Los docentes de Madrid mantienen la huelga tras las cargas policiales

La huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública madrileña sigue convocada después de más de dos semanas de conflicto, varias intervenciones de la Policía Nacional y un desencuentro que, por ahora, no ha desembocado en una negociación entre el comité de huelga y la Consejería de Educación. Los docentes reclaman menos horas lectivas, ratios más bajas, más recursos para atender al alumnado y mejoras salariales, entre otras medidas.

Las movilizaciones callejeras previstas para los últimos días de octubre fueron suspendidas temporalmente por el luto oficial tras el accidente ferroviario de Urda, pero no la huelga. El comité anunció que retomará las protestas durante la semana que comienza el 2 de noviembre, mientras mantiene abierta la convocatoria laboral. Por separado, CSIF tiene programados nuevos paros parciales para los días 3 y 5 de noviembre.

Una huelga que supera ya las dos semanas

El conflicto comenzó el 14 de octubre en la educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid. La convocatoria unitaria está respaldada por CCOO, UGT, CGT, CNT, STEM y Solidaridad Obrera, junto con colectivos como Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna. CSIF mantiene una convocatoria paralela con su propio calendario.

No fue una protesta improvisada. La decisión de convocar la huelga había sido adoptada meses antes, después de distintas movilizaciones y asambleas del profesorado. Los convocantes sostienen que habían solicitado negociar con la Administración regional antes de que comenzaran los paros. El comité llegó finalmente a presentar el 26 de octubre un requerimiento formal para reclamar una reunión urgente con la consejera Mercedes Zarzalejo antes de plantearse acciones judiciales.

La disputa, por tanto, ya no gira únicamente alrededor de salarios o ratios. También afecta a quién debe sentarse en la mesa y qué debe negociarse. La Comunidad asegura que mantiene contactos con los sindicatos y niega haberse cerrado al diálogo; el comité sostiene que esas reuniones no equivalen a negociar la tabla reivindicativa que originó la huelga. Ahí está buena parte del atasco.

Las cargas policiales elevan la tensión

Las actuaciones policiales han añadido un segundo frente a un conflicto que inicialmente era estrictamente educativo.

En la primera jornada, el 14 de octubre, se produjeron cargas en la Universidad Complutense. La Policía Nacional abrió una investigación interna y el entonces delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, calificó las imágenes conocidas de aquellas actuaciones de inaceptables.

Cinco días después, el 19 de octubre, una concentración de docentes se desplazó hasta el Palacio de Santoña, donde Isabel Díaz Ayuso participaba en un acto. También allí intervinieron agentes antidisturbios. La Delegación del Gobierno anunció posteriormente otra investigación sobre lo ocurrido.

La tensión volvió el 26 de octubre. Cientos de profesores se concentraron frente a la Consejería de Educación, desplegaron una pancarta reclamando que Zarzalejo negociara y terminaron ocupando durante un tiempo parte de la Gran Vía. Hubo cargas y un docente fue detenido.

La Policía y los convocantes ofrecen versiones distintas

El comité de huelga denunció agresiones contra manifestantes y reclamó a la Delegación del Gobierno una investigación. También defendió que los cortes de tráfico o el despliegue de una pancarta no justificaban por sí mismos una intervención violenta.

Las fuentes policiales ofrecieron otra versión. Según su relato, los agentes utilizaron sus defensas después de que un grupo desobedeciera sus indicaciones y algunos manifestantes llegaran a agredir a efectivos, aunque sin causarles lesiones. La detención posterior fue atribuida a resistencia y desobediencia cuando un grupo trató de cortar el tráfico cerca de Banco de España.

El detenido quedó después en libertad. Los convocantes exigieron que no se presentaran cargos y que se aclarase la actuación policial. El episodio convirtió la gestión de las manifestaciones en otro elemento de presión sobre unas protestas que ya estaban políticamente muy cargadas.

Qué reclaman los profesores madrileños

La tabla reivindicativa es extensa, pero sus principales demandas pueden agruparse alrededor de las condiciones laborales y los recursos de la escuela pública.

Uno de los puntos centrales es la reducción de las horas lectivas hasta un máximo de 17 periodos semanales en Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial y 22 en Infantil y Primaria. También se pide reducir las ratios, reforzar las plantillas destinadas a diversidad y orientación y disminuir la burocracia que soportan los centros.

La reivindicación económicamente más importante es una subida de 600 euros mensuales del complemento específico general docente autonómico. La Consejería calcula que aplicar ese incremento supondría unos 665 millones de euros adicionales al año y rechaza la afirmación de que los profesores madrileños sean los peor pagados de España.

Los convocantes reclaman asimismo mejoras en las instalaciones, medidas de climatización, retirada de amianto, más personal administrativo y cambios en el actual modelo educativo para reducir la segregación. No son precisamente retoques cosméticos: varias de las peticiones implicarían contratar miles de trabajadores o modificar sustancialmente la organización de los centros.

El choque con el Gobierno de Ayuso

La respuesta política ha endurecido todavía más el conflicto. Zarzalejo ha considerado inasumibles varias de las reivindicaciones y ha defendido que la Consejería sí mantiene cauces de negociación con las organizaciones sindicales. Desde el Gobierno regional también se ha acusado a la movilización de tener un componente político.

Los sindicatos y plataformas rechazan esa interpretación y recuerdan que la huelga comenzó a prepararse mucho antes de la campaña electoral madrileña. El calendario inicial se decidió en junio y la convocatoria formal fue registrada en septiembre.

Ese detalle importa porque la convocatoria electoral ha convertido cualquier movilización masiva en Madrid en material de campaña, quiera o no quiera el convocante. Y ahí el conflicto educativo ha terminado atrapado entre dos niveles de gobierno: las demandas se dirigen fundamentalmente a la Comunidad, mientras que la Policía Nacional depende del Gobierno central.

El resultado es incómodo para todos. El Ejecutivo autonómico debe responder por la política educativa; la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, por las intervenciones policiales. Las cargas policiales, al contrario que los presupuestos escolares, no son competencia de la Puerta del Sol.

La protesta continúa pese a la pausa en las calles

El accidente ferroviario de Urda alteró el calendario previsto. El comité suspendió las concentraciones y manifestaciones de los días 28, 29 y 30 de octubre como muestra de respeto por las víctimas y decidió transformar parte de su actividad en una campaña de donación de sangre.

La asamblea del profesorado prevista para el viernes 30 se mantuvo, aunque trasladada a un recinto cerrado. El mensaje difundido por las organizaciones convocantes fue inequívoco: la suspensión afectaba a los actos públicos durante el luto, no a la huelga indefinida, que continúa convocada.

Por ahora tampoco hay un acuerdo que permita desconvocarla. El comité mantiene su exigencia de abrir una negociación específica sobre sus reclamaciones y había advertido de posibles acciones judiciales si la Consejería no lo hacía. La Administración madrileña, mientras tanto, mantiene que existen cauces de diálogo y cuestiona tanto el coste como la viabilidad de una parte sustancial de las medidas planteadas.

Noviembre empieza con el conflicto todavía abierto

El cambio de mes no ha resuelto nada. La educación pública madrileña entra en noviembre con la huelga vigente, las reivindicaciones esenciales encima de la mesa y una relación muy deteriorada entre los representantes de los docentes y el Gobierno regional.

A ello se suma una cuestión que inicialmente no figuraba en ninguna tabla salarial: la actuación policial durante las protestas. Las investigaciones anunciadas deberán determinar si las intervenciones cuestionadas se ajustaron a los protocolos y si hubo excesos. Hasta entonces, conviene separar las posiciones políticas de los hechos comprobables.

El profesorado, mientras tanto, no ha desconvocado el paro. Tras la pausa de las movilizaciones públicas por el luto, los convocantes prevén retomar la actividad reivindicativa en noviembre. La salida del conflicto sigue dependiendo de algo bastante menos espectacular que una carga policial y bastante más difícil de conseguir: que las partes se sienten y acuerden qué están dispuestas a negociar.