Interior activa la red electoral frente a ciberataques y bulos del 29N

El Ministerio del Interior ha activado este miércoles, 4 de noviembre, la Red de Coordinación para la Seguridad Electoral con el objetivo de proteger las elecciones generales del próximo 29 de noviembre frente a posibles ciberataques, campañas de desinformación y amenazas contra los sistemas utilizados durante el proceso electoral. El dispositivo, coordinado por el ministro Fernando Grande-Marlaska, reúne a organismos de seguridad, inteligencia, protección de datos y supervisión electoral para detectar riesgos y responder de manera conjunta ante cualquier incidencia.

La medida llega a 25 días de las elecciones generales del 29N, en las que están llamados a votar 38.728.356 ciudadanos. Interior pretende reforzar tanto la seguridad tecnológica de los comicios como la confianza en sus resultados, con especial atención a los ataques contra páginas institucionales, la protección de la información personal de los electores y la difusión de contenidos falsos capaces de generar confusión sobre las votaciones.

No se trata de una estructura creada de urgencia ni de la respuesta a un ataque concreto. La red existe desde 2019, cuando España incorporó mecanismos de coordinación impulsados por la Unión Europea para reforzar la integridad de los procesos electorales. Su activación específica para estas elecciones permite reunir capacidades técnicas e institucionales antes de que comience oficialmente la campaña, el próximo 13 de noviembre.

Grande-Marlaska ha presidido la reunión de puesta en marcha y ha insistido en la necesidad de compartir alertas y coordinar respuestas antes de que una incidencia afecte al desarrollo electoral. La principal preocupación no se limita a la posibilidad de que un sistema informático deje de funcionar: también incluye los intentos de desacreditar unas elecciones mediante informaciones falsas o mensajes manipulados.

Cuatro líneas de defensa para proteger las elecciones del 29N

El protocolo de actuación de la red se articula en torno a cuatro grandes ámbitos de protección que abarcan tanto las infraestructuras tecnológicas como las garantías democráticas del proceso.

El primero consiste en preservar la transparencia y objetividad de las elecciones. Esto incluye la coordinación entre las instituciones encargadas de velar por la legalidad electoral y de garantizar que las distintas fases de los comicios se desarrollen conforme a las normas establecidas.

El segundo se centra en la protección de los datos personales, especialmente frente a accesos no autorizados. La información manejada por los organismos electorales exige medidas de seguridad que impidan su exposición, utilización indebida o alteración.

La tercera línea de actuación aborda la seguridad física y la ciberseguridad de los sistemas de información electoral. Entre los riesgos contemplados se encuentran los ataques contra páginas web institucionales y las incidencias que puedan comprometer los servicios utilizados para transmitir y publicar los resultados provisionales.

El cuarto ámbito se dedica a detectar y afrontar campañas de desinformación capaces de perjudicar la confianza pública en los comicios o dificultar el ejercicio de un voto libre e informado.

La combinación de estos cuatro elementos responde a una realidad cada vez más evidente: las amenazas electorales no necesitan dirigirse directamente contra una urna para provocar problemas. Una página oficial inaccesible, una filtración de datos o una información falsa difundida masivamente pueden generar incertidumbre sobre el proceso electoral incluso cuando la votación se desarrolla con normalidad.

El CNI, el Centro Criptológico Nacional y el INCIBE participan en la red

La reunión presidida por Grande-Marlaska ha contado con representantes de los principales organismos estatales con competencias en seguridad, inteligencia y gestión de infraestructuras digitales.

Entre ellos figuran el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Centro Criptológico Nacional (CCN) y el Mando Conjunto del Ciberespacio, perteneciente al Ministerio de Defensa.

También participan el Departamento de Seguridad Nacional, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Agencia Estatal de Administración Digital y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

A esta estructura se suman instituciones con competencias directamente relacionadas con el proceso electoral: la Junta Electoral Central, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y Correos.

El Ministerio del Interior mantiene la coordinación general de este dispositivo, en el que intervienen también responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad y de otros órganos del departamento.

El papel del CNI en el escrutinio electoral

La participación del CNI resulta especialmente relevante porque durante las últimas semanas han circulado afirmaciones sobre una supuesta reducción de sus competencias en la supervisión tecnológica de las elecciones.

Sin embargo, el Centro Criptológico Nacional mantiene sus funciones de colaboración en los análisis de seguridad e integridad de los sistemas utilizados para transmitir los resultados provisionales.

Las comprobaciones realizadas sobre los contratos electorales de 2018, 2022 y 2026 no acreditan que el organismo haya sido apartado de estas tareas. La supervisión y aprobación de los sistemas corresponde al Ministerio del Interior, mientras que el CCN participa en los análisis técnicos de seguridad.

Conviene distinguir también entre los sistemas informáticos utilizados para comunicar los resultados y el propio recuento de las papeletas. En España, los votos se cuentan físicamente en las mesas electorales, bajo un procedimiento público y documentado mediante actas.

La transmisión electrónica permite conocer los resultados provisionales durante la noche electoral, pero no sustituye el escrutinio realizado en las mesas ni el escrutinio general posterior de las juntas electorales provinciales.

Las grandes plataformas digitales también refuerzan su vigilancia

La activación de la red coincide con otra iniciativa relacionada directamente con la seguridad digital del 29N.

Este mismo miércoles, la CNMC ha reunido a Google, Meta, TikTok, X, Snapchat, Pinterest y Wikimedia, junto con representantes de instituciones españolas y organizaciones de la sociedad civil, para abordar los riesgos asociados a las próximas elecciones generales.

El encuentro, celebrado con el apoyo de la Comisión Europea, ha permitido examinar las medidas que estas compañías han adoptado o prevén aplicar para reducir los riesgos digitales durante el proceso electoral.

La coordinación se enmarca en el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea, que obliga a las grandes plataformas y buscadores a evaluar y mitigar riesgos sistémicos relacionados, entre otros ámbitos, con los procesos democráticos.

Una de las prioridades consiste en establecer mecanismos de cooperación para responder ante incidentes graves, especialmente cuando una amenaza se propaga a través de servicios digitales con millones de usuarios.

Existe, no obstante, una distinción importante. Combatir operaciones de desinformación no equivale a impedir la crítica política, las opiniones discrepantes o el debate electoral. Las actuaciones de las autoridades y las obligaciones de las plataformas deben respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión.

La dificultad consiste precisamente en proteger el proceso democrático frente a manipulaciones sin convertir esa protección en una herramienta de control del debate público.

La desinformación electoral ya cuenta con un sistema de respuesta rápida

El dispositivo de Interior no es la única iniciativa activada durante los primeros días de noviembre.

El pasado 2 de noviembre comenzó a funcionar un Sistema de Respuesta Rápida contra la desinformación electoral, impulsado por el Observatorio Ibérico de Medios Digitales (Iberifier), que forma parte del ecosistema europeo de lucha contra la desinformación.

Este mecanismo permite trasladar alertas a las plataformas digitales sobre contenidos potencialmente desinformativos que puedan comprometer la integridad de los comicios.

La monitorización reforzada comenzó el 2 de noviembre y está prevista hasta el 6 de diciembre, una semana después de las elecciones.

El sistema presta atención a contenidos que puedan confundir a los electores sobre aspectos relevantes del proceso, desde los procedimientos de votación hasta la autenticidad de determinadas informaciones relacionadas con las elecciones.

La preocupación tiene antecedentes recientes. Durante octubre circularon en redes sociales acusaciones de supuesto fraude electoral relacionadas con el voto por correo y el papel de determinados organismos públicos, sin que esas afirmaciones aportaran pruebas que acreditasen una manipulación de los comicios.

La existencia de tales campañas explica la importancia de contrastar cualquier información sobre modificaciones del procedimiento electoral, incidencias en el recuento o decisiones atribuidas a las autoridades competentes.

Un ciberataque no equivale a una manipulación de los resultados

Uno de los aspectos fundamentales de este dispositivo es diferenciar los riesgos tecnológicos de una posible alteración efectiva de los votos.

Un ataque de denegación de servicio, por ejemplo, puede impedir temporalmente el acceso a una página institucional mediante un volumen masivo de solicitudes. Aunque una situación de este tipo dificultaría consultar información electoral, no demostraría por sí misma que se hubieran modificado los resultados.

También podría circular una imagen falsa de una página de resultados o una publicación manipulada que atribuyese a un organismo electoral cifras inexistentes. En ese supuesto, el problema afectaría a la información recibida por los ciudadanos, no necesariamente a la integridad del escrutinio.

En las elecciones españolas, las mesas realizan el recuento manual una vez cerrada la votación y documentan sus resultados en actas. Esas actas electorales permiten contrastar las cifras difundidas provisionalmente con las operaciones electorales formalmente realizadas.

La publicación de resultados durante la noche electoral tiene carácter provisional. El escrutinio general de las elecciones del 29 de noviembre está previsto entre el 4 y el 7 de diciembre y corresponde a las juntas electorales provinciales.

Por eso, la seguridad electoral comprende dos obligaciones diferentes, aunque relacionadas: proteger los procedimientos que determinan los resultados y garantizar que la información difundida sobre ellos sea fiable.

El 29N pondrá a prueba la coordinación de las instituciones

Las elecciones generales del 29 de noviembre se celebrarán con una estructura reforzada de coordinación entre instituciones públicas, organismos especializados en ciberseguridad y actores del entorno digital.

La campaña electoral comenzará el 13 de noviembre y terminará el viernes 27. Las urnas estarán abiertas el domingo 29, con carácter general, entre las 9.00 y las 20.00 horas.

Durante ese periodo, la red activada por Interior deberá facilitar el intercambio de información sobre amenazas y la respuesta institucional ante posibles incidencias. Su función es preventiva y de coordinación; su puesta en marcha no implica que se haya identificado una operación concreta para alterar las elecciones.

La participación de organismos con competencias distintas busca evitar respuestas fragmentadas ante problemas que pueden afectar simultáneamente a la ciberseguridad, la protección de datos y la comunicación pública.

En unas elecciones, garantizar que cada voto se cuente correctamente es una obligación esencial. También lo es que los ciudadanos puedan conocer los resultados sin interferencias, engaños ni manipulaciones.

La seguridad del 29N dependerá tanto de las garantías del escrutinio como de la capacidad de las instituciones para prevenir incidentes, explicar lo ocurrido y responder con transparencia. La red ya está activada. Su eficacia se comprobará durante las próximas semanas y, especialmente, en la jornada electoral.