El TEDH inadmite la demanda del Mar Menor contra España y fija límites

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado inadmisible la demanda presentada por el Mar Menor contra España en un procedimiento relacionado con la contaminación agrícola de la laguna. Estrasburgo considera que el ecosistema murciano no podía ser tratado como víctima de la vulneración denunciada del derecho de acceso a un tribunal y avala, en este caso concreto, la interpretación procesal realizada por la Audiencia Provincial de Murcia.

El rechazo, sin embargo, tiene una segunda lectura bastante menos sencilla. El Mar Menor ha llegado ante el TEDH como entidad dotada de personalidad jurídica, una condición excepcional reconocida por la legislación española. La Corte ha examinado su reclamación y su posición procesal antes de inadmitirla. Es decir: Estrasburgo no ha abierto de par en par la puerta a que los ecosistemas litiguen al amparo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero tampoco ha convertido esa puerta en un muro.

Ese matiz importa. Mucho. Una cosa es que España reconozca a una laguna como sujeto de derechos y otra que esa personalidad jurídica permita automáticamente utilizar todos los mecanismos internacionales concebidos históricamente para proteger a personas, asociaciones o empresas. Ese es precisamente el terreno jurídico nuevo por el que se mueve el caso del Mar Menor, con bastante menos cartografía de la que acostumbran los tribunales.

La resolución nace de una disputa sobre quién podía representar a la laguna en una investigación penal por posibles delitos ambientales. Alianza Mar Menor (AMARME) intentó intervenir en nombre del ecosistema, pero la Audiencia Provincial de Murcia entendió que no reunía las condiciones necesarias para ejercer la acusación particular. El asunto acabó recorriendo el camino hasta Estrasburgo. Y allí se ha detenido, al menos esta vez.

Por qué Estrasburgo ha rechazado la demanda del Mar Menor

El razonamiento del TEDH se mueve fundamentalmente en el terreno procesal. Los jueces europeos señalan que el Mar Menor no había iniciado originalmente el procedimiento penal y que su posterior intervención como acusación particular fue anulada por la Audiencia Provincial de Murcia.

El tribunal europeo considera que la interpretación realizada por los magistrados españoles no resultó manifiestamente irrazonable ni arbitraria. Esa expresión marca el perímetro del fallo: Estrasburgo no estaba juzgando si la contaminación del Mar Menor existe, si su protección ambiental resulta suficiente o si la Ley 19/2022 es una buena solución jurídica. Lo que debía determinar era si se había producido una vulneración del derecho de acceso a la justicia protegido por el Convenio. Su respuesta ha sido negativa.

También fracasa la pretensión de que AMARME pudiera reclamar por sí misma la condición necesaria para acudir al TEDH. La Corte distingue este asunto de determinados litigios climáticos en los que ha reconocido excepcionalmente un papel procesal a asociaciones. El caso murciano se refiere a contaminación ambiental y no, según el tribunal, a un litigio equiparable sobre cambio climático.

Ser persona jurídica no significa ser automáticamente víctima

Ahí aparece la parte más interesante del asunto. En España, el Mar Menor es jurídicamente algo más que agua, fondo marino, fauna y paisaje. Desde 2022, la ley lo reconoce como sujeto de derechos, con derecho a existir y evolucionar naturalmente, ser protegido, conservado y restaurado.

La Ley 19/2022 fue extraordinariamente innovadora: convirtió a la laguna y su cuenca en una persona jurídica y estableció que cualquier persona física o jurídica puede actuar para defender los derechos del ecosistema en los términos previstos por la norma. El Tribunal Constitucional respaldó posteriormente este modelo y definió la ley como un desplazamiento desde el antropocentrismo tradicional hacia un ecocentrismo moderado.

Pero el Convenio Europeo de Derechos Humanos juega con sus propias reglas. Para presentar una demanda ante Estrasburgo no basta con tener personalidad jurídica en un Estado. Es necesario poder sostener que se ha sido víctima de alguno de los derechos protegidos por el Convenio. Y ahí estaba la piedra en el zapato.

El extraño y pionero viaje jurídico de una laguna murciana

El caso no se entiende sin regresar a 2022. Tras años de deterioro ambiental, episodios de eutrofización y una intensa movilización social, España aprobó la ley que convirtió al Mar Menor y su cuenca en un ecosistema dotado de personalidad jurídica mediante una fórmula excepcional en Europa.

La legislación reconoce expresamente derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración, pero también algo jurídicamente más llamativo: el derecho del ecosistema a existir y evolucionar naturalmente. El salto conceptual es enorme. El paisaje deja de aparecer ante el derecho únicamente como algo que pertenece, aprovecha o perjudica al ser humano. Pasa a tener intereses jurídicamente propios.

El Tribunal Constitucional avaló íntegramente ese esquema en su sentencia 142/2024. Después llegó el desarrollo práctico. El Real Decreto 90/2025 reguló la denominada Tutoría del Mar Menor, integrada por un Comité de Representantes, una Comisión de Seguimiento y un Comité Científico, y confirmó la plena capacidad de obrar de la laguna para el cumplimiento de sus fines. Incluso prevé representación legal, gestión económica y número de identificación fiscal. Una laguna con NIF: hace una década habría parecido una broma de juristas después de comer; ahora forma parte del ordenamiento.

El problema estaba en cuándo y quién podía representarlo

La controversia llevada a Estrasburgo procede de una etapa anterior a la consolidación de esa arquitectura institucional. En el procedimiento penal investigado en Cartagena, varias organizaciones ambientales quisieron intervenir en representación del Mar Menor, pero la Audiencia Provincial entendió que AMARME no podía actuar como acusación particular en aquellas circunstancias y tuvo en cuenta que todavía no estaba constituido el órgano encargado de representar formalmente al ecosistema.

Ese dato ayuda a entender por qué la decisión de Estrasburgo no debería interpretarse como una sentencia general contra la personalidad jurídica del Mar Menor. El tribunal estudia una controversia procesal muy concreta, nacida además durante una fase todavía incipiente de aplicación de una ley completamente novedosa.

Desde entonces, el escenario español ha cambiado. La normativa de 2025 desarrolló los órganos de representación y gobernanza y atribuyó a la Tutoría la representación legal de la laguna ante personas, autoridades y entidades públicas o privadas. El andamiaje jurídico que faltaba entonces está mucho más desarrollado.

Lo que cambia y lo que no tras la decisión del TEDH

La consecuencia inmediata es clara: España no ha sido condenada por vulnerar el derecho de acceso a un tribunal en este procedimiento y la demanda queda fuera del examen de fondo del TEDH. La inadmisión fue acordada por unanimidad.

Tampoco puede afirmarse que Estrasburgo haya reconocido un derecho general de los ecosistemas europeos a acudir ante el TEDH. Sería ir bastante más lejos de lo que dice la decisión. La Corte ha examinado la peculiar condición jurídica del Mar Menor dentro de un caso concreto, pero finalmente considera que no reúne la condición de víctima exigida para esta reclamación.

Al mismo tiempo, la resolución no anula ni debilita la personalidad jurídica que el Mar Menor posee en España. Esa condición procede de la Ley 19/2022, cuya constitucionalidad fue confirmada por el Tribunal Constitucional. Los derechos de protección, conservación, restauración y existencia del ecosistema siguen formando parte del ordenamiento español.

Y probablemente ahí está la consecuencia jurídica más interesante. El debate deja de ser puramente teórico. Durante décadas, hablar de derechos de la naturaleza sonaba en Europa a doctrina experimental, a experiencias lejanas con ríos o bosques convertidos en sujetos jurídicos. El Mar Menor ha llevado esa discusión desde los libros de derecho ambiental hasta uno de los principales tribunales internacionales de derechos humanos del continente.

Un revés procesal que no borra el experimento jurídico

El Mar Menor pierde esta batalla en Estrasburgo. Eso está fuera de discusión. El TEDH considera inadmisible su demanda y no aprecia que la actuación de los tribunales españoles haya vulnerado, en este procedimiento, el derecho de acceso a la justicia.

Pero el episodio deja algo detrás. La laguna murciana ya no comparece exclusivamente ante los tribunales como un espacio contaminado cuyo daño afecta a propietarios, vecinos o administraciones. Comparece jurídicamente con nombre propio, porque el derecho español decidió convertirla en sujeto y no limitarse a tratarla como objeto de protección.

La diferencia parece semántica hasta que llega un pleito. Entonces deja de serlo.

Estrasburgo ha puesto un límite concreto: tener personalidad jurídica ecológica no equivale, por sí solo, a ser víctima a efectos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El experimento iniciado en España en 2022 sigue intacto, pero acaba de encontrarse con una de las grandes fronteras del derecho europeo. Y precisamente por eso el caso del Mar Menor será observado mucho más allá de Murcia.