Óscar Puente descarta dimitir tras los accidentes de Urda y Adamuz

Óscar Puente no piensa dimitir, al menos de momento, pese a las dos grandes tragedias ferroviarias que ha sufrido España en 2026. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha rechazado plantearse su salida del Gobierno tras el accidente de Urda (Toledo), ocurrido el 28 de octubre, y sostiene que su prioridad es esclarecer las causas del siniestro. Pedro Sánchez tampoco ha anunciado su destitución ni ha cuestionado públicamente su continuidad al frente del ministerio.

La decisión llega después de dos accidentes de alta velocidad en apenas diez meses. El de Adamuz (Córdoba), registrado el 18 de enero, causó 46 muertos. El choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en Urda ha dejado al menos 68 fallecidos, según el último balance provisional confirmado, además de decenas de heridos. Son más de un centenar de vidas perdidas en dos catástrofes distintas, ambas ocurridas durante el mandato del mismo ministro.

La ausencia de una dimisión inmediata no significa que exista una exoneración de responsabilidades. Las investigaciones de ambos siniestros siguen abiertas y no se ha establecido que compartan una misma causa. Pero la responsabilidad política de un ministro no depende necesariamente de que haya cometido personalmente una negligencia o un delito. También comprende la gestión, la supervisión y el funcionamiento de los organismos públicos de su departamento.

Ahí está el debate. Puente considera que debe continuar para conocer lo sucedido y gestionar sus consecuencias. Sus críticos cuestionan que pueda seguir siendo la persona adecuada para dirigir Transportes después de dos accidentes de semejante gravedad. Y Sánchez, que tiene la capacidad constitucional de apartarlo del cargo, mantiene por ahora su continuidad.

Puente no contempla abandonar el Ministerio de Transportes

La respuesta del ministro llegó durante su comparecencia del miércoles 28 de octubre en el centro de control de Adif, situado en la estación madrileña de Atocha.

Preguntado por los periodistas sobre una posible dimisión tras las tragedias de Adamuz y Urda, Puente afirmó que estaba concentrado en esclarecer lo ocurrido y que «no estoy pensando en mí». No anunció ninguna renuncia ni estableció un plazo para reconsiderar su continuidad.

El ministro se declaró devastado por el número de víctimas y describió el accidente de Urda como un acontecimiento prácticamente inconcebible dentro del funcionamiento habitual de la alta velocidad española.

Aun así, defendió que el sistema ferroviario español es seguro y explicó que los primeros datos señalaban una decisión incorrecta del centro de control de Adif como elemento determinante de la colisión.

Su posición plantea una cuestión que va más allá de la autoría material del fallo. Adif es una entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes. Que una decisión operativa corresponda a un trabajador concreto no elimina automáticamente la responsabilidad de quienes deben garantizar que los procedimientos, la supervisión y los mecanismos de protección funcionan correctamente.

Tampoco demuestra, por sí solo, que el ministro conociera el riesgo o pudiera haber evitado el accidente. Son planos de responsabilidad diferentes que no conviene confundir.

Urda: una orden de circulación que todavía debe esclarecerse

El accidente de Urda se produjo a las 8.53 horas del miércoles, cuando un AVE de Renfe alcanzó por detrás a un tren de Iryo que permanecía detenido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

La reconstrucción inicial presentada por Puente sitúa el comienzo de la secuencia alrededor de las 8.30 horas, cuando falló el sistema de protección ferroviaria LZB por un problema de comunicación entre ordenadores.

El sistema reaccionó deteniendo varios trenes que circulaban por el tramo afectado. A partir de ese momento, la gestión de la circulación pasó al centro de control de Adif.

La decisión que permitió continuar al AVE

Según la explicación ministerial, a las 8.36 horas se autorizó al AVE a reanudar la marcha con normalidad, pese a que el tren de Iryo seguía ocupando la vía por delante y existía una señal de parada.

El procedimiento aplicable exigía mantener las restricciones de seguridad y, si correspondía autorizar el movimiento, hacerlo mediante marcha a la vista, a una velocidad que permitiera detenerse ante cualquier obstáculo.

Sin embargo, el AVE recorrió aproximadamente 25 kilómetros y llegó a alcanzar unos 200 kilómetros por hora antes de colisionar con el Iryo.

Puente calificó aquella autorización de «inexplicable» y confirmó que la persona que tomó la decisión estaba identificada. Las autoridades judiciales y los investigadores deberán determinar las circunstancias exactas y las posibles responsabilidades.

También queda pendiente esclarecer por qué el Iryo continuó detenido. La compañía ha señalado que su maquinista solicitó autorización para reanudar la marcha y permaneció esperando respuesta del centro de control.

La investigación debe establecer qué comunicaciones se produjeron, qué información tenía cada operador y por qué no se corrigió una situación peligrosa durante los minutos anteriores al impacto.

El posible error individual es una parte de la investigación. Otra es comprobar si existían barreras de seguridad adicionales, protocolos adecuados y mecanismos de supervisión suficientes para impedir que una orden equivocada terminara provocando una catástrofe.

Adamuz: 46 muertos y una investigación todavía abierta

El siniestro de Urda ha devuelto la atención al accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero en Córdoba, en el que fallecieron 46 personas.

La investigación sobre aquel choque ha seguido una línea diferente. Los informes de la Guardia Civil conocidos hasta septiembre apuntaban a una posible rotura en una zona de soldadura entre dos tramos de carril de distinta antigüedad.

Los investigadores identificaron una fractura en la infraestructura y estudiaron la posibilidad de que estuviera relacionada con un proceso previo de fatiga del material. La hipótesis de un fallo en la vía no equivale todavía a una conclusión judicial definitiva sobre la causa del accidente ni sobre sus responsables.

Adif ha defendido, por su parte, que las condiciones de mantenimiento y las anomalías detectadas en la infraestructura se encontraban dentro de los márgenes de seguridad exigidos por la normativa.

En Adamuz se investiga fundamentalmente el estado de la vía y las condiciones que pudieron provocar el descarrilamiento. En Urda, las primeras explicaciones se centran en un fallo del sistema de protección seguido de decisiones adoptadas desde el centro de control.

No hay pruebas de que los dos siniestros tengan el mismo origen. Pero ambos afectan a la seguridad de una red cuya infraestructura y gestión dependen de organismos públicos vinculados a Transportes.

La diferencia técnica entre los accidentes resulta fundamental para establecer responsabilidades. No impide, sin embargo, examinar la gestión política del conjunto del sistema ferroviario.

Sánchez sí ha hablado, pero no ha pedido la dimisión

Pedro Sánchez reaccionó públicamente al accidente de Urda, suspendió su agenda y se desplazó hasta el puesto de mando avanzado para conocer la situación de los equipos de emergencia.

El presidente del Gobierno anunció tres días de luto oficial, del 29 al 31 de octubre, y aseguró que se investigaría lo sucedido hasta determinar sus causas.

En su comparecencia reconoció que «no es asumible» que España haya sufrido dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año. Se comprometió a reforzar las medidas de seguridad que resulten necesarias y a recuperar la confianza de los viajeros.

También advirtió de que las primeras informaciones apuntaban a causas diferentes en Adamuz y Urda, aunque dejó esa determinación en manos de los investigadores.

Lo que no hizo fue anunciar cambios en el Ministerio de Transportes ni pronunciarse expresamente sobre una eventual destitución de Óscar Puente.

La decisión corresponde políticamente a Sánchez. El artículo 100 de la Constitución establece que los ministros son nombrados y separados formalmente por el rey a propuesta del presidente del Gobierno.

Puente puede presentar su dimisión voluntariamente, pero Sánchez también puede promover su cese sin esperar a una sentencia judicial. La Constitución no exige que exista una condena penal para sustituir a un ministro.

Eso no significa que un accidente deba producir automáticamente una dimisión. Significa que la continuidad en el cargo es una decisión política y que el presidente del Gobierno también debe responder por ella.

El rey se pronunció y la oposición exige explicaciones

Felipe VI también reaccionó públicamente a la tragedia de Urda. El monarca se encontraba en Bétera (Valencia), participando en una actividad militar, cuando tuvo conocimiento del accidente.

Desde allí expresó sus condolencias a las familias, trasladó su apoyo a los heridos y reconoció el trabajo de los servicios de emergencia. La Casa Real también canceló parte de la agenda institucional prevista para el miércoles y el jueves.

Por tanto, no es cierto que el rey haya guardado silencio. Lo que no ha hecho es pedir la dimisión del ministro, una exigencia que tampoco encajaría con su posición institucional de neutralidad política.

La Constitución atribuye al presidente del Gobierno la iniciativa para nombrar y destituir ministros. El papel del monarca no consiste en decidir qué miembros del Ejecutivo deben permanecer en sus puestos.

La reacción de los partidos ha sido diferente.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó una investigación gubernamental inmediata, además de las actuaciones judiciales correspondientes. También exigió una revisión completa e independiente de la red ferroviaria y explicaciones sobre el estado de las vías, los sistemas de seguridad y las medidas adoptadas después de Adamuz.

Feijóo evitó exigir una dimisión inmediata durante su primera comparecencia. Consideró que todavía no era el momento de discutir las responsabilidades políticas, aunque dejó claro que el duelo no debía impedir reclamar explicaciones.

Vox adoptó una postura más dura. Santiago Abascal responsabilizó políticamente a Sánchez y Puente de la situación del ferrocarril, cuestionó las explicaciones del Gobierno y mantuvo sus actos de precampaña pese a la suspensión anunciada por otros partidos.

En el PSOE tampoco existe una posición pública unánime favorable a la salida del ministro. Se han conocido opiniones anónimas dentro de la formación que consideran conveniente su dimisión, pero no equivalen a una petición oficial de la dirección socialista.

Respecto al entorno personal de Puente, su familia no tiene ninguna responsabilidad institucional en la gestión de Transportes. La ausencia de declaraciones de sus allegados no permite deducir qué piensan ni puede utilizarse como argumento sobre la responsabilidad del ministro.

La continuidad de Puente depende también de las respuestas

El debate sobre la dimisión no se resolverá únicamente identificando a quien autorizó la marcha del AVE de Urda.

La investigación deberá aclarar por qué falló el LZB, cómo se gestionó la avería, qué protocolos debían aplicarse, si se cumplieron y qué sistemas podían haber impedido una colisión después de una orden incorrecta.

En paralelo, sigue siendo necesario conocer las conclusiones definitivas sobre Adamuz y determinar si las actuaciones de mantenimiento, inspección y prevención fueron adecuadas.

De esas respuestas pueden derivarse responsabilidades técnicas, administrativas, políticas o penales, que no son equivalentes ni requieren necesariamente las mismas pruebas.

Puente tiene derecho a defender su gestión y a rechazar acusaciones que todavía no estén demostradas. Las víctimas y sus familias tienen derecho a conocer los hechos y a que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Pero la confianza pública exige algo más que identificar una negligencia individual. Exige comprobar si las instituciones encargadas de evitarla disponían de los medios, los controles y la supervisión necesarios.

La dimisión de Óscar Puente no es una obligación legal automática por los dos accidentes. Tampoco su permanencia está garantizada hasta que terminen las investigaciones.

Por ahora, el ministro ha decidido seguir, Sánchez no ha promovido su destitución y las causas de las tragedias continúan bajo investigación.

Después de Adamuz y Urda, la cuestión política de fondo es si el Gobierno considera suficiente la gestión realizada y qué medidas concretas adoptará para impedir que vuelva a producirse una catástrofe semejante. Esa responsabilidad no puede quedar resuelta simplemente atribuyendo el último error a una persona que estaba frente a una pantalla.