El Supremo frena a Trump y evita apartar 20.000 votos de California

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado la petición urgente de la Administración de Donald Trump para obligar a California a separar las papeletas electorales de unas 20.000 personas sospechosas de no tener la ciudadanía estadounidense. La decisión, adoptada el lunes 2 de noviembre, llega apenas unas horas antes de las elecciones legislativas de este martes y supone un nuevo revés judicial para el presidente republicano.

El Gobierno federal pretendía impedir que esos votos por correo fueran contabilizados hasta comprobar la nacionalidad de sus titulares. Sin embargo, el Supremo ha desestimado la solicitud sin registrar ningún voto discrepante, mediante una breve orden que no incluye explicaciones. California podrá continuar con sus procedimientos electorales habituales mientras sigue abierta la controversia judicial.

La resolución tiene una importancia que va más allá de las 20.000 personas señaladas. Se produce en vísperas de unas elecciones de mitad de mandato que decidirán el control del Congreso estadounidense y en medio de los enfrentamientos entre la Casa Blanca y varios estados gobernados por los demócratas sobre la seguridad del voto.

Hay, no obstante, una diferencia fundamental: las autoridades federales no han demostrado que esas 20.000 personas hayan votado ilegalmente. La cifra corresponde a un listado elaborado por organismos del Gobierno que consideran que sus integrantes podrían carecer de la ciudadanía necesaria para participar en las elecciones federales.

El Supremo rechaza la intervención de última hora de Trump

La decisión del alto tribunal estadounidense responde a un recurso de emergencia presentado por el Departamento de Justicia después de que dos instancias judiciales inferiores rechazaran las medidas solicitadas contra California.

La petición llegó a la magistrada Elena Kagan, que trasladó el asunto al conjunto del Supremo. Los jueces resolvieron denegar la medida cautelar sin solicitar previamente una respuesta a las autoridades californianas.

La orden, de una sola frase, no explica las razones jurídicas del rechazo. Tampoco consta ningún magistrado que haya expresado formalmente su desacuerdo.

Eso no significa que el Tribunal Supremo haya resuelto definitivamente el conflicto ni que haya declarado que todas las personas incluidas en el listado tienen derecho a votar. Lo que ha rechazado es la intervención judicial inmediata que reclamaba Washington para modificar el tratamiento de determinadas papeletas cuando el proceso electoral ya estaba en marcha.

El resultado deja a la Administración Trump sin la medida urgente que buscaba antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Por qué Trump quería apartar 20.000 votos en California

El enfrentamiento comenzó cuando el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos examinaron registros electorales de California para identificar posibles inscripciones irregulares.

Según la documentación presentada por el Gobierno, los investigadores partieron de una relación preliminar de más de 175.000 posibles casos y la redujeron a aproximadamente 20.000 personas que, a juicio de las autoridades federales, probablemente no eran ciudadanas estadounidenses.

El Departamento de Justicia comunicó sus sospechas a las autoridades electorales californianas y exigió que las papeletas correspondientes a esas personas se mantuvieran separadas hasta verificar su situación.

La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y los responsables electorales del condado de Los Ángeles rechazaron la exigencia. Cuestionaron la fiabilidad de los datos federales y advirtieron de que aplicar semejante procedimiento durante la votación podía perjudicar a electores perfectamente habilitados.

La legislación federal prohíbe que los extranjeros sin ciudadanía estadounidense voten en las elecciones al Congreso. California establece igualmente requisitos de ciudadanía para participar en estos comicios. La disputa no gira, por tanto, en torno a si ese voto está permitido, sino a cómo se acredita una posible irregularidad y qué medidas pueden imponerse durante una elección.

La fiabilidad de la lista federal, bajo sospecha

Uno de los principales problemas del caso es la falta de garantías sobre la exactitud del listado elaborado por las agencias federales.

Durante el procedimiento, los tribunales señalaron que el Gobierno no había aportado información suficiente sobre los márgenes de error de sus sistemas de identificación ni sobre la validación de los datos utilizados.

El juez federal David O. Carter cuestionó la metodología aplicada y consideró que existían importantes dudas sobre la fiabilidad de la identificación de supuestos no ciudadanos. El tribunal de apelaciones respaldó posteriormente esa valoración al examinar la solicitud de medidas urgentes.

Las comprobaciones realizadas sobre determinados registros también suscitaron dudas sobre la presencia de ciudadanos estadounidenses entre las personas señaladas.

La cuestión no es menor. Una persona puede aparecer erróneamente en una base de datos migratoria o electoral sin haber cometido ninguna infracción. Tampoco el envío de una papeleta demuestra que su destinatario la haya utilizado.

Los jueces consideraron que las sospechas presentadas no justificaban alterar de forma extraordinaria las garantías electorales de miles de personas.

Los tribunales ya habían rechazado las medidas solicitadas

La Administración Trump presentó su demanda contra California el 15 de octubre de 2026, después de que las autoridades estatales rechazaran apartar los votos identificados por Washington.

El 26 de octubre, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito desestimó un primer recurso por motivos procesales. Los jueces concluyeron que el Gobierno federal no había dado al tribunal de distrito tiempo suficiente para resolver su solicitud inicial.

Dos días después, el 28 de octubre, el juez Carter rechazó la orden cautelar solicitada por el Departamento de Justicia.

El Gobierno volvió a recurrir y, el 30 de octubre, el Noveno Circuito denegó otra petición urgente. La resolución consideró que Washington no había acreditado suficientemente los requisitos jurídicos necesarios para obtener una medida de semejante alcance.

En aquella decisión hubo un voto discrepante, el del magistrado Patrick Bumatay, que defendía la necesidad de preservar las papeletas cuestionadas mientras se verificaba la ciudadanía de sus titulares.

La mayoría judicial, en cambio, dio prioridad al marco legal vigente y a los riesgos derivados de intervenir cuando las elecciones ya estaban en marcha.

El rechazo del Tribunal Supremo, el 2 de noviembre, culminó esta cadena de decisiones desfavorables para la petición urgente de la Casa Blanca.

El problema de separar miles de papeletas por correo

California utiliza un sistema de voto por correo ampliamente extendido. Sus aproximadamente 23 millones de electores registrados reciben automáticamente una papeleta que pueden devolver siguiendo los procedimientos establecidos.

Cuando el caso llegó al Supremo, ya se habían recibido más de seis millones de votos por correo en el conjunto del estado.

Las autoridades electorales explicaron que separar las papeletas correspondientes a una lista específica de personas exigiría introducir cambios importantes en sistemas informáticos y procedimientos que ya estaban funcionando.

El problema se complica cuando se ha verificado una papeleta y esta se separa de su sobre identificativo para preservar el secreto del voto. Una vez completado ese proceso, no resulta sencillo vincular el contenido del sufragio con una persona determinada.

Los tribunales también tuvieron en cuenta el riesgo de introducir modificaciones de última hora que pudieran entorpecer el recuento, generar confusión entre los votantes o impedir que ciudadanos con derecho a sufragio participaran normalmente.

La sentencia del Noveno Circuito recordó que la legislación federal reserva a los estados amplias competencias para organizar sus elecciones, aunque siempre dentro de los límites establecidos por el Congreso.

La norma que prohíbe votar a quienes carecen de ciudadanía estadounidense no concede por sí sola al Departamento de Justicia la facultad de sustituir los procedimientos electorales estatales.

El conflicto electoral entre Trump y California se intensifica

La controversia se inscribe en una ofensiva más amplia de la Administración republicana contra las supuestas irregularidades en los registros electorales estadounidenses.

Trump lleva años denunciando la participación ilegal de extranjeros en las elecciones y sosteniendo que este fenómeno perjudica a los candidatos republicanos. Sin embargo, los casos acreditados de voto de no ciudadanos son poco frecuentes y no existe evidencia suficiente que respalde sus reiteradas afirmaciones sobre un fraude electoral masivo.

El Departamento de Justicia mantiene investigaciones y ha presentado acusaciones penales contra personas sospechosas de registrarse o votar ilegalmente. Esas actuaciones son distintas del litigio sobre la lista de 20.000 electores: la existencia de investigaciones concretas no demuestra que todos los nombres incluidos en ese registro correspondan a votantes irregulares.

California, gobernada por el demócrata Gavin Newsom, ha convertido la defensa de sus procedimientos electorales en otro frente de oposición a Washington.

Newsom celebró el rechazo del Supremo y acusó al Gobierno federal de intentar alterar el funcionamiento electoral del estado. El fiscal general californiano, Rob Bonta, también presentó la resolución como una victoria frente a las pretensiones de la Administración Trump.

La confrontación tiene un evidente componente político, pero sus consecuencias jurídicas son concretas. El Gobierno federal sostiene que pretende proteger la integridad del sufragio; California argumenta que no puede privarse preventivamente de derechos electorales a ciudadanos sobre la base de datos cuya fiabilidad no está suficientemente demostrada.

California vota sin el bloqueo solicitado por la Casa Blanca

La decisión del Supremo permite que las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026 continúen en California sin introducir la separación extraordinaria de papeletas exigida por el Gobierno federal.

El resultado no impide investigar posibles delitos electorales ni perseguir a quienes hayan votado ilegalmente. Tampoco supone una resolución definitiva sobre todas las cuestiones planteadas en la demanda.

Lo que establece, en términos prácticos, es que la Administración Trump no ha conseguido la autorización judicial urgente que necesitaba para imponer su procedimiento antes de la jornada electoral.

La investigación sobre la lista de presuntos no ciudadanos podrá seguir su curso, y las autoridades competentes conservarán sus facultades para actuar frente a irregularidades demostradas conforme a la legislación aplicable.

Mientras tanto, California mantiene su calendario de votación y escrutinio. Los resultados de estas elecciones determinarán la composición de la Cámara de Representantes y del Senado, dos instituciones decisivas para la capacidad de gobierno de Trump durante los dos últimos años de su segundo mandato.

La derrota judicial del presidente es clara en esta fase del procedimiento. La cuestión de fondo sigue abierta, pero el Supremo ha rechazado modificar de urgencia las reglas aplicadas a miles de papeletas a unas horas de las urnas. Y en unas elecciones, la diferencia entre una sospecha y una prueba no es precisamente un detalle menor.