Elecciones del 29N: las promesas del PP, una a una, y su viabilidad

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo afronta las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 con una batería de promesas que incluye construir un millón de viviendas, bajar impuestos, garantizar las pensiones conforme al IPC, reforzar la sanidad pública, endurecer la política migratoria y reformar las instituciones. Son los principales compromisos de su proyecto político, pero su cumplimiento presenta dificultades muy diferentes: algunas medidas podrían aprobarse mediante cambios legislativos relativamente rápidos, mientras que otras exigirían grandes inversiones, acuerdos parlamentarios o la colaboración de las comunidades autónomas.

El PP ha concretado sus prioridades en un documento de 12 compromisos, denominado Mi contrato con España, presentado por Feijóo el 19 de octubre. A ese texto se suman un decálogo económico, propuestas específicas de vivienda y anuncios realizados durante la precampaña. Sin embargo, a 6 de noviembre, la formación todavía no ha publicado su programa electoral completo para el 29N. Conviene distinguirlo: una promesa anunciada públicamente no equivale necesariamente a una medida presupuestada, con plazos definidos y garantías de ejecución.

El proyecto popular combina tres grandes objetivos: recuperar el poder adquisitivo de las familias, facilitar el acceso a la vivienda y transformar el funcionamiento del Estado. Su planteamiento económico apuesta por menos impuestos y regulación, más inversión y mayor productividad. En el terreno institucional, Feijóo propone reforzar la separación de poderes, reducir cargos políticos y recuperar una política migratoria basada en requisitos de entrada y permanencia más estrictos.

Hay propuestas suficientemente desarrolladas para evaluar sus consecuencias. Otras siguen siendo compromisos generales. Y algunas plantean una dificultad esencial: prometer más servicios públicos, reducir la presión fiscal y mantener la estabilidad presupuestaria exige explicar de dónde saldrá el dinero. Esa cuenta todavía no está completamente cerrada.

El análisis de las propuestas permite distinguir entre los compromisos que dependen principalmente de una decisión del Gobierno, los que necesitan una mayoría parlamentaria y aquellos cuyo resultado está condicionado por factores económicos o administrativos. Esa diferencia importa mucho. Aprobar una rebaja fiscal puede llevar meses; construir cientos de miles de viviendas, formar nuevos médicos o elevar los salarios reales requiere bastante más tiempo.

Vivienda e impuestos: las promesas del PP con más impacto económico

Dos de las apuestas más visibles de Feijóo afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos: facilitar el acceso a la vivienda y reducir impuestos. El PP ha desarrollado propuestas específicas en ambos terrenos, aunque persisten dudas sobre su coste, su alcance y sus efectos reales.

4. Un millón de viviendas, avales para jóvenes y desahucios en 48 horas

La promesa inmobiliaria del PP es una de las más ambiciosas de toda su oferta electoral: construir al menos un millón de viviendas durante una legislatura. Para conseguirlo, el partido plantea aumentar la disponibilidad de suelo, acelerar las licencias urbanísticas y reducir los obstáculos administrativos que, a su juicio, frenan la construcción.

Feijóo ha anunciado que promoverá durante sus primeros cien días de Gobierno una nueva Ley del Suelo, una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y una legislación para facilitar el desalojo de ocupantes ilegales en 48 horas. También propone establecer, con carácter general, un plazo de 90 días para aplicar el silencio administrativo positivo en determinados procedimientos urbanísticos.

Para los menores de 40 años, el PP plantea avales públicos de hasta el 100 % para comprar la primera vivienda, rebajas fiscales de hasta el 60 % en el IVA y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, así como una cuenta de ahorro denominada Hucha Hogar Joven, con incentivos tributarios para las aportaciones y sus rendimientos.

También propone deducciones fiscales para propietarios e inquilinos que mantengan contratos de alquiler con incrementos inferiores al IPC. El objetivo declarado es animar a sacar viviendas al mercado y favorecer la estabilidad de los arrendamientos.

La viabilidad del millón de viviendas es la principal incógnita. Alcanzar esa cantidad en cuatro años supondría una media de 250.000 viviendas anuales. España terminó alrededor de 92.000 en 2025 y superó las 51.000 durante el primer semestre de 2026. El objetivo popular exigiría, por tanto, multiplicar considerablemente el ritmo de producción.

Existe margen para aumentar la actividad, pero las reformas administrativas no resuelven por sí solas la escasez de suelo urbanizado, trabajadores especializados, financiación y capacidad constructora. El Banco de España ha identificado precisamente estas limitaciones como obstáculos estructurales. Incluso con leyes aprobadas durante los primeros meses, muchas promociones necesitarían varios años para convertirse en viviendas habitables.

Los avales tampoco garantizan que los compradores encuentren casas asequibles. Facilitan el acceso a financiación, pero aumentan la capacidad de compra sin incrementar necesariamente la oferta disponible. En mercados donde apenas hay viviendas, parte de esa ventaja podría trasladarse a los precios.

La propuesta de desalojo en 48 horas también requiere matices. El legislador puede acelerar procedimientos y reforzar la respuesta frente a las ocupaciones ilegales, pero su aplicación debe respetar las garantías judiciales y distinguir entre allanamiento de morada, usurpación y conflictos arrendaticios. No todos los supuestos pueden resolverse automáticamente mediante un plazo único.

10. Rebaja del IRPF, IVA reducido y ventajas fiscales para autónomos

El décimo compromiso del contrato consiste en revisar las subidas fiscales de los últimos años y reducir los impuestos. El PP ha desarrollado esa promesa mediante propuestas que afectan al IRPF, al consumo, a la energía y a los trabajadores autónomos.

Entre las más concretas figura la actualización de la tarifa estatal del IRPF conforme a la inflación, conocida como deflactación. Esta medida pretende evitar que un incremento salarial destinado a compensar la subida de precios provoque una mayor tributación real simplemente por el funcionamiento de los tramos del impuesto.

El partido propone también duplicar el mínimo por descendientes, con el objetivo de aliviar la carga fiscal de las familias con hijos. En su decálogo económico calcula que una familia con dos hijos podría beneficiarse de un ahorro superior a 400 euros en el periodo contemplado por la propuesta. La ventaja concreta dependería de los ingresos y circunstancias fiscales de cada contribuyente.

En los impuestos indirectos, el PP plantea aplicar un IVA del 0 % a determinados alimentos básicos, incluidos productos como carne, pescado, huevos, leche, frutas y verduras. También propone reducir del 21 % al 10 % el IVA sobre la energía.

Para los autónomos, sus anuncios incluyen una exención de IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, una tarifa cero para nuevas altas, menos declaraciones tributarias y bonificaciones de cotizaciones vinculadas a la contratación, la maternidad, la paternidad o determinadas bajas por enfermedad.

Muchas de estas medidas son jurídicamente posibles, aunque algunas requieren adaptarse a la normativa europea, modificar leyes tributarias y coordinarse con las comunidades autónomas. Es especialmente importante distinguir entre impuestos estatales, como el IVA, y tributos cedidos cuya regulación depende en parte de los gobiernos regionales.

La dificultad económica reside en la pérdida de recaudación. Menos impuestos pueden aumentar la renta disponible, favorecer determinadas actividades y estimular el consumo, pero sus efectos dependen del comportamiento de hogares y empresas. No existe una garantía de que el crecimiento económico resultante compense íntegramente el dinero que dejaría de ingresar Hacienda.

La propuesta requiere, por tanto, un cálculo completo de ingresos y gastos. Reducir ministerios o eliminar duplicidades puede generar ahorros, pero no basta con anunciarlos para demostrar que financiarán todas las rebajas tributarias y las nuevas inversiones.

Pensiones, salarios, sanidad y educación: los servicios que promete mejorar

6. Garantizar las pensiones actuales y futuras. Feijóo se compromete a mantener la actualización anual de las pensiones conforme al índice de precios de consumo y a preservar la sostenibilidad del sistema para las generaciones más jóvenes. El documento sitúa este objetivo dentro del Pacto de Toledo.

La revalorización conforme al IPC ya forma parte de la legislación española. Por eso, el compromiso popular supone fundamentalmente mantener ese mecanismo, no introducir una prestación completamente nueva. El aspecto más difícil de comprobar es la garantía de las pensiones futuras.

España afronta el aumento del número de jubilados y del gasto asociado a las pensiones. Mejorar la productividad, aumentar el empleo y elevar los salarios puede reforzar los ingresos por cotizaciones. No obstante, garantizar la sostenibilidad a largo plazo exige previsiones demográficas, cálculos financieros y decisiones sobre ingresos y gastos que el contrato electoral todavía no desarrolla suficientemente.

7. Reforzar la sanidad pública con más profesionales y mejores condiciones. El PP promete ampliar las plantillas sanitarias y mejorar las retribuciones y condiciones laborales. Su propuesta sectorial más detallada es un Plan Nacional de Salud Mental, anunciado en mayo de 2026.

Ese proyecto plantea incorporar aproximadamente 10.000 profesionales de salud mental, entre ellos 2.000 psiquiatras, 3.000 psicólogos y 5.000 profesionales de enfermería, con una inversión prevista de entre 500 y 700 millones de euros anuales. También contempla más atención infantojuvenil, prevención del suicidio y ampliación de la psicoterapia.

Es una propuesta más cuantificada que otras promesas sanitarias, pero su ejecución depende de un factor decisivo: disponer realmente de los profesionales. No basta con reservar fondos para contrataciones cuando formar especialistas requiere años y existen diferencias importantes entre territorios.

La sanidad está gestionada principalmente por las comunidades autónomas. Un Gobierno central puede impulsar planes, aprobar financiación y coordinar actuaciones, pero necesita colaboración territorial para traducirlos en nuevas plazas, mejores servicios y reducciones de las listas de espera.

8. Elevar el nivel educativo y reforzar la autoridad docente. Feijóo apuesta por recuperar la exigencia académica, premiar el esfuerzo, mejorar los resultados escolares y combatir lo que su partido denomina adoctrinamiento en las aulas. Defiende también la enseñanza del castellano en toda España y de las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios.

Entre sus propuestas figura reforzar el papel de las reales academias en la elaboración de contenidos educativos. El planteamiento necesitaría concretar qué competencias tendrían esas instituciones y cómo encajaría su participación en el diseño curricular vigente.

Modificar leyes educativas es posible con suficiente apoyo parlamentario, pero la aplicación de cambios curriculares, lingüísticos y organizativos debe respetar el marco constitucional y las competencias autonómicas. Mejorar los resultados académicos tampoco depende exclusivamente de cambiar una ley: intervienen la formación del profesorado, la financiación, las condiciones de los centros y las circunstancias sociales del alumnado.

11. Aumentar el salario medio de los españoles. El PP quiere que los salarios crezcan mediante una mejora de la productividad, mayor inversión empresarial y un mercado laboral más competitivo. Feijóo ha señalado también su intención de abordar las cuestiones salariales mediante conversaciones con sindicatos y patronal.

La diferencia entre este compromiso y una subida del salario mínimo es fundamental. El Gobierno puede modificar el salario mínimo interprofesional mediante los procedimientos establecidos, pero no puede fijar directamente el salario medio de todos los trabajadores. Este depende de la negociación colectiva, la productividad de las empresas, la composición del empleo y la evolución económica.

La propuesta apunta a un objetivo relevante para las familias, pero todavía necesita una referencia cuantificable: cuánto pretende aumentar el salario medio, en qué plazo y con qué instrumentos. Sin esos datos, resulta imposible determinar si el compromiso se ha cumplido o si simplemente se ha producido un crecimiento salarial asociado al ciclo económico.

Inmigración, seguridad y unidad territorial: tres compromisos políticos

1. Defender la soberanía nacional y la integridad territorial. El primer punto del contrato se centra en reforzar la protección de las fronteras, preservar la unidad de España y garantizar una respuesta institucional frente a situaciones que comprometan la seguridad nacional.

Feijóo defiende un Estado capaz de proteger sus fronteras y actuar con firmeza frente a amenazas exteriores. La orientación política está definida, pero su ejecución dependería de medidas específicas en defensa, seguridad, diplomacia y cooperación europea.

La integridad territorial está protegida por el marco constitucional español. Lo que puede cambiar un Gobierno es la política aplicada para defenderla, el nivel de recursos asignados y su relación con las comunidades autónomas o con otros Estados.

5. Endurecer el control de la inmigración irregular. El PP propone reforzar las fronteras, establecer requisitos más exigentes para obtener la nacionalidad española, impedir las regularizaciones colectivas y vincular las vías legales de entrada al cumplimiento de las normas y a las necesidades del país.

También defiende la expulsión de extranjeros que cometan delitos, dentro del marco legal aplicable. No se trata, sin embargo, de una medida que pueda ejecutarse automáticamente en cualquier circunstancia. Las expulsiones requieren procedimientos individualizados y están sometidas a la legislación española, las garantías judiciales, las normas europeas y los compromisos internacionales sobre derechos humanos y protección de refugiados.

Prohibir legalmente futuras regularizaciones generales es una opción que puede plantearse mediante una reforma normativa. Su efectividad dependería de la redacción de esa ley y de su compatibilidad con el derecho europeo. Además, una prohibición aprobada por una mayoría parlamentaria podría ser modificada posteriormente por otra.

La propuesta plantea igualmente una cuestión económica. España necesita trabajadores en determinados sectores y el envejecimiento demográfico aumenta la importancia de la población activa. Una política migratoria más restrictiva tendría que combinarse con vías legales de contratación suficientemente ágiles para no agravar la falta de mano de obra.

9. Incrementar la seguridad ciudadana. El Partido Popular promete más medios materiales, recursos económicos y autoridad para la Policía Nacional y la Guardia Civil. También plantea reforzar la respuesta frente a la delincuencia y mejorar las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad.

Estas medidas son relativamente viables desde el punto de vista administrativo si cuentan con dotación presupuestaria y cobertura legal. La contratación de agentes, su formación y el despliegue de nuevas unidades necesitan, no obstante, plazos y recursos sostenidos.

Prometer más seguridad exige definir indicadores verificables. El número de delitos denunciados, la evolución de determinadas modalidades delictivas, la reincidencia o los tiempos de respuesta permiten medir resultados. La percepción ciudadana de inseguridad también importa, aunque no siempre coincide con la evolución estadística de la criminalidad.

Justicia, administración pública y relaciones internacionales

2. Recuperar la separación de poderes y la independencia institucional. Feijóo defiende reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para que los jueces tengan un papel determinante en la designación de los vocales de procedencia judicial. También promete reforzar la independencia del Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y los organismos reguladores.

Su propuesta incluye presentar Presupuestos Generales del Estado cada año y convocar elecciones si se acumula más de una prórroga presupuestaria.

El cambio en la elección del órgano de gobierno de los jueces necesitaría una reforma legislativa y apoyos suficientes en el Congreso. Garantizar la independencia de los organismos también exige mecanismos de selección transparentes y reglas institucionales que no dependan exclusivamente de la voluntad del Gobierno de turno.

La promesa presupuestaria merece una precisión. La Constitución permite prorrogar las cuentas públicas si no se aprueban otras nuevas. La convocatoria anticipada de elecciones sería, en los términos anunciados, un compromiso político de Feijóo, no una obligación automática derivada de la segunda prórroga.

3. Reducir el tamaño del Gobierno y combatir la corrupción. El PP propone disminuir el número de ministerios, altos cargos y asesores, revisar el gasto público y eliminar estructuras administrativas que considere innecesarias.

Una parte de estas decisiones podría adoptarse con relativa rapidez desde el Ejecutivo. Sin embargo, menos ministerios no implica necesariamente menos gasto público. Las competencias, los funcionarios y muchos contratos continúan existiendo aunque desaparezca o se fusione un departamento.

El contrato también reclama responsabilidades políticas por los casos de corrupción que afecten a subordinados. Ese compromiso puede traducirse en criterios más estrictos de dimisión, controles internos y procedimientos de supervisión. La responsabilidad penal, en cambio, debe determinarse individualmente conforme a la ley y no puede establecerse automáticamente por el simple hecho de ocupar un cargo superior.

12. Recuperar el prestigio internacional de España. Feijóo promete fortalecer las relaciones con los socios europeos, Hispanoamérica y los aliados tradicionales, defendiendo la democracia y una política exterior que considere más fiable y coherente.

Es una prioridad política, pero también una de las promesas menos medibles del contrato. El prestigio internacional no dispone de un indicador único. Para comprobar resultados sería necesario evaluar acuerdos diplomáticos, posiciones en las instituciones europeas, compromisos de defensa, cooperación económica y capacidad de influencia exterior.

Un nuevo Gobierno podría modificar su orientación diplomática, pero las relaciones internacionales dependen también de decisiones de otros Estados, de la Unión Europea y de acontecimientos exteriores que España no controla.

Energía, infraestructuras y presupuesto: las promesas que deben cuadrar

Los doce compromisos del contrato no agotan las propuestas anunciadas por el PP. Su decálogo económico, presentado el 27 de septiembre, incorpora iniciativas sobre energía, industria, agricultura, transporte, infraestructuras hidráulicas y trabajadores autónomos.

En energía, el partido defiende prolongar la vida útil de las centrales nucleares, revisar el calendario de cierre y eliminar el impuesto sobre la generación eléctrica. También plantea mejorar las conexiones a la red, ampliar su capacidad y facilitar nuevas inversiones industriales.

La continuidad de las instalaciones nucleares no depende solamente de una decisión política. Deben intervenir los titulares de las centrales, las autoridades reguladoras y los procedimientos de seguridad correspondientes. También resulta necesario comprobar la viabilidad económica de cada instalación y los efectos de las decisiones sobre el sistema energético.

En materia industrial, el PP propone incentivos fiscales a la innovación, simplificación de trámites y medidas para mejorar la competitividad. Su agenda incluye potenciar la formación profesional dual y desarrollar nuevas titulaciones relacionadas con inteligencia artificial, robótica y biotecnología.

Para el sector agroalimentario, defiende aumentar determinadas ayudas al gasóleo y los fertilizantes dentro de los límites europeos, reducir burocracia y garantizar recursos hídricos suficientes. La propuesta pretende mejorar la rentabilidad de las explotaciones, aunque está condicionada por las normas comunitarias y las disponibilidades presupuestarias.

Los anuncios de inversión son especialmente importantes. El decálogo económico del PP plantea movilizar alrededor de 300.000 millones de euros para infraestructuras, mediante fórmulas que incluyen colaboración público-privada, y contempla un Plan Nacional del Agua con inversiones que podrían alcanzar los 100.000 millones hasta 2035.

Este último proyecto incorpora actuaciones de mantenimiento de presas, prevención de inundaciones, respuesta a sequías y un programa extraordinario de 4.000 millones para cuencas mediterráneas. El documento menciona asimismo actuaciones urgentes con importes de entre 400 y 500 millones de euros.

Son cifras importantes, pero faltan precisiones fundamentales: qué parte financiaría directamente el Estado, cuánto correspondería a las empresas y qué inversiones se solaparían entre los distintos planes. Tampoco debe confundirse una inversión acumulada hasta 2035 con un gasto íntegro durante la próxima legislatura.

La viabilidad de estas actuaciones depende de proyectos técnicos, evaluaciones ambientales, licitaciones, disponibilidad de trabajadores y financiación. Un Gobierno puede impulsar las obras, pero no convertir automáticamente las cantidades anunciadas en infraestructuras terminadas.

El problema general del programa económico es la compatibilidad entre todas sus promesas. El PP plantea reducir impuestos, mantener las pensiones vinculadas al IPC, contratar profesionales sanitarios, financiar grandes infraestructuras y ampliar determinadas ayudas fiscales. Son objetivos que pueden coexistir, pero requieren una planificación presupuestaria consistente.

El Banco de España preveía en sus proyecciones de septiembre un déficit público del 2,6 % del PIB en 2026 y del 2,2 % en 2027. Estas previsiones, sujetas a revisión, muestran que el margen fiscal no es ilimitado. También existen compromisos europeos de disciplina presupuestaria que cualquier Gobierno deberá tener presentes.

La reducción del gasto administrativo y un eventual aumento del crecimiento económico podrían ayudar a financiar parte de las medidas. Sin embargo, no está demostrado que esos ahorros e ingresos adicionales compensen el conjunto de las rebajas fiscales y los nuevos gastos. Para comprobarlo haría falta una memoria económica con estimaciones detalladas y calendarios de ejecución.

Hay, además, un segundo condicionante: la aritmética parlamentaria del 29N. Ganar las elecciones no garantiza disponer de mayoría suficiente para aprobar todas las reformas. Los cambios legislativos, presupuestarios e institucionales dependerán de los escaños obtenidos, de los acuerdos de investidura y de las negociaciones posteriores.

La distribución territorial de competencias añade otra dificultad. Vivienda, educación, sanidad y determinados impuestos requieren acuerdos o actuaciones de las comunidades autónomas. El Gobierno central puede promover reformas, pero no asumir unilateralmente todas las decisiones que corresponden a otras administraciones.

El balance de las promesas del PP presenta así diferencias claras. Deflactar el IRPF, reorganizar ministerios o modificar determinados incentivos fiscales son medidas relativamente rápidas si existe una mayoría que las respalde. Reformar el sistema judicial, endurecer normas migratorias o cambiar la legislación educativa exige procesos parlamentarios y garantías jurídicas. Construir un millón de viviendas, incrementar las plantillas sanitarias o conseguir aumentos sostenidos de los salarios supone retos económicos y materiales mucho más prolongados.

El contrato de Feijóo ofrece prioridades políticas reconocibles, y algunas propuestas contienen cifras concretas. Otras siguen formuladas como objetivos generales. Su credibilidad dependerá de que el programa electoral definitivo aclare los costes, plazos, financiación y mecanismos de cumplimiento de cada compromiso.

El próximo 29 de noviembre los españoles votarán entre proyectos políticos distintos, pero la verdadera prueba de cualquier promesa llegará después de las urnas. El PP ha puesto por escrito lo que quiere conseguir. Lo que todavía debe completar es cómo piensa pagarlo, con qué mayorías pretende aprobarlo y qué resultados podrán exigirle los ciudadanos al terminar la legislatura.