Un nuevo partido vasco contra la inmigración se presentará en 2027

Un nuevo proyecto político vasco, todavía sin nombre público, prepara su desembarco electoral con una combinación poco habitual en el panorama de Euskadi: se define como abertzale y progresista, defiende el derecho de autodeterminación y posiciones económicas de izquierdas, pero sitúa en el centro de su programa un endurecimiento de la política migratoria. Sus promotores anuncian que concurrirán a las elecciones municipales y territoriales de 2027 en Euskadi y Navarra.

La formación tiene previsto celebrar su asamblea fundacional el 9 de enero de 2027, cuando deberá elegir su primera dirección y aprobar los estatutos y el programa definitivo. Antes pretende completar los trámites legales ante el Ministerio del Interior. Hasta entonces, nombre, imagen de marca y dirigentes permanecen sin anunciar públicamente. Lo que sí circula ya es un programa provisional de doce puntos que permite situar con bastante precisión el espacio político que intenta ocupar.

Un proyecto aún sin nombre que se presentará en enero

Los impulsores de la nueva sigla aseguran que quieren construir una alternativa soberanista de izquierdas capaz de abordar la inmigración desde posiciones mucho más restrictivas que las habituales entre los partidos progresistas vascos.

Ahí reside, precisamente, la novedad política. No pretende presentarse como una organización conservadora ni renuncia al discurso social de la izquierda. Al contrario: mezcla críticas al capitalismo, defensa de salarios más altos, intervención pública en vivienda y oposición a la OTAN con una lectura muy crítica de la inmigración de las últimas décadas.

Sus promotores rechazan expresamente que su proyecto pueda equipararse a formaciones de extrema derecha y sostienen que pretenden evitar que el malestar relacionado con la inmigración quede monopolizado electoralmente por ese espacio. Será una de las contradicciones —o combinaciones, según se mire— que tendrá que explicar cuando salga definitivamente a escena.

La intención anunciada es concurrir en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra y presentar también candidaturas municipales. La dimensión real del proyecto, sin embargo, todavía no puede medirse: no se conocen sus dirigentes, estructura territorial, militancia ni capacidad para completar listas.

La inmigración, eje central de su oferta política

El programa provisional acusa al actual sistema migratorio de responder a un modelo económico neoliberal que utiliza la llegada de trabajadores extranjeros para ampliar la oferta de mano de obra y presionar a la baja los salarios.

La formación sostiene que ese mecanismo perjudica tanto a trabajadores vascos como a los propios inmigrantes. También relaciona el aumento de población con una mayor competencia por la vivienda y el empleo y defiende que Euskadi no dispone de puestos de trabajo ni casas suficientes para asumir una llegada ilimitada de personas.

El documento utiliza una formulación particularmente contundente: “No caben toda África ni Latinoamérica en Euskal Herria”. La frase resume el tono con el que el partido quiere diferenciarse de buena parte de la izquierda vasca actual.

El argumento no consiste, al menos en su formulación inicial, en reclamar simplemente el cierre de fronteras. Sus promotores hablan de una inmigración “ordenada” y presentan a muchos trabajadores extranjeros como víctimas de un sistema que los incorpora como mano de obra barata. La línea divisoria está en la cantidad, las condiciones de llegada y el acceso al empleo y a las prestaciones públicas.

Del empleo y la vivienda a la delincuencia

El borrador entra en un terreno especialmente sensible cuando vincula la falta de empleo entre determinados jóvenes inmigrantes con robos, hurtos, agresiones y otros delitos. También plantea acelerar las resoluciones judiciales relacionadas con personas reincidentes para que puedan abandonar Euskal Herria cuando jurídicamente sea posible.

Aquí conviene separar con cuidado el programa político de los datos objetivos. Una formación puede defender una relación entre inmigración, exclusión y delincuencia; convertir esa relación en una conclusión general exige bastante más.

Las estadísticas de seguridad de Euskadi muestran que en 2025 se registraron 143.406 infracciones penales, un 2% más que un año antes. Buena parte del incremento de la tasa de criminalidad procedió de la ciberdelincuencia: los delitos informáticos alcanzaron los 28.271 casos. Las infracciones presenciales fueron 115.135, apenas 913 más que en 2024.

La Ertzaintza ofrece también estadísticas de detenciones e investigaciones según el lugar de nacimiento, pero esos datos, por sí solos, no demuestran que la inmigración sea la causa de una determinada evolución delictiva. Factores como edad, sexo, precariedad económica, concentración urbana o reincidencia alteran de forma sustancial cualquier comparación. La aritmética política suele correr más que la estadística.

Soberanismo, izquierda económica y un giro restrictivo

Reducir el nuevo partido a su posición sobre la inmigración tampoco permitiría entender bien qué está intentando construir. Su programa contiene una marcada agenda soberanista y económica.

Defiende el derecho de autodeterminación de Euskal Herria, la salida de la OTAN y la oficialidad internacional de las selecciones deportivas vascas. En política exterior reclama el final de la guerra de Ucrania y también el levantamiento de las sanciones contra Rusia.

En economía plantea un salario mínimo anual de 21.000 euros, medidas de apoyo a la natalidad y políticas públicas de vivienda para las que cita como referencia el modelo de Viena. También incluye ayudas para baserritarras y arrantzales y una defensa de la igualdad económica entre hombres y mujeres, aunque cuestiona las denominadas políticas identitarias por considerar que pueden fragmentar la cohesión social.

Su propuesta migratoria internacional resulta igualmente peculiar. En lugar de favorecer la llegada permanente de trabajadores, plantea programas de formación para jóvenes de países menos desarrollados, mediante becas universitarias y profesionales, con la idea de que regresen posteriormente a sus lugares de origen con una cualificación útil.

La mezcla ideológica es evidente: nacionalismo vasco, intervencionismo económico y restricciones migratorias. Queda por comprobar si esa combinación encuentra un electorado propio o si termina compitiendo por votantes que actualmente se reparten entre opciones muy diferentes.

Qué dicen los datos sobre inmigración en Euskadi

La aparición del partido coincide con un crecimiento sostenido de la población procedente del extranjero, aunque Euskadi continúa por debajo de la media española en varios indicadores.

Los últimos datos estructurales disponibles sitúan en 226.367 las personas con nacionalidad extranjera residentes en Euskadi a 1 de enero de 2025, equivalentes al 10,2% de la población. Un año antes representaban el 9,9%.

La cifra cambia si se utiliza el lugar de nacimiento en vez de la nacionalidad. En ese caso había 310.959 residentes nacidos fuera de España, el 14% de la población vasca. Más de 101.000 de esas personas tenían ya nacionalidad española.

Álava presentaba la proporción más elevada de población nacida en el extranjero, con un 16%, frente al 13,8% de Gipuzkoa y el 13,6% de Bizkaia.

Hay también una diferencia demográfica relevante. La edad media de la población extranjera era de 34,1 años, mientras que entre las personas de nacionalidad española alcanzaba los 47,5. En una sociedad envejecida como la vasca, ese dato introduce una dificultad añadida al debate: la inmigración afecta a vivienda, servicios y mercado laboral, sí, pero también aumenta la población disponible en edades de trabajar.

El nuevo partido intenta llevar esa discusión a otro terreno. Su tesis es que la necesidad de trabajadores no debería utilizarse para justificar un flujo migratorio permanente y que determinados sectores empresariales se benefician de disponer de más mano de obra mientras una parte de la sociedad soporta los costes en vivienda, salarios o servicios públicos.

Un partido que también promete recortar la política profesional

El programa provisional incorpora otro ingrediente habitual en las formaciones que quieren presentarse como ruptura: la reducción del llamado “gasto político”.

Propone disminuir cargos de confianza y asesores, combatir las puertas giratorias y limitar los salarios de sus representantes. Como regla general, plantea que sus cargos públicos no cobren más que el salario medio, aunque contempla excepciones para puestos de elevada responsabilidad.

La cuota prevista para los afiliados es de 15 euros al año. La organización asegura también que quiere reforzar los criterios objetivos de calidad y precio en las adjudicaciones públicas y reducir el margen para favorecer a empresas próximas a los partidos.

Son propuestas capaces de generar titulares, aunque la prueba llegará después: traducir un principio genérico contra el enchufismo y las puertas giratorias en reglas concretas suele ser bastante más complicado que escribirlo en doce puntos.

La prueba llegará en las urnas de 2027

El proyecto nace cuando el sistema político vasco ya mantiene una competencia intensa entre EH Bildu y PNV, acompañados por PSE-EE, PP y fuerzas de ámbito estatal. Entrar en ese mapa sin estructura, candidatos conocidos ni una marca consolidada será complicado.

Su apuesta consiste en detectar un espacio que considera desatendido: votantes soberanistas o de izquierdas partidarios de políticas económicas intervencionistas pero que, al mismo tiempo, desean mayores restricciones a la inmigración. Si ese electorado existe en una dimensión suficiente para obtener representación es algo que todavía no puede afirmarse.

De momento, el partido es más un programa y una fecha que una organización política reconocible. El 9 de enero de 2027 deberá revelar su nombre, dirección y estructura definitiva. Después vendrá la parte bastante menos teórica: reunir candidaturas, convencer a votantes y comprobar si una izquierda abertzale abiertamente restrictiva con la inmigración tiene realmente espacio en las urnas vascas.