La jueza ve la protesta de Blocus como excusa para saquear Barcelona

La jueza que investiga a varios de los detenidos por los disturbios del pasado sábado 24 de octubre en Barcelona considera que la protesta convocada por la plataforma anónima Blocus estaba «vacía de contenido» y que su verdadero propósito era saquear los comercios del centro de la ciudad. La magistrada sostiene que la violencia registrada sobrepasó los límites del derecho de manifestación y justifica así la prohibición de participar en nuevas concentraciones impuesta a varios investigados.

La valoración aparece en un auto judicial conocido este martes 27 de octubre, después de que los altercados dejaran 130 detenidos y 23 establecimientos saqueados. La jueza atribuye a dos de los arrestados actos de violencia contra agentes de los Mossos d’Esquadra y aprecia indicios de un delito de desórdenes públicos. Su resolución no constituye una condena, pero sí establece las razones por las que considera necesario adoptar medidas cautelares.

La protesta, difundida mediante redes sociales con aparentes reivindicaciones educativas, terminó convirtiendo varias calles del centro de Barcelona en escenario de enfrentamientos con la policía, barricadas, destrozos y robos. Lo que comenzó como una convocatoria inspirada en movilizaciones estudiantiles francesas ha desembocado en una investigación policial y judicial cuya principal incógnita sigue siendo quién organizó realmente el llamamiento.

La preocupación de las autoridades tampoco se limita a lo sucedido durante el fin de semana. Blocus ha difundido nuevas convocatorias, incluida una concentración prevista para el sábado 31 de octubre en la plaza de Catalunya, circunstancia que la magistrada tiene en cuenta al valorar el riesgo de repetición de los incidentes.

La jueza considera que los disturbios superaron el derecho de protesta

La resolución judicial describe una actuación violenta incompatible con el ejercicio pacífico del derecho de manifestación. En concreto, la magistrada atribuye a dos investigados el lanzamiento de piedras, adoquines y otros objetos contra agentes antidisturbios que intervenían para contener los incidentes y evitar nuevos saqueos.

A juicio de la jueza, esas conductas «superan la lícita protesta ciudadana» y reúnen los elementos necesarios para investigar un posible delito de desórdenes públicos. La valoración resulta relevante porque distingue entre participar en una concentración, incluso conflictiva, y cometer actos violentos que puedan tener consecuencias penales.

El auto también cuestiona la finalidad de aquella movilización. La magistrada interpreta que las reivindicaciones utilizadas para convocarla sirvieron de cobertura a una actuación cuyo objetivo real era el saqueo de establecimientos comerciales.

No se trata, sin embargo, de una declaración judicial que determine la responsabilidad penal de todos los asistentes. La investigación debe individualizar las conductas y establecer qué hizo cada persona, qué pruebas existen contra ella y si los hechos constituyen efectivamente un delito.

Esa distinción es fundamental. Una protesta puede derivar en violencia sin que todos sus participantes sean responsables de ella. En este caso, la jueza considera que existen indicios suficientes respecto de determinados detenidos para imponerles restricciones mientras avanza el procedimiento.

Qué ocurrió en Barcelona durante la protesta de Blocus

Los incidentes se produjeron el sábado 24 de octubre, después de una convocatoria difundida principalmente mediante TikTok y grupos de mensajería. El llamamiento había adquirido notoriedad entre jóvenes y adolescentes, con mensajes que reclamaban mejores condiciones educativas y animaban a reproducir las movilizaciones estudiantiles de Francia.

La concentración acabó derivando en saqueos de 23 comercios, daños en el mobiliario urbano, barricadas y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra. Entre los establecimientos afectados había negocios de ropa y tecnología.

La policía catalana practicó 130 detenciones, correspondientes a 54 mayores de edad y 76 menores. La elevada presencia de adolescentes entre los arrestados constituye uno de los aspectos más delicados de una investigación en la que intervienen tanto la jurisdicción penal ordinaria como la justicia de menores.

Los altercados dejaron también agentes heridos y daños materiales. El Ayuntamiento de Barcelona cifró en unos 36.000 euros los desperfectos ocasionados al mobiliario urbano, una cantidad que no representa necesariamente el coste total de los daños sufridos por los comercios.

La magnitud de los incidentes llevó a los Mossos a abrir una investigación específica para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades de quienes participaron en los saqueos o atacaron a los agentes.

Qué es Blocus y por qué se investiga a sus organizadores

Blocus es una plataforma anónima que difundió la convocatoria de Barcelona mediante redes sociales. Sus mensajes se inspiraban en el movimiento francés Lycées indignés, vinculado a protestas estudiantiles por la calidad de la enseñanza.

La convocatoria incluía reivindicaciones como la mejora de las instalaciones educativas, el aumento de recursos y la disponibilidad de profesorado suficiente. Pero también circulaban indicaciones para acudir vestidos de negro, con el rostro cubierto y con material pirotécnico.

Ese contraste entre las demandas educativas y las instrucciones difundidas en determinados canales forma parte del contexto que examinan los investigadores. No es un detalle menor: una cosa es reclamar mejoras en los institutos y otra preparar una concentración con mensajes que incluyen posibles actuaciones violentas.

Los Mossos todavía tratan de establecer quién está detrás de Blocus, cómo se organizaron las convocatorias y qué responsabilidad pudieron tener sus promotores en los incidentes. La existencia de mensajes violentos no permite atribuir automáticamente una conducta delictiva a todos los participantes.

Los canales de Telegram y las nuevas convocatorias

La investigación se extiende a TikTok, Telegram y otras aplicaciones utilizadas para difundir mensajes y organizar concentraciones. Los investigadores intentan reconstruir cómo circularon los llamamientos y qué relación existía entre los diferentes grupos.

Los Mossos han recurrido a los mecanismos estatales de retirada de contenidos ilícitos para solicitar el cierre de determinados canales de Telegram vinculados a Blocus por su presunta incitación a la violencia. Uno de esos canales ha sido cancelado, aunque han aparecido otros grupos con denominaciones similares.

La policía también ha reforzado la vigilancia ante las réplicas de la convocatoria original. Desde el domingo se han registrado nuevos llamamientos en distintas localidades catalanas, aunque algunos no llegaron a reunir participantes.

Estas actuaciones han permitido identificar a otras 230 personas, según la información policial. Conviene distinguir las identificaciones preventivas de las detenciones: no implican, por sí mismas, que los afectados hayan cometido un delito.

Por qué la justicia ha prohibido acudir a manifestaciones a varios detenidos

La decisión judicial más llamativa afecta al ejercicio del derecho de reunión. La magistrada considera necesario impedir que determinados investigados participen en nuevas concentraciones mientras se tramitan sus causas, ante el riesgo de que vuelvan a intervenir en incidentes similares.

De los 54 adultos detenidos, 51 pasaron a disposición judicial el lunes. Quedaron en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas, según cada caso, comparecencias judiciales o restricciones para asistir a manifestaciones.

En el caso de dos investigados, la jueza apreció que disponían de arraigo familiar y social, lo que reducía el riesgo de fuga. Por ese motivo, no consideró imprescindible imponerles la obligación de acudir periódicamente al juzgado, pero sí mantuvo la prohibición de participar en protestas.

La medida tiene un alcance concreto: no supone una prohibición general de manifestarse en Barcelona, sino una restricción individual acordada respecto de personas sometidas a investigación judicial.

La magistrada entiende que esta limitación resulta proporcionada para proteger la seguridad ciudadana y evitar nuevos delitos. También advierte de que su incumplimiento podría provocar una revisión de las medidas cautelares y la imposición de otras más restrictivas, incluida eventualmente la prisión provisional.

La situación de los menores se examina mediante un procedimiento diferente. La Fiscalía solicitó el internamiento cautelar de seis adolescentes y medidas de libertad vigilada para otros investigados. Hasta el lunes se habían acordado tres internamientos en régimen cerrado, mientras continuaba la valoración judicial de los demás expedientes.

Estas decisiones son provisionales y no equivalen a una sentencia condenatoria. La responsabilidad de cada investigado tendrá que establecerse mediante las pruebas reunidas durante el procedimiento.

La nueva protesta del 31 de octubre mantiene en alerta a Barcelona

La siguiente fecha señalada es el sábado 31 de octubre. Blocus ha difundido una nueva convocatoria en la plaza de Catalunya, el mismo entorno donde comenzaron los acontecimientos que terminaron con los saqueos del fin de semana anterior.

Los Mossos mantienen el seguimiento de las redes sociales y los grupos de mensajería para anticipar posibles incidentes. La policía ya ha intervenido preventivamente ante convocatorias similares en Granollers, Girona y otros puntos de Cataluña.

La Generalitat también ha acordado que sus servicios jurídicos representen a los agentes heridos durante los disturbios y ejerzan la acusación popular en aquellos procedimientos donde resulte legalmente posible.

El reto inmediato consiste en evitar nuevos episodios de violencia sin restringir indiscriminadamente el derecho a manifestarse. La investigación debe aclarar quién promovió los incidentes, qué relación existía entre los convocantes y quienes participaron en los saqueos y cuáles fueron las responsabilidades individuales.

Por el momento, la resolución de la jueza fija una posición contundente sobre lo ocurrido el 24 de octubre: considera que la violencia y el saqueo desbordaron cualquier reivindicación legítima. Lo que todavía queda por determinar judicialmente es quiénes participaron en esos hechos, cómo se organizaron y hasta dónde llega la responsabilidad de quienes difundieron la convocatoria.