Rita Maestre lleva a la Fiscalía la recalificación del Real Madrid

Rita Maestre ha llevado ante la Fiscalía Provincial de Madrid la polémica recalificación de los terrenos del Real Madrid en Valdebebas. Más Madrid presentó el martes 3 de noviembre una denuncia por posibles irregularidades en la operación urbanística promovida por el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida. La iniciativa llega después de conocerse un grave error económico en el informe utilizado para justificar el proyecto.

La formación municipal también ha acudido a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción para que investigue la contratación de la consultora Savills, que había trabajado previamente para el club presidido por Florentino Pérez. Más Madrid solicita que se examine la posible existencia de delitos de prevaricación, fraude en la contratación pública, malversación y falsedad documental. Por el momento, se trata de sospechas planteadas en las denuncias, no de hechos delictivos acreditados.

La controversia gira alrededor de una modificación del planeamiento urbanístico que permitiría desarrollar nuevas actividades económicas en terrenos vinculados a la ciudad deportiva del Real Madrid. El proyecto contempla oficinas, hoteles, establecimientos comerciales y distintos equipamientos privados.

Sin embargo, el debate ha dejado de centrarse exclusivamente en los usos del suelo. Un error en las previsiones económicas municipales y la participación de una misma consultora en trabajos para el club y el Ayuntamiento han abierto un conflicto político que podría tener consecuencias administrativas y judiciales.

Un error de casi 100 millones en el informe económico

El principal problema detectado afecta al estudio de sostenibilidad económica elaborado para el Ayuntamiento de Madrid. El documento calculaba que la operación generaría un saldo anual positivo de 98,6 millones de euros para las arcas municipales, cuando la cifra corregida sería de aproximadamente 1,46 millones.

La diferencia procede de una estimación incorrecta del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondiente a los futuros inmuebles destinados al alquiler.

El cálculo que multiplicó por cien los ingresos previstos

El informe aplicó un porcentaje del 10 % sobre un valor catastral estimado de 980 millones de euros, cuando debía utilizar el 0,1 %. Ese fallo multiplicó por cien la previsión de ingresos vinculada al impuesto, que pasó de unos 980.000 euros a aproximadamente 98 millones.

La corrección modifica sustancialmente el balance económico presentado para respaldar la transformación urbanística. No significa que el Ayuntamiento haya perdido efectivamente esa cantidad, puesto que se trata de ingresos futuros previstos, pero sí cuestiona la fiabilidad de uno de los documentos empleados durante la tramitación.

Más Madrid sostiene que, al revisar también los gastos asociados al proyecto, la operación podría ocasionar un menoscabo de unos 99 millones de euros para las cuentas municipales. Se trata de una estimación de la formación política, no de una pérdida confirmada por una resolución judicial o administrativa.

La discusión resulta relevante porque el Ayuntamiento tendrá que asumir determinados costes de infraestructuras y mantenimiento relacionados con el desarrollo. La cuestión no es únicamente cuánto ingresará, sino si los beneficios públicos previstos compensan esos gastos.

Savills, la consultora que trabajó para el Real Madrid y Almeida

El segundo frente de la denuncia apunta directamente a Savills, la consultora inmobiliaria encargada de elaborar el informe económico para el Ayuntamiento.

Según la documentación conocida, el Gobierno municipal adjudicó a la empresa un contrato de aproximadamente 8.700 euros a finales de junio de 2026. La circunstancia que Más Madrid considera especialmente delicada es que Savills había trabajado anteriormente para el Real Madrid en la preparación de la propuesta urbanística presentada al consistorio.

La coincidencia plantea dudas sobre la independencia de la evaluación municipal. No obstante, haber prestado servicios a ambas partes no constituye por sí mismo una ilegalidad. Para determinar si existió alguna irregularidad sería necesario examinar las condiciones de contratación, las obligaciones de independencia y la intervención concreta de la consultora.

Maestre ha descrito la situación como un «sospechoso informe giratorio» entre el entorno de Florentino Pérez y el Ayuntamiento de Almeida.

La formación solicita a la Fiscalía que examine el expediente completo, las distintas versiones de los informes económicos, las hojas de cálculo y las comunicaciones relacionadas con los errores. También pretende aclarar quién decidió contratar a Savills y si los responsables municipales conocían sus trabajos anteriores para el club.

El objetivo es determinar si existió una contratación irregular, un posible conflicto de intereses o alguna actuación destinada a favorecer indebidamente intereses privados.

El proyecto del Real Madrid en Valdebebas y los 190 millones

La modificación urbanística afecta al entorno de la ciudad deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, dentro de una actuación que comprende aproximadamente 1,2 millones de metros cuadrados.

La iniciativa pretende ampliar los usos permitidos en terrenos vinculados al club, incorporando actividades empresariales, comerciales y de servicios.

Entre los equipamientos previstos figuran oficinas, hoteles, comercios, residencias de estudiantes, un hospital privado, instalaciones educativas y espacios destinados a la innovación.

El desarrollo está relacionado con el proyecto Madrid Innovation District, concebido como un complejo de actividad económica y tecnológica.

Más Madrid sostiene que el cambio de uso del suelo podría incrementar el valor de los terrenos del club en más de 190 millones de euros. La formación utiliza esa estimación para denunciar lo que considera un posible beneficio urbanístico excesivo para una entidad privada.

Conviene distinguir ese incremento patrimonial estimado del error detectado en las cuentas municipales. Son dos magnitudes diferentes: una se refiere a la posible revalorización del suelo y la otra a las previsiones de ingresos públicos.

El fondo del conflicto es determinar si la transformación urbanística está suficientemente justificada por el interés general y si sus efectos económicos se han evaluado correctamente.

Almeida reconoce el error, pero defiende la recalificación

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconoció el 26 de octubre que el informe contenía un error de cálculo. Sin embargo, rechazó que esa equivocación supusiera una pérdida económica real para el consistorio.

El regidor explicó que los ingresos inflados en el documento nunca se habrían cobrado en esas cantidades y defendió que el fallo debía corregirse sin abandonar la operación urbanística.

Su posición es que la modificación del planeamiento continúa siendo beneficiosa para la ciudad, pese a la necesidad de rectificar las previsiones económicas.

La vicealcaldesa, Inma Sanz, también defendió el proyecto el 3 de noviembre y lo calificó de «muy positivo» para Madrid. Sanz sostuvo que el error material sería corregido y cuestionó la actuación judicial impulsada por la oposición.

Más Madrid considera insuficientes estas explicaciones. La formación argumenta que una variación económica de semejante magnitud exige revisar la justificación del proyecto y esclarecer por qué los mecanismos municipales de supervisión no detectaron el problema antes.

El enfrentamiento político se concentra así en dos interpretaciones: el Gobierno municipal defiende que existe un fallo subsanable que no invalida la operación, mientras que el grupo de Rita Maestre reclama una investigación sobre el procedimiento completo.

La Fiscalía estudiará las denuncias y el futuro de la operación

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana recibió su aprobación inicial el 30 de julio de 2026. Posteriormente se abrió un periodo de información pública, comprendido entre el 26 de agosto y el 25 de septiembre.

El proyecto todavía no contaba con la aprobación definitiva cuando Más Madrid presentó sus denuncias.

La Fiscalía Provincial de Madrid deberá valorar los hechos denunciados y decidir si existen elementos suficientes para abrir diligencias de investigación, solicitar información adicional o archivar las actuaciones.

En paralelo, la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción puede examinar posibles irregularidades administrativas relacionadas con el expediente y la contratación de la consultora. Sus funciones de control no equivalen a las de un tribunal penal.

La presentación de una denuncia no implica que exista una investigación judicial abierta ni que se haya demostrado la comisión de un delito. Tampoco supone automáticamente la suspensión de la modificación urbanística.

Más Madrid ha anunciado que estudiará acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa si el Ayuntamiento aprueba definitivamente la recalificación. Esa vía permitiría cuestionar la legalidad del procedimiento urbanístico con independencia de que prospere o no una investigación penal.

Una recalificación pendiente de resolver en Madrid

El futuro de los terrenos del Real Madrid queda condicionado por dos cuestiones: la continuidad de la tramitación urbanística y la respuesta de los organismos a los que ha acudido Más Madrid.

El Ayuntamiento mantiene su intención de desarrollar el proyecto, mientras la oposición exige aclarar el alcance de los errores económicos y las circunstancias de contratación de Savills.

La documentación corregida y la justificación del interés público serán especialmente relevantes para determinar si la actuación puede seguir adelante en los términos previstos.

Por el momento, no existe una resolución que declare ilegal la operación. Lo acreditado es que el informe económico contenía un error relevante, reconocido por el propio alcalde, y que Más Madrid ha solicitado investigar posibles irregularidades relacionadas con la recalificación.

El expediente de Valdebebas entra así en una fase decisiva. Más allá del enfrentamiento entre Rita Maestre y Martínez-Almeida, lo que está en discusión es la legalidad y la justificación económica de una transformación urbanística de gran alcance en terrenos vinculados al Real Madrid.