Sindicatos policiales rechazan el veto de Marlaska al gas lacrimógeno

Los principales sindicatos de la Policía Nacional han rechazado este jueves, 12 de noviembre, la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de prohibir el uso de gas lacrimógeno en las manifestaciones. Las organizaciones policiales consideran que la medida limita los medios de intervención de los agentes y cuestionan que el Gobierno haya anunciado, al mismo tiempo, investigaciones sobre las actuaciones policiales durante la huelga general del 11 de noviembre.

El enfrentamiento ha provocado una reacción conjunta de las principales organizaciones representativas del cuerpo. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), Jupol, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Unión Federal de Policía (UFP) han criticado la decisión de Interior. Jupol y UFP han exigido la dimisión de Marlaska, al considerar que su respuesta a los incidentes de la huelga supone una desautorización de los agentes que participaron en los dispositivos de seguridad.

La polémica llega después de una jornada marcada por las cargas policiales contra manifestantes y piquetes, las denuncias por el uso de gas pimienta y los disturbios registrados en distintas ciudades españolas. La huelga general del miércoles, convocada para reclamar mejoras salariales, soluciones a la crisis de vivienda y servicios públicos de calidad, terminó con más de un centenar de detenidos entre los distintos cuerpos policiales.

Interior pretende esclarecer si las intervenciones respetaron los protocolos y los límites legales del uso de la fuerza. Los sindicatos policiales, por su parte, sostienen que retirar determinados instrumentos sin proporcionar alternativas eficaces puede incrementar el riesgo de lesiones entre los agentes.

El desacuerdo no se limita al empleo de un material antidisturbios. Ha abierto una discusión sobre los límites de la actuación policial, la protección del derecho de manifestación y la responsabilidad de los mandos políticos cuando se producen incidentes durante una protesta.

El SUP y Jupol acusan a Interior de dejar desprotegidos a los agentes

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en la Policía Nacional, considera inadmisible que la primera respuesta del Ministerio del Interior a los incidentes de la huelga sea investigar a los agentes y restringir sus herramientas de intervención.

La organización sostiene que no puede calificarse automáticamente de abuso cualquier utilización de la fuerza. También reclama que el Gobierno explique qué alternativas tendrán los policías cuando deban intervenir ante agresiones, lanzamiento de piedras o artefactos incendiarios.

El SUP ha relacionado su malestar con la muerte de un agente en Oviedo tras la explosión de una mochila bomba, ocurrida días antes. El sindicato considera especialmente doloroso que Interior anuncie restricciones operativas cuando, a su juicio, todavía falta un respaldo público suficientemente contundente hacia los policías.

La respuesta de Jupol ha sido más dura. El sindicato ha exigido la dimisión inmediata de Fernando Grande-Marlaska, al entender que la investigación anunciada coloca injustamente bajo sospecha a los funcionarios que participaron en los dispositivos del 11-N.

Jupol sostiene que los agentes tuvieron que afrontar situaciones de tensión y episodios violentos durante la huelga. Advierte de que retirar determinados medios de intervención podría aumentar las lesiones entre los policías si no se incorporan alternativas adecuadas.

El Sindicato Profesional de Policía (SPP), que representa a miembros de las escalas de subinspección, ejecutiva y superior, comparte el rechazo a la prohibición. Su argumento principal es que los antidisturbios necesitan disponer de instrumentos que les permitan responder a situaciones de riesgo sin recurrir necesariamente a medios de mayor contundencia.

La organización considera que limitar esas herramientas no representa una modernización del modelo policial y puede dejar a los funcionarios expuestos a agresiones.

El SPP recuerda que la utilización de la fuerza está sometida a tres principios fundamentales: congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Según su posición, el problema no debería resolverse suprimiendo instrumentos, sino garantizando su empleo adecuado.

La Unión Federal de Policía (UFP) también ha pedido la salida del ministro. Sus representantes consideran que Marlaska ha optado por señalar públicamente a los agentes en lugar de respaldarlos tras una jornada especialmente conflictiva.

Marlaska ordena investigar las cargas policiales del 11-N

La decisión que ha provocado el rechazo sindical consta de dos actuaciones diferentes.

La primera consiste en ordenar a la Dirección General de la Policía, encabezada por Francisco Pardo Piqueras, la apertura de investigaciones específicas sobre las intervenciones realizadas durante la huelga general del miércoles.

Estos procedimientos se desarrollarán de manera independiente de las inspecciones internas que la Policía Nacional realiza habitualmente para comprobar si sus actuaciones se ajustan a la normativa.

La segunda medida es la instrucción de que no vuelva a utilizarse gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones.

La orden supone una restricción operativa para los dispositivos policiales de protesta, aunque no equivale a una prohibición general de todos los medios antidisturbios ni implica por sí misma que las actuaciones anteriores fueran ilegales.

El objetivo de las investigaciones será determinar qué sucedió durante las intervenciones y si existieron actuaciones contrarias a los protocolos policiales.

La apertura de una investigación tampoco presupone la responsabilidad individual de los funcionarios. Para establecerla será necesario examinar las circunstancias concretas, las órdenes recibidas y la proporcionalidad de cada actuación.

Más de 1.100 incidencias durante la huelga general

Según el balance provisional del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil contabilizaron 1.144 incidencias relacionadas con la huelga general hasta las 23.00 horas del miércoles 11 de noviembre.

Ambos cuerpos practicaron 47 detenciones, distribuidas entre distintas provincias españolas. Madrid registró 20 arrestos y Valencia, seis. También hubo detenciones en Málaga, Almería, Granada, Castellón, Zamora, Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante y A Coruña.

Estas cifras no incluyen las actuaciones de los Mossos d’Esquadra ni de la Ertzaintza, por lo que el balance del conjunto del país supera el centenar de detenidos.

Las protestas estuvieron acompañadas de interrupciones del tráfico, concentraciones ante centros de trabajo y enfrentamientos entre manifestantes y agentes.

En Madrid se denunciaron cargas policiales y el empleo de sustancias irritantes contra participantes en piquetes y manifestaciones. Algunas personas necesitaron asistencia sanitaria por contusiones y afecciones relacionadas con el uso de gas pimienta.

Gas lacrimógeno y gas pimienta: qué implica la prohibición

Una cuestión importante es el alcance exacto de la medida anunciada por Interior.

El término gas lacrimógeno se utiliza habitualmente para referirse a agentes químicos irritantes empleados en dispositivos de control de multitudes. El gas pimienta, por su parte, suele contener oleorresina de capsicum, una sustancia que provoca irritación intensa en ojos, piel y vías respiratorias.

Aunque ambos pueden causar efectos similares, no son necesariamente el mismo producto y pueden administrarse mediante dispositivos distintos.

Durante la huelga del 11-N se documentó el uso de gas pimienta en intervenciones policiales. En algunos casos, fuentes policiales reconocieron que se había utilizado esta herramienta en las cargas desarrolladas en Madrid.

También trascendió que fuentes implicadas en el operativo consideraban impropia la actuación de unos agentes que rociaron con gas pimienta a una persona sin hogar en la Gran Vía madrileña.

La instrucción conocida de Marlaska se refiere al gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones. No se ha aclarado públicamente su aplicación detallada a cada tipo de aerosol o dispositivo químico, una cuestión relevante para determinar qué material podrán seguir empleando las unidades antidisturbios.

Tampoco se ha anunciado una retirada general de defensas, escudos u otros medios de intervención policial.

Los sindicatos de trabajadores denuncian una actuación desproporcionada

Frente al rechazo de las organizaciones policiales, los sindicatos convocantes de la huelga han defendido la necesidad de investigar las cargas del miércoles.

CCOO y UGT denunciaron actuaciones que consideran desproporcionadas contra participantes en los piquetes informativos, especialmente en algunos accesos a centros de trabajo.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, anunció la intención de promover acciones legales por las intervenciones policiales, cuestionando especialmente el empleo de gas pimienta contra trabajadores concentrados.

Las denuncias incluyen incidentes registrados en Mercamadrid y en las cocheras de autobuses de la capital, donde distintas organizaciones comunicaron la existencia de personas heridas.

La investigación tendrá que distinguir entre las actuaciones dirigidas a restablecer la seguridad ante comportamientos violentos y aquellas en las que pudo utilizarse una fuerza innecesaria o excesiva.

La legislación española exige que cualquier intervención policial respete los principios de legalidad y proporcionalidad. La Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, establece que las actuaciones de los poderes públicos deben interpretarse de la forma más favorable al ejercicio de los derechos fundamentales, incluidos los de reunión y manifestación.

Eso no impide intervenir ante agresiones o conductas violentas. Pero tampoco convierte cualquier alteración del orden público en una autorización para emplear indiscriminadamente la fuerza.

La protección de los agentes y los derechos de los manifestantes son obligaciones simultáneas del Estado.

La dimisión de Marlaska abre otro conflicto político

La controversia también ha alcanzado al Gobierno y a los partidos de izquierda, que han criticado las intervenciones policiales durante la huelga general.

Representantes de Frente Amplio y Podemos han reclamado responsabilidades políticas por lo sucedido y han pedido expresamente que Marlaska abandone el Ministerio del Interior.

La presión resulta especialmente significativa porque procede de fuerzas situadas en el espacio político de la izquierda, con diferencias importantes respecto al PSOE sobre la gestión de la seguridad pública.

El Gobierno, por el momento, descarta el cese del ministro. El titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rechazado que el cargo de Marlaska esté en cuestión, aunque ha reconocido que algunas imágenes de las actuaciones policiales no le han gustado.

Marlaska queda así en una posición incómoda. Las organizaciones policiales consideran que ha debilitado la capacidad operativa de los agentes, mientras una parte de la izquierda sostiene que su respuesta resulta insuficiente ante las denuncias de abuso policial.

El enfrentamiento se produce, además, a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre, en un contexto de especial tensión política por la vivienda, los salarios y las protestas sociales.

La investigación marcará el futuro de los dispositivos policiales

El conflicto deja dos decisiones pendientes de especial importancia.

La primera será determinar si las investigaciones sobre las actuaciones del 11 de noviembre detectan irregularidades concretas y, en ese caso, qué responsabilidades corresponden a los agentes o a sus mandos.

La segunda afectará a la aplicación de la prohibición del gas lacrimógeno y a la posible revisión de los protocolos de intervención en manifestaciones.

Los sindicatos policiales reclaman garantías para trabajar en condiciones de seguridad. Las organizaciones convocantes de la huelga exigen que las protestas puedan desarrollarse sin intervenciones desproporcionadas.

Ambas exigencias deben examinarse con los mismos criterios de legalidad.

Por ahora, la orden de Marlaska sigue siendo el centro del enfrentamiento. Los principales sindicatos policiales mantienen su rechazo, dos organizaciones han pedido su dimisión y el Ministerio del Interior ha puesto en marcha una investigación que deberá aclarar las circunstancias de las intervenciones.

El resultado determinará si los incidentes del 11-N provocan únicamente cambios en los medios antidisturbios o si también desembocan en nuevas responsabilidades dentro de la estructura policial.