha confirmado públicamente que el propietario haya sido detenido ni que se haya formulado una acusación definitiva. Su condición de investigado implica que existen indicios que deben examinarse, pero no supone una declaración de culpabilidad.

El Código Penal español contempla penas de prisión, multas e inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con animales o tenerlos bajo su responsabilidad en determinados supuestos de maltrato.

La respuesta penal depende de los hechos acreditados, la gravedad de las lesiones, la existencia de posibles fallecimientos y las demás circunstancias establecidas durante la investigación.

En el caso de Buñol, habrá que determinar tanto las condiciones de mantenimiento de los perros como las posibles responsabilidades del dueño y la relación que puedan tener con las muertes denunciadas.

Los 110 perros rescatados pueden salir en acogida o adopción

Mientras avanza la investigación, la situación de los animales supervivientes ha experimentado una evolución importante.

Los perros fueron trasladados al Centro de Acogida Ribamontes, situado en Cheste (Valencia), donde el equipo veterinario se ha encargado de evaluar su estado físico, proporcionarles alimentación adecuada y atender las necesidades derivadas de las condiciones en las que vivían.

Según la información difundida por el centro, los animales rescatados son en su mayoría podencos, una raza utilizada habitualmente en actividades cinegéticas.

Ribamontes ha comunicado que, gracias a una resolución judicial y a la evolución favorable de los animales, pueden salir en acogida temporal o adopción.

Esta autorización permite comenzar a buscar hogares para los perros, aunque cada caso deberá gestionarse según las condiciones y los procedimientos establecidos por el centro.

Cómo adoptar o acoger a los perros rescatados en Buñol

El centro Ribamontes ha anunciado que irá difundiendo las fichas individuales de los animales, con sus características y los requisitos necesarios para solicitar su acogida o adopción.

Las personas interesadas pueden contactar con el centro a través del teléfono 625 05 74 25 para conocer la disponibilidad de los perros y los pasos que deben seguir.

La acogida temporal puede facilitar la recuperación de los animales mientras encuentran un hogar definitivo. En algunos casos, especialmente cuando existen antecedentes de desnutrición o maltrato, será necesario mantener tratamientos veterinarios y realizar un seguimiento de su adaptación.

El proceso no consiste simplemente en distribuir a los perros entre familias. Debe garantizarse que cada animal recibe los cuidados adecuados y que sus nuevos responsables pueden atender sus necesidades.

La investigación deberá aclarar las muertes y las denuncias anteriores

La intervención de Buñol ha permitido retirar de una finca a 110 perros que vivían en condiciones incompatibles con su bienestar. Ese es el principal resultado confirmado de la actuación policial.

Sin embargo, el procedimiento continúa abierto y deberá esclarecer dos cuestiones especialmente relevantes: las circunstancias de las 26 muertes denunciadas por ADAT y la posible existencia de avisos vecinales durante los cinco años anteriores.

También quedan por conocer las conclusiones de las diligencias judiciales y las responsabilidades que puedan establecerse a partir de las pruebas reunidas por la Policía Local y el Seprona.

Los animales supervivientes reciben atención veterinaria y cuentan con autorización para acceder a nuevos hogares. Su recuperación constituye el avance más inmediato de un caso cuya dimensión penal todavía está por determinar.

La investigación tendrá que establecer qué ocurrió realmente en aquella parcela y durante cuánto tiempo se mantuvieron las condiciones denunciadas. Porque el rescate ha terminado, pero el esclarecimiento de lo sucedido en Buñol sigue pendiente.