Funcionarios interinos: décadas en el puesto sin superar una oposición

En España hay funcionarios interinos que llevan 20, 30 e incluso más años trabajando en las administraciones públicas sin haber obtenido una plaza definitiva mediante una oposición. Desempeñan funciones ordinarias, cubren necesidades permanentes y, en muchos casos, trabajan junto a funcionarios de carrera que sí consiguieron superar un proceso selectivo. Una situación que se ha prolongado durante décadas y que sigue planteando un conflicto entre los derechos de los trabajadores, las obligaciones de las administraciones y la igualdad de acceso al empleo público.

La legislación española permite contratar o nombrar personal temporal para atender necesidades justificadas, pero la antigüedad no convierte automáticamente a un interino en funcionario de carrera. Las sentencias del Tribunal Supremo dictadas en mayo y junio de 2026 han reforzado esta distinción en el ámbito del personal laboral público. Al mismo tiempo, la justicia europea exige a España mecanismos eficaces para sancionar el abuso de la temporalidad. El resultado es un problema que continúa abierto: empleados que llevan buena parte de su vida profesional en puestos supuestamente provisionales y administraciones que no siempre han cumplido su obligación de cubrirlos definitivamente.

El debate va más allá de determinar quién ha aprobado una oposición. También afecta a quienes llevan años preparando pruebas de acceso, a los trabajadores temporales que han superado procesos selectivos sin conseguir plaza y a los ciudadanos que tienen derecho a competir por un puesto público en condiciones de igualdad.

Hay una paradoja difícil de ignorar. La Administración exige estabilidad, planificación y cumplimiento de las normas a sus empleados, pero durante años ha mantenido situaciones laborales que difícilmente pueden calificarse de provisionales.

Por qué se puede trabajar 20 años sin ser funcionario de carrera

Para entender esta situación conviene distinguir dos figuras que suelen confundirse: el funcionario de carrera y el funcionario interino.

El funcionario de carrera ha adquirido esa condición mediante un procedimiento legal de acceso al empleo público y disfruta de una relación de servicio permanente. El interino, en cambio, es nombrado por razones justificadas de necesidad y urgencia para desempeñar temporalmente funciones propias de funcionarios de carrera.

Su incorporación también debe respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Por eso es incorrecto afirmar que todos los interinos han entrado en la Administración sin superar ningún procedimiento de selección. Algunos acceden mediante bolsas de empleo, concursos de méritos o pruebas específicas. Otros han aprobado ejercicios de una oposición, aunque no obtuvieran una plaza definitiva.

La diferencia es importante: superar una selección para trabajar temporalmente no equivale necesariamente a superar el procedimiento exigido para adquirir la condición de funcionario de carrera.

El problema aparece cuando una necesidad que debía ser provisional se prolonga durante años. Una plaza queda vacante, se nombra a un interino y la convocatoria para cubrirla definitivamente se retrasa. A veces, mucho.

Durante la crisis económica iniciada en 2008, las restricciones presupuestarias y las limitaciones a la reposición de efectivos contribuyeron a que numerosas administraciones recurrieran durante largos periodos al empleo temporal. La situación terminó convirtiéndose en un problema estructural, especialmente visible en ámbitos como la enseñanza, la sanidad, la Administración de Justicia y determinadas entidades locales.

El Instituto Nacional de Estadística contabilizó 3.646.900 ocupados en el sector público durante el segundo trimestre de 2026. Una parte importante mantiene relaciones laborales o administrativas temporales, aunque conviene precisar que no todos esos trabajadores son funcionarios interinos: también existen empleados laborales temporales y personal estatutario.

Qué dice la ley sobre los interinos que llevan décadas trabajando

El Estatuto Básico del Empleado Público establece que el nombramiento de funcionarios interinos responde a circunstancias concretas y debe tener carácter temporal.

Desde la reforma introducida por la Ley 20/2021, la ocupación interina de una plaza vacante tiene, con carácter general, un límite máximo de tres años. Transcurrido ese periodo, debe finalizar el nombramiento en los términos previstos legalmente.

Existen excepciones. Por ejemplo, cuando la convocatoria para cubrir la plaza se haya publicado dentro de ese plazo y esté pendiente de resolución conforme a los límites legales. También hay regímenes específicos para sustituciones, programas temporales y acumulaciones de tareas.

Estas reglas no significan que todos los interinos que superen tres años en la Administración deban cesar automáticamente ni que todos los nombramientos anteriores a la reforma estén sometidos exactamente al mismo régimen. La fecha de incorporación, la causa del nombramiento y las disposiciones transitorias son determinantes.

Lo que sí resulta evidente es que mantener durante décadas una necesidad permanente mediante nombramientos temporales contradice la finalidad de una figura concebida para resolver situaciones provisionales.

El concurso de méritos que permitió obtener una plaza sin oposición

La Ley 20/2021 intentó reducir la temporalidad mediante procesos extraordinarios de estabilización. Su objetivo era situar por debajo del 8 % la temporalidad en las plazas estructurales de las administraciones públicas.

La norma incluyó una vía excepcional especialmente relevante: el concurso de méritos sin examen de oposición para determinadas plazas que habían estado ocupadas temporalmente de forma ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016.

Este procedimiento permitió acceder a plazas estables mediante la valoración de méritos conforme a las bases de cada convocatoria, sin necesidad de realizar los exámenes habituales de una oposición. Pero no suponía una conversión automática de todos los interinos en funcionarios de carrera.

Los procesos debían respetar las condiciones legales de acceso y permitir la participación de quienes reunieran los requisitos establecidos. La experiencia acumulada podía tener un peso considerable, aunque la antigüedad por sí sola no garantizaba conseguir la plaza.

La excepcionalidad de estos concursos explica buena parte de la controversia: para algunos trabajadores representaban una oportunidad de corregir años de temporalidad; para otros aspirantes, suponían competir en procedimientos donde la experiencia previa podía resultar decisiva.

El Supremo marca límites a la fijeza de los empleados públicos temporales

El conflicto judicial experimentó un cambio importante en 2026.

El 14 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció sobre el asunto Obadal, relacionado con la utilización abusiva de contratos temporales sucesivos en el sector público español.

La justicia europea consideró que las medidas examinadas en España, entre ellas determinadas indemnizaciones, los procesos de estabilización y la figura del trabajador indefinido no fijo, no resultaban suficientes para sancionar adecuadamente los abusos y eliminar sus consecuencias.

El Tribunal Supremo respondió con una sentencia de su Sala de lo Social del 11 de mayo de 2026. El fallo rechazó que una contratación temporal abusiva permitiera reconocer automáticamente la condición de trabajador fijo a quien no hubiera superado un proceso selectivo de acceso al empleo público permanente conforme a los principios constitucionales.

Sin embargo, reconoció la fijeza a una trabajadora del Ayuntamiento de Madrid que había superado una prueba de acceso a empleo laboral fijo, aunque no consiguió plaza por quedar otros aspirantes mejor clasificados. Después había encadenado contratos temporales durante años.

El caso resulta especialmente ilustrativo. La trabajadora obtuvo 21,56 puntos en una oposición cuya puntuación mínima era de 20, pero no logró una de las plazas convocadas. El Tribunal consideró que, dadas las circunstancias y el posterior abuso de temporalidad, podía reconocerse su relación laboral fija.

Una segunda sentencia, del 30 de junio de 2026, volvió a rechazar la fijeza automática de una trabajadora que no había superado un procedimiento selectivo de acceso a empleo fijo, pero reconoció su derecho a reclamar una reparación por los perjuicios derivados del abuso.

Existe, no obstante, una precisión fundamental: estas resoluciones corresponden a la jurisdicción social y se refieren al personal laboral de las administraciones. No suponen que todos los funcionarios interinos puedan convertirse en fijos por haber aprobado alguna prueba ni que las consecuencias jurídicas sean idénticas para ambas categorías.

Para los funcionarios interinos, las controversias sobre nombramientos, ceses y reconocimiento de derechos se dirimen, con carácter general, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Indemnizaciones por abuso de temporalidad: quién puede reclamarlas

Uno de los aspectos más relevantes del conflicto es la compensación económica de quienes han permanecido durante años en una situación temporal irregular.

La Ley 20/2021 contempla, en determinadas circunstancias, una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.

Este mecanismo se aplica a supuestos legalmente definidos, como el cese de determinados empleados temporales por no superar un proceso de estabilización o el incumplimiento de los límites temporales en el régimen al que resulte aplicable la reforma.

No significa que cualquier persona con tres, diez o veinte años de interinidad tenga derecho automáticamente a cobrar esa cantidad. Deben examinarse las condiciones concretas y la normativa aplicable.

La jurisprudencia de 2026 añade otra cuestión en el ámbito laboral: la posibilidad de reclamar una indemnización por los daños efectivamente sufridos debido al abuso de temporalidad. Esta reparación puede ser distinta de la compensación que corresponda por la extinción de la relación laboral.

El Supremo también ha contemplado la reparación de daños morales, incluso cuando la persona afectada haya conseguido posteriormente una plaza fija, siempre atendiendo a las circunstancias del caso.

Eso no establece una cantidad idéntica para todos los trabajadores ni garantiza que cualquier reclamación vaya a prosperar. La naturaleza del vínculo, la existencia de abuso, los perjuicios y la vía judicial utilizada son elementos decisivos.

El debate sobre las indemnizaciones deja una cuestión incómoda para las administraciones: si una institución ha mantenido durante años una relación temporal irregular, no puede trasladar sin más todas las consecuencias al trabajador que ocupaba la plaza.

Un problema que sigue abierto pese a los procesos de estabilización

La controversia no ha desaparecido con las reformas legales ni con las sentencias dictadas este año.

El pasado 15 de octubre, 25 asociaciones, sindicatos y plataformas de empleados públicos suscribieron un manifiesto para reclamar nuevas soluciones frente a la temporalidad prolongada.

Las organizaciones cuestionaron que las medidas de estabilización hayan resuelto todas las situaciones de abuso y defendieron que se reconozca la experiencia acumulada de quienes llevan años desempeñando funciones permanentes.

Su planteamiento parte de una contradicción: las administraciones consideran a estos trabajadores suficientemente capacitados para prestar servicios durante décadas, pero esa experiencia no siempre les garantiza una situación estable.

Las asociaciones también rechazan que la falta de una oposición de acceso a la condición de funcionario de carrera sirva para descartar cualquier alternativa de estabilización.

La posición contraria tiene igualmente un fundamento jurídico relevante. Los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución protegen el acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad y de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

Quienes aspiran a una plaza pública también tienen derechos. No sería razonable que la Administración pudiera incumplir durante años sus obligaciones de convocatoria y que ese incumplimiento terminara eliminando las oportunidades de acceso de otros ciudadanos.

De ahí que proteger a los trabajadores frente al abuso y garantizar la igualdad en el acceso al empleo público sean dos exigencias que deben cumplirse conjuntamente.

El verdadero problema está en las plazas que nunca dejan de ser temporales

La existencia de interinos que llevan décadas trabajando sin haber obtenido una plaza definitiva revela una deficiencia de planificación y gestión del empleo público que afecta a distintas administraciones.

No todos los casos son iguales. Hay profesionales que han aprobado oposiciones sin conseguir plaza, otros que accedieron mediante procedimientos específicos de selección temporal y trabajadores cuyas circunstancias han cambiado con las sucesivas reformas legales.

Tampoco todos los nombramientos prolongados constituyen automáticamente un abuso. Para determinarlo es necesario examinar su causa, duración, renovaciones y justificación.

Lo que resulta difícil de defender es que una plaza necesaria durante veinte años siga tratándose administrativamente como si respondiera a una necesidad pasajera.

La responsabilidad de convocar, cubrir y gestionar adecuadamente las plazas corresponde a las administraciones públicas. Son ellas las que deben evitar que una situación excepcional se convierta en la forma habitual de mantener servicios permanentes.

España afronta así un conflicto que no se resolverá únicamente enfrentando a interinos y opositores. Unos reclaman protección frente a años de precariedad; otros exigen que se respeten sus oportunidades de acceder a la función pública.

Ambas posiciones tienen derechos que deben protegerse.

Mientras tanto, las reformas y las sentencias siguen intentando corregir una situación que se ha prolongado durante demasiados años. La temporalidad puede estar justificada para atender una necesidad transitoria. Cuando dura décadas, la explicación ya no puede quedarse en que la plaza es provisional.