El salario mínimo apunta a 1.286 euros y España marca récord de empleo

El salario mínimo interprofesional (SMI) se encamina hacia una nueva subida en España. El Ministerio de Trabajo ha planteado elevarlo un 5,3 % en 2027, hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas. La propuesta llega después de varios años de incrementos salariales que no han impedido que el mercado laboral español alcance máximos históricos de ocupación.

El contraste con las advertencias que acompañaron las primeras grandes subidas resulta significativo. En octubre de 2026, la Seguridad Social registró una media de 22.624.165 afiliados, mientras que el salario mínimo había acumulado un incremento del 86,4 % desde 2016. La evolución cuestiona la idea de que elevar el sueldo mínimo provoca necesariamente una destrucción generalizada de empleo, aunque los estudios económicos también identifican efectos negativos limitados en determinados trabajadores.

El debate, por tanto, ha cambiado. Ya no se trata únicamente de discutir si una subida salarial puede destruir puestos de trabajo, sino de determinar cuánto puede incrementarse el SMI, qué consecuencias tiene para las empresas y hasta qué punto mejora el poder adquisitivo de quienes menos cobran.

La nueva propuesta de Trabajo vuelve a colocar estas cuestiones en el centro de la política económica española, con una diferencia importante respecto a 2018: existen datos suficientes para analizar los efectos de algunas de las mayores subidas del salario mínimo de las últimas décadas.

De 655 a 1.221 euros: una década de subidas del salario mínimo

En 2016, el salario mínimo español era de 655,20 euros mensuales en 14 pagas. Diez años después se sitúa en 1.221 euros, lo que representa un aumento nominal del 86,4 %. Si prospera la propuesta del Ministerio de Trabajo para 2027, la cuantía prácticamente duplicará la de hace una década.

El cambio más pronunciado se produjo en 2019, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez elevó el SMI desde los 735,90 hasta los 900 euros. Aquella subida superior al 22 % provocó un intenso debate entre economistas, empresarios y partidos políticos. La preocupación principal era que las empresas, especialmente las pequeñas, redujeran sus contrataciones para compensar el incremento de los costes laborales.

La progresión continuó durante los años siguientes. El SMI alcanzó los 950 euros en 2020, los 1.000 en 2022, los 1.080 en 2023, los 1.134 en 2024 y los 1.184 en 2025. En 2026 quedó fijado en 1.221 euros.

Estos incrementos han cambiado considerablemente la posición de los trabajadores peor remunerados, aunque conviene distinguir entre subida nominal y poder adquisitivo real. El salario mínimo ha aumentado mucho, pero también lo han hecho los precios de productos básicos, alimentos y vivienda.

De hecho, el encarecimiento de la vida es uno de los argumentos utilizados por el Ministerio de Trabajo para justificar la nueva subida. Ganar más euros no significa necesariamente poder comprar mucho más con ellos.

España alcanza máximos de empleo pese a las subidas del SMI

La evolución del mercado laboral ofrece uno de los argumentos más relevantes en este debate. Según los registros de la Seguridad Social, España terminó octubre de 2026 con una media de 22,62 millones de afiliados, después de incorporar 784.573 trabajadores respecto al mismo mes del año anterior.

La Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre, contabilizó 22.852.600 ocupados, 465.500 más que un año antes. La tasa de paro se situó en el 10,18 %, todavía elevada en comparación con buena parte de Europa, pero muy inferior a los niveles que España registraba durante la década pasada.

La coexistencia de fuertes incrementos del salario mínimo y máximos históricos de ocupación contradice las previsiones más alarmistas que presentaban las subidas como una amenaza inevitable para el empleo en su conjunto.

No obstante, sería incorrecto atribuir toda la creación de puestos de trabajo al aumento del SMI. La evolución económica también depende de la inversión, la demanda, la inmigración, el turismo, las exportaciones, las políticas públicas y las decisiones empresariales.

Igualmente, que el empleo total crezca no demuestra que ninguna contratación se haya perdido por el encarecimiento salarial. Una economía puede crear cientos de miles de empleos y, al mismo tiempo, generar algunos menos de los que habría creado en ausencia de una medida concreta. El balance general del mercado laboral no permite identificar por sí solo todos los efectos de una política salarial.

Los estudios económicos encuentran efectos limitados sobre el empleo

La OCDE examinó las consecuencias de la subida extraordinaria del salario mínimo de 2019, que afectó directamente a alrededor del 7 % de los asalariados.

Su investigación identificó un incremento medio del 5,8 % en las remuneraciones mensuales equivalentes a jornada completa de los trabajadores afectados, acompañado de una reducción estimada del empleo del 0,6 % en ese grupo.

Es decir, el impacto salarial positivo fue considerablemente mayor que el efecto negativo detectado sobre el empleo. Este último se concentró especialmente entre trabajadores con contratos temporales.

Otros trabajos académicos han encontrado resultados distintos según los colectivos estudiados y la metodología utilizada. La evidencia disponible permite cuestionar la idea de una destrucción masiva de empleo, pero no sostener que todas las subidas del SMI sean inocuas independientemente de su cuantía o del contexto económico.

La propia OCDE concluyó en sus análisis sobre España que los incrementos del salario mínimo habían elevado las retribuciones más bajas y reducido la desigualdad salarial sin comprometer significativamente las oportunidades laborales.

El debate económico es, por tanto, bastante más complejo que la antigua disyuntiva entre subir los salarios o conservar los empleos. Importa cuánto se sube, en qué momento y cómo se distribuyen los efectos.

El salario mínimo de 2027: 1.286 euros y 910 más al año

La propuesta presentada por el departamento que dirige Yolanda Díaz contempla aumentar el SMI desde los actuales 1.221 euros hasta 1.286 euros mensuales.

El incremento equivale a 65 euros brutos adicionales por paga. Como el salario mínimo se establece sobre catorce mensualidades, la mejora anual alcanzaría los 910 euros brutos, situando la retribución mínima en 18.004 euros anuales.

Para los trabajadores que tengan las pagas extraordinarias prorrateadas, esa cantidad equivaldría aproximadamente a 1.500,33 euros brutos al mes en doce mensualidades.

La propuesta supera el incremento del 4,9 % recomendado por el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, pero queda por debajo del 7 % reclamado inicialmente por UGT y CCOO.

El proyecto se encuentra en fase de audiencia pública, con plazo para presentar alegaciones hasta el 16 de noviembre de 2026. Todavía necesita la aprobación del Consejo de Ministros para convertirse en una obligación legal.

Sindicatos y empresarios discrepan sobre la nueva subida

Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han rechazado el procedimiento elegido por Trabajo. Consideran que la propuesta llega demasiado cerca de las elecciones generales del 29 de noviembre y reclaman que la decisión corresponda al Gobierno que resulte de las urnas.

También advierten del impacto que una nueva subida puede tener sobre pequeñas empresas, negocios intensivos en mano de obra y empleadores que disponen de márgenes reducidos.

El argumento empresarial no se limita al número de puestos de trabajo. Incluye el coste de las cotizaciones, la productividad y las dificultades para trasladar los incrementos salariales a los precios, particularmente en determinados contratos públicos.

Por su parte, UGT y CCOO valoran positivamente el aumento propuesto, pero consideran insuficientes las garantías para que llegue íntegramente al bolsillo de los trabajadores.

Uno de los principales problemas es la absorción de complementos salariales. Bajo determinadas condiciones legales, una empresa puede compensar el incremento del salario mínimo con cantidades que el trabajador ya percibe por otros conceptos. El resultado puede ser que una subida anunciada del SMI no se traduzca en un aumento equivalente de la nómina.

Los sindicatos también reclaman una solución fiscal que evite que el IRPF reduzca la mejora neta para los perceptores del salario mínimo. Ambas cuestiones forman parte de las discrepancias con el Ejecutivo.

Sobre este último punto, Hacienda prepara una actualización de la deducción fiscal para mantener sin tributación a quienes perciban el nuevo SMI. La intención es elevar la desgravación, actualmente de unos 590 euros, hasta aproximadamente 1.030 euros anuales. Se trata, por el momento, de una medida prevista que requerirá su propia tramitación legal.

El reto salarial español va más allá del salario mínimo

La experiencia acumulada desde 2019 ha obligado a revisar algunas certezas del debate económico español. Las grandes subidas del SMI no han desembocado en el desplome generalizado del empleo que pronosticaban sus críticos más pesimistas. Tampoco han eliminado, por sí solas, la precariedad laboral.

España sigue afrontando problemas estructurales de productividad, desempleo y desigualdad salarial. Hay sectores donde las remuneraciones continúan siendo reducidas, incluso cuando superan el mínimo legal. Y el acceso a una vivienda absorbe una parte considerable de los ingresos de numerosos hogares.

Por eso, el impacto real del salario mínimo debe medirse también por su capacidad para mejorar las condiciones de vida de quienes lo perciben, no únicamente por el número de empleos creados o destruidos.

La nueva propuesta de 1.286 euros llega con un mercado laboral mucho más amplio que el de hace diez años y con investigaciones que permiten valorar mejor las consecuencias de los incrementos anteriores.

La evidencia española apunta a que es posible elevar de forma importante los salarios más bajos sin provocar una destrucción generalizada de empleo. Queda, eso sí, la cuestión económica de fondo: conseguir que esas mejoras sean sostenibles, lleguen efectivamente a las nóminas y vayan acompañadas de una productividad y unos salarios medios capaces de sostenerlas.