Kast cesa a Luis Silva por rebajas de penas a 56 abusadores sexuales

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha apartado al subsecretario de Justicia, Luis Silva, en plena crisis política por las reducciones de condena concedidas a decenas de agresores sexuales de menores y a otros presos por delitos graves. La salida supone la primera consecuencia directa dentro del Ejecutivo por un caso que mantiene bajo presión al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La controversia estalló tras conocerse que 56 condenados por delitos sexuales contra menores habían recibido rebajas de sus penas mediante decretos tramitados entre marzo y septiembre de 2026. La mayoría terminó en libertad. Al expediente se sumaron beneficios concedidos a condenados o procesados por otros delitos graves, incluidos casos relacionados con crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Augusto Pinochet.

Kast prescinde de Silva pero mantiene al ministro de Justicia

La Presidencia chilena formalizó la salida de Luis Silva mediante la aceptación de su renuncia y nombró como nueva subsecretaria de Justicia a Josefina Soto Larreátegui, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y con experiencia previa en la Administración y en asesoría legislativa.

El cambio, sin embargo, se detiene por ahora en el segundo escalón del ministerio. Fernando Rabat continúa como ministro de Justicia, pese a las peticiones de dimisión formuladas desde la oposición y también a las dudas surgidas dentro del propio bloque gubernamental.

Ahí está uno de los elementos políticamente más delicados del episodio. Silva aparece como primera baja de la crisis, pero Rabat firmó una parte importante de los decretos cuestionados y ha defendido públicamente el criterio utilizado por su departamento. El foco, por tanto, no desaparece con el relevo de un subsecretario. Simplemente cambia de altura.

La nueva subsecretaria, Josefina Soto, había trabajado en el Ministerio de Hacienda y fue miembro del Comité Técnico de Admisibilidad del proceso constitucional chileno de 2023, además de desarrollar actividad académica en Derecho Administrativo.

El vídeo de Luis Silva precipitó su salida

La posición de Silva había quedado especialmente comprometida por su participación en varios de los decretos. Una investigación sobre 33 de los beneficiados identificó diez documentos firmados por él.

El jueves, con la presión creciendo, el entonces subsecretario publicó un vídeo en redes sociales para explicar su actuación. Silva sostuvo que ni él ni Rabat pretendían anticipar la puesta en libertad de los condenados y afirmó que, cuando tuvo que firmar como ministro subrogante, lo hizo siguiendo el criterio establecido por Rabat.

El problema político se agravó al conocerse que Silva difundió esa explicación sin consultarla previamente con el ministro. Él mismo admitió después que no había considerado necesario hacerlo. La publicación provocó malestar dentro de La Moneda y aceleró una salida que acabó materializándose apenas unas horas después.

La defensa de Silva sobre los decretos

Silva argumentó que las rebajas no dependían de una decisión discrecional tomada personalmente por el ministro o el subsecretario. El procedimiento pasa por distintas instancias, entre ellas Gendarmería y las comisiones penitenciarias encargadas de valorar la conducta de los presos, además del propio Ministerio de Justicia.

Su explicación, no obstante, chocó con otro elemento incómodo: durante los meses anteriores habían aparecido distintos antecedentes sobre el margen de actuación del ministerio y sobre decisiones adoptadas en casos concretos.

Entre ellos figura un decreto firmado por Silva que redujo en nueve meses la condena de un hombre sentenciado por abuso sexual mientras aún estaba pendiente un recurso de amparo. También se conocieron actuaciones del exsubsecretario relativas a solicitudes de dos antiguos agentes de la CNI vinculados a delitos de lesa humanidad.

La discusión, pues, ha ido bastante más allá de una firma administrativa.

Por qué pudieron reducirse las condenas

El origen jurídico de la polémica está en la Ley 19.856, que permite reducir el tiempo de cumplimiento de una pena cuando un preso acredita un comportamiento considerado sobresaliente. La norma establece, con carácter general, descuentos de dos meses por cada año de cumplimiento y de tres meses anuales a partir de la mitad de la condena.

Chile modificó posteriormente la legislación para impedir que determinados condenados por delitos sexuales contra menores pudieran acceder a estas reducciones. El conflicto aparece con quienes fueron condenados por hechos anteriores a esa reforma.

El Gobierno sostiene que existe un problema de aplicación temporal y que determinados fallos judiciales impedían extender retroactivamente la nueva exclusión. Rabat ha explicado que su departamento comenzó rechazando solicitudes, pero modificó su criterio después de que la Corte Suprema acogiera recursos planteados por presos.

Esa interpretación es precisamente uno de los puntos que discuten sus críticos. Durante los gobiernos anteriores se habían rechazado beneficios similares y han aparecido resoluciones judiciales que complican la tesis de que Justicia carecía por completo de margen para actuar.

El Gobierno suspende nuevas rebajas

La magnitud del escándalo obligó al Ministerio de Justicia a paralizar la tramitación de nuevos decretos de reducción de condena mientras prepara cambios legales.

El departamento anunció también reformas para modificar el procedimiento, precisar las exclusiones y garantizar que las víctimas puedan ser escuchadas antes de la concesión de determinados beneficios. Entre los planes figura impulsar los tribunales de ejecución de penas para trasladar parte de estas decisiones al ámbito judicial.

No es un detalle menor. Uno de los aspectos más duros del caso es que víctimas de agresiones sexuales desconocían que las condenas de sus agresores habían sido reducidas. En algunos expedientes aparecían, además, informes penitenciarios que advertían de factores como riesgo de reincidencia, falta de empatía o negación del delito.

La presión sigue sobre Fernando Rabat

La salida de Silva tampoco desactiva el frente parlamentario. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución solicitando al presidente la salida tanto del ministro Rabat como de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira.

La oposición ha anunciado además una acusación constitucional contra Rabat, equivalente a un proceso de responsabilidad política, mientras el ministro insiste en que su actuación respetó la Constitución y las leyes.

Kast había reconocido previamente que el Estado falló a las víctimas, aunque mantuvo su respaldo al titular de Justicia. Silva, de momento, ha pagado el primer coste político de la crisis.

La diferencia entre ambos casos alimenta inevitablemente la controversia: el subsecretario sale después de firmar parte de los decretos y publicar un vídeo sin coordinación previa; el ministro que fijó el criterio seguido por la cartera continúa en su despacho.

Una crisis que no termina con un relevo

La salida de Luis Silva, formalizada mediante la aceptación de su renuncia, ofrece a Kast una primera respuesta ante un asunto especialmente incómodo para un Gobierno que ha hecho de la seguridad y el endurecimiento frente al delito dos de sus principales banderas.

Pero el problema de fondo permanece. Hay decenas de condenas reducidas, víctimas que reclaman explicaciones, una batalla jurídica sobre el alcance de la ley y un ministro sometido a una ofensiva parlamentaria.

La llegada de Josefina Soto permite recomponer la Subsecretaría de Justicia. No resuelve, por sí sola, lo ocurrido. La cuestión que seguirá marcando la política chilena es qué responsabilidad corresponde a quienes autorizaron los beneficios y hasta dónde puede el Ejecutivo revisar decisiones que, en numerosos casos, ya produjeron la salida de prisión de los condenados.