Detenido en Picanya el presunto fundador de Blocus por los disturbios

La Guardia Civil ha detenido este viernes en Picanya, Valencia, al joven al que considera presunto fundador y principal impulsor de Blocus en España, el movimiento que las fuerzas de seguridad relacionan con convocatorias difundidas por redes sociales para organizar saqueos y disturbios bajo la apariencia de protestas estudiantiles. El arrestado tiene 25 años y es español de origen pakistaní.

La investigación lo vincula con la creación y administración de grupos de Telegram utilizados para coordinar acciones y con los graves incidentes registrados en Barcelona el 24 de octubre. La detención llega, además, apenas un día antes de las nuevas convocatorias anunciadas para este sábado 31 de octubre en distintas ciudades españolas. La Guardia Civil investiga posibles delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal.

Sobre su vida personal hay, por ahora, bastante menos información que sobre su actividad digital. No se ha hecho pública su identidad y no consta de forma contrastada a qué se dedica, qué estudios tiene ni cuál es su formación. Tampoco debe confundirse con el menor de 17 años arrestado esta semana como creador de los canales de Blocus Vlc. Son detenidos distintos dentro de investigaciones relacionadas.

Cómo consiguió la Guardia Civil identificar al detenido

El supuesto anonimato de Blocus tenía un problema bastante elemental: buena parte de su actividad dejaba un rastro digital. Los investigadores siguieron fuentes abiertas y canales de mensajería, conectando distintos grupos de Telegram con el mismo investigado incluso cuando los canales originales desaparecían y eran sustituidos por otros.

La Guardia Civil sostiene que desde uno de sus perfiles se difundió un vídeo en el que aparecía un encapuchado presentándose como líder de Blocus. El propio investigado también se identificaba en las redes como responsable del movimiento en España, según el instituto armado. Detrás de cuentas efímeras, máscaras y chats privados había suficientes conexiones para avanzar desde los mensajes hasta una persona concreta.

Los agentes lograron identificar al presunto principal promotor en cuestión de días. Parte del trabajo consistió precisamente en observar cómo los grupos eran cerrados, reaparecían con otros nombres y trasladaban las comunicaciones hacia espacios más restringidos. Las medidas para borrar mensajes y mover conversaciones a canales privados tampoco impidieron reconstruir parte de la red.

No se ha detallado públicamente qué evidencias técnicas concretas condujeron hasta Picanya ni qué dispositivos o cuentas han podido ser intervenidos. Esa parte pertenece ya a la investigación policial y, previsiblemente, a la futura instrucción judicial.

Qué quería hacer Blocus y cómo captaba a los jóvenes

Blocus no se comportaba como un partido, una asociación o una organización tradicional con sede, dirigentes conocidos y un programa político. Surgió como una marca utilizada en redes sociales, inspirada en protestas juveniles y bloqueos de institutos registrados previamente en Francia.

Tampoco hay elementos suficientes para atribuir al detenido una ideología concreta o un proyecto político coherente. Lo que sí atribuyen los investigadores a los canales relacionados con el movimiento es algo mucho más tangible: movilizar a jóvenes y utilizar determinadas reivindicaciones como cobertura para cometer saqueos y actos vandálicos.

De TikTok a Telegram y los grupos privados

El sistema de captación comenzaba en espacios públicos. Se difundían vídeos en TikTok y carteles, algunos generados mediante inteligencia artificial, que incluían códigos QR o invitaciones para acceder a grupos de WhatsApp y Telegram. Una vez allí, los participantes podían ser trasladados a canales más cerrados.

Los responsables de esas convocatorias pedían incluso que los enlaces circulasen por grupos de clase y otros espacios escolares. De esa forma alcanzaban fácilmente a adolescentes, algo especialmente relevante porque una parte considerable de los implicados en los disturbios de Barcelona eran menores.

Las instrucciones resultan particularmente significativas. Se recomendaba presentarse con mochilas, material escolar o pancartas para dar apariencia de movilización estudiantil, pero al mismo tiempo acudir vestidos de negro y con máscaras que dificultaran la identificación.

Para la convocatoria del 31 de octubre, los investigadores sostienen que estaba previsto reunir primero a los participantes en un lugar determinado y comunicar posteriormente, mediante chats privados, qué comercios tenían menos presencia policial. Aparecían como posibles objetivos joyerías, establecimientos de lujo y grandes almacenes.

En algunas conversaciones, determinados participantes llegaron a plantear incendiar comercios e incluso el Ayuntamiento de Barcelona. Eso no significa que todas esas propuestas procedieran directamente del detenido de Picanya ni que llegaran a convertirse en órdenes: establecer quién escribió cada mensaje y qué responsabilidad tenía cada administrador será una de las cuestiones que deberá aclarar la investigación.

La conexión con Barcelona y la convocatoria del 31 de octubre

La investigación de la Guardia Civil parte de los incidentes ocurridos el 24 de octubre en Barcelona, donde alrededor de 500 personas participaron en una movilización que terminó con saqueos, incendios, destrozos y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra.

Blocus había difundido la convocatoria mediante perfiles anónimos y grupos de mensajería. Los disturbios dejaron más de un centenar de detenidos, numerosos menores entre ellos, comercios vandalizados y agentes heridos. La policía comenzó entonces a reconstruir quién había creado las cuentas, quién administraba los chats y cómo habían pasado las consignas desde las redes hasta la calle.

La Guardia Civil relaciona al detenido de Picanya con esa estructura digital y lo considera presunto principal impulsor de Blocus en España. La formulación importa: se trata de la hipótesis policial en una investigación abierta. Habrá que acreditar qué decisiones tomó personalmente, qué grupos administraba y hasta dónde llegaba su capacidad real para ordenar o coordinar los altercados.

Porque una cosa es promocionar una convocatoria, otra administrar un chat y otra jurídicamente muy distinta responder por todos los delitos cometidos después por quienes acudieron. Esa cadena de responsabilidades tendrá que probarse de forma individual.

Varias detenciones alrededor de Blocus

El arresto de Picanya no está aislado. Las fuerzas de seguridad han acelerado durante los últimos días las operaciones contra distintos canales que utilizan la denominación Blocus en varias ciudades españolas.

En València, la Policía Nacional había detenido previamente a un menor de 17 años acusado de crear los canales Blocus Vlc, que llegaron a reunir a centenares de usuarios. Según la investigación, daba instrucciones sobre fechas, horarios y posibles saqueos. La Fiscalía de Menores acordó su internamiento cautelar en un centro.

Este viernes también fue arrestado en Alfafar un joven de 18 años acusado de participar en esos canales y de alentar el uso de cócteles molotov para generar caos y facilitar los saqueos. También se han practicado detenciones vinculadas a canales de Blocus en otros puntos de España.

La sucesión de arrestos permite entender mejor qué investiga la policía. No se trata únicamente de detener a quienes pudieron participar físicamente en los disturbios, sino de reconstruir la estructura situada detrás de las cuentas, administradores y canales utilizados para movilizar a los participantes.

Qué le puede pasar al presunto fundador de Blocus

La Guardia Civil sitúa inicialmente los hechos en el ámbito de los desórdenes públicos agravados y la organización criminal, aunque será el juez quien determine la calificación jurídica definitiva a medida que conozca las pruebas reunidas durante la investigación.

El Código Penal castiga con especial severidad determinados desórdenes cometidos por una multitud cuando su organización y finalidad sean adecuadas para afectar gravemente al orden público. Las penas pueden llegar a situarse entre tres y cinco años de prisión en los supuestos agravados previstos por la ley, dependiendo de las circunstancias acreditadas.

La posible existencia de una organización criminal abre otro frente. Para quien promueva, constituya, organice, coordine o dirija una estructura de este tipo, el Código Penal contempla penas de prisión superiores cuando el objetivo sea cometer delitos, con diferencias en función de su gravedad y de la posición ocupada dentro de la organización.

Eso no significa que esas penas vayan a imponerse automáticamente ni que puedan sumarse sin más. Dependerá de cómo se califiquen los hechos, de la relación entre los distintos delitos y, sobre todo, de qué actuaciones concretas puedan atribuirse al detenido mediante pruebas individualizadas.

También podrían aparecer responsabilidades por daños, incendios, robos u otros delitos si la investigación consigue establecer una relación penalmente relevante entre determinadas órdenes o actos de coordinación y los hechos cometidos sobre el terreno. Por el momento, rige la presunción de inocencia.

Tras la detención deberá pasar a disposición judicial dentro de los plazos legales. El juez podrá dejarlo en libertad, imponer medidas cautelares o acordar prisión provisional si concurren los requisitos previstos por la ley. La decisión dependerá, entre otros factores, del riesgo de fuga, de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas.

La investigación entra ahora en su fase decisiva

La detención de Picanya cambia una de las principales incógnitas abiertas desde los disturbios de Barcelona. Blocus había crecido con rapidez precisamente porque parecía funcionar detrás de una sucesión de cuentas desechables, canales privados y administradores anónimos. La Guardia Civil sostiene haber localizado a su principal impulsor en España.

Queda la parte decisiva: determinar hasta dónde llegaba realmente su autoridad, qué comunicaciones gestionó personalmente, cuál fue su intervención en Barcelona y qué relación mantenía con los administradores locales que preparaban nuevas convocatorias. La investigación tendrá que separar la actividad del conjunto de la responsabilidad penal de cada detenido.

Los investigadores ya han conseguido pasar de los códigos QR, vídeos y perfiles anónimos a varias detenciones. Convertir ese rastro digital en responsabilidades penales individualizadas será a partir de este momento el trabajo de policías, fiscales y jueces.