Google, Meta y TikTok impugnan ley de redes para menores en California

Google, Meta y TikTok han presentado demandas contra el estado de California para bloquear una nueva ley que restringe las funciones consideradas adictivas de las redes sociales para menores de 16 años. Las tres compañías sostienen que la normativa vulnera la libertad de expresión protegida por la Constitución estadounidense y limita su capacidad para decidir cómo muestran los contenidos a sus usuarios.

La legislación, conocida como AB 1709, entrará en vigor el 1 de enero de 2027, salvo que los tribunales suspendan su aplicación. Prohíbe ofrecer a los menores determinadas funciones diseñadas para prolongar el tiempo de uso de las plataformas, como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de vídeos y los sistemas de recomendaciones personalizadas. Las empresas también deberán comprobar la edad de los usuarios y afrontar posibles sanciones si incumplen las restricciones.

Las demandas, presentadas por separado ante tribunales federales de California, abren un nuevo frente entre las grandes tecnológicas y las autoridades estadounidenses. El conflicto llega en un momento especialmente delicado para el sector, sometido a una creciente presión judicial por los posibles efectos de las redes sociales sobre la salud mental de niños y adolescentes.

La disputa va más allá de una cuestión de edad. California pretende intervenir sobre algunas de las funciones que mantienen a millones de personas conectadas durante horas. Las compañías, por su parte, consideran que el estado está invadiendo decisiones protegidas por la libertad de expresión y que corresponden tanto a las plataformas como a las familias.

Qué prohíbe la nueva ley de California a los menores de 16 años

La norma fue aprobada el 10 de septiembre de 2026 y firmada por el gobernador demócrata Gavin Newsom. Su objetivo es reducir la exposición de niños y adolescentes a mecanismos digitales que, según los legisladores, pueden favorecer comportamientos compulsivos.

El texto identifica varias características de las plataformas que buscan aumentar la participación y prolongar las sesiones. Entre ellas figuran el desplazamiento infinito, que permite seguir consumiendo publicaciones sin llegar al final de una página; la reproducción automática, que inicia nuevos vídeos sin intervención del usuario; y determinados algoritmos que seleccionan contenidos según sus hábitos e intereses.

La regulación también contempla otras herramientas, como determinadas notificaciones y funciones que utilizan información sobre el comportamiento del usuario para estimular su permanencia en el servicio.

No se trata, sin embargo, de una prohibición absoluta de utilizar cualquier red social antes de los 16 años. La distinción importa, porque la ley permite mantener cuentas de menores siempre que estas no incorporen las funciones restringidas.

Verificación de edad, eliminación de cuentas y multas

Las plataformas afectadas deberán aplicar mecanismos razonables para comprobar la edad de los usuarios antes de ofrecer las funciones reguladas. Cuando una cuenta de un menor de 16 años no pueda mantenerse conforme a esos requisitos, tendrán que eliminarla junto con los datos personales asociados, salvo que adapten el servicio a las excepciones previstas.

El incumplimiento puede resultar costoso. La ley establece sanciones civiles de hasta 50.000 dólares por cada menor afectado cuando la infracción sea deliberada y de hasta 25.000 dólares cuando se produzca por negligencia.

La normativa también incorpora garantías para el tratamiento de la información utilizada en la comprobación de edad: estos datos deben destinarse a esa finalidad y no a publicidad, elaboración de perfiles ni recomendaciones algorítmicas.

Por qué Google, Meta y TikTok han demandado al estado

Las tres compañías consideran que California ha traspasado los límites de su capacidad reguladora. Su principal argumento se apoya en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión.

Las empresas sostienen que organizar, seleccionar y recomendar contenidos forma parte de sus decisiones editoriales. Desde esta perspectiva, impedir determinadas formas de presentar publicaciones supone una intervención del Gobierno en la manera en que las plataformas ofrecen información.

También invocan la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una disposición federal que establece importantes protecciones jurídicas para los servicios digitales respecto a los contenidos publicados por terceros.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, argumenta que la normativa podría obligarla a eliminar herramientas que utiliza para adaptar las experiencias de los adolescentes o, alternativamente, impedir el acceso de numerosos menores a sus servicios.

Google defiende una posición similar respecto a YouTube. La compañía considera que las recomendaciones personalizadas también permiten encontrar vídeos apropiados para determinadas edades y recuerda que ya dispone de controles parentales.

TikTok sostiene que la selección de contenidos según las preferencias de los usuarios es una práctica habitual en otros sectores, desde los servicios audiovisuales hasta las librerías.

Las tres coinciden en otro punto: las familias deberían conservar capacidad de decisión sobre el uso de estas herramientas por parte de sus hijos.

California defiende la protección de los adolescentes

La respuesta de las autoridades californianas apunta en dirección contraria. El gobernador Gavin Newsom ha defendido la necesidad de situar la seguridad infantil entre las prioridades de la regulación tecnológica.

La ley parte de la idea de que determinadas características de las redes sociales no son simples herramientas neutrales, sino mecanismos diseñados para aumentar la frecuencia y duración del uso.

El fiscal general de California, Rob Bonta, figura como demandado en los procedimientos. Su oficina ha confirmado que está examinando las demandas y que mantiene su compromiso de defender las leyes estatales destinadas a proteger a los menores en internet.

La legislación también establece una comisión asesora de seguridad digital, integrada por especialistas de distintos ámbitos, para estudiar cuestiones relacionadas con la protección infantil, las tecnologías de verificación de edad y los posibles efectos de las restricciones.

El conflicto jurídico se produce mientras las grandes plataformas afrontan numerosos procedimientos por acusaciones relacionadas con el uso compulsivo de redes sociales y sus posibles consecuencias para el bienestar psicológico de los jóvenes.

En agosto de 2026, Meta alcanzó un acuerdo para resolver reclamaciones de numerosos estados estadounidenses relacionadas con la seguridad infantil. TikTok también ha afrontado litigios sobre las características de sus servicios.

Es importante distinguir ambos asuntos: las demandas contra California cuestionan la constitucionalidad de una ley, mientras que los procesos por daños a menores examinan la posible responsabilidad de las empresas por el diseño y funcionamiento de sus productos.

La verificación de edad abre otro conflicto sobre privacidad

Uno de los puntos más controvertidos de la regulación es la obligación de verificar edades. Para impedir que un menor acceda a determinadas funciones, las plataformas necesitan disponer de información suficiente para distinguir entre usuarios adultos y adolescentes.

Esa exigencia plantea un problema adicional: cómo comprobar la edad sin recopilar datos personales innecesarios.

La Electronic Frontier Foundation, organización estadounidense dedicada a defender los derechos digitales, ha criticado la normativa por sus posibles consecuencias sobre la privacidad y la libertad de expresión.

El temor es que los sistemas de identificación terminen ampliando la recogida de información sobre usuarios de todas las edades, incluidos adultos que no están sujetos a las restricciones.

La cuestión también afecta a la autonomía de los adolescentes. Las redes sociales pueden exponerles a contenidos perjudiciales, pero son igualmente espacios de comunicación, aprendizaje y participación pública.

Encontrar un equilibrio entre esos derechos y la protección frente a prácticas potencialmente dañinas será uno de los desafíos de la aplicación de la ley.

El futuro de las redes sociales para menores, pendiente de los jueces

California ha fijado el 1 de enero de 2027 como fecha para comenzar a aplicar las nuevas restricciones. Las demandas de Google, Meta y TikTok pretenden impedir que la normativa entre en funcionamiento en los términos aprobados.

Por el momento, la presentación de las demandas no suspende automáticamente la ley. Será necesario que los tribunales adopten una decisión que frene su aplicación o que posteriormente se produzca una resolución sobre su constitucionalidad.

El resultado tendrá importancia más allá de California. Otros gobiernos están explorando restricciones sobre el acceso de los menores a las redes sociales, mientras las empresas tecnológicas intentan defender sus modelos de funcionamiento frente a regulaciones cada vez más exigentes.

Australia, por ejemplo, puso en marcha en diciembre de 2025 un sistema de restricciones de acceso a redes sociales para menores de 16 años, dentro de una tendencia internacional que está modificando las obligaciones de las plataformas.

En California, el debate se concentra sobre una cuestión concreta: hasta qué punto las autoridades pueden limitar las funciones que utilizan las empresas para mantener la atención de sus usuarios.

La respuesta de los tribunales determinará si las grandes plataformas deberán modificar una parte esencial de su funcionamiento para los menores de 16 años o si la protección constitucional de la libertad de expresión impone límites a esa intervención estatal.