La Fiscalía se querella contra Bestard por el uso de coches oficiales

La Fiscalía de Baleares ha acordado presentar una querella contra Pedro Bestard, vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y dirigente de Vox, por el presunto uso fraudulento de vehículos oficiales de la institución insular. El procedimiento llega después de las diligencias abiertas por posible malversación a raíz de la denuncia presentada por el Grupo Socialista del Consell el pasado 2 de julio.

El caso gira alrededor del uso que Bestard habría hecho de varios coches adscritos al Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, área de la que es responsable. Los informes internos elaborados por el propio Consell detectaron que había dispuesto en exclusiva de tres vehículos oficiales sin una autorización acreditada para ese régimen de utilización, aunque el análisis administrativo posterior no llegó a determinar de manera categórica que existiera un uso indebido.

La Fiscalía lleva el caso Bestard a la vía judicial

La decisión del Ministerio Público cambia el escenario de un asunto que el Consell de Mallorca había dado políticamente por cerrado. La investigación de la Fiscalía se inició después de que el PSIB denunciara unos hechos que, a su juicio, podían constituir malversación continuada de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.

La denuncia socialista sostenía que Bestard habría utilizado de forma sistemática vehículos de la Administración para desplazamientos privados y, en determinadas ocasiones, como si estuvieran exclusivamente a su disposición. También señalaba que esos movimientos habrían generado gastos de combustible y otros costes pagados con fondos públicos.

Hay aquí una distinción relevante. La presentación de una querella no significa que los delitos estén acreditados ni supone una declaración de culpabilidad. Será el órgano judicial competente el que deba resolver sobre su tramitación y, en su caso, practicar las diligencias necesarias para determinar qué ocurrió realmente con los vehículos.

Bestard mantiene, por tanto, su presunción de inocencia. Lo que cambia es que el asunto deja de limitarse a la controversia política y administrativa y entra plenamente en el terreno judicial.

Tres coches oficiales y desplazamientos fuera de la agenda

La polémica comenzó en mayo, cuando trascendió que Bestard utilizaba vehículos del Consell sin la rotulación corporativa habitual y que algunos de ellos habían sido vistos estacionados de noche cerca de su domicilio. También se publicó que uno de esos coches había sido empleado para acudir a un acto de Vox.

El vicepresidente defendió entonces su actuación. Admitió que en ocasiones dejaba vehículos oficiales en su domicilio al terminar tarde la jornada y explicó que podía utilizarlos fuera del horario habitual por lo que denominó «economía de recursos», rechazando que se tratara de un uso estrictamente personal.

La controversia no se quedó ahí. El Consell encargó comprobaciones internas y los informes concluyeron que Bestard había dispuesto en exclusiva de tres vehículos sin que constara una autorización específica que justificara esa utilización.

El propio análisis interno calificó la conducta como «no apropiada», pero introdujo un matiz decisivo: no consideró posible determinar de forma categórica que hubiera existido un uso indebido. Esa conclusión permitió al gobierno insular cerrar inicialmente el expediente sin imponer medidas contra el vicepresidente.

El Consell optó por regular el uso de los vehículos

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, del PP, había ordenado las comprobaciones después de hacerse públicas las informaciones. Finalmente, la institución decidió no sancionar a Bestard y respondió a la polémica aprobando una instrucción interna para regular los coches oficiales.

Galmés sostuvo entonces que no compartía personalmente la conducta de su vicepresidente, pero se remitió a las conclusiones técnicas y jurídicas disponibles para justificar que no adoptara medidas contra él.

La querella de la Fiscalía reabre, en la práctica, una cuestión que administrativamente parecía archivada. Ya no se trata únicamente de determinar si el comportamiento fue apropiado o si existía un protocolo suficientemente claro, sino de esclarecer si el uso de recursos públicos pudo tener relevancia penal.

Qué documentación pidió investigar el PSIB

La denuncia presentada ante la Fiscalía solicitó que se examinara con detalle la utilización de los coches dependientes del departamento dirigido por Bestard.

Entre la documentación reclamada figuraban los registros de desplazamientos, los consumos de combustible, los gastos de mantenimiento, los sistemas de geolocalización y los expedientes relacionados con los vehículos. Los socialistas también pidieron que declararan distintos responsables técnicos y administrativos del Consell, entre ellos personal de las secretarías técnicas, la Secretaría General y la Intervención.

El núcleo del asunto es bastante concreto: determinar qué trayectos tuvieron una finalidad institucional, cuáles pudieron responder a intereses particulares y quién asumió los costes. Parece una diferencia elemental, pero es precisamente ahí donde el uso cotidiano de un coche público puede pasar de ser una cuestión de organización interna a convertirse en un problema penal.

La Fiscalía deberá ahora sostener ante el juzgado los elementos que considere relevantes. La documentación administrativa, los movimientos de los vehículos y los gastos asociados pueden resultar especialmente importantes para reconstruir cada utilización.

El PSIB exige que Galmés destituya a Bestard

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha reaccionado a la decisión de la Fiscalía reclamando la destitución inmediata de Bestard. El PSIB considera que el vicepresidente no puede continuar en el cargo después de que el Ministerio Público haya decidido llevar el asunto a los tribunales.

Los socialistas ya habían reclamado su salida durante los meses anteriores y ahora elevan también la presión sobre Llorenç Galmés. La oposición sostiene que la responsabilidad política del presidente del Consell aumenta mientras Bestard siga formando parte del gobierno insular.

Conviene separar, sin embargo, los dos planos. La responsabilidad política puede ser exigida por los grupos de la oposición desde el momento en que consideran incompatible una conducta con un cargo público. La responsabilidad penal, en cambio, necesita pruebas, procedimiento judicial y resolución de los tribunales.

Un caso que el Consell ya no puede dar por archivado

La querella coloca de nuevo a Pedro Bestard y al gobierno del Consell de Mallorca ante un asunto que llevaba meses generando tensión política. Lo que empezó con informaciones sobre vehículos oficiales sin rotular terminó en informes internos, una denuncia ante la Fiscalía y, finalmente, la apertura de una nueva etapa judicial.

El punto central seguirá siendo el mismo: aclarar si aquellos coches fueron utilizados dentro de las funciones propias del vicepresidente o si existió un aprovechamiento privado de recursos públicos con consecuencias penales.

El Consell había considerado insuficientes los elementos disponibles para sancionar a Bestard y optó por establecer nuevas normas sobre el uso de sus vehículos. La Fiscalía, sin embargo, ha decidido que existen motivos para llevar los hechos ante la Justicia.

A partir de ahí ya no bastan las explicaciones políticas ni los protocolos redactados después de la polémica. El siguiente paso corresponde a los tribunales, que deberán determinar qué recorrido tiene la querella y si los hechos investigados pueden constituir delito.