La sanidad de Madrid: 3,84 millones de contratos a dedo en 9 años

La sanidad pública de la Comunidad de Madrid adjudicó 3,84 millones de contratos menores entre 2016 y 2024, por un importe acumulado de 7.761 millones de euros. Son una media de 427.442 adjudicaciones anuales, realizadas mediante un procedimiento que permite contratar directamente con proveedores sin convocar un concurso público. Un análisis de los registros de contratación divulgado el 25 de octubre revela, además, miles de operaciones con importes prácticamente idénticos al límite legal de 15.000 euros.

La investigación, elaborada a partir de los datos de contratación recopilados por la organización Audita Sanidad, identifica 4.461 contratos adjudicados por 14.999,99 euros y otros 46.820 por 14.999 euros. Las cifras plantean dudas sobre la utilización sistemática de una fórmula concebida para contrataciones de pequeña cuantía. No significa que cada adjudicación sea ilegal, pero los casos documentados de compras repetidas a los mismos proveedores y con objetos similares apuntan a posibles fraccionamientos prohibidos por la legislación.

El fenómeno alcanza a buena parte de la red sanitaria madrileña. Los datos incluyen a los hospitales públicos y otros servicios sanitarios, como el Summa 112 y la Gerencia de Atención Primaria. El Hospital Clínico San Carlos encabeza la clasificación por número de contratos menores, con 496.544 adjudicaciones durante los nueve años examinados. El Hospital Gregorio Marañón, por su parte, concentra el mayor volumen económico, con más de 1.117 millones de euros adjudicados a través de este mecanismo.

El análisis no se limita a contar expedientes. También recoge advertencias de los órganos de control sobre compras que debieron tramitarse mediante procedimientos ordinarios y operaciones divididas en varios contratos de importe reducido. El problema tiene consecuencias importantes: cuando se evita la concurrencia de empresas, la Administración dispone de menos oportunidades para comparar ofertas y acreditar que está obteniendo las mejores condiciones para el dinero público.

Qué dice la ley sobre los contratos menores en la sanidad pública

La Ley de Contratos del Sector Público permite adjudicar directamente determinados contratos cuando su importe no alcanza los 15.000 euros, sin IVA, en el caso de suministros y servicios, o los 40.000 euros si se trata de obras. Estos límites están vigentes desde marzo de 2018; anteriormente eran de 18.000 y 50.000 euros, respectivamente.

El procedimiento existe por una razón práctica. Un hospital necesita adquirir medicamentos, reparar equipos o disponer de materiales que, en ocasiones, no pueden esperar los plazos de una licitación ordinaria. Para compras puntuales de pequeña cuantía, la contratación menor ofrece una solución más rápida.

Pero esa flexibilidad tiene condiciones. El artículo 118 de la ley exige justificar la necesidad del contrato y acreditar que no se ha modificado artificialmente su objeto para evitar los procedimientos de adjudicación correspondientes. También obliga, con las excepciones previstas, a publicar información sobre estas operaciones.

La prohibición fundamental aparece en el artículo 99.2: no se puede dividir artificialmente un contrato para reducir su importe y eludir las obligaciones de publicidad y competencia.

Así, comprar material sanitario mediante varios contratos pequeños no resulta necesariamente irregular. Lo decisivo es determinar si esas operaciones responden a necesidades realmente independientes o si forman parte de una adquisición que debería haberse planificado y licitado conjuntamente.

Miles de contratos adjudicados por 14.999,99 euros

Una de las circunstancias más llamativas de la investigación es la concentración de adjudicaciones alrededor de los 15.000 euros. En los nueve ejercicios examinados aparecen 63.111 contratos por importes superiores a 14.990 euros, una acumulación que merece especial atención cuando existen suministros repetidos.

El Gregorio Marañón contabiliza 1.079 adjudicaciones de 14.999,99 euros. Le siguen el Puerta de Hierro, con 831, y el Hospital del Henares, con 736. En el caso de los contratos de 14.999 euros, el Gregorio Marañón concentra aproximadamente el 36% de los 46.820 registrados.

La coincidencia con el límite legal no demuestra por sí sola una infracción. Un contrato puede tener legítimamente un precio muy próximo al máximo permitido. La sospecha aparece cuando se repiten proveedores, productos, fechas e importes, especialmente si las compras responden a necesidades previsibles.

Un ejemplo documentado corresponde al Hospital Gregorio Marañón. El 9 de febrero de 2022 adjudicó a Fisher & Paykel Healthcare trece contratos de 14.999,99 euros cada uno, destinados a distintos materiales sanitarios. El análisis identifica otras adjudicaciones por el mismo importe a esa empresa en fechas inmediatamente posteriores.

También recoge contrataciones con Medtronic, proveedor de dispositivos médicos. El 27 de enero de 2022, el mismo hospital formalizó doce contratos de 14.999,99 euros relacionados con suministros como marcapasos, electrodos, desfibriladores e implantes.

Medicamentos y mantenimiento contratados por partes

El problema no se limita a la coincidencia de precios. En algunos expedientes, la repetición de una necesidad durante meses o años plantea dudas sobre la utilización de contratos menores para compras recurrentes que deberían estar previstas en la planificación ordinaria.

El Ramón y Cajal adjudicó durante 2024 numerosos contratos a Takeda Farmacéutica España. Entre ellos figuran 29 operaciones relacionadas con el suministro de maribavir, un medicamento antiinfeccioso, con importes individuales mayoritariamente de 10.560 euros y diferentes denominaciones contractuales. La suma superó los 300.000 euros.

Otro caso aparece en el Hospital Universitario de Móstoles, que adjudicó a Olympus Iberia 24 contratos de 14.999,99 euros para servicios de mantenimiento de equipos de endoscopia entre 2020 y 2024.

La cuestión es bastante sencilla: si un hospital necesita el mismo servicio todos los años, debe valorar su contratación mediante procedimientos que permitan competir a distintas empresas. La necesidad recurrente exige planificación, no una sucesión indefinida de encargos pequeños.

El Clínico San Carlos, el Ramón y Cajal y el Infanta Leonor

El volumen de contratos menores no está distribuido de manera uniforme entre los centros sanitarios. Tras el Clínico San Carlos, el Ramón y Cajal acumula 400.679 adjudicaciones entre 2016 y 2024, mientras que el Gregorio Marañón registra 391.692.

Los tres hospitales representan aproximadamente un tercio de los contratos examinados. Su tamaño y actividad ayudan a explicar una demanda elevada de suministros, aunque no justifican automáticamente el uso de procedimientos directos para compras recurrentes.

El Hospital Infanta Leonor, situado en Vallecas, presenta una evolución especialmente significativa. En 2016 adjudicó 42.439 contratos menores, pese a contar con una capacidad asistencial muy inferior a la de otros grandes hospitales madrileños.

En 2024, su número de contratos menores había descendido hasta 6.427. Sin embargo, el importe comprometido mediante este mecanismo alcanzó los 63,97 millones de euros.

Las advertencias de la Intervención General sobre este centro venían de años anteriores. Según los informes de control financiero, se detectaron contrataciones realizadas al margen de los procedimientos establecidos por importes de 17,99 millones de euros entre octubre de 2018 y marzo de 2019 y de 22,26 millones durante el semestre previo.

Entre las prácticas señaladas figura la división de suministros por características como el tamaño o el grosor de determinados productos sanitarios. Una compra de suturas, catéteres o tornillería puede convertirse así en numerosos expedientes diferenciados, aunque la separación debe tener una justificación contractual real.

La Intervención también reprochó al Hospital Puerta de Hierro el fraccionamiento de contratos por 43,27 millones de euros en 2019, equivalente al 61,1% del valor de su contratación menor durante aquel ejercicio.

Madrid adjudica menos contratos menores, pero gasta más dinero

Las cifras muestran una evolución aparentemente contradictoria. La sanidad pública madrileña redujo considerablemente el número de adjudicaciones menores entre 2016 y 2024, pero aumentó el dinero destinado a ellas.

En 2016 se registraron 485.119 contratos menores, frente a los 335.027 de 2024. Es una reducción aproximada del 31%. Durante el mismo periodo, el importe anual creció desde los 698,94 millones hasta los 1.027,76 millones de euros, un incremento cercano al 47%.

Se firman menos contratos, pero su valor conjunto es mayor. Esto no permite concluir que cada compra se haya encarecido injustificadamente: pueden haber cambiado las necesidades, los productos adquiridos o los precios. Sí revela que la contratación menor sigue movilizando cantidades muy elevadas de dinero público.

El periodo examinado comprende distintas legislaturas autonómicas, incluidas etapas anteriores a la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019. El fenómeno, por tanto, no empieza con su Gobierno, aunque las adjudicaciones de los últimos años forman parte de su gestión sanitaria.

Conviene distinguir también entre el importe total adjudicado y el perjuicio económico. Los 7.761 millones de euros no constituyen una cifra acreditada de fraude ni de dinero desaparecido. Representan el volumen de contratación menor registrado. Determinar qué parte pudo tramitarse irregularmente y si produjo sobrecostes exigiría examinar los correspondientes expedientes y sus condiciones económicas.

La Consejería de Sanidad defiende las mejoras en la contratación

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sostiene que está reduciendo la dependencia de los contratos menores mediante una mejor planificación y la agrupación de compras.

El departamento autonómico se refiere a un proceso de mejora continua y destaca la puesta en marcha de la Agencia de Contratación Sanitaria, cuya actividad comenzó en 2024 para centralizar adquisiciones dentro del Servicio Madrileño de Salud.

La centralización permite agrupar determinadas necesidades de diferentes hospitales, negociar suministros conjuntamente y evitar la repetición innecesaria de procedimientos. Es también una vía para reforzar el control del gasto y facilitar la participación de proveedores.

La Comunidad de Madrid asegura que el Infanta Leonor ha reducido un 87,5% su volumen de contratación menor y que los suministros licitados representan el 70,2% de sus necesidades. También destaca una reducción próxima al 80% de la contratación menor en el Ramón y Cajal.

Son avances relevantes, aunque la Consejería no ha detallado el porcentaje total de contratos gestionados a través de la nueva agencia. Tampoco ha ofrecido una explicación pormenorizada de las adjudicaciones repetidas identificadas en los registros examinados.

Existe, por otra parte, un debate sobre las particularidades de las compras hospitalarias. Los gestores sanitarios subrayan que determinados medicamentos y materiales deben estar disponibles con rapidez. La catedrática de Derecho Administrativo Silvia Díez Sastre y el especialista en contratación pública José Manuel Martínez Fernández han señalado, desde distintas perspectivas, la importancia de contar con medios suficientes y utilizar alternativas como los acuerdos marco, las licitaciones por lotes y los sistemas de contratación competitivos.

El argumento de la urgencia puede resultar razonable ante una necesidad imprevista. Es bastante más difícil sostenerlo cuando se trata de adquirir cada año los mismos productos.

El desafío de controlar miles de millones en compras sanitarias

La investigación sobre la contratación menor madrileña deja dos realidades que deben analizarse conjuntamente. La primera es que la administración sanitaria necesita capacidad para comprar con rapidez y garantizar que los hospitales funcionan. La segunda es que esa necesidad no puede convertir la adjudicación directa en un procedimiento habitual para suministros previsibles.

Los informes de la Intervención General demuestran que las advertencias sobre el fraccionamiento contractual no son nuevas. Su reiteración plantea un problema de control administrativo que va más allá del número de expedientes.

La puesta en marcha de la Agencia de Contratación Sanitaria ofrece una oportunidad para corregir esas prácticas, pero su eficacia tendrá que medirse con resultados comprobables: menos compras recurrentes adjudicadas directamente, mayor competencia entre proveedores y procedimientos suficientemente transparentes.

La cuestión de fondo no es si un hospital puede comprar material sanitario por 14.999,99 euros. La ley lo permite cuando se cumplen las condiciones correspondientes. Lo que necesita una explicación es por qué tantas adquisiciones se sitúan al borde del límite legal y por qué determinadas necesidades se contratan una y otra vez mediante el mismo procedimiento excepcional.

En una sanidad pública que gestiona miles de millones de euros, garantizar la atención a los pacientes y asegurar una contratación sometida a controles rigurosos no son objetivos contrapuestos. Deberían ser inseparables.