Las protestas en España y Francia: vivienda, educación y salarios

España y Francia atraviesan una nueva oleada de movilizaciones sociales, pero las causas, la intensidad y la respuesta de sus gobiernos son diferentes. Mientras las protestas españolas se concentran principalmente en la crisis de la vivienda, el precio de los alquileres y la pérdida de poder adquisitivo, las francesas comenzaron con una revuelta estudiantil contra el deterioro de la educación pública y han evolucionado hacia un movimiento mucho más amplio contra el Gobierno de Emmanuel Macron.

La diferencia más visible está en la dimensión del conflicto. Francia ha registrado manifestaciones multitudinarias, enfrentamientos con la policía y centenares de miles de participantes en jornadas de protesta contra el Ejecutivo. En España, las movilizaciones por la vivienda se han extendido por decenas de ciudades y han desembocado en una huelga general convocada para el 11 de noviembre. Ambos países comparten un profundo malestar económico, aunque sus ciudadanos lo expresan de manera distinta y sus instituciones afrontan presiones políticas diferentes.

El contraste es especialmente significativo en octubre de 2026. Francia intenta contener una crisis social que reúne a estudiantes, trabajadores, sindicatos y movimientos ciudadanos. España, por su parte, afronta unas elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre mientras crece la indignación por las dificultades para acceder a una vivienda. Dos democracias europeas, problemas relacionados y una misma sensación de fondo: trabajar o estudiar no garantiza necesariamente unas condiciones de vida aceptables.

La vivienda concentra el malestar social en España

El origen de las actuales protestas españolas está estrechamente relacionado con el encarecimiento de los alquileres, los desahucios y las dificultades de los jóvenes para independizarse. La vivienda ha dejado de ser únicamente un problema económico para convertirse en uno de los principales conflictos sociales y políticos del país.

Durante el primer fin de semana de octubre se convocaron manifestaciones en unas 50 localidades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao. Las protestas reclamaban medidas contra la especulación inmobiliaria, una reducción del precio de los alquileres y una mayor protección para los inquilinos.

Las movilizaciones cobraron especial fuerza después del rechazo parlamentario a dos decretos sobre vivienda. La acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid se convirtió en uno de los símbolos del movimiento, que ha logrado reunir a organizaciones vecinales, sindicatos de inquilinos y centrales sindicales.

La protesta también ha abierto un conflicto político. El Gobierno de Pedro Sánchez ha respaldado buena parte de las reivindicaciones del movimiento, aunque los manifestantes también le responsabilizan de la falta de soluciones. Desde la oposición, especialmente desde el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, se cuestionan algunas movilizaciones y se acusa al Gobierno central de utilizarlas políticamente.

Hay una contradicción difícil de ignorar: quienes reclaman soluciones no consideran suficiente el respaldo político si las medidas no llegan. Y el problema de la vivienda no desaparece porque se convoquen elecciones.

Francia convierte una protesta estudiantil en una crisis nacional

En Francia, la movilización comenzó en septiembre con las protestas de estudiantes de secundaria contra la escasez de profesores, la saturación de las aulas y el deterioro de las instalaciones educativas.

Las organizaciones estudiantiles también reclaman cambios en Parcoursup, el sistema francés de acceso a la enseñanza superior. Lo que comenzó como una reivindicación educativa terminó incorporando otras demandas relacionadas con los salarios, los servicios públicos, las pensiones y el coste de la vida.

El salto fue considerable. El 24 de octubre, 410.000 personas se manifestaron en Francia, según el Ministerio del Interior. La Confederación General del Trabajo (CGT) elevó la participación a cerca de 800.000 personas. La diferencia entre ambos recuentos es importante, aunque no cambia el alcance nacional de la convocatoria.

Las protestas reúnen a estudiantes, profesores, trabajadores, sindicatos y miembros del movimiento de los chalecos amarillos, que surgió en 2018 contra el incremento de los impuestos sobre los carburantes y acabó convirtiéndose en una contestación más amplia a las políticas de Macron.

La capacidad para reunir reivindicaciones diferentes explica parte de la fuerza de las movilizaciones francesas. La educación fue el detonante, pero el descontento ha terminado apuntando al conjunto de la política económica y social del Gobierno.

Esta evolución tiene precedentes. Francia vivió protestas multitudinarias contra la reforma de las pensiones en 2023 y cuenta con una larga tradición de huelgas nacionales que afectan al transporte, la enseñanza y otros servicios esenciales.

Sin embargo, sería equivocado atribuir toda esa capacidad de movilización a una supuesta inclinación francesa al conflicto. La estructura sindical, la relación histórica entre los movimientos sociales y el poder político y la concentración de responsabilidades en el Ejecutivo ayudan a entender el fenómeno.

Los disturbios de Barcelona muestran que las protestas también se contagian

La diferencia entre ambos países tampoco puede reducirse a que Francia vive manifestaciones violentas mientras España protesta pacíficamente. Los acontecimientos del 24 de octubre en Barcelona demuestran que la realidad es bastante más compleja.

Una concentración juvenil convocada a través de las redes sociales, especialmente TikTok, terminó en graves disturbios en el centro de Barcelona. Según el balance policial del 25 de octubre, hubo 128 detenidos, de ellos 72 menores de edad, y 23 establecimientos comerciales resultaron vandalizados. También se registraron incendios, daños materiales y quince agentes heridos.

Los Mossos d’Esquadra investigan quién impulsó la convocatoria, difundida por una plataforma anónima denominada Blocus, que llamaba a reproducir en España las movilizaciones estudiantiles francesas.

Este episodio introduce una diferencia respecto a las manifestaciones por la vivienda. Mientras estas últimas cuentan con organizaciones identificables, reivindicaciones concretas y convocatorias públicas, la concentración barcelonesa surgió de una estructura anónima en internet cuya organización sigue bajo investigación.

La influencia de Francia resulta relevante. Algunas convocatorias juveniles españolas han incorporado referencias a los movimientos estudiantiles del país vecino, aunque compartir consignas o métodos de difusión no significa que exista una dirección conjunta.

Tampoco puede confundirse a los participantes de una manifestación con quienes cometen delitos durante ella. En Francia, centenares de miles de personas han ejercido pacíficamente su derecho de protesta, aunque determinadas jornadas acabaran con saqueos y enfrentamientos. Lo mismo exige distinguir en España entre movilización social, desórdenes públicos y responsabilidad penal individual.

Sindicatos, policía y leyes: otras diferencias importantes

La respuesta policial constituye uno de los contrastes más visibles de octubre. Francia desplegó unos 70.000 policías y gendarmes durante las manifestaciones del 24 de octubre para evitar que se repitieran los graves disturbios del sábado anterior.

Las autoridades francesas recurrieron a amplios dispositivos de seguridad, restricciones de determinadas concentraciones y medidas antidisturbios. El balance comunicado tras las protestas del 24 de octubre incluyó 1.314 detenidos en el conjunto del país.

España también ha utilizado unidades antidisturbios para afrontar episodios violentos, como los de Barcelona. Sin embargo, no existe una comparación rigurosa de ambos países basada únicamente en esos despliegues: las circunstancias, el número de participantes y la extensión territorial de cada convocatoria son diferentes.

En el caso francés, las restricciones a las manifestaciones y el uso de determinados medios policiales han provocado controversias sobre la proporcionalidad de la actuación del Estado. Es un debate habitual en sociedades democráticas: garantizar la seguridad sin convertir el ejercicio del derecho de manifestación en un problema de orden público por sí mismo.

Dos huelgas generales con reivindicaciones diferentes

Las organizaciones sindicales desempeñan un papel decisivo en los dos países, aunque la secuencia de los acontecimientos no ha sido idéntica.

En España, CCOO, UGT y otras organizaciones han convocado una huelga general de 24 horas para el 11 de noviembre. El paro pretende vincular la crisis de la vivienda con los salarios, el encarecimiento de la vida y las condiciones laborales. La convocatoria quedó formalizada el 19 de octubre.

En Francia, una plataforma sindical integrada por organizaciones como CFDT, CGT, FO, Unsa y FSU mantiene una jornada de huelgas y manifestaciones para el 5 de noviembre. También están anunciadas movilizaciones ciudadanas para el 31 de octubre.

La diferencia principal no está en que los franceses utilicen las huelgas y los españoles las manifestaciones. Ambos recurren a las dos herramientas. Lo que cambia es el origen de las convocatorias, su organización y la rapidez con la que distintas reivindicaciones terminan confluyendo.

En Francia, el malestar estudiantil se ha unido a protestas laborales que tenían sus propias demandas. En España ha sucedido algo parcialmente inverso: un movimiento nacido alrededor de la vivienda ha conseguido movilizar a sindicatos del ámbito laboral.

Las normas para manifestarse también cambian

En España, el derecho de reunión está reconocido por el artículo 21 de la Constitución. Las manifestaciones en espacios públicos no necesitan autorización previa, aunque los organizadores deben comunicarlas a la autoridad competente.

La Ley Orgánica 9/1983 establece un plazo general de entre 10 y 30 días naturales de antelación. En circunstancias extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia, la comunicación puede presentarse con un mínimo de 24 horas.

En Francia también existe un régimen de declaración previa. Con carácter general, las manifestaciones en la vía pública deben comunicarse con una antelación mínima de tres días completos y máxima de quince.

En ambos países, las autoridades pueden restringir o prohibir una convocatoria cuando concurran motivos legales relacionados con la seguridad y el orden público. Estas decisiones están sujetas a control judicial.

Hay otra diferencia institucional importante. En España, las comunidades autónomas tienen competencias fundamentales en vivienda y urbanismo, compartiendo responsabilidades con el Estado y los ayuntamientos.

En Francia, aunque también existe un reparto de competencias territoriales, la política educativa depende de manera significativa del Estado, especialmente en la contratación y remuneración del profesorado. Por eso, muchas reivindicaciones estudiantiles encuentran un interlocutor directo en el Gobierno nacional.

Noviembre pondrá a prueba a los gobiernos de España y Francia

Las movilizaciones llegan a un momento especialmente delicado para ambos países. Francia afronta problemas presupuestarios y una creciente contestación al Gobierno de Macron. España se prepara para las elecciones generales del 29 de noviembre, con la vivienda convertida en uno de los asuntos centrales del debate político.

En el caso francés, el Gobierno ha iniciado conversaciones con representantes estudiantiles y ha anunciado medidas para mejorar la cobertura de las ausencias del profesorado. Sin embargo, las organizaciones convocantes consideran insuficientes las respuestas y mantienen las próximas movilizaciones.

En España, la huelga del 11 de noviembre permitirá comprobar hasta qué punto el malestar por la vivienda puede trasladarse a una paralización laboral de alcance nacional. Su celebración, además, está prevista apenas 18 días antes de las elecciones generales.

Las próximas semanas servirán para medir no solo la capacidad de convocatoria de los movimientos, sino también la posibilidad de que obtengan compromisos verificables y cambios legislativos o presupuestarios.

España y Francia comparten problemas de poder adquisitivo, expectativas juveniles y confianza en las instituciones, pero sus protestas no son idénticas. En España, la vivienda concentra buena parte de la movilización social y se ha convertido en una cuestión electoral decisiva. En Francia, la crisis educativa ha terminado desencadenando una contestación más amplia al Ejecutivo y a sus políticas.

Lo que suceda después dependerá menos de las cifras de asistencia que de las decisiones adoptadas. Una manifestación puede reunir a miles de personas, una huelga puede interrumpir servicios y unos disturbios pueden ocupar las portadas. Ninguna de esas circunstancias garantiza, por sí sola, una solución.

El verdadero resultado de esta oleada de protestas se medirá en algo bastante más concreto: viviendas accesibles, servicios públicos que funcionen y salarios suficientes para vivir.