Feijóo culpa a Sánchez de la crisis ferroviaria tras Urda y Adamuz

Alberto Núñez Feijóo ha elevado este domingo la presión política sobre el Gobierno por los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz y ha situado directamente a Pedro Sánchez en el centro de las responsabilidades. Para el presidente del PP, la salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes sería «imprescindible, pero insuficiente»: considera que la responsabilidad política alcanza al jefe del Ejecutivo.

La ofensiva llega cuatro días después del choque de dos trenes de alta velocidad en Urda, Toledo, donde han muerto al menos 69 personas. Nueve meses antes, el accidente de Adamuz causó otras 46 víctimas mortales. Son dos tragedias distintas, sometidas a investigaciones propias, pero el PP las está utilizando para sostener una misma acusación política: que el deterioro de la gestión ferroviaria no puede atribuirse únicamente a errores puntuales.

El impacto de Urda continúa este 1 de noviembre. 41 personas permanecen hospitalizadas, 16 de ellas en unidades de cuidados intensivos, mientras siguen las investigaciones sobre la cadena de acontecimientos que desembocó en la colisión.

Feijóo lleva la responsabilidad de Puente hasta Sánchez

Las declaraciones de Feijóo proceden de una entrevista publicada este 1 de noviembre, en la que una cuestión sobre el accidente de Urda fue incorporada después de producirse el siniestro. El dirigente popular sostiene que Sánchez ha situado durante sus años de Gobierno la lealtad política por encima de la competencia profesional en determinados nombramientos y conecta esa crítica con los casos de corrupción que han afectado al entorno del Ministerio de Transportes.

Feijóo acusa al presidente del Gobierno de haber permitido que Transportes se llenase de «incompetencia y corrupción» y cita dentro de su crítica los casos relacionados con Koldo García y otros episodios que han afectado políticamente al departamento. No plantea, por tanto, la crisis como un problema limitado al actual ministro.

Su diagnóstico va bastante más allá de reclamar una dimisión ministerial. Feijóo habla de un país en «fallo sistémico» y presenta los problemas ferroviarios como parte de un deterioro más amplio de los servicios y las infraestructuras públicas. Es, a estas alturas, tanto una crítica a la gestión de Transportes como una de las líneas con las que el PP pretende disputar las elecciones generales del 29 de noviembre.

El presidente popular asegura que los dos graves accidentes de 2026 demuestran que la crisis no puede solucionarse únicamente reemplazando al ministro. Sánchez, sostiene Feijóo, debe asumir responsabilidad política por haber nombrado y mantenido a los responsables del departamento.

Conviene separar aquí dos planos que la bronca electoral tiende a mezclar con bastante facilidad: una cosa es exigir responsabilidades políticas por la gestión de un ministerio y otra determinar qué provocó técnicamente un accidente. Eso último sigue bajo investigación.

Puente descarta dimitir y prepara su comparecencia

Óscar Puente ha rechazado por ahora abandonar el Gobierno. El ministro explicó que puso su cargo a disposición de Sánchez después de la tragedia de Urda y que el presidente decidió mantenerlo. Su posición es que, mientras continúe en el puesto, su obligación es dar la cara, ofrecer explicaciones y afrontar la crisis.

El próximo martes, 3 de noviembre, tendrá una jornada decisiva. Puente presentará al Consejo de Ministros un informe sobre el accidente, comparecerá posteriormente ante los medios y acudirá por la tarde a la Diputación Permanente del Congreso para informar sobre lo ocurrido.

Ese mismo Consejo de Ministros prevé aprobar un real decreto de ayudas para las víctimas y los afectados por la tragedia de Urda, mientras continúa el trabajo de identificación, atención sanitaria y asistencia a las familias.

La presión sobre el ministro, de hecho, ya desborda al bloque de la derecha. Frente Amplio ha reclamado su dimisión y otras formaciones han endurecido sus críticas. El debate sobre la responsabilidad política de Puente se ha instalado así en plena campaña electoral y alcanza incluso a partidos que han formado parte del espacio parlamentario que sostuvo al Ejecutivo durante la legislatura.

Qué se investiga en el accidente de Urda

El accidente ocurrió el 28 de octubre después de una caída del sistema LZB, utilizado para supervisar la circulación y el frenado de los trenes en ese tramo. Varios convoyes quedaron detenidos y el centro de control de Adif intervino para gestionar la incidencia y autorizar posteriormente la circulación.

Las primeras pesquisas se concentran en la cadena de decisiones adoptadas después del fallo. La investigación trata de determinar por qué el AVE de Renfe recuperó la marcha mientras un tren de Iryo permanecía detenido más adelante en la misma vía y cómo terminó produciéndose la colisión.

Los investigadores deberán establecer responsabilidades concretas y reconstruir qué protocolos de seguridad se aplicaron, cuáles correspondía aplicar y por qué las barreras existentes no consiguieron evitar el choque.

A 1 de noviembre, las causas definitivas no están establecidas. Las primeras pesquisas apuntan hacia posibles errores humanos durante la gestión de la incidencia, pero el fallo inicial del LZB, las actuaciones posteriores y el funcionamiento de los sistemas de seguridad forman parte del análisis.

Renfe, por su parte, ha rechazado que los accidentes de Urda y Adamuz sean atribuibles a la operadora y recuerda que el mantenimiento, la conservación y la gestión de la infraestructura ferroviaria corresponden a Adif, no a la compañía encargada de prestar los servicios de viajeros.

Adamuz agrava una crisis que ya venía de enero

El peso político de Urda no puede entenderse sin Adamuz. El accidente ocurrido en Córdoba el 18 de enero dejó 46 muertos y abrió una investigación técnica y judicial que, más de nueve meses después, continúa abierta por su extraordinaria complejidad.

Un informe de la Guardia Civil remitido al juzgado concluyó que los sistemas de supervisión de Adif habían registrado indicios compatibles con una posible rotura de carril casi 22 horas antes del accidente, sin que se activara una alarma automática capaz de prevenir la tragedia.

Adif cuestionó posteriormente esa interpretación y defendió que la variación de tensión registrada por sus sistemas no demostraba por sí sola una rotura de la vía. Meses después, otros informes de la Guardia Civil reforzaron la hipótesis de un fallo previo en la soldadura entre dos tramos de carril como posible origen del descarrilamiento.

La investigación técnica de Adamuz todavía no está cerrada y se prolongará más allá del plazo inicialmente previsto. Ese matiz importa: las responsabilidades definitivas siguen pendientes, aunque el accidente se ha convertido inevitablemente en el precedente con el que se compara todo lo ocurrido después en Urda.

Feijóo utiliza ahora la sucesión de ambas tragedias para sostener que existe un problema estructural de gestión. El PP reclama una auditoría independiente de la red ferroviaria, un plan de emergencia para las infraestructuras y un refuerzo de las áreas de seguridad de Adif y Renfe si llega al Gobierno.

La tesis popular es políticamente clara, aunque las investigaciones no permiten presentar los dos accidentes como consecuencia de una misma causa. Precisamente ahí estará buena parte de la discusión durante las próximas semanas: qué pertenece al terreno de la gestión política y qué pueden demostrar realmente los informes técnicos y judiciales.

La tragedia entra de lleno en la campaña del 29-N

Las elecciones generales están convocadas para el 29 de noviembre y el accidente de Urda ha trastocado una precampaña que ya estaba en marcha. El PP suspendió sus actos durante los tres días de luto y prepara la reactivación de su agenda colocando la gestión de los servicios públicos y la seguridad ferroviaria entre sus principales argumentos contra Sánchez.

Feijóo intenta así ampliar el foco. No quiere que el debate termine en si Puente continúa o no como ministro. Su planteamiento es convertir Transportes en un examen general de la gestión de Sánchez y presentar las elecciones como la oportunidad para cambiar la dirección política del sistema ferroviario.

El PP también promete una revisión técnica independiente de la red, un plan de emergencia y un refuerzo de los departamentos de seguridad de Adif y Renfe. La gestión, el mantenimiento y la fiabilidad de las infraestructuras pasan así a ocupar un espacio central en su campaña.

El Gobierno afronta una situación bastante más incómoda. Puente debe explicar por qué se produjo el segundo gran accidente ferroviario del año mientras todavía continúa abierta la investigación del primero, y Sánchez tendrá que defender por qué mantiene al ministro pese al aumento de las peticiones de dimisión.

Las investigaciones marcarán hasta dónde llega la responsabilidad

Feijóo ha dado ya su veredicto político: Puente no es suficiente y el responsable último es Sánchez. Lo que todavía no existe es un veredicto técnico ni judicial que permita trasladar automáticamente esa acusación al origen de los accidentes.

Urda sigue bajo investigación, las responsabilidades concretas deberán determinarse y quedan cuestiones relevantes por esclarecer sobre el fallo del LZB, las órdenes del centro de control y los protocolos de seguridad. Mientras tanto, el debate político ha avanzado bastante más deprisa que las pesquisas.

Con 115 fallecidos entre Adamuz y Urda en menos de un año, la seguridad ferroviaria entra inevitablemente en la campaña electoral. Y ya no se discute únicamente sobre un ministro. Feijóo ha decidido convertir la gestión de Transportes en un juicio político a Sánchez cuando España encara las últimas semanas antes de las urnas.