El Consejo de Europa alerta del uso de migrantes como chivo expiatorio

La inmigración se ha convertido en uno de los principales campos de batalla del debate político europeo. Un análisis de los mecanismos históricos de la propaganda permite identificar un patrón que vuelve a aparecer en determinados discursos contemporáneos: atribuir a un grupo de población responsabilidades colectivas por problemas económicos, sociales o de seguridad. Es la vieja estrategia del chivo expiatorio, utilizada durante siglos para señalar enemigos y movilizar el descontento.

La comparación ha adquirido especial relevancia en 2026. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), organismo del Consejo de Europa, ha advertido de la creciente normalización de los discursos xenófobos y de la utilización de inmigrantes y refugiados como objetivos de mensajes de odio, también durante las campañas electorales. El fenómeno no implica que cualquier crítica a la política migratoria sea discriminatoria. La diferencia aparece cuando se pasa de discutir leyes, recursos o fronteras a presentar a comunidades enteras como responsables de los males de un país.

La cuestión resulta especialmente significativa porque los datos migratorios no siempre coinciden con la percepción de crisis permanente que transmiten algunos mensajes políticos. En 2025, las solicitudes de asilo presentadas por primera vez en la Unión Europea descendieron aproximadamente un 27%, mientras que las detecciones de cruces irregulares de fronteras exteriores cayeron un 26%. El debate público, sin embargo, sigue marcado por la presión sobre los servicios públicos, la seguridad, la identidad nacional y el control de las fronteras.

El chivo expiatorio: una estrategia política que atraviesa la historia

El concepto de chivo expiatorio describe un mecanismo social por el que una persona o un colectivo termina cargando con culpas que no le corresponden, o con responsabilidades mucho mayores que las que realmente tiene. En política, resulta especialmente eficaz cuando existe una crisis y la población busca explicaciones inmediatas.

El procedimiento tiene una lógica sencilla. Primero se identifica un problema real, como el desempleo, la inseguridad o el deterioro de los servicios públicos. Después se señala a un grupo reconocible como causante principal de ese problema. Finalmente, se presenta su exclusión, expulsión o limitación de derechos como una solución aparentemente directa.

La historia europea ofrece ejemplos especialmente graves de esta práctica. Durante la República de Weimar, la propaganda nazi aprovechó la inestabilidad económica y política de Alemania para difundir teorías conspirativas contra los judíos. El antisemitismo fue uno de los elementos centrales de una estrategia que convirtió a una minoría en enemigo colectivo y contribuyó a preparar el terreno para su persecución sistemática.

Las semejanzas históricas no significan situaciones idénticas

Comparar determinados recursos propagandísticos actuales con los utilizados en el pasado exige precisión. La Europa democrática de 2026 no es la Alemania de los años treinta, y utilizar procedimientos retóricos parecidos no equivale a perseguir necesariamente los mismos objetivos políticos ni anticipa consecuencias idénticas.

La semejanza que interesa a los historiadores y especialistas en comunicación política está en el mecanismo de atribución colectiva de culpabilidades: simplificar problemas complejos, identificar enemigos internos y presentar la exclusión como respuesta. La comparación permite reconocer una técnica de manipulación, no establecer equivalencias automáticas entre gobiernos, partidos o épocas históricas.

El Consejo de Europa alerta sobre la normalización de la xenofobia

El informe anual publicado en mayo de 2026 por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia identificó una creciente normalización de los discursos de odio en distintos países europeos. Entre los grupos afectados figuran inmigrantes, refugiados, musulmanes y comunidades romaníes.

El organismo advirtió de que la procedencia nacional, la religión y la condición de extranjero siguen utilizándose como motivos de estigmatización. También señaló la presencia de estereotipos negativos y desinformación en el discurso político, especialmente durante periodos electorales.

La preocupación institucional se trasladó al seminario celebrado en Estrasburgo los días 15 y 16 de octubre de 2026, dedicado a combatir las narrativas discriminatorias en la política y el debate público. Entre sus asuntos centrales figuró precisamente el uso del chivo expiatorio para instrumentalizar las divisiones sociales.

La cuestión va más allá de las diferencias ideológicas. Un partido puede defender controles fronterizos estrictos, mayores requisitos de residencia o reformas del sistema de asilo sin recurrir a la xenofobia. El problema aparece cuando la condición de inmigrante se convierte en una presunción de peligrosidad, deshonestidad o responsabilidad colectiva.

Los datos migratorios contradicen algunos relatos alarmistas

Las estadísticas oficiales permiten situar el debate en una dimensión más precisa.

Durante 2025, la Unión Europea registró aproximadamente 669.400 primeras solicitudes de asilo, frente a las 912.400 de 2024. La reducción fue del 27%. España recibió alrededor de 141.000 solicitudes, el 21% del total comunitario, por delante de Italia, Francia y Alemania.

Frontex contabilizó cerca de 178.000 detecciones de cruces irregulares de las fronteras exteriores europeas durante 2025, un 26% menos que el año anterior. Estas detecciones no equivalen necesariamente al número de personas distintas, porque una misma persona puede ser registrada más de una vez.

La tendencia descendente continuó durante la primera mitad de 2026. Según la Agencia de Asilo de la Unión Europea, los países comunitarios, junto con Noruega y Suiza, recibieron unas 332.000 solicitudes de protección internacional entre enero y junio, un 17% menos que durante el mismo periodo de 2025.

Estos datos no eliminan las dificultades de gestión migratoria. La distribución territorial de las llegadas, los recursos administrativos, la acogida de menores o los procedimientos de devolución siguen planteando desafíos. Una reducción general tampoco significa que todos los países o rutas experimenten la misma evolución.

Lo que muestran las cifras es que no puede describirse la inmigración europea mediante una única situación de emergencia permanente. Es necesario distinguir las solicitudes de asilo, los movimientos migratorios regulares, los cruces irregulares y la población extranjera residente. Son categorías diferentes, aunque con demasiada frecuencia aparezcan mezcladas en el debate político.

España y el peligro de convertir un delito en una culpa colectiva

Uno de los ejemplos recientes más ilustrativos se produjo en Torre Pacheco (Murcia) durante julio de 2025.

La agresión a un vecino de 68 años desencadenó una sucesión de incidentes y disturbios. La investigación policial permitió identificar a personas relacionadas con la agresión, pero paralelamente comenzaron a circular en redes sociales vídeos descontextualizados, acusaciones falsas y mensajes que vinculaban de manera generalizada a la población inmigrante con la delincuencia.

Entre los contenidos desmentidos figuraba un supuesto comunicado municipal que relacionaba la inmigración con el aumento de la inseguridad. El Ayuntamiento nunca había publicado ese documento.

Una investigación conjunta de EFE Verifica y VerificaRTVE examinó más de 115.000 mensajes difundidos en X y Telegram para analizar la propagación de la desinformación y los discursos de odio durante aquellos acontecimientos.

El caso permite distinguir dos cuestiones fundamentales. Una agresión constituye un hecho delictivo que debe investigarse y sancionarse conforme a la ley, independientemente de la nacionalidad del responsable. Otra cosa muy distinta es utilizar ese delito para atribuir una responsabilidad general a miles de personas que comparten su origen.

La responsabilidad penal es individual. Convertirla en colectiva altera el sentido de la justicia y puede provocar consecuencias sobre personas que no han cometido ninguna infracción.

La política migratoria exige respuestas más complejas que un culpable

Las sociedades europeas afrontan problemas reales relacionados con el acceso a la vivienda, la integración, los servicios públicos, las necesidades del mercado laboral y el envejecimiento demográfico. La inmigración puede influir en algunos de estos ámbitos, tanto mediante aportaciones económicas y sociales como generando necesidades adicionales de planificación.

Negarlo sería tan poco riguroso como responsabilizar a los inmigrantes de todos esos problemas.

La cuestión de fondo es determinar qué factores explican cada situación, qué peso tiene la inmigración entre ellos y qué medidas pueden producir resultados verificables. La disponibilidad de viviendas, por ejemplo, depende también de la construcción, la regulación urbanística, la inversión, el mercado del alquiler y la distribución territorial de la población.

En materia migratoria, la Unión Europea dispone desde el 12 de junio de 2026 de un nuevo marco normativo plenamente aplicable: el Pacto sobre Migración y Asilo. Introduce procedimientos comunes de identificación y control, modificaciones en la tramitación de solicitudes y mecanismos para distribuir responsabilidades entre los Estados miembros. Su aplicación representa un cambio importante en la gestión europea de las fronteras y la protección internacional.

También conviene diferenciar a quienes solicitan protección internacional de quienes se trasladan por motivos laborales o familiares. Un refugiado necesita protección porque no puede regresar de forma segura a su país. Un solicitante de asilo está pendiente de que se resuelva su petición. Un inmigrante con residencia legal puede encontrarse en una situación administrativa completamente diferente.

La confusión entre estas condiciones facilita la elaboración de mensajes simplificados, pero dificulta comprender las obligaciones legales y las alternativas disponibles.

El coste democrático de buscar culpables colectivos

La propaganda basada en el chivo expiatorio ofrece una ventaja política evidente: transforma problemas difíciles en explicaciones fáciles. Permite concentrar el descontento sobre un grupo identificable y desplazar la discusión sobre decisiones públicas, responsabilidades institucionales o reformas pendientes.

Su principal debilidad es precisamente esa simplificación. Señalar a los inmigrantes no construye viviendas, no mejora por sí solo los servicios públicos ni sustituye una política eficaz contra la delincuencia.

Las democracias necesitan poder discutir abiertamente sobre inmigración, fronteras, integración, derechos y obligaciones. También necesitan que esas discusiones respeten los hechos y eviten presentar a poblaciones enteras como amenazas.

La experiencia histórica demuestra hasta dónde puede llegar la propaganda cuando sustituye el análisis por la búsqueda de enemigos. Las circunstancias europeas actuales son distintas, pero el riesgo de normalizar los prejuicios colectivos merece atención.

El desafío no consiste en apartar la inmigración del debate político, sino en impedir que el debate se reduzca a encontrar culpables donde deberían exigirse soluciones.