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Argentina vuelve a limitar la venta de tierras rurales a extranjeros
El Senado argentino restituye la Ley de Tierras de 2011, que limita al 15 % la propiedad rural extranjera y revierte parte del decreto de Milei.
Foto: Cámara de Diputados de la Nación Argentina / Wikimedia Commons (dominio público).
Resumen
- El Congreso argentino recupera la Ley de Tierras de 2011
- La propiedad rural extranjera queda limitada al 15 % de la superficie
- La medida revierte una de las primeras reformas de Javier Milei
El Congreso de Argentina ha restituido los límites a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras, revocando una de las medidas de liberalización económica impulsadas por Javier Milei al comienzo de su mandato. El Senado aprobó este jueves, 19 de noviembre, la recuperación de la normativa con 42 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención.
La decisión restablece la Ley de Tierras Rurales de 2011, que fija un máximo del 15 % de propiedad extranjera sobre el suelo rural argentino, limita la extensión de las explotaciones que puede adquirir un mismo titular y protege determinados terrenos por su importancia estratégica y medioambiental.
La medida forma parte de la nueva Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que también modifica los procedimientos de desalojo y las condiciones bajo las cuales el Estado puede realizar expropiaciones.
Argentina recupera el límite del 15 % de propiedad extranjera
La Ley 26.737, aprobada en diciembre de 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, establece que la propiedad extranjera no puede superar el 15 % de la superficie rural del país. Este porcentaje también se aplica en los ámbitos provincial y municipal.
Los ciudadanos y las empresas de una misma nacionalidad tampoco pueden concentrar más del 30 % de ese cupo. Es decir, el equivalente al 4,5 % de la superficie rural sometida al límite general.
La legislación no prohíbe la inversión extranjera en el campo argentino. Establece mecanismos para evitar una concentración excesiva de la propiedad del territorio en manos de capitales procedentes de otros países.
Un máximo de 1.000 hectáreas por propietario
Otro de los puntos fundamentales es la limitación a 1.000 hectáreas por titular extranjero en la denominada zona núcleo, que comprende algunas de las tierras agrícolas más productivas de Argentina.
En otras regiones, la superficie permitida se determina mediante equivalencias que tienen en cuenta la calidad del terreno, su capacidad productiva y su ubicación geográfica.
La normativa también afecta a determinadas sociedades constituidas en Argentina pero controladas por capital extranjero.
Protección de los recursos naturales y las fronteras
La ley establece restricciones específicas sobre terrenos que contienen grandes masas de agua permanentes o se encuentran junto a ellas, así como sobre inmuebles situados en zonas de seguridad fronteriza.
La protección de los recursos hídricos y territoriales ha sido precisamente uno de los principales argumentos de quienes se oponían a la derogación de la normativa.
Existen, no obstante, excepciones para determinados ciudadanos extranjeros con residencia permanente y arraigo familiar en Argentina. La legislación también contempla el respeto a los derechos adquiridos.
Milei da marcha atrás en una de sus primeras reformas
La eliminación de los límites a la adquisición de tierras rurales figuraba en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, aprobado por Javier Milei en diciembre de 2023, apenas unas semanas después de llegar a la presidencia.
El decreto modificó decenas de leyes con el propósito de desregular la economía argentina, eliminar restricciones administrativas y facilitar la llegada de inversiones.
Sin embargo, la apertura del mercado de tierras provocó una considerable resistencia política y social. Organizaciones medioambientales, comunidades indígenas y sectores de la oposición cuestionaron las consecuencias que podía tener sobre el control de recursos estratégicos.
El Gobierno terminó modificando su estrategia parlamentaria ante el riesgo de que la oposición reuniera los apoyos necesarios para rechazar la totalidad del decreto 70/2023.
La Cámara de Diputados incorporó en octubre la restitución de la Ley de Tierras al proyecto sobre propiedad privada. El Senado argentino ha ratificado finalmente esa modificación.
Una batalla que también llegó a la Corte Suprema
La derogación de la ley desencadenó varios procedimientos judiciales que mantuvieron durante meses la incertidumbre sobre las condiciones de adquisición de terrenos rurales.
El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema argentina revocó por motivos procesales una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación.
Pocos días después, el 9 de octubre, el máximo tribunal suspendió provisionalmente los efectos del artículo 154 del decreto presidencial mediante una medida cautelar, recuperando así las restricciones mientras continuaba el procedimiento judicial.
La decisión del Congreso ofrece una solución legislativa a una controversia que hasta el momento dependía, en buena medida, de los tribunales.
La reforma también endurece las condiciones para expropiar
La recuperación de los límites a la propiedad extranjera no es la única novedad de la legislación aprobada.
La reforma introduce mayores exigencias para justificar las expropiaciones de bienes privados, modifica el cálculo de las indemnizaciones y agiliza los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente o afectados por impagos de alquiler.
También contempla mecanismos de protección temporal para determinadas personas en situación de vulnerabilidad.
Se trata, por tanto, de una reforma que conserva buena parte de los objetivos originales del Ejecutivo en materia de propiedad privada, pero abandona su propósito de liberalizar completamente la compra de tierras rurales.
La soberanía territorial marca los límites de la liberalización
El resultado parlamentario refleja las dificultades del Gobierno de Milei para trasladar su programa de desregulación económica a ámbitos especialmente sensibles para la sociedad argentina.
Según los datos oficiales actualizados en agosto de 2025, ninguna provincia argentina superaba el límite del 15 % de propiedad rural extranjera, aunque la distribución de estas tierras presenta diferencias territoriales.
Argentina mantiene abierta la puerta a la inversión internacional, pero recupera la capacidad de limitar la concentración extranjera de su suelo agrícola y sus recursos naturales. Una rectificación significativa dentro del programa económico libertario.
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